𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
La ruana y la papa en mi niñez eran símbolos de respeto, dignidad y sacrificio. Y es que en Boyacá, la papa representa subsistencia, trabajo duro y amor por la tierra. La ruana, berraquera, humildad, abrigo y cercanía. Pero hoy, ambos símbolos se han convertido en instrumentos de politiqueros marrulleros que los usan para manipular a las masas, y en los últimos días, para hacerlos parte del populismo barato con el que buscan tapar sus desastres.
𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗺𝗮́𝗴𝗶𝗰𝗼
Mariposas amarillas estampadas sobre una ruana fueron el preludio del nuevo realismo mágico en tierras boyacenses, que terminó en la firma de 2.5 billones de mentiras sin raíz y sin futuro. El famoso pacto que el equipo verde amayista alza en hombros como si fuera un logro histórico.
“Chequera loca” —como le llaman al autoproclamado e innombrable mesías— volvió a prometer hasta la risa. Pero no hay un solo documento técnico serio que respalde tanta dicha. Y peor aún, la lista está llena de proyectos reciclados y promesas viejas que no han cumplido, pero que siguen repitiendo sin el menor sonrojo.
Ejemplos sobran. La PTAR de Tunja está más manoseada que aguacate en rebaja: firmada desde hace dos años y ahora reaparece como si fuera novedad. El estadio de Sogamoso, otra vez en lista, y eso que hace poco le anunciaron 16 mil millones adicionales.
Lo mismo ocurre con la Torre del Hospital San Rafael, la Clínica María Josefa Canelones y otras obras verdes que están en el inventario proclamado pero que ya son reconocidas como monumentos al incumplimiento, sobrecostos, improvisación y falta de planeación. Fracasos que ahora maquillan dentro del “gran” pacto.
Además, descaradamente en ese costal de supuestos recursos por 2.5 billones de pesos, incluyen el millonario empréstito que vamos a pagar todos los boyacenses durante más de 12 años. ¿Plata nueva? Ninguna. ¿Gestión? Cero.
Y no se engañen, no hay obligatoriedad de cumplimiento ni ahora ni después, el gobierno Petro ya se acabó y la plata no alcanzó. Los mismos verdes están diciendo que no hay recursos suficientes para deporte, agricultura y vivienda, ¿y si va a haber para venir a repartir en Boyacá?
Lo que firmaron fue un cartón de discursos bonitos, que acompañaron de lágrimas teatrales—que ya aburren, indignan y ofenden—. Tanto así, que hasta el ungido de la ruana de mariposas se cuidó en salud y solo respaldó la foto, nada más.
𝗖𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗽𝗮
Mientras tanto, en otros escenarios del mismo circo, alcaldes y alcaldesas, se unen al show. Se burlan en nuestra cara, mientras fingen alzar bultos de papa para repartir a diestra y siniestra, bajo la fachada de una mentirosa estrategia de atender la crisis del campo. De fondo, absolutamente nada, se acaba la compra, se acaba la escena y otra vez los paperos van a salir a las vías a vender sus cosechas y seguramente también a protestar.
Su plan es pecar y rezar. Entregan papa, mientras a los perseguidos, los que piensan diferente o se han opuesto a su proyecto, los han hecho huir de sus casas, les han quitado la papa y les han impedido tener un sustento, ¿Será que creen que con un bulto de papa empatan los años de violencia y persecución política?
Hace más de una década que se ufanan de su supuesto compromiso con el campo y lo único que se inventan son papatones, quesatones y fotos con sonrisas, como paliativos que usan para mejorar su imagen.
La dignidad de nuestro pueblo se está canjeando por un tubérculo del que deberíamos sentir orgullo, pero que ellos convierten en embutido para tapar bocas, comprar votos y cosechar aplausos.
¡𝗔 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿!
A mí me duele ver tanto aplauso y arrodillamiento en esas publicaciones que tanto prometen y fingen; aunque me devuelve un poco la esperanza que ahora son menos que antes. Pero me duele que pareciera que hay gente que no despierta. Me duele Boyacá, me duele que no reaccionemos.
Y aquí va el mensaje final: Afuera de esas redes, hay personas, profesionales, equipos que se están resistiendo ante el sistema corrupto. No para ser el palo en la rueda sino para buscar justicia, construir un Boyacá diferente, honrar la palabra y la verdad. Pero para que esa lucha, que por demás a veces resulta agotadora, valga la pena, necesitamos que más boyacenses hagan lo suyo: reciban la papa, pero no coman cuento.
La papa, la ruana, el campo y Boyacá, es serio, se deben respetar y entre todos podemos dar la batalla para que así sea.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
La ruana y la papa en mi niñez eran símbolos de respeto, dignidad y sacrificio. Y es que en Boyacá, la papa representa subsistencia, trabajo duro y amor por la tierra. La ruana, berraquera, humildad, abrigo y cercanía. Pero hoy, ambos símbolos se han convertido en instrumentos de politiqueros marrulleros que los usan para manipular a las masas, y en los últimos días, para hacerlos parte del populismo barato con el que buscan tapar sus desastres.
𝗥𝗲𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗺𝗮́𝗴𝗶𝗰𝗼
Mariposas amarillas estampadas sobre una ruana fueron el preludio del nuevo realismo mágico en tierras boyacenses, que terminó en la firma de 2.5 billones de mentiras sin raíz y sin futuro. El famoso pacto que el equipo verde amayista alza en hombros como si fuera un logro histórico.
“Chequera loca” —como le llaman al autoproclamado e innombrable mesías— volvió a prometer hasta la risa. Pero no hay un solo documento técnico serio que respalde tanta dicha. Y peor aún, la lista está llena de proyectos reciclados y promesas viejas que no han cumplido, pero que siguen repitiendo sin el menor sonrojo.
Ejemplos sobran. La PTAR de Tunja está más manoseada que aguacate en rebaja: firmada desde hace dos años y ahora reaparece como si fuera novedad. El estadio de Sogamoso, otra vez en lista, y eso que hace poco le anunciaron 16 mil millones adicionales.
Lo mismo ocurre con la Torre del Hospital San Rafael, la Clínica María Josefa Canelones y otras obras verdes que están en el inventario proclamado pero que ya son reconocidas como monumentos al incumplimiento, sobrecostos, improvisación y falta de planeación. Fracasos que ahora maquillan dentro del “gran” pacto.
Además, descaradamente en ese costal de supuestos recursos por 2.5 billones de pesos, incluyen el millonario empréstito que vamos a pagar todos los boyacenses durante más de 12 años. ¿Plata nueva? Ninguna. ¿Gestión? Cero.
Y no se engañen, no hay obligatoriedad de cumplimiento ni ahora ni después, el gobierno Petro ya se acabó y la plata no alcanzó. Los mismos verdes están diciendo que no hay recursos suficientes para deporte, agricultura y vivienda, ¿y si va a haber para venir a repartir en Boyacá?
Lo que firmaron fue un cartón de discursos bonitos, que acompañaron de lágrimas teatrales—que ya aburren, indignan y ofenden—. Tanto así, que hasta el ungido de la ruana de mariposas se cuidó en salud y solo respaldó la foto, nada más.
𝗖𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗽𝗮
Mientras tanto, en otros escenarios del mismo circo, alcaldes y alcaldesas, se unen al show. Se burlan en nuestra cara, mientras fingen alzar bultos de papa para repartir a diestra y siniestra, bajo la fachada de una mentirosa estrategia de atender la crisis del campo. De fondo, absolutamente nada, se acaba la compra, se acaba la escena y otra vez los paperos van a salir a las vías a vender sus cosechas y seguramente también a protestar.
Su plan es pecar y rezar. Entregan papa, mientras a los perseguidos, los que piensan diferente o se han opuesto a su proyecto, los han hecho huir de sus casas, les han quitado la papa y les han impedido tener un sustento, ¿Será que creen que con un bulto de papa empatan los años de violencia y persecución política?
Hace más de una década que se ufanan de su supuesto compromiso con el campo y lo único que se inventan son papatones, quesatones y fotos con sonrisas, como paliativos que usan para mejorar su imagen.
La dignidad de nuestro pueblo se está canjeando por un tubérculo del que deberíamos sentir orgullo, pero que ellos convierten en embutido para tapar bocas, comprar votos y cosechar aplausos.
¡𝗔 𝗱𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿!
A mí me duele ver tanto aplauso y arrodillamiento en esas publicaciones que tanto prometen y fingen; aunque me devuelve un poco la esperanza que ahora son menos que antes. Pero me duele que pareciera que hay gente que no despierta. Me duele Boyacá, me duele que no reaccionemos.
Y aquí va el mensaje final: Afuera de esas redes, hay personas, profesionales, equipos que se están resistiendo ante el sistema corrupto. No para ser el palo en la rueda sino para buscar justicia, construir un Boyacá diferente, honrar la palabra y la verdad. Pero para que esa lucha, que por demás a veces resulta agotadora, valga la pena, necesitamos que más boyacenses hagan lo suyo: reciban la papa, pero no coman cuento.
La papa, la ruana, el campo y Boyacá, es serio, se deben respetar y entre todos podemos dar la batalla para que así sea.
#Editorial
𝐃𝐞𝐥 𝐨𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐚 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐜𝐥𝐞 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚
El reciente informe de la Contraloría Municipal sobre el Colegio de Boyacá debería estremecer a la ciudadanía tunjana. No hablamos de rumores, ni de denuncias aisladas: se trata de un documento oficial de más de 170 páginas que recoge 21 hallazgos administrativos, de los cuales siete tienen presunto alcance fiscal, con un detrimento superior a los 344 millones de pesos, y cuatro podrían derivar en sanciones disciplinarias. Para una institución educativa, que debería tener como único norte la formación de nuevas generaciones, estas cifras no son menores: son una señal de alarma.
El Colegio de Boyacá no es una institución cualquiera. Es un símbolo, un referente histórico y académico que durante más de siglo y medio ha representado a Tunja, a Boyacá y al país entero. Se le llama con razón “el glorioso”, porque de sus aulas han salido presidentes, científicos, artistas, deportistas y ciudadanos que marcaron la vida nacional. Sin embargo, hoy ese legado está en entredicho por decisiones administrativas que parecen más cercanas al clientelismo político que a la gestión educativa responsable.
Resulta inevitable recordar las palabras del alcalde Mikhail Krasnov en su discurso de posesión, cuando prometió acabar con la politización y con el uso del Colegio de Boyacá como trampolín de la burocracia. Fue un mensaje que ilusionó a muchos y que parecía marcar un cambio de rumbo. Hoy, meses después, el panorama muestra exactamente lo contrario: el “glorioso” ha sido reducido, más de lo acostumbrado, a ser un botín de contratistas y cuotas políticas, confirmando que aquel juramento no fue más que retórica de campaña. Si esto es lo que Krasnov entiende por “acabar con la politización”, más le valdría no haber tocado nunca la puerta de la institución.
Los hallazgos descritos por la Contraloría dejan al descubierto un panorama desolador: contratos entregados a dedo, capacitaciones pagadas por millones que en realidad se ofrecen de manera gratuita en plataformas públicas, adquisición de programas informáticos por 95 millones de pesos sin que exista la capacidad técnica para instalarlos, profesores contratados sin carga académica y hasta un subdirector que, presuntamente, devengaba dos salarios del Estado de manera simultánea. A ello se suman maniobras financieras tan riesgosas como destinar más de 561 millones de pesos a un fondo de inversión colectiva, una acción que nada tiene que ver con la misionalidad educativa de la institución.
Quien intente relativizar estos hechos bajo el argumento de que “no son cifras escandalosas” se equivoca de plano. En un colegio público, cada peso cuenta. Por ejemplo, con los más de 4 millones reportados como presunto hallazgo fiscal, relacionado a la entrega de becas de indebida manera, se pueden mejorar aulas, o dotar laboratorios o adquirir materiales pedagógicos; con 95 millones se puede transformar la experiencia educativa de cientos de estudiantes. Minimizar estas irregularidades es normalizar la corrupción en sus expresiones más dañinas: aquellas que erosionan la confianza ciudadana y comprometen el futuro de los jóvenes.
La politización del Colegio de Boyacá, denunciada por concejales, padres de familia, periodistas y uno que otro valiente ciudadano, parece haberse convertido en la regla. El establecimiento público más querido de Tunja corre el riesgo de ser reducido a un simple fortín electoral, manejado con la lógica del “favor político” y no con el rigor que exige la educación pública. Si esa tendencia se mantiene, lo que hoy es un orgullo colectivo puede convertirse mañana en un ejemplo vergonzoso de cómo la politiquería arruina instituciones que deberían estar blindadas de intereses particulares.
La pregunta de fondo es simple: ¿Qué clase de ciudad queremos construir? Una que permite que la corrupción se normalice con contratos “menores”, o una que defiende con firmeza sus instituciones más preciadas. El Colegio de Boyacá merece más que discursos vacíos y gestiones amañadas; merece transparencia, planeación y, sobre todo, respeto por su historia y por los miles de estudiantes que confían en su formación.
Tunja debe reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Porque no se trata solo de un informe contable: se trata de la dignidad de la educación pública en nuestra ciudad.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Hace unos días, el concejal Giovanny García García apareció en sus redes sociales presumiendo que gracias a su gestión se iniciaría el arreglo de la Calle 28 entre carreras 13 y 14. Lo dijo sin titubeos, con el desparpajo de quien se siente protagonista de un logro ajeno. El problema es que eso es, simple y llanamente, mentira.
Ante semejante afirmación, antes de convertirlo en noticia en este medio, busqué directamente la versión del concejal. García, con su habilidad acostumbrada para evadir, intentó convencerme de que existía una confusión: que quizá no era la calle que él mencionaba. Pero no contaba con que la mentira tenía fecha, video y hasta cronómetro. Minuto 1, segundo 7 de su propia publicación (https://acortar.link/JdsMUS): “la Calle 28 entre carreras 14 y 13”, dijo en su video. No había margen de duda.
Desenmascarado, el concejal recurrió al siguiente paso en su libreto: más mentiras. Dijo que había enviado derechos de petición y cartas a la Secretaría de Infraestructura de Tunja, y que ese era el resultado de sus esfuerzos. Según él, lleva desde 2022 mencionando en redes sociales la problemática. Pero los hechos no cambian porque se repitan en Facebook.
Lo cierto es que el arreglo de la Calle 28 no es consecuencia de ningún video, carta o petición de García. Se debe a una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa, fallada en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja en 2023 y ratificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Boyacá en enero de este año. El fallo obliga al municipio a reparar la vía desde la Avenida Colón hasta la carrera 16, lo que incluye el tramo entre las carreras 13 y 14, que es el que se atribuye el Concejal.
Es gracias a esa demanda, con todo el esfuerzo que implica: redacción, consultas legales, audiencias, contrargumentos frente a abogados pagados con recursos públicos para evitar la reparación; que hoy se arregla la calle. El Concejal no puso la cara, no invirtió tiempo, no gastó un peso en realización de informes o costas procesales, no asumió el desgaste de enfrentar al municipio en un tribunal. Adueñase del mérito es una atribución abusiva y descarada.
Pero García insiste. Asegura que es gestión suya porque acompañó a la Secretaria de Infraestructura a la zona, y allí ella se comprometió a reparar la vía. Claro, lo que no dice es que ese compromiso no nació de la voluntad política, sino de la obligación judicial impuesta al municipio, y pactada en un lapso de seis meses que ya se habría vencido. La Secretaria no podía prometer menos.
Si realmente hablamos de “gestión”, ¿fue García quien interpuso la acción popular? No. ¿Fue él quien gestionó recursos en instancias nacionales o internacionales para financiar el arreglo? Tampoco. Su “gestión” es publicar videos y hacer intervenciones sin peso real en un Concejo Municipal al que nadie, más allá de las 20 o 30 personas que suelen estar en el recinto; pone atención. Si las súplicas de los concejales en ese espacio se tradujeran en hechos, Tunja ya tendría Villa Olímpica con velódromo, estadio de atletismo, centro de alto rendimiento, entre otros anhelados espacios deportivos; megacentro de eventos, centro de bienestar animal, deprimido en la Glorieta Norte, entre un larguísimo etcétera de pedidos que hacen los concejales pero que nunca hallan eco en las voluntades de la administración municipal. Nada de eso existe, y todos sabemos por qué: porque las palabras en el Concejo no construyen calles.
La desfachatez del Concejal raya en lo absurdo. En medio del diálogo conmigo, quiso incluso traer a colación otros supuestos logros, como su crítica a los contratos del Aguinaldo Boyacense 2022. Según él, fue parte de su gestión. La verdad es que fue este medio de comunicación el que en primicia reveló buena parte de los contratos de los artistas de aquella oportunidad tras encontrarlos en Secop, no el concejal. Una vez más, García presume de trabajos ajenos a punta de indignación, fácil de expresar por cualquier ciudadano.
Luego, en un intento por victimizarse, me exigió que como periodista conociera todo su pasado en redes sociales para comprender sus “defensas de causas públicas”. Pretensión absurda. Los periodistas no somos biógrafos de políticos egocéntricos. Nuestra labor es contrastar la información al consultarlos, no hacer arqueología en su Facebook para entender cada berrinche.
Por si fuera poco, el Concejal llegó al extremo de decir que de su propio bolsillo puso plata para emulsión asfáltica y almuerzos de trabajadores en otra calle cercana en la que se hizo intervención pero lastimosamente no duró. Si fue cierto, habría que recordarle que esa no es la función de un concejal. Su deber es gestionar recursos institucionales para que el municipio cumpla con la ciudadanía, no posar de benefactor para después restregar favores.
Es insultante que un político que se llena la boca diciendo estar en contra de la política tradicional recurra a una de las prácticas más tradicionales de todas: robarse méritos. No es la primera vez ni será la última vez, y ni siquiera es la práctica más deplorable en la que incurre nuestra corrompida clase política. Tunja recuerda cuando el Concejo citó a la Directora de la Unidad de Contratación a un debate de control político, vociferando que era necesario, y el día del debate García García se lavó las manos alegando que todos los señalamientos que existen sobre la Directora de esa Unidad son “rumores malintencionados de medios de comunicación”, para luego pedir perdón a la funcionaria por citarla a la Corporación. Le faltó coraje para afrontar con gallardía y profesionalismo la principal función que tiene como concejal: el control político.
La historia se repite: un concejal que dice una cosa en redes y otra en la vida real, un político que se victimiza cuando lo confrontan y que busca enredar con evasivas, un hombre que confunde videos con gestión y activismo con periodismo, oficio al que menosprecia y repudia cuando no es sumiso a sus intereses, del que además insta al municipio a que se recompense con cosas como “unas oncesitas”.
Aquí no Concejal. Aquí la prensa libre, crítica y responsable no se presta para esos juegos. Que quede claro: el arreglo de la Calle 28 se debe al trabajo serio y desgastante de un ciudadano que ganó en los estrados judiciales. No a las redes sociales de un concejal, ni a sus derechos de petición, ni a sus cartas, ni a sus publicaciones.
Lo demás son mentiras. Mentiras que, como siempre, terminan estallándole en la cara a quien las dice.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Durante los días de realización de las honras fúnebres por el execrable asesinato de Miguel Uribe Turbay, se expresaron unas posturas del presidente de la República, dos expresidentes y varios aspirantes a la presidencia que denotaron muchas cosas menos grandeza. Es más, mostraron la negación de una de las acepciones que el diccionario de la lengua española da del adjetivo ‘humano’: “comprensivo, sensible a los infortunios ajenos”. No solo esto, también expresaron la realidad presente en las siguientes palabras tomadas de la homilía pronunciada por el Cardenal Luis José Rueda: “…Reconozcamos sinceramente que estos son tiempos de empobrecimiento ético y de polarización agresiva que nos arruina, que acaba con nuestro país…”. Y si a lo anterior sumamos la evidente perversidad de la autoría intelectual del crimen y la extrema pobreza moral de los autores materiales, empezando por el adolescente que disparó, la conclusión no puede ser otra sino la de que una grave crisis ética y moral afecta a nuestra sociedad.
Crisis moral originada en que una considerable proporción de personas no saben lo que es una vida lograda, es decir, no tienen clara la respuesta de cuál es su fin en la vida. Por esto no saben o no ven que moral no es lo que deben hacer, sino lo que deben ser, lo cual los llevaría a practicar normas de comportamiento no como algo impuesto sino acogido. No es sino preguntarnos si en nuestra sociedad prevalece la norma de "no lo hagas porque dañas y te dañas" o más bien se impone la del que "lo importante es el dinero y que no te cojan". Lo cierto es que hay de ambas. Así las cosas, la clave está entonces en cómo conseguimos que los partidarios del "que no te cojan" no formen una categoría social preponderante sino excepciones. Solo así podremos llegar a tener una sociedad donde primen las rutas de concordia.
Y para alcanzar esa clase de sociedad, que la mayoría está deseando, debemos empezar no solo por exigir altura a los liderazgos políticos y efectividad a la justicia penal. También debemos revaluar la formación y la educación que estamos dando en las familias y en los centros educativos.
Ahora bien, respecto a la educación recientemente se dio un paso adelante con la promulgación de la Ley 2491 del 23 de julio de 2025 que dispone la incorporación obligatoria del componente de competencias socioemocionales en todos los Proyectos Educativos Institucionales del país, como lo explicó Hernán Olano en su última columna. Pero podemos y debemos avanzar más rescatando la formación en virtudes.
Lo cierto es que toda crisis social tiende a retroalimentarse: más allá del elemento objetivo que la provoca, la propia sensación de incertidumbre empeora la situación, sobre todo si el diagnóstico no es del todo acertado. La crisis de salud mental que atraviesa nuestra juventud –y no solo la juventud– es un ejemplo claro y dramático. Se ha apuntado, con la mejor de las intenciones y bastante intuición, al papel que probablemente están jugando las redes sociales o la coyuntura política e incluso climática. No obstante, cada vez somos más quienes sugerimos que el origen del mal, y también su solución, hay que buscarlo yendo a sus raíces.
Si se trata de una crisis moral, para salir de ella no basta con meter en cintura las empresas tecnológicas, o con concientizar a la juventud a base de charlas, o dotándola de más apoyo psicológico. El punto por destacar es que falta recuperar el sentido “duro” de la educación ética; desenterrar el ideal, supuestamente rancio y desfasado, de la formación en virtudes cuyo camino se está despejando. Por esto, en el ámbito de la educación del carácter se está dando un cierto desacomplejamiento, pues cada vez hay menos reparos en hablar de virtudes, de moral, de bueno y de malo, no solo de “diferente”. De hábitos que requieren esfuerzo pero que encaminan a la felicidad como hace siglos lo descubrió Aristóteles.
Hay quienes en el ámbito de la formación ética hablan de una cierta confrontación entre la educación en virtudes y la llamada “educación cívica”. Según este discurso, el primero sería más conservador y “moralista”, y el segundo, “progresista”. Pero si se mira detenidamente no existe una oposición real, pues ambos campos están intrínsecamente unidos: desarrollar un buen carácter es un requisito para la participación cívica efectiva. Es posible articular la tradición aristotélica con la psicología moral contemporánea como en efecto se está haciendo en algunos centros educativos.
#Opinión #Boyacá #Tecnología
¿𝐐𝐮𝐞́ 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐞𝐫𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐛𝐫𝐞𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥?
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒓𝒕𝒖𝒓𝒐 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂- 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒕𝒂 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝑰𝑨
Muy buena pregunta, la respuesta es mejor, Boyacá ha logrado avances importantes en conectividad, educación digital y gobierno electrónico, pero todavía no logra cerrar del todo la brecha digital. Te resumo las principales razones que explican esa situación:
𝗖𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝘀𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹 𝗲𝗻 𝗹𝗼 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹
Aunque hay proyectos como “Comunidades de Conectividad” y “Centros Digitales”, muchas veredas alejadas siguen sin acceso estable a internet. La topografía montañosa de Boyacá dificulta el despliegue de fibra óptica y antenas, lo que hace más costoso llevar la señal. El acceso a internet rural aún depende en gran parte de soluciones satelitales o comunitarias de radio enlace, que no siempre garantizan calidad ni continuidad.
𝗖𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗶𝗼 𝘆 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱
No basta con tener cobertura: en muchas zonas rurales la velocidad es baja o el servicio es intermitente. La sostenibilidad económica de proyectos comunitarios depende de tarifas sociales y subsidios. Si no se consolidan, se corre el riesgo de que la infraestructura quede subutilizada. En síntesis, se deben realizar convenios con Juntas de acción comunal o líderes para que se apropien de esta infraestructura. El mejor ejemplo es Tunja con 88 antenas Wife o hodspost en la zona urbana solo en uso 15. Y en la zona Rural 18 sin uso. Abandonadas a la intemperie.
𝗟𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼́𝗴𝗶𝗰𝗮
Aunque existen más de 600 Centros Digitales, no siempre cuentan con el mantenimiento, actualización de equipos o personal suficiente. Faltan más espacios modernos de innovación (como el Centro PotencIA Tunja) en otras provincias del departamento, para que no todo quede concentrado en la capital. Ojalá este centro no se vuelva burocrático y se termine como los Vive Lab.
𝗕𝗿𝗲𝗰𝗵𝗮 𝗱𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲𝘀
Tener internet no garantiza que la gente lo use productivamente. En varias comunidades, sobre todo rurales y adultos mayores, aún hay bajos niveles de alfabetización digital. Programas como Talento TECH 2.0 y Agrotech son un paso importante, pero todavía no alcanzan a toda la población.
𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝘂𝗮𝗹𝗱𝗮𝗱 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗼𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗮
En municipios con altos índices de pobreza, muchas familias no pueden pagar dispositivos (computadores, tablets, smartphones) o planes de datos. Aunque hay entregas de equipos (casi 8.000 computadores en los últimos dos años), la demanda supera la oferta.
𝗘𝗰𝗼𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲
Boyacá está avanzando con el clúster Sumertic y alianzas con Mercado Libre o Fedesoft, pero todavía falta un tejido más fuerte de startups y empresas TIC locales. La digitalización de las pymes avanza lento: muchas aún dependen de procesos tradicionales y no usan comercio electrónico ni facturación digital. Ojo, acá se requiere apoyar a emprendimientos nuevos. De 0 a 3 años en el mercado. No el simple bla, bla bla.
𝗚𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Aunque existen esfuerzos desde la Secretaría TIC, MinTIC y la Gobernación, todavía falta una articulación integral entre municipios, universidades, sector privado y comunidades para acelerar la inclusión digital. No todos los municipios tienen la misma capacidad administrativa para ejecutar proyectos de innovación.
Como lo diría cualquier boyacense: "Boyacá ya conectó a muchos, pero todavía falta lograr que todos usen la tecnología de forma productiva, inclusiva y sostenible".
Ya casi diez años de que Boyacá haya tenido el mismo equipo líder pero como que no dimensionan que para cerrar la brecha digital se puede agrupar en:
1. Más infraestructura en zonas rurales (fibra, antenas, satélites).
2. Mejor calidad y sostenibilidad de los servicios ya instalados.
3. Formación digital masiva para que la población use la tecnología productivamente.
4. Más dispositivos accesibles para familias de bajos recursos.
5. Fortalecer el ecosistema empresarial digital y apoyar pymes tecnológicas.
6. Mayor coordinación entre actores públicos, privados y comunitarios.
La iniciativa para cerrar brecha digital empieza desde construir nodos de inteligencia artificial en las instituciones educativas rurales y urbanas, la idea es crear un ecosistema de forma rápida.
#Editorial
𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐥 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨
Hace unos días, el presidente Gustavo Petro lanzó una frase que despertó curiosidad y hasta simpatía: “dan ganas de irse a vivir a Tunja”. Lo dijo al destacar a la capital boyacense como una de las ciudades más seguras de Colombia, con una tasa de homicidios tan baja que, según sus propias palabras, puede compararse con la de cualquier ciudad europea o estadounidense. No le falta razón. La tasa de homicidios actual de Tunja se ubica en 1,1 por cada 100.000 habitantes, un registro extraordinariamente bajo, incluso en comparación con contextos internacionales. Sin embargo, aquí es donde la precisión y la memoria histórica son necesarias: esa baja criminalidad ha sido siempre una característica de la capital boyacense.
Basta revisar los registros públicos del Instituto Nacional de Medicina Legal de los últimos seis años, que son sobre los que existe posibilidad de consulta en su sitio web. En 2022, la tasa fue la más alta de ese período, con 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023 y 2024, la cifra descendió a 3,5 por cada 100.000. Hoy, transcurridos siete meses y medio de 2025, la ciudad marca el punto más bajo de ese ciclo. En otras palabras: el dato es positivo, pero no extraordinario. Lo cierto es que Tunja, históricamente, mantiene indicadores criminales bajos, tanto en homicidios como en delitos como lesiones personales, hurto a personas o hurto a residencias. En términos de seguridad, Tunja sigue siendo la envidia de muchas capitales departamentales y un referente de ciudad tranquila en Colombia.
El comentario presidencial fue rápidamente aprovechado por el alcalde Mikhail Krasnov, quien salió en redes sociales a sacar pecho por lo que llamó un resultado “histórico”. El problema es que no lo es. Ni se trata de un hecho inédito ni obedece a alguna decisión diferencial de su administración. Como lo han hecho sus antecesores, Krasnov ha entregado cámaras de seguridad, drones, patrullas y motocicletas a la Policía Metropolitana, pero eso no es ni novedoso ni exclusivo de su gobierno. El verdadero sustento de la seguridad tunjana está en el trabajo constante de la Policía, en los diagnósticos y rutas de atención, y en la cultura ciudadana que caracteriza a los tunjanos, más que en los discursos del alcalde de turno. El riesgo de esta apropiación discursiva es que, así como hoy Krasnov presume cifras que no le corresponden, mañana será señalado cuando ocurran nuevos homicidios, aun cuando tampoco sean responsabilidad directa suya.
Petro tuvo razón en otra afirmación: la paz de Tunja no se ha construido a partir de acuerdos mafiosos. Pero esa paz puede ser frágil si la administración local insiste en desconocer problemáticas que sí merecen atención urgente. En el barrio El Consuelo, un ciudadano decidió tomarse la justicia por mano propia, y la Alcaldía ha brillado por su ausencia. Los ataques intempestivos de habitantes de calle como alias “Arcadio” y alias “Xiomara” también se han convertido en una habitual preocupación de muchos ciudadanos que miran con impotencia la incapacidad del sistema para garantizar los derechos no solo de los inimputables sino de todos los ciudadanos. En las redes sociales, la misma administración ha promovido ataques orquestados contra críticos, sembrando división y escalando un tipo de violencia simbólica que tarde o temprano repercute en la convivencia real. Así como en medio del concierto de Jhon Alex Castaño hizo uso de la palabra para pacificar a las masas, así mismo tendría que actuar el Alcalde para poner freno a quienes amedrentan y destruyen a otros ciudadanos vía redes sociales, simplemente por imponer narrativas que no se compaginan con la realidad. Y en violencia intrafamiliar, Tunja no exhibe mejoras verificables, y allí sí hay un terreno fértil para un verdadero cambio histórico…
Más allá de cifras frías, la seguridad también se construye en la capacidad de prevenir estos brotes de violencia cotidiana y de liderar procesos de reconciliación comunitaria. Otro frente en el que la administración local necesita reflexión es el de la llamada “recuperación del espacio público”. Retirar vendedores informales del centro histórico puede sonar popular, pero no equivale a mejorar la seguridad. La experiencia demuestra que los espacios públicos más seguros son aquellos apropiados socialmente, no los que se contemplan desde la distancia como si fueran obras de museo. El Bosque de la República, por ejemplo, no se hace más seguro ni más bello porque se desaloje. Un espacio vivo y habitado garantiza mucho más que un lugar vacío.
Reconocer la baja tasa de homicidios en Tunja no debería significar caer en el triunfalismo ni en la manipulación política. Sí, es un logro importante mantener la ciudad con índices envidiables, pero no es un milagro histórico de ningún gobernante en particular. Es una constante de su cultura y de su institucionalidad. El Acalde debería entender que su papel no es alardear con resultados que no le corresponden, sino trabajar en los temas donde Tunja todavía tiene deudas: violencia intrafamiliar, convivencia en redes sociales, recuperación positiva del espacio público y control de los brotes de justicia por mano propia.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Las dinámicas de la política contemporánea parecen competir a diario por superar su propio récord de absurdidad. Son estúpidas, ridículas y, a ratos, peligrosas. En lo local, lo departamental y lo nacional, los ejemplos sobran, basta con repasar la última semana en Boyacá para constatar que nuestra vida pública está atrapada en un carnaval grotesco y ficticio.
El episodio más comentado fue la visita del presidente Gustavo Petro a Sotaquirá. En los días previos, contratistas de la Gobernación de Boyacá y de la Alcaldía de Tunja fueron “invitados” a asistir. No hay pruebas concluyentes de obligatoriedad: en los casos que consulté, nadie pudo asegurar condicionamientos, y por el contrario me afirmaron que no se trató de una imposición. Circulan, sí, capturas de WhatsApp donde se habla de asistencia “obligatoria”, pero todo apunta a grupos específicos de contratistas, no a la totalidad ni en la Gobernación ni en la Alcaldía de Tunja. Que no haya existido obligación no vuelve sensata la práctica. Nuestro vicio es medir la política como barras bravas de fútbol: ¿quién mete más gente a la plaza? Se celebra el lleno como si fuera sinónimo de legitimidad, aunque el público sea inducido, seleccionado a conveniencia o, peor, ficticio. Y aquí la claridad es indispensable: llenar una plaza no puede ser indicador de nada, menos cuando se hace de forma fraudulenta, como ocurrió el pasado jueves en Sotaquirá.
Además, no es válido instar, ni siquiera permitir, que funcionarios de la Gobernación y de la Alcaldía asistan a este tipo de eventos en horas laborales: fueron contratados para servir a la ciudadanía, no para engrosar militancias, maquinarias o simpatías políticas. Incluso si fuese “por gusto”, la respuesta correcta era simple: ver la transmisión en vivo o consultar los informes noticiosos después o las mismas transmisiones que quedan en redes sociales para la posteridad. Y por el otro extremo, también hubo saña: activistas, varios de ellos camuflados en el oficio periodístico, ansiosos por marcar puntos trataron de imponer la tesis de la “obligatoriedad generalizada” sin sustento sólido. La exageración de unos alimenta la victimización de otros; el mismo remolino de siempre, en un país de odios crecientes ¡Todo mal!
Otro capítulo bochornoso en esta semana lo protagonizó el exsecretario de Infraestructura de Tunja, Rafael Acevedo. Tras publicaciones de medios de comunicación, incluido este, sobre su judicialización (https://www.facebook.com/share/p/1Do9KS9WCo/). Acevedo o su círculo cercano optaron por la hiperstición digital: fabricar “realidades” con perfiles falsos para inducir percepciones de la realdiad que distan por mucho de la misma. Nuestra nota acumuló más de 550 “me divierte” en un santiamén, con un patrón evidente: muchas interacciones provenientes de cuentas de “personas” de Medio Oriente. Es la misma practica que ejerce el actual alcalde, Mikhaíl Krasnov, con sus bodegas digitales. Inaceptable en quien pretende dirigir la ciudad y se vende como cambio y como decencia; si el que viene representa lo mismo que el que está, para el caso es mejor dejar al que ya está. Doblemente inaceptable es que ese círculo intente matonear a los medios por reproducir información oficial suministrada por la mismísima Fiscalía General de la Nación, difundida el 12 de agosto (https://acortar.link/IvGETx
). Si existe algún malestar por esa información supuestamente falsa, tendría que hacerse el reclamo a esa entidad, en vez de acosar y crear rencor contra los medios de comunicación que simplemente reproducen una información de carácter oficial. Por si fuera poco, este medio conversó con uno de los abogados de Acevedo y le ofreció un espacio para contar su versión, pues según él, el caso ya estaba archivado, y aun así prefirieron no dar la cara y acudir al matoneo digital, al mejor estilo de lo que ha venido haciendo Krasnov.
Como postre, el senador Ciro Ramírez Cortés. Luego de la visita presidencial, publicó en X un mensaje cargado de odio y veneno: que Petro “sube a tarima a criminales”. Para sostener el infundio, mezcló dos eventos distintos: el de Sotaquirá y uno en Medellín, donde sí hubo en tarima personas condenadas. Pura alquimia narrativa para agitar odios. La realidad es sencilla: en Sotaquirá compartieron tarima el Presidente de la República, el Gobernador de Boyacá, senadores, representantes a la Cámara, el alcalde de Sotaquirá y algunos campesinos y mineros. Ninguno con cuentas pendientes con la justicia, a diferencia de Ramírez Cortés quien sí tiene un expediente abierto, pero eso no le impide autoproclamarse juez moral y repartir etiquetas de “criminal”, seguramente producto del odio que incubó tras un año tras las rejas. Más aún, se llena la boca, al igual que muchos de sus copartidarios, hablando de “desescalar la polarización” mientras le echa gasolina al fuego. Pero qué puede esperarse de personajes como este, que con su publicación irrespetó a los campesinos y mineros por los que se rasgaba las vestiduras una semana atrás, revelando que su indignación es solo un producto de mostrar más no un sentir real.
El “lleno” manipulado de Sotaquirá, la bodega importada de Acevedo y el doble rasero del procesado Ramírez Cortés son síntomas de una misma enfermedad: una política que ya no busca convencer con argumentos, sino simular apoyos, destruir reputaciones y manipular emociones. En este circo, el ciudadano es público cautivo de una función mediocre que se repite con distintos actores. Las plazas llenas, los likes comprados y las narrativas falsas no son accidentes: son herramientas conscientes de una clase política que, cuando la verdad no le sirve, prefiere inventarse otra más útil. Y mientras tanto, la democracia paga la cuenta.
#Editorial
𝐔𝐧 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐲 𝐥𝐚 𝐛𝐨𝐫𝐫𝐚𝐜𝐡𝐞𝐫𝐚
El pasado 6 de agosto, Tunja cumplió 486 años de fundación hispánica. Una fecha que, en otras manos, podría haber sido una oportunidad para mostrar avances, fortalecer la identidad cultural y rendir homenaje a una ciudad que respira historia. Pero no. La conmemoración de este año pasará a la memoria como una de las más opacas y desafortunadas de los últimos tiempos.
De entrada, la ciudad no recibió ninguna obra de gran impacto. La Alcaldía, en un intento torpe de disimular la ausencia de logros, intentó vender como “inauguración” el ya conocido letrero gigante en la vereda El Porvenir, instalado desde hace meses y aún pendiente de iluminación. Una “entrega” tan forzada que raya en el insulto a la inteligencia ciudadana.
Es justo reconocer que los actos protocolarios fueron sobrios y, en lo estrictamente formal, estuvieron a la altura de la fecha. Sin embargo, incluso esa parte se vio empañada por un error grotesco: se izó una bandera del Colegio de Boyacá en lugar de la del departamento. Un descuido que, aunque algunos quieran minimizar, refleja la ligereza con la que se asumió la celebración.
Pero si hubo un episodio que definió el espíritu de este cumpleaños, fue la contratación del artista John Alex Castaño. Una decisión cuestionada desde el primer momento por amplios sectores de la ciudadanía, que advirtieron, con razón, que el evento propiciaría un consumo excesivo de licor y, con él, riñas y desórdenes. El alcalde Mikhail Krasnov, sin embargo, prefirió ignorar las advertencias y destinar buena parte del presupuesto a pagar una hora de música popular que terminó exactamente como se predijo: un festival de peleas, daños al mobiliario de la Plaza de Bolívar y el mandatario tratando de apagar el incendio que él mismo encendió.
La cifra duele: $149.800.000 en total para la celebración, provenientes de los impuestos de los tunjanos. Dinero que pudo haberse invertido de forma más austera e inteligente. Con la mitad de lo pagado a Castaño, se habría podido contratar a decenas de artistas locales, esos mismos que fueron marginados a pesar de las promesas de participación; y con el resto adelantar obras simples pero necesarias: andenes, señalización vial, parques infantiles, mobiliario urbano. Algo tangible y simple, pero que perdure.
Para colmo, no hubo anuncios de nuevas obras, ni actualizaciones sobre las que, un año atrás, el gobierno departamental había prometido como “regalo” a la ciudad. Todo sigue exactamente igual que entonces. Parece que el tiempo se detuvo, salvo para el reloj del gasto público.
Es una paradoja dolorosa: una ciudad que históricamente ha cultivado la cultura, que alberga talentos que dignifican su nombre, termina celebrando su cumpleaños con un artista cuyo repertorio poco o nada tiene que ver con la identidad tunjana, y cuya fama va de la mano de letras que celebran la borrachera o, incluso, hacen guiños a consumos más peligrosos.
El desfile de bandas estudiantiles y las danzas de la Escuela Superior de Artes de Tunja fueron, eso sí, momentos dignos y bien ejecutados. Pero fueron apenas destellos aislados en una jornada marcada por la improvisación, el derroche y la desconexión con la ciudadanía.
Krasnov optó por la salida fácil: contratar al “artista de las masas” sin medir las consecuencias. El resultado fue predecible y lamentable. Tunja merecía más. Merecía que su aniversario fuera un acto de amor por la ciudad, no una borrachera costosa que dejó más problemas que motivos para celebrar.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El pasado viernes primero de agosto, la Personería Municipal de Tunja recibió una notificación tan inesperada como sospechosa: la administración de Mikhail Krasnov le comunicó que en tres meses deberá desalojar sus oficinas del edificio municipal. La razón oficial es que el espacio “es requerido para el correcto funcionamiento de las dependencias de la Alcaldía”. La razón real es mucho más evidente: se trata de una retaliación política, un castigo directo por las investigaciones que la Personería ha adelantado sobre varios funcionarios de la actual administración.
El libreto es conocido. El gobierno notifica, con la cortesía de la anticipación que exige la ley, que no renovará el contrato de arrendamiento. Así, en el papel, todo luce pulcro y reglamentario. Pero en la práctica, el efecto es el de torpedear la labor de un organismo de control que, guste o no, está haciendo su trabajo: investigar las actuaciones de quienes hoy ostentan el poder en Tunja.
El argumento de que la Alcaldía necesita las oficinas para el “bienestar de sus funcionarios” es tan endeble como cínico. ¿De qué bienestar hablan si el mismo edificio municipal lleva meses lleno de pancartas que denuncian el maltrato laboral, el injusto aumento de salarios y otras condiciones indignas que padecen sus propios trabajadores? Más aún, mientras se expulsa a la Personería, la administración sigue alquilando locales del edificio municipal, a precio de huevo, a particulares.
Sacar a la Personería del edificio municipal no es un simple cambio de dirección. Es un golpe directo a la defensa de los derechos ciudadanos. La ubicación actual facilita que cualquier persona que acude al edificio en busca de soluciones a problemas con la administración pueda, en el mismo lugar, acudir a la Personería para recibir orientación, iniciar trámites o defender lo público. Perder esa cercanía significa poner más obstáculos a quienes ya enfrentan suficientes dificultades para que se les respeten sus derechos.
Y no es que encontrar un reemplazo sea sencillo. En el Centro Histórico no abundan los inmuebles que reúnan las características necesarias para las funciones de la Personería. Este espacio es un acierto precisamente por su facilidad de acceso para todos los sectores de la ciudadanía. La descentralización, en cambio, ha demostrado ser un fracaso: basta recordar el ejemplo del Florida Shopping Center, en el sur de la ciudad, donde reubicaron oficinas como la del Sisbén, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico. El resultado fue alejar los servicios de quienes más los necesitan y obligar a los ciudadanos a desplazarse a dos puntos distintos para completar un solo trámite.
Además, esta maniobra no solo pone en aprietos logísticos a la Personería, sino que le roba tiempo valioso a sus funcionarios, quienes tendrán que abandonar temporalmente sus tareas principales para dedicarse a buscar un nuevo espacio para funcionar. Y todo esto bajo la sombra de un plazo que, aunque legal, es insuficiente para conseguir un inmueble con las condiciones necesarias.
La incoherencia de la Alcaldía es descarada: dice querer “mejores condiciones” para sus trabajadores, pero poco o nada hizo cuando se conocieron las quejas de quienes fueron enviados al Florida Shopping Center, donde han tenido que soportar humedad, polvo y condiciones que afectan su salud y bienestar.
Si de verdad existiera un plan claro para las oficinas que hoy ocupa la Personería, lo lógico habría sido comunicarlo abiertamente, decir cuál es la finalidad o el uso que se les piensa dar, y explicar por qué es tan urgente. Pero no: la administración se limita a comunicados escuetos, sin explicar qué se piensa hacer con ese espacio ni cuál es la urgencia real por desalojarlo. Ese silencio alimenta la sospecha de que no se trata de mejorar nada, sino de apartar a la Personería del centro neurálgico de la gestión pública para debilitar su presencia y efectividad.
Estas artimañas no son exclusivas de Tunja. En otros municipios se ha usado la misma receta para “castigar” a personerías incómodas: complicarles la operación, someterlas a traslados forzados y restarles capacidad de acción. Y en el caso de Krasnov, no es la primera ni la última jugada de este tipo. Lo hemos visto en el contexto de la demanda de nulidad electoral en su contra y de las denuncias penales que enfrenta: dilaciones, evasivas y ataques a las instituciones que buscan hacerle contrapeso.
En suma, desalojar a la Personería del edificio municipal no es un acto administrativo inocente. Es un mensaje político. Y el mensaje es claro: en la Tunja de Krasnov, quienes fiscalizan al poder corren el riesgo de perder su lugar, literal y figuradamente.
𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Tunja conmemora hoy 486 años. Una ciudad a la que aún se le llama "la hidalga", pero que lamentablemente está cada vez más lejos de esa digna denominación, pues hoy lo que vemos es un panorama en el que el letargo y el abandono parecen consumir sus calles como resultado de administraciones locales mediocres -unas más que otras- y del resentimiento de un gobierno departamental que no ha logrado conquistarla en las urnas.
Y como sé que otros analizarán lo que pasa con la Alcaldía, yo me centraré en lo que ha sido el Gobierno Regional para Tunja, que vestido de verde en lo único que le ha contribuido a la ciudad es a que se empobrezca, se despedace, se deshilache, como la bandera que, sin pudor alguno, izó hace unos días la administración municipal.
Para entender la gravedad del abandono, hay que ver por el retrovisor lo ocurrido en los últimos años. Tunja no se ha salvado de inauguraciones a medias, sobrecostos en obras, ni de los ya conocidos “cheques chimbos”, que se han hecho muy populares en Boyacá desde hace más de una década. Y es que hace un año el gobernador Carlos Amaya —como bien recordó el Periódico El Tunjano— prometió cinco grandes proyectos como “regalos” para la ciudad. Todos, a la fecha, siguen “sin ejecución ni avances verificables”.
En teoría que ese sea el balance a la fecha no debería sorprendernos. Pero repasemos los anuncios.
Empecemos por el ya clásico caballito de batalla, el paso subterráneo en la Glorieta Norte. Por años, militantes del partido del gobernador han manipulado con esta promesa a los tunjanos diciendo que ahora sí será un hecho, pero lo único que existe es un render y la última promesa de actualización de estudios y diseños, lo que quiere decir que terminados estos gobiernos no se habrá puesto ni siquiera la primera piedra.
Y lo mismo ocurre con otras promesas recicladas el cuarto módulo de la PTAR (más anunciado que la puesta en marcha del aeropuerto de Rojas Pinilla que sigue sin operar); la rebautizada Avenida del Río, ahora eje ambiental del río, que tiene todas las excusas posibles de una obra vial, igual que la Calle 53 que se quedó en la anunciada actualización de estudios; y los planes de movilidad en las vías aledañas a la Terminal Juana Velasco de Gallo, que era la único que tenía que hacer el Gobierno Verde después de cortar la cinta, pero no ha podido.
Si nos vamos más años atrás, no cambia mucho el panorama, solo que podemos encontrar otra colección de cachetadas que ha recibido esta capital.
La clínica Josefa Canelones, varias veces inaugurada y aún convertida en una obra prácticamente abandonada, cuya máxima excusa es que le apareció otro daño y siguen en reparaciones. Mis dos hijas nacieron allí, como muchas otras personas. Y sí, tenía falencias, como toda infraestructura de salud pública en Colombia, pero al menos funcionaba. La compraron, la tocaron y la convirtieron en otro ELEFANTE VERDE. Suerte similar le puede esperar a la nueva torre del Hospital San Rafael, anunciada hace más de tres años, y que hoy sigue varada bajo excusas interminables.
El parque agroalimentario es otra obra mal hecha, entregada con serias fallas estructurales, pese a las lamentables y millonarias adiciones presupuestales. Pero es que de este parque hay que decir que lo que mal empieza, mal termina, porque esta obra fue adjudicada a un contratista presuntamente sancionado por la Procuraduría por incumplimientos en el Meta. Lo sabían. Se advirtió. Y aún así se le premió con recursos públicos en el primer gobierno Amaya.
¿Y la piscina municipal? Cerrada durante más de tres años por inoperancia. Reabierta recientemente bajo el nombre “Los Andes”. Sin cumplir un año de su show de inauguración, hace apenas unas semanas volvió a cerrar por casi un mes. Sigue con fallas. No se sorprendan si nuevamente aparece clausurada.
Del Hotel Hunza, poco o nada se sabe. Su destino es incierto, pese a haber sido anunciado para múltiples propósitos. Lo único que pedimos por “vida suyita” es que no corra con la suerte de otras estructuras como el Auditorio José Mosser, también en manos de la Gobernación, que lleva años envuelto en lonas, con la eterna excusa de que “están en estudios y diseños” para mantenimiento, mientras se cae a pedazos, junto con el resto de nuestro Centro Histórico.
Seguro hay más por decir y seguro en comentarios seguidores del Gobierno mencionarán obras entregadas por esta administración, así que adelante. Pueden hacer uso de su corazón verde y hablar de los huecos mal tapados que hace poco pusieron en el listado de los mal llamados logros. Pero ojalá, por lo menos, citen una obra que merezca llamarse digna de una capital de los boyacenses.
Y eso sí les pido que no se nos olvide que si algo han hecho claramente no es suficiente como ya lo expliqué, pero además es porque para eso se les paga. Para eso fueron elegidos. No son benefactores que nos regalan de su bolsillo. No son gamonales que estén administrando la finca. Son ordenadores del gasto público, obligados a gobernar para toda la región, no solo para su corriente política.
Paisanas, paisanos, que este aniversario nos sirva para abrir los ojos, despertar y exigir, así exigir moleste en Boyacá. Que nos sirva para dejar de ser simples espectadores. Porque este, lamentablemente, no es un feliz cumpleaños.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
En las últimas décadas ha tenido lugar un innegable proceso inflacionista de los derechos humanos que ha contribuido a su banalización y consiguiente desprestigio. No es extraño que a partir de la tercera generación de derechos no exista ya acuerdo sobre el contenido y alcance de las generaciones siguientes, que incluyen derechos cuyo sujeto no es ya el ser humano sino la naturaleza, el medio ambiente o los animales, o, cuando lo es, el individuo reivindica al Estado su derecho a satisfacer un deseo que él siente como una necesidad para un adecuado desarrollo de su personalidad, es decir se trata de un “derecho-deseo” claramente individualista.
El surgimiento de los “derechos-deseo” constituye la prueba más clara del proceso inflacionista y arbitrario de los derechos humanos, con la pretensión de transformar de un modo radical todo el sistema de estos derechos. No es este el espacio para hablar de los orígenes históricos y principales presupuestos antropológicos equívocos sobre los que se construye el discurso, pero sí podemos traer a colación la última demostración de que la tendencia de “derechos-deseo” está presente en Colombia, tanto así que se busca afianzar en leyes.
En el Congreso colombiano se está tramitando actualmente el Proyecto de Ley “Integral Trans”, conocido como Ley Sara Millerey –asesinada con sevicia- que busca garantizar los derechos de las personas transgénero. Este proyecto, que consta de aproximadamente 45 artículos, ya fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes y continuará su trámite legislativo en la Plenaria de la misma Cámara durante el actual período legislativo.
En concordancia con los presupuestos de los “derechos-deseo” define a las personas trans y no binarias como aquellas que se auto perciben con un género distinto al que tuvieron al nacer, incluyendo identidades “no binarias” y “fluidas”. En resumen, cubre identidad legal, salud, educación, trabajo, justicia, recogida de datos, y políticas específicas de reparación y reconocimiento simbólico.
Sin embargo, mientras sus promotores colombianos se ufanan de ser “progresistas de última generación” como el presidente Petro, en países más desarrollados están buscando reversar este tipo de “progresismo” porque es a todas luces perjudicial para la dignidad de la persona humana. Es así como más de 100 profesionales de la salud australianos han firmado una carta abierta en la que instan a los organismos nacionales de salud a que cesen el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas e intervenciones quirúrgicas en niños y adolescentes con angustia relacionada con el género.
La carta, dirigida a las principales instituciones médicas de Australia, destaca el creciente consenso global en el sentido de que el modelo médico llamado “afirmación de género” no cuenta con evidencia sólida que lo respalde y conlleva riesgos graves. Citando la histórica Revisión Cass del Reino Unido —la evaluación independiente más completa hasta la fecha sobre medicina de género pediátrica—los profesionales advierten que las prácticas actuales en Australia están poniendo en peligro a jóvenes vulnerables. Dicha revisión concluyó que la base de evidencia para las transiciones médicas en jóvenes es “débil e incierta”, una evaluación que coincide con los hallazgos de revisiones sistemáticas en toda Europa y, más recientemente, en Estados Unidos. Países como el Reino Unido, Suecia, Finlandia y Noruega han restringido significativamente estas intervenciones en respuesta a los datos emergentes. Específicamente la carta señala que estos tratamientos pueden causar daños irreversibles, como: - Esterilidad, - Disfunción sexual, - Efectos negativos en la salud ósea, - Cerebral y -Cardiovascular.
También la misiva advierte que los estándares clínicos australianos ignoran datos que muestran que alrededor del 85% de los niños con disforia de género resuelven su angustia de forma natural al atravesar la pubertad. También advierte la necesidad de volver a una atención basada en la evidencia. Es más, a la luz del creciente cuerpo de evidencia tanto internacional como nacional —y de las graves implicancias éticas y legales para los profesionales de la salud— los firmantes exigen un cambio urgente: alejarse de las intervenciones médicas perjudiciales y regresar a una atención prudente basada en la evidencia.
Piden además que el apoyo psicosocial sea restablecido como la primera respuesta para los jóvenes con angustia relacionada con el género, y que los organismos profesionales y reguladores emitan directrices claras y firmes al respecto.
Aún más, el “Women’s Forum Australia” se une a estos profesionales de la salud en su llamado a un regreso a la ciencia, la ética y el sentido común en el tratamiento de niños y jóvenes vulnerables.
#Editorial
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐲𝐨́ 𝐨𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐜𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Terminó el segundo periodo de sesiones ordinarias del Concejo de Tunja y el balance es tan deprimente como preocupante. Lo que debería ser un escenario de debate, fiscalización y defensa del interés ciudadano, terminó convertido, una vez más, en una sala de espera del Alcalde Mikháil Krasnov, donde se acata todo lo que él dicta y se ignora, una y otra vez, la realidad de la ciudad. Lo que ocurrió entre junio y julio de 2025 es probablemente uno de los episodios más insulsos, vacíos y serviles que se recuerden en la historia reciente de esa Corporación.
El periodo comenzó con una serie de informes de gestión de la Personería y la Contraloría, que aunque son necesarios, no produjeron acción alguna. Fueron sesiones meramente formales, sin seguimiento ni impacto. Luego, la agenda fue copada casi en su totalidad por las sesiones impulsadas desde la Administración Krasnov. La prioridad fue clara: no se discutió lo que interesa a la ciudadanía, sino lo que solicitó el Alcalde, sin importar su calidad o conveniencia.
Un ejemplo vergonzoso fue el proyecto para asegurar la prestación del programa de atención integral al adulto mayor, financiado con recursos de vigencias futuras. El proyecto fue presentado con vacíos e inconsistencias tan evidentes que fue rechazado en su primera discusión. Sin embargo, no tardó en llegar la presión desde las redes institucionales de la Alcaldía, que recurrieron al matoneo y la manipulación para conseguir su aprobación a la fuerza. Hoy, esa aprobación a las carreras tiene a los concejales bajo la lupa de la Contraloría Municipal.
A esa sesión forzada se sumaron otras de trámite anodino, como las relacionadas con la fijación de escalas salariales para la planta de personal de distintas entidades municipales. Sesiones sin contenido político real, sin interés público y sin mayor discusión. Pero lo más indignante fue constatar, una vez más, que los controles políticos en el Concejo de Tunja no sirven para nada. Durante el periodo se realizaron cuatro de estos ejercicios. Ninguno, absolutamente ninguno, arrojó resultado alguno. Fueron mero decorado. Escenografías de democracia que esconden una verdad inocultable: en el Concejo de Tunja la corrupción está de fiesta.
En algunos de esos controles se demostró de manera clara la ineptitud, la negligencia y hasta posibles actos de corrupción de varios funcionarios. Pero nada ocurrió. ¿Por qué? Porque los funcionarios están protegidos por un pacto de mutua conveniencia entre el Alcalde y un grupo de concejales que actúan como su comité de aplausos. Ese grupo de concejales ha decidido abandonar cualquier principio de independencia y entregarse por completo al oficialismo. No hay control, no hay crítica, no hay fiscalización. Solo hay obediencia a intereses malsanos y corruptos.
Uno de los temas más escandalosos del periodo fue el contrato para la reparación de la malla vial por cerca de 25 mil millones de pesos, que estaría en manos de Tierrasúa. No se dijo nada al respecto. No se conocieron detalles, ni cronogramas, ni condiciones contractuales. Nada.
Y cuando se citó a control político a la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, el espectáculo fue lamentable. Varios concejales sumisos casi la sacan en hombros, ignorando los múltiples señalamientos que recaen sobre esa dependencia. En medio de su cobardía, llegaron al punto de minimizar las denuncias, tachándolas de “rumores de medios de comunicación”, cuando en cualquier democracia funcional esos señalamientos habrían sido motivo de destitución inmediata.
Algo similar ocurrió con el proyecto del frigorífico. Se discutió durante horas, pero se aclaró absolutamente nada. Hoy el panorama es más confuso que antes. También se realizaron sesiones para “vigilar” a las empresas de servicios públicos, pero todo quedó igual. Las tarifas siguen siendo una carga insoportable para buena parte de la ciudadanía, nada cambió. Esas sesiones solo resultaron redituables para los concejales que han sabido explotar con promesas vacías el discurso demagógico de indignación contra las empresas de servicios públicos.
El mismo oportunismo se evidenció con el caso del empréstito de la administración de Alejandro Fúneme González. Varios concejales, con una indignación tan impostada como tardía, aprovecharon la tribuna para mostrarse preocupados, pero no han movido un solo dedo en términos de acciones legales, denuncias o demandas que permitan revertir el daño causado por ese endeudamiento que hoy ahoga las finanzas del municipio.
Todo este escenario está siendo orquestado, o al menos tolerado, por la actual mesa directiva del Concejo, que ha llevado a la Corporación a su punto más bajo en cuanto a legitimidad, credibilidad y dignidad. El desprestigio es tal, que el Concejo de Tunja atraviesa uno de sus momentos más oscuros. Y no se trata solo de una crisis de imagen: es una crisis profunda, institucional, donde los pesos y contrapesos han desaparecido, y donde quienes deberían representar al pueblo se han entregado por completo a los intereses de un mandatario que no tolera la disidencia.
Este periodo de sesiones no solo fue estéril en resultados, sino nocivo para la salud democrática de la ciudad. El Concejo, lejos de ser un espacio de deliberación, se ha convertido en una correa de transmisión de los deseos del Alcalde, como en los mejores tiempos de Alejandro Fúneme. Y esa sumisión, disfrazada de institucionalidad, solo puede calificarse con una palabra: indignidad.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La reunión del pasado 25 de julio entre la Secretaría de Educación y los contralores estudiantiles de Tunja podría haberse interpretado como un gesto de apertura y escucha hacia los jóvenes que ejercen veeduría sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE). Pero no. Lo cierto es que la administración municipal solo se dio por aludida después de que estos estudiantes expusieran, ante el Concejo de Tunja, las falencias del programa. Y no fueron denuncias menores: pan viejo, presencia de insectos en la comida y una proliferación de productos ultraprocesados en las tiendas escolares. Que hayan sido los estudiantes quienes lo relataran, con la timidez propia de quien se atreve por primera vez a levantar la voz, ya de por sí es admirable. Pero el gesto valiente de hablar fue recibido con desdén.
La reunión posterior se organizó casi en secreto. La invitación fue privada, dirigida solo a los contralores estudiantiles. No se compartió con los medios de comunicación, y aquellos periodistas que nos enteramos de su existencia recibimos el mensaje implícito de que no éramos bienvenidos. Que era un encuentro "íntimo", en un espacio “reducido”, y que por lo tanto, lo mejor era no asistir. No hubo transmisión pública, no hubo registros abiertos, no hubo intención de transparencia.
Y sin embargo, el secretario de Educación, Daniel Moreno Álvarez, no tardó en salir a culpar a los medios. Según él, la situación fue "agrandada" por la prensa. Que fueron los periodistas quienes exageraron los relatos de los estudiantes. Pero ni siquiera tuvo la honestidad de señalar qué medios fueron, ni de qué manera supuestamente deformaron la información. Lo único claro es que la Alcaldía busca el camino más fácil: culpar al mensajero, en lugar de asumir la responsabilidad de un programa que viene arrastrando críticas desde hace rato.
En honor a la verdad, y para que no hubiese tergiversaciones, algunos medios, como en el que se publica esta columna, optamos por citar textualmente a los estudiantes (https://acortar.link/LgWOKs).
Precisamente para evitar cualquier matiz que pudiera usarse luego como excusa. Lo que se denunció fue grave, y lo fue en boca de quienes a diario consumen esa alimentación. Resulta entonces inaceptable que, en lugar de reconocer los problemas, la administración insista en una narrativa de victimización institucional, acusando a los medios de generar un problema que ya existía.
Más preocupante aún es que, transcurridos siete meses del año, no se hubiera adelantado ni una sola reunión entre estudiantes y autoridades para hacer seguimiento al PAE. ¿Qué clase de gestión es esa? ¿Qué tanto interés puede tener una Secretaría de Educación que ni siquiera se había sentado con los estudiantes hasta que estos decidieron hablar ante el Concejo? El mensaje es claro: mientras todo se mantenga callado, todo está bien. Pero basta con que alguien levante la mano para que empiece la cacería de culpables.
Y el patrón se repite. Quien escribe esta columna recuerda cómo en alguna reunión con comerciantes informales, realizada en el Hoyo de La Papa, se me pidió no grabar, a lo cual accedí, incluso en contravía de mis intereses, en aras de no crispar un encuentro que de por sí ya era tenso. Esa conducta sistemática de restringir el acceso a la información, de blindar los espacios deliberativos, de evitar el escrutinio público, no puede seguir siendo una constante en una administración que se llena la boca hablando de puertas abiertas.
Resulta hipócrita que los funcionarios, recién posesionados, repitan el discurso de que todo el mundo tiene su número, que siempre están disponibles, que son aliados de la comunidad y de la prensa. Pero bastan unos meses para que no respondan ni a ciudadanos, ni a concejales, ni a periodistas. De puertas abiertas, nada. Lo que hay es un cerrojo informativo, sectario y malintencionado.
¿No sería más transparente permitir la entrada de los medios a estas reuniones? ¿O incluso transmitirlas en directo, para que cada quien se forme su propio criterio? En vez de eso, se opta por manipular a los jóvenes asistentes, inculcarles que los medios son los malos del cuento, y promover una versión oficial sesgada, unilateral, diseñada para proteger la imagen de una administración que prefiere el silencio a la crítica.
No se trata solo de que quieran acallar a los estudiantes. Lo que molesta a la administración es que se hayan atrevido a hablar antes de que les dieran permiso. Y una vez expuesto el problema, la reacción no fue atenderlo, sino culpar a quienes lo dieron a conocer. Es una conducta que revela una profunda incomodidad con la fiscalización ciudadana, una molestia con la libertad de prensa, y un desprecio por la inteligencia de quienes, pese a su juventud, ya entienden que la democracia no se ejerce en secreto.
#Editorial
𝐄𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨 𝐬𝐞 𝐜𝐚𝐞 𝐚 𝐩𝐞𝐝𝐚𝐳𝐨𝐬, 𝐲 𝐧𝐚𝐝𝐢𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐞 𝐢𝐧𝐦𝐮𝐭𝐚𝐫𝐬𝐞
Tunja, una de las ciudades más antiguas de América, se derrumba ante nuestros ojos mientras las autoridades simulan que todo está bien. La situación del patrimonio inmueble del Centro Histórico es crítica, por no decir terminal. Buena parte de las casonas coloniales que componen el corazón de la ciudad están en avanzado estado de deterioro, y la posibilidad de intervenirlas o conservarlas se ha convertido, literalmente, en una fantasía impagable.
La raíz del problema es tan simple como desoladora: no hay plata. Solo la actualización del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que es el instrumento mínimo para empezar a hablar en serio sobre la protección del patrimonio, cuesta cerca de $4.000 millones. El municipio no tiene ese dinero. No lo tiene para la actualización del PEMP, mucho menos para ejecutar obras de restauración que podrían costar cientos de miles de millones. Entonces, ¿qué se está haciendo? Nada. Se deja que las casas colapsen solas, como si se tratara de un proceso natural, inevitable, sin culpables.
El marco normativo actual exige que cualquier intervención sobre inmuebles patrimoniales cumpla con estrictos requisitos de conservación. No basta con apuntalar una pared o cambiar un techo: se debe hacer una intervención completa, con técnicas tradicionales, materiales originales, asesoría especializada y permisos casi imposibles de obtener. Todo eso cuesta una fortuna. En otras palabras, hoy en Colombia conservar una casa patrimonial es un lujo que ni los propietarios ni el Estado pueden pagar.
Esta desconexión entre la norma y la realidad territorial ha generado una paradoja tan absurda como dolorosa: las reglas que pretenden proteger el patrimonio están contribuyendo a su desaparición. Ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos y de asumir los costos, muchos propietarios prefieren dejar caer sus inmuebles antes que iniciar una obra de restauración. Y no es por desidia ni maldad. Es que el sistema actual los obliga a elegir entre la ruina o la quiebra.
A este panorama ya complejo se suma el precedente frustrante de la casa Eduardo Santos. En este inmueble histórico se invirtieron miles de millones de pesos para su restauración. La expectativa era alta: se abriría al público, se convertiría en un referente cultural, albergaría exposiciones permanentes. ¿Y qué pasó? Se abrió unas semanas durante el Festival Internacional de la Cultura Campesina 2024… y luego se cerró. Otra vez. Desde entonces, permanece como un monumento al despilfarro. ¿Cómo pueden los administradores de lo público, con tantas necesidades por resolver en los territorios, darse el lujo de invertir cifras multimillonarias en una casa que no se usa? ¿No sería más coherente darle un uso permanente?
La casa Eduardo Santos podría ser muchas cosas: la sede de una escuela de música que Tunja no tiene, un museo vivo que cuente la historia material e inmaterial de ese lugar, un centro de formación artística o un recinto de exposiciones itinerantes. Pero no: es un cascarón costoso y vacío. Y mientras eso ocurre con los inmuebles ya restaurados, los que están en ruinas siguen esperando su turno, que tal vez nunca llegue.
Lo más grave de todo es que no existe un plan. Ni para la actualización del PEMP, ni para la recuperación progresiva de los inmuebles, ni para definir qué uso tendrán las casas que logren salvarse. La restauración, cuando ocurre, no viene acompañada de un proyecto de sostenibilidad. Y así es como terminamos gastando miles de millones para revivir un bien que en meses vuelve a ser invisible para la ciudadanía.
La preservación del patrimonio no debería ser un capricho romántico, sino una estrategia integral de desarrollo. Pero para eso, se necesita voluntad política, recursos reales, y sobre todo, una actualización normativa urgente que entienda las condiciones económicas de los territorios. No podemos seguir aplicando las mismas reglas de Cartagena o Bogotá en ciudades como Tunja, donde el presupuesto no alcanza ni para tapar huecos.
La historia de Tunja está escrita en sus piedras, en sus balcones de madera, en sus muros de adobe. Si dejamos que esas casas se caigan, no solo perdemos edificios: perdemos memoria, identidad, sentido de pertenencia. Y lo peor es que estamos perdiendo todo eso no por ignorancia, sino por la imposición de normas absurdas y el desgobierno permanente.
El tiempo se agota. Si no se actúa ya, con sensatez, con estrategia, con visión a largo plazo, Tunja se convertirá en una postal del pasado: bonita en fotos viejas, irreconocible en la vida real. Y cuando eso ocurra, no habrá discurso, ni ley, ni plan que nos devuelva lo que dejamos caer por negligencia, indiferencia y desidia institucional.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La democracia en Boyacá es de juguete. Es una pantomima. Un decorado frágil sostenido por burócratas de bolsillo, caudillos regionales y un aparato institucional que simula control político con aplausos ensayados y debates que no debaten nada. Así quedó demostrado, una vez más, el pasado 24 de julio en la Asamblea de Boyacá, donde se anunció con bombos y platillos una sesión de control político al gerente de la empresa mixta Tierrasua, John Ernesto Carrero Villamil. Anuncio que, de forma tan sospechosa como reveladora, fue borrado de las redes sociales de la Asamblea antes de que iniciara la sesión.
¿Control político? Nada más alejado de la realidad. Lo que hubo fue una amable charla con café servido al gusto del invitado. En pleno desarrollo de la sesión, el presidente de la Corporación, John Alex López Mendoza, se encargó de “aclarar” que no se trataba de una citación formal sino de una simple invitación a conversar sobre los asuntos de Tierrasua. La bancada de oposición, que venía solicitando un verdadero ejercicio de control, se enteró sobre la hora que el supuesto debate se realizaría el 24 de julio, pese a que, según sus propias versiones, este estaba previsto para la semana siguiente.
Desde el oficialismo, los diputados alegaron que no existía ningún control político programado, amparándose en un calendario previamente aprobado, dicen ellos, por la propia oposición. La confusión no es gratuita, ni casual. Es parte del guion premeditado de una democracia que funciona como parodia: se simulan procesos, se manipulan agendas y se escenifican debates sin posibilidad de incomodar a los aliados del poder.
Mientras el oficialismo aplaudía y criminalizaba la retirada del recinto por parte de la oposición, Carrero Villamil se paseaba cómodo por la sesión, con una presentación vacía, llena de tecnicismos irrelevantes y absolutamente alejada de los cuestionamientos reales que enfrenta Tierrasua. Su gran aporte fue enseñar a los asistentes cómo buscar contratos en Secop II, ignorando por completo el hecho de que a esta empresa se le han asignado a dedo contratos multimillonarios sin que exista una competencia abierta y real. Nadie le preguntó por qué el convenio de 25 mil millones para el reparo de la malla vial de Tunja, anunciado hace más de cuatro meses por el gobernador Carlos Amaya y el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, aún no ha sido firmado. Nadie. Ni una sola pregunta sobre este tema crucial.
¿Más allá de la legalidad de la que goza la figura bajo la que se conformó la empresa Tierrasua, cómo puede ser justificable una empresa mixta cuya mayoría accionaria pertenece al Ideboy, instituto adscrito al gobierno departamental, y el resto a sindicatos de la misma entidad? Tal vez la figura sea legal, pero el uso que se le da es perverso. Permite evadir controles políticos, acceder a contratos sin licitación y blindarse de la vigilancia ciudadana. Eso no es eficiencia institucional, es un montaje para burlar la transparencia. Y cuando alguien se atreve a señalarlo, contratistas y bodegueros del poder responden con insultos, burlas y matoneo digital. López Mendoza, en lugar de ejercer un liderazgo democrático, ha optado por llevar a la Asamblea a un nivel aún más bajo, en el que los debates se desvían para discutir el color de un saco, mientras la corrupción navega tranquila bajo la alfombra institucional.
La sesión del 24 de julio no fue otra cosa que un show inútil. Y lo peor es que se pagó con recursos públicos. Como si no fuera suficiente, al final, el gerente de Tierrasua recibió el habitual y acostumbrado vitoreo, de parte de los diputados del oficialismo, por su presentación vacía, sin que nadie lo incomodara con preguntas serias. Ni una sola respuesta sobre las verdaderas denuncias, sobre la falta de competencia, sobre los beneficios concretos (si es que existen) de asignar a dedo contratos de obra pública tan grandes a una sola empresa.
Si Carrero Villamil está tan dispuesto a dar la cara y contar la verdad, como aseguró en la sesión, entonces que no haya reparo alguno para que comparezca nuevamente, en una verdadera sesión de control político, como debe ser. Y que esta vez no se manipule la agenda, no se silencien las voces críticas y no se les pague a los diputados por aplaudir como focas amaestradas.
Sí, es cierto que la bancada de oposición cometió un error al retirarse. Su presencia habría permitido conocer más detalles y hacer preguntas directas. Pero más grave aún es la forma en que el oficialismo ha reducido a la Asamblea a un escenario decorativo, donde todo se aprueba sin discutir, sin exigir cuentas, sin ejercer la mínima vigilancia.
¿Y el Concejo de Tunja? Otro ejemplo del mismo sainete. Este Concejo, al igual que los anteriores, ha sido sumiso con el alcalde de turno. Lo ha sido tanto como lo fue el del anterior periodo con Alejandro Fúneme, y el del anterior con Pablo Cepeda. Le aprueban absolutamente todo, sin discusión, sin contrapreguntas, sin responsabilidad. Y cuando se citan a funcionarios claramente cuestionables, incompetentes, o corruptos, como ha ocurrido y se ha comprobado en medio de controles políticos, los debates no concluyen en nada. Así, el Concejo de Tunja no pasa de ser un relleno institucional que cuesta millones al erario y que no sirve para nada.
La burocracia en Boyacá es enorme. La democracia es diminuta. Mientras sigamos premiando el clientelismo, aplaudiendo los shows sin sustancia y criminalizando la oposición, este departamento no tendrá una democracia real. Solo un teatro caro, montado para que todo parezca normal, mientras el poder sigue siendo ejercido sin control, sin límites y sin vergüenza, desmoronando la escasa credibilidad que aún existe en las instituciones.
#Editorial
¿𝐄𝐯𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚? 𝐋𝐚 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭𝐨
El pasado 11 de julio, el medio de comunicación Portafolio publicó una nota titulada “Los 7 lugares de Boyacá que no vale la pena visitar según la inteligencia artificial”. En dicha publicación, Tunja fue estigmatizada por su supuesta inseguridad. El artículo, además de ser superficial y prejuicioso, omite datos objetivos y proporcionalmente reveladores sobre la verdadera situación de seguridad en la capital boyacense. Hagamos un ejercicio riguroso: comparemos las cifras.
En lo corrido de 2025, según cifras de la Policía Metropolitana de Tunja, se han registrado 623 hurtos a personas en el área metropolitana. Si tenemos en cuenta que en Tunja viven aproximadamente 200 mil personas, esto equivale a 311.5 hurtos por cada 100 mil habitantes. Mientras tanto, en Bogotá, con una población cercana a los 10 millones de habitantes, la Secretaría Distrital de Seguridad ha reportado 64.704 hurtos a personas, lo que representa 647 hurtos por cada 100 mil habitantes. Es decir, Bogotá duplica proporcionalmente a Tunja en este delito.
Respecto al hurto a residencias, Tunja ha registrado 114 casos en 2025, lo que representa 57 por cada 100 mil habitantes. Bogotá, por su parte, reporta 2.959 hurtos a residencias, equivalente a 29.6 por cada 100 mil habitantes. Aquí Bogotá muestra una mejor proporción, pero el contexto urbano de cada ciudad y su dinámica de ocupación residencial deben tenerse en cuenta para una lectura integral.
En cuanto al hurto a comercio, Tunja presenta 71 casos, es decir, 35.5 por cada 100 mil habitantes, mientras que Bogotá registra 3.795, que representan apenas 38 hurtos por cada 100 mil habitantes. Las cifras son similares proporcionalmente.
Sobre el hurto de automotores, Tunja presenta 27 casos (13.5 por cada 100 mil), mientras que Bogotá alcanza los 3.510, lo cual da una proporción de 35.1 por cada 100 mil habitantes. En este rubro, Bogotá casi triplica la tasa tunjana.
En cuanto a lesiones personales, Tunja ha registrado 642 casos, lo que equivale a 321 por cada 100 mil habitantes. Bogotá registra 9.255, equivalente a 92.5 por cada 100 mil. Tunja presenta una tasa notablemente más alta en este delito.
Finalmente, en homicidios, Tunja reporta 3 homicidios en lo corrido del año, es decir, 1.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras Bogotá reporta 575 homicidios, lo que equivale a 5.75 por cada 100 mil. Bogotá casi cuadruplica a Tunja en esta tasa.
Estos datos muestran una realidad compleja, pero muy distante del enfoque sensacionalista que ‘Portafolio’ quiso vender. De hecho, el redactor de la nota parece haber sido víctima de la pereza, el facilismo y la mediocridad, induciendo a la inteligencia artificial a obtener una respuesta forzadamente negativa. La misma herramienta, si se le pregunta correctamente, puede entregar una lista de los siete lugares más recomendados para visitar en Boyacá o en cualquier otra parte del mundo.
Llama la atención que este medio de comunicación no ha dedicado publicaciones similares a destinos de otros departamentos. Además, emplea estigmas del pasado, como la violencia paramilitar del Magdalena Medio en los años 90 o la masacre en el Páramo de La Sarna a principios de este siglo, para pintar escenarios actuales con tintes históricos descontextualizados. También señala las zonas montañosas con riesgo de deslizamientos como si Boyacá fuera el único lugar en Colombia con esta problemática. ¿Dirá ‘Portafolio’ lo mismo de Villavicencio, cuya vía principal permanece cerrada por días, semanas o incluso meses a causa de derrumbes todos los años?
El artículo critica el turismo masivo en Villa de Leyva, Ráquira, Tota, Cuitiva y Moniquirá, culpando a los municipios por un fenómeno que ocurre en todo el país y con mayor impacto en ciudades como Cartagena, Santa Marta o Medellín. Igualmente absurda es la referencia a vías rurales “remotas y sin supervisión oficial”, siendo que Boyacá, por su cercanía a Bogotá, cuenta con uno de los mejores coberturas de presencia institucional del país. Y por si fuera poco, se estigmatiza a Cómbita basándose en una publicación de Reddit, lo cual raya en el absurdo periodístico.
El uso de inteligencia artificial no es malo en sí mismo. De hecho, puede ser una herramienta poderosa para mejorar la productividad y el desarrollo profesional. Pero utilizarla de manera vaga y perezosa, como lo hizo este medio, solo puede producir resultados lamentables. Escudarse en que “la inteligencia artificial lo dijo” es una salida cobarde para justificar una publicación superficial, imprecisa y mediocre.
Esta nota confirma la crisis ética del oficio periodístico. En un intento por ganar clics fáciles, Portafolio abandona el rigor que debería caracterizar a un medio especializado en economía y se aleja cada vez más de referentes serios como La República o Valora Analitik. A la Casa Editorial El Tiempo debería avergonzarle contratar a personas que reducen su labor a escribir una pregunta para una IA y luego copiar y pegar la respuesta sin ningún tipo de análisis o contraste con la realidad.
En lugar de advertir sobre “barrios peligrosos” en Tunja, lo que realmente hay que evitar son publicaciones tan poco profesionales como esta. Porque si algo debería envidiarle Bogotá a Tunja es precisamente su seguridad. Mientras en la capital roban a plena luz del día incluso en los barrios más exclusivos, en Tunja aún se puede salir por la noche sin temor a ser víctima de un delito. Es una de las capitales más seguras del país y no merece ser blanco del desprecio gratuito de una redacción negligente.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
El pasado jueves 17 de julio, el país volvió a presenciar una tragicomedia judicial, protagonizada, cómo no, por Mikhail Krasnov. La Sección Quinta del Consejo de Estado tenía todo listo para decidir la nulidad de su elección como alcalde. Sin embargo, en un acto que bien podría catalogarse como una oda a la dilación, el asunto no pasó del umbral del trámite. No hubo sentencia. No hubo justicia. Solo una nueva función del espectáculo que Krasnov ha montado con descaro sobre los hombros de un Estado Social de Derecho convertido en su circo personal.
Y es que, como si de una coreografía orquestada con precisión se tratara, a ese alto tribunal comenzaron a llegar, uno tras otro, oficios, memoriales, recursos, pataletas, escritos de última hora, algunos firmados por su defensa, otros por sus amigos y seguramente otros más por su nutrida legión de contratistas; con el único objetivo de estirar la cuerda del proceso hasta su límite más absurdo. Ya lo habían hecho dos días antes con otro “bombardeo” de peticiones. La idea era clara: forzar una suspensión, dilatar el fallo, comprar tiempo.
Porque a Krasnov no lo defiende el derecho, lo defienden la estrategia, el show y la desfachatez. Y no es la primera vez: lleva más de año y medio evadiendo una decisión judicial que, tarde o temprano, lo sacará del cargo. En ese lapso ha cambiado de abogado tres veces, ha decidido ejercer su defensa personalmente, a pesar de las advertencias del Tribunal Administrativo de Boyacá de que eso no era procedente, y ha recusado a cuanto magistrado se ha cruzado en su camino. ¿La estrategia? Desgastar el sistema, burlarse del debido proceso, convertir la justicia en un objeto de manipulación y cansancio.
Y como si la escena no fuera suficientemente grotesca, la jornada del 17 de julio vino aderezada con una falsa noticia sobre su supuesta salida, basada en una sentencia filtrada, de procedencia turbia, y plagada de errores. Algunos medios, irresponsablemente o deliberadamente, cayeron en la trampa. Otros se prestaron para fortalecer el libreto de victimización de Krasnov: un personaje que ha hecho de su presunta inocencia un acto teatral, digno de un premio a la hipocresía.
Horas después, fiel a su estilo, apareció en redes sociales. Esta vez no para hablarle a la ciudadanía con argumentos, sino para interpretarse a sí mismo como mártir. Afirmó, entre sollozos digitales, que no se le juzgaba por corrupción, sino por haber sido un simple docente. Pero obvió lo fundamental: ocupar un cargo público dentro del año anterior a una elección está prohibido por ley. Y si se lanza sabiendo que la norma se lo impide, eso no es ignorancia: eso es un acto corrupto. Así de sencillo.
El cinismo no termina ahí. En el mismo video, Krasnov se despacha con una afirmación aún más delirante: que si la justicia decide que debe irse, él se va “con mucho gusto”. ¡Qué generosidad! ¡Qué entrega al orden institucional! El problema es que sus actos contradicen sus palabras: ha hecho todo lo posible, y algo más, para evitar que eso ocurra. Ha sido el alumno estrella de la cátedra de la dilación malintencionada, el campeón olímpico del entorpecimiento judicial. Dice que aceptará la decisión de la justicia, pero en la práctica, la ha saboteado sistemáticamente.
Peor aún: mientras intenta fingir decencia, se le acumulan los actos cuestionables. ¿Cómo justificar, por ejemplo, la adjudicación a dedo de un contrato de actualización catastral por más de 9.900 millones de pesos, cuando ni siquiera cubrirá la totalidad del municipio, como exige la ley? ¿Qué sentido tiene firmar ese contrato multimillonario de forma exprés si no es para favorecer a alguien? Y ni hablar del otro contrato, también por adjudicación directa, por 9.200 millones de pesos para la logística de eventos del municipio. ¿Eso no es corrupción? ¿No son estos actos los que él jura que no ha cometido? ¿No son esos actos los de la clase política de siempre?
Tunja ha caído en las garras de uno de los manipuladores más hábiles de su historia reciente. Un hombre que ha hecho del victimismo una estrategia, de la mentira una herramienta de gestión, y de la justicia, un instrumento de cooptación. Y lo más grave: lo ha hecho a la vista de todos, sin vergüenza, con la complicidad de contratistas, perfiles falsos en redes sociales y fanáticos que repiten como loros que “ha arreglado calles”. Calles que, por cierto, no duran más de dos meses en buen estado, como lo evidencian las fisuras de la Avenida Universitaria, la Avenida Olímpica, la Carrera 15 o la Calle 17. Reparaciones hechas al peor estilo de Alejandro Fúneme: con bulto de cemento y cámara en mano.
Aún más ridículo es que sus defensores, muchos de ellos aferrados a un contrato con la Alcaldía, no son capaces de nombrar un solo proyecto de gran impacto que tenga esta administración. Simplemente porque no existe. No hay una gran obra, no hay un gran plan, no hay una gran idea. Solo propaganda y pantomima.
Y qué decir de las supuestas denuncias contra la administración anterior, tantas veces anunciadas y nunca vistas. Pura pirotecnia electoral. Ni una sola llegó a concretarse. Como todo en su gobierno: humo, espejos, circo y carreta.
Ahora bien, el argumento más patético de todos es el de la legitimidad por elección popular. “El pueblo habló”, dicen. Pero Colombia no es un Estado de opinión, es un Estado Social de Derecho. Y en un Estado Social de Derecho, incluso el más popular debe someterse a la ley.
Mikhail Krasnov dice que le han violado el debido proceso. Pero en realidad, ha sido él quien ha violado sistemáticamente ese principio, torciéndolo a su antojo, retorciéndolo hasta desfigurarlo. Ha usado la tutela, un mecanismo noble, para proteger privilegios personales, no derechos fundamentales. Ha llenado los despachos de memoriales insustanciales para trabar los términos. Ha jugado con la institucionalidad como quien juega con una pirinola: girándola hasta el cansancio, hasta que colapse.
Y mientras tanto, la ciudad espera. Espera que se le devuelva el rumbo, que se deje de improvisar, que se gobierne de verdad. Pero eso no va a ocurrir con un hombre que vive por y para el poder, y que está dispuesto a hacer todo, absolutamente todo, para no soltarlo.
La nulidad de su elección es inminente. Que no se equivoquen sus fieles escuderos. Lo de este 17 de julio fue solo una prórroga vergonzosa. El final está escrito. Y cuando ocurra, no será persecución, ni venganza, ni censura. Será justicia. La misma que Krasnov ha intentado burlar desde el día uno.
𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛-𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Antes del actual gobierno ocurrieron grandes escándalos de corrupción que afectaron sensiblemente la legitimidad de los poderes del Estado: el proceso ocho mil, la llamada parapolítica, el caso Odebrecht, el caso de “centros poblados” golpearon a los poderes ejecutivo y legislativo. El “cartel de la toga” a las altas cortes de justicia. El paramilitarismo y los “falsos positivos” a la Fuerza Pública en general y al Ejército en particular.
Dicho lo anterior es impreciso describir el asunto como corrupción generalizada porque ha habido y aún hay funcionarios honestos y cumplidores del deber, pero las “manzanas podridas” han ido en aumento incluyendo a los más altos niveles de autoridad. Y si algunos creyeron que con el gobierno del “cambio” la corrupción iba a detenerse o al menos disminuir, se defraudaron pues debido a la contextura moral del gobierno Petro y al desorden e incompetencia de su accidentada gestión, el problema se ha agravado. No es sino traer a colación el desvío de recursos de la UNGRD destinados a atender emergencias de los colombianos más vulnerables cuyo desenlace está aún en desarrollo, pero que ya tiene altos funcionarios tras las rejas y otro huyendo de la justicia. Y ¿cómo catalogar los desvaríos ético-legales y los constantes desatinos e insultos del presidente de la República, otros funcionarios y sus seguidores en las redes sociales? Lo cierto es que se ha venido conformando un ambiente de deslegitimación gubernamental y deterioro cultural que urge reversar con el próximo gobierno.
Afortunadamente la realidad dicta que dicha deslegitimación no ha desembocado en la inviabilidad del Estado porque frente a los desafueros del ejecutivo los otros poderes han cumplido su deber y ha habido acciones provenientes de congresistas, fiscales y jueces cumplidores de sus deberes, de la Procuraduría e incluso de la Contraloría que han restaurado en cierto grado la legitimidad estatal. Además, cuando los medios de comunicación informan bien al respecto, promueven la necesaria sanción social.
Sin embargo, el punto a destacar es que si no se ha detenido la ocurrencia de los escándalos es porque no se ha llegado a las raíces del problema para encontrar soluciones más efectivas. Los funcionarios públicos que actúan antiéticamente y/o delinquen tienen mayor responsabilidad social por sus faltas y hay que sancionarlos drásticamente, pero ellos provienen de las mismas entrañas de nuestra sociedad que los elije o acepta su nombramiento, lo cual quiere decir que el problema es más amplio, es de la cultura dominante.
Hoy día quienes que no vean una raíz de índole ético moral en los distintos tipos de corrupción están equivocados y seguirán buscando soluciones atacando solo las consecuencias. Entonces tenemos que hablar de una ostensible crisis ético moral en la cultura dominante en nuestra sociedad. Es que esta cultura no sabe proponernos la respuesta a interrogantes tales como ¿Cuáles son los mejores medios para alcanzar el fin de una vida lograda? ¿En qué consiste una vida lograda? Por ejemplo, ¿Qué respuesta le habrán dado a estos interrogantes- si se los formularon- no solo los altos funcionarios corruptos encarcelados, sino también los jóvenes que participaron en el vil atentado a Miguel Uribe? ¿Han pensado en esto quienes en las redes sociales son incapaces de compadecerse por el sufrimiento de la familia de Diana Turbay, sino que llegan a pensar que los partes médicos, los reportajes y las plegarias son pruebas de un complot? Las raíces del problema no están tanto en que los altos funcionarios, los adolescentes homicidas o varios “influencers” desconozcan el bien común, sino en que es la sociedad la que es incapaz de establecerlo como una realidad objetiva, superior a nuestros intereses particulares.
Ahora bien, si hablamos de un problema cultural tenemos que mirar en primer lugar hacia la educación tanto en las familias como en los centros educativos. Y en esto observamos que el modelo educativo preponderante tiende a formar personas para el éxito en la sociedad capitalista, para conseguir dinero, disfrutar del placer y tener poder. Y sus resultados están a la vista: corrupción, falta de fortaleza para superar fracasos, egoísmo e incapacidad para emprender proyectos comunes. No estamos formando gente dispuesta a trabajar por el bien común, que combata la inequidad social, personas de conducta recta, austeras y solidarias.
Así pues, el gran desafío de la educación es, ante todo, formar la mente y el corazón de las nuevas generaciones para atender las grandes necesidades de la sociedad, para reparar el tejido social de la inequidad, la violencia, la corrupción y la injusticia, y para soñar con un futuro mejor. Urge pues reversar el deterioro cultural.
#Editorial
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟓𝟗
En Tunja, las obras públicas tienen una costumbre particular: comienzan con promesas rimbombantes, atraviesan laberintos de confusión y terminan costando tres o cuatro veces lo anunciado, sin que nadie se responsabilice de nada. La construcción de la Calle 59 entre la Avenida Universitaria y la Carrera 2 Este es, hoy por hoy, el ejemplo perfecto de este vicio crónico en la administración pública local: una obra nacida sin planeación, ejecutada sin transparencia y comunicada con engaños.
El pasado 21 de marzo, el gobernador d Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, y el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, en un acto simbólico y protocolario, anunciaron la adición de más de 5.100 millones de pesos para finalizar el proyecto. En redes sociales de la Alcaldía se dijo que la Calle 59 “ya era una realidad”. Pero la realidad, la verdadera, es que en esa misma rueda de prensa el propio alcalde reconocía que la obra estaría culminada en tres o cuatro meses.
La mentira, en este caso, fue deliberada. Decir que algo ya es una realidad cuando falta por construir parte de una calzada y un puente, y cuando ni siquiera se han adquirido legalmente los predios sobre los que se ejecutó la obra, es un intento burdo de manipular la opinión pública. Se quiso pintar una postal de eficiencia y cumplimiento, cuando lo que tenemos es una obra sumida en incertidumbre.
Porque sí, el municipio construyó sobre cinco predios que no le pertenecen. Lo hizo amparado en una figura arriesgada: un préstamo temporal con compromiso de compra futura. A día de hoy, no se sabe cuánto costará esa compra. Lo que sí sabemos es que el avalúo se hará una vez terminada la obra, es decir, cuando el valor de esos predios se haya disparado gracias a la misma intervención pública. En otras palabras, la ciudad construye, valoriza, y luego paga más. ¿A quién beneficia eso? A los dueños de los predios, evidentemente. ¿A quién perjudica? A todos los tunjanos.
Durante la reciente socialización, ante el Concejo Municipal, del proyecto mediante el cual se busca autorizar al Alcalde para que adquiera estos predios por enajenación voluntaria o por expropiación, sesión que debía servir para aclarar dudas y transparentar cifras; no se dijo absolutamente nada concreto. No se informó cuánto costarán los predios. No se detalló la fecha final de entrega. No se explicó, con rigor, de dónde saldrán los recursos para financiar estas adquisiciones. Eso sí, en la presentación utilizada como guía para la socialización, se proyectó una cifra de 26.000 millones de pesos por los cinco predios. Una cifra que, aunque se haya dicho que no es definitiva, no aparece por arte de magia en una presentación institucional, sino que ha de obedecer a un criterio. Si está allí, algo representa. Pero ni un solo concejal se atrevió a cuestionarla. Silencio total.
Y por si fuera poco, se dijo a los concejales que el dinero para adquirir esos predios provendrá de los mismos 5.100 millones de pesos anunciados en marzo. ¿Cómo es posible que esos recursos sirvan, al mismo tiempo, para construir el puente faltante y para comprar terrenos que podrían costar cinco veces más que el monto disponible? Algo no cuadra. Nada cuadra.
Hagamos cuentas. La Calle 59 fue anunciada con un presupuesto inicial de 4.017 millones de pesos. Luego se le sumaron 4.500 millones que iban a ser destinados a la Calle 53. Más tarde, llegaron los 5.100 millones de adición anunciados en marzo. En total, hablamos de cerca de 13.500 millones, y a eso habría que sumar el costo de los predios si es que los 5.100 millones adicionados recientemente no alcanzan.
¿Quién responde por esto? ¿Quién autoriza que se construya sin adquirir predios? ¿Quién vigila que los avalúos no se disparen en beneficio de unos pocos? ¿Quién defiende el bolsillo de la ciudad?
No se trata de tecnicismos. Se trata de una falta de planeación descomunal, heredada de la administración de Alejandro Fúneme González, que impulsó una obra sin tener la tierra, sin calcular el impacto financiero, y sin prever que Tunja no está para tirar la plata. La actual administración, en lugar de corregir el rumbo y exigir cuentas claras, ha optado por la opacidad y la propaganda.
Y mientras tanto, otras zonas de la ciudad claman por intervención vial. Zonas donde, seguramente, no habría sido tan complicado adquirir los terrenos. Pero no. Aquí se prefirió complicarse, o beneficiar a alguien, quién sabe; construyendo en donde resultaba más complejo, comprometiendo recursos que ni siquiera se sabe si existen.
La Calle 59 no es una realidad. Es un monumento a la improvisación. Los ciudadanos no saben cuánto costará finalmente. No saben cuándo se entregará. No saben de dónde saldrá la plata para los predios. Lo único que saben es que ya les están cobrando, como siempre, con sus impuestos y su paciencia.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Por años, Tunja vivió bajo el dominio de administraciones mediocres, incompetentes y corruptas. La ciudadanía, harta de los clanes de siempre, soñaba con una renovación política real, con un gobierno encabezado por alguien sin ataduras con la vieja clase política, alguien con principios. Entonces apareció Mikhail Krasnov: un nombre extranjero, una historia atípica, y una narrativa que prometía regeneración moral. Venía de fuera, no solo de los partidos tradicionales, sino incluso del ejercicio mismo de la política. Para muchos, era la prueba de que sí se podía. Hoy, año y medio después, esa ilusión yace enterrada. Y sobre su tumba se levanta la lápida del desencanto: Krasnov no solo traicionó su promesa, sino que sepultó para siempre la posibilidad de que una persona decente y del común pueda aspirar, con credibilidad, a gobernar esta ciudad.
Krasnov llegó al poder ondeando las banderas del cambio, prometiendo limpiar la política tunjana con la fuerza de la indignación ciudadana. Hizo campaña con un discurso antisistema, asegurando que su falta de experiencia política era, en realidad, su mayor virtud. Se presentó como el antídoto a décadas de clientelismo, componendas y politiquería. Pero no pasó mucho antes de que el barniz de la novedad se resquebrajara. Bastaron unos días en el poder para que empezara a “pelar el cobre”. Las promesas de limpieza se disolvieron en la maraña de la corrupción, y las banderas de la ética terminaron arrugadas en la gaveta de los favores políticos.
Hoy Tunja presencia, con estupor, cómo aquel outsider se convirtió en un profesional de la trampa, un artesano de la artimaña. Los escándalos no son esporádicos; son sistemáticos. No son aislados; son estructurales. Su gobierno ha sido una seguidilla de episodios bochornosos que han manchado aún más la imagen de una administración local ya históricamente golpeada por la desconfianza. Y lo más indignante es que Krasnov, en vez de desmontar los vicios de la política tradicional, los replicó... con perfección quirúrgica.
El ciudadano común que alguna vez soñó con llegar a gobernar para cambiar las cosas hoy debe callar su ambición: Krasnov convirtió su fracaso en una condena colectiva. Ahora, cualquier persona honesta y sin vínculos partidistas que intente aspirar a la Alcaldía será recibida con el escepticismo más brutal. La narrativa que tanto daño ha hecho, esa que dice que “los del común no saben gobernar”, ha sido revitalizada gracias a la ineptitud, corrupción y desvergüenza del actual alcalde. Krasnov ha arrastrado consigo la credibilidad de toda una generación de ciudadanos decentes que creyeron posible otra forma de hacer política.
Y no se diga que “no lo dejaron gobernar”. Ese argumento es un insulto a la inteligencia. A Krasnov no le ha faltado tiempo ni libertad, le ha faltado preparación, ética y carácter. Lo que le ha sobrado ha sido arrogancia y un apetito voraz por el poder y sus beneficios. Ha gobernado con la misma lógica de los caciques políticos que decía detestar: repartiendo cuotas, manoseando concejales, usando la justicia como comodín, alimentando las redes clientelares que tanto criticó. Lo suyo no fue torpeza ingenua, fue corrupción estratégica.
Para colmo, su gobierno, que se vendió como independiente, ha estado plagado de cuotas políticas, especialmente del Partido Liberal y del Partido Verde. Esa es la traición más cínica: instrumentalizar la indignación contra la politiquería para luego llenarse de ella hasta el cuello. Krasnov no combatió a los partidos tradicionales; los metió por la puerta trasera y les dio puestos, contratos y poder. Tunja pasó de ser gobernada por los de siempre a ser gobernada por un impostor que los necesitaba para sostener su castillo de naipes.
Lo verdaderamente trágico no es solo su traición individual, sino el daño que ha hecho al imaginario colectivo. Hoy la ciudad no solo está peor gobernada: está desmoralizada. El retorno de los políticos tradicionales ya no será visto como un retroceso, sino como una “corrección”. La narrativa ha cambiado: ahora se dice que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y esa deformación de la esperanza se llama Mikhail Krasnov.
No es su nacionalidad lo que lo hizo fracasar. No es por ser ruso, colombiano o de cualquier otro lugar. Es por no tener valores, ni ética, ni sentido de pertenencia con lo público. El mal gobierno no tiene pasaporte, pero sí tiene rostro: el de quien traiciona a quienes confiaron en él.
Con Krasnov, no solo no cambió nada. Todo empeoró. La corrupción no fue erradicada, fue perfeccionada. La coacción se volvió silenciosa, el engaño se volvió norma, y la trampa se volvió política pública. A quienes luchan contra la corrupción se les intimida, se les cohíbe, se les ignora. El cambio prometido resultó ser el disfraz más pulido de lo mismo de siempre.
Mikhail Krasnov no fue el principio de una nueva era. Fue el epílogo del sueño de renovación. Tunja tardará años en recuperar la confianza en que un ciudadano honesto pueda gobernar. Y mientras tanto, los políticos de siempre, esos que esperaban agazapados, vuelven con más fuerza, con más legitimidad y con la excusa perfecta: “¿Ven lo que pasa cuando gobiernan los que no saben?”
Gracias, Krasnov. Usted no solo no fue el cambio. Fue el castigo a la esperanza.
#Editorial
𝐅𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐢𝐧𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐲 𝐞𝐧𝐫𝐨𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨: 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐚𝐜𝐨𝐦𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐚𝐛𝐢𝐧𝐞𝐭𝐞 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐩𝐨𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚
El pasado martes 1 de julio, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya Rodríguez, y el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, protagonizaron un encuentro que, aunque anunciado con cierta pompa institucional, dejó más preguntas que respuestas. Más allá del retrato oficial compartido por las redes de la Gobernación, nada de fondo se le dijo a la ciudadanía.
El mensaje que acompañó las imágenes fue vago: “¡Trabajamos con todo el compromiso por la capital de la #BoyacáGrande ! Hoy, nos reunimos con Alcaldía Mayor de Tunja, Mikhail Krasnov, en la casa Matilde Anaray, para hacer seguimiento a los proyectos que venimos desarrollando desde la Gobernación de Boyacá. Haremos una inversión histórica para la ciudad. Por eso, seguiremos trabajando articuladamente con la Alcaldía para que las obras y programas lleguen donde más se necesitan. ¡Tunja y su gente cuentan con todo nuestro respaldo ! ¡Vamos, vamos que vamos!”. Nada más. No se nombró un solo proyecto específico, no se hizo referencia al estado de ejecución de obras como la Calle 59, ni al polémico contrato de $25.000 millones con Tierrasua. Tampoco se dio alguna confirmación sobre fechas de entrega, avances reales o gestión presupuestal. El encuentro, desde el discurso oficial, no fue más que humo institucional.
Pero lo que realmente ha encendido las suspicacias ciudadanas es el momento en que se da este encuentro: justo cuando está a punto de conocerse el fallo de segunda instancia en el proceso de nulidad de la elección de Krasnov. En ese contexto, una reunión con el gobernador Amaya, quien ha demostrado una gran capacidad para mover los hilos de la política local, no parece casual.
Más aún cuando, apenas unos días después de esa cita, se produjo un sorpresivo reacomodo en el gabinete de Krasnov. El cambio más llamativo fue la salida de Ahiliz Rojas Rincón de la Secretaría del Interior y Seguridad Territorial, una de las pocas funcionarias que venía mostrando algunos resultados concretos en su labor. Su lugar fue ocupado por David Suárez Acevedo, un nombre que no tardó en despertar suspicacias en sectores de la opinión pública, pues se le ha estado relacionando con el Partido Verde, colectividad que Carlos Amaya representa con fervor.
Todo indica que esta movida no busca mejorar el funcionamiento del gabinete de Tunja, sino preparar el terreno para lo que parece inevitable: la salida de Krasnov por vía judicial. Ante esa inminencia, Amaya habría tomado la decisión de reorganizar el gabinete tunjano a su medida, posicionando a figuras afines, que garanticen el control del Ejecutivo municipal una vez se emita la sentencia desfavorable para Krasnov.
La figura de Suárez Acevedo como posible alcalde encargado gana peso en este escenario. Su designación no es solo una jugada política anticipada, sino un claro mensaje de que Krasnov, a pesar de su retórica independiente y su supuesta resistencia a las prácticas tradicionales del Partido Verde, ha terminado cediendo ante ellas. Su discurso anticasta y su supuesto rechazo a la politiquería se diluyen ante la evidencia de que está entregando el control político de su gabinete quien sabe a cambio de qué.
Es imposible no leer este episodio como una muestra más del desgaste del discurso de la antipolítica cuando choca con los engranajes reales del poder. Krasnov ha terminado pactando con aquello que decía combatir, y Amaya, con su olfato político, ha sabido capitalizar la vulnerabilidad del Alcalde.
En definitiva, la ciudadanía sigue sin saber cuál es el verdadero estado de los proyectos en ejecución en Tunja. La Calle 59 sigue sin fecha de entrega clara. El convenio con Tierrasua permanece envuelto en sombras. Y lo único que ha quedado claro tras la reunión del martes es que el poder en Tunja se está reacomodando, no para servir mejor a la ciudad, sino para garantizar la continuidad de ciertos intereses políticos.
El silencio de la institucionalidad y la ausencia de transparencia en la comunicación no son errores fortuitos, son estrategias deliberadas. Y si algo ha quedado demostrado esta semana es que, mientras la ciudadanía espera respuestas, otros ya están escribiendo el próximo capítulo del poder a puerta cerrada.
𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Por más que se esfuercen en aparentar lo contrario, Mikhail Krasnov y Alejandro Fúneme González son dos gotas de la misma agua turbia. Ambos emergieron como supuestos salvadores de Tunja, y ambos han sido, en realidad, verdugos institucionales disfrazados de gerentes modernos. A uno lo vendieron como médico y gestor; al otro, como tecnócrata ajeno a las mañas de la política tradicional. Pero el balance es claro: han sido exactamente iguales en su afán de figurar, su desprecio por la planeación, su capacidad para el engaño, su amor por la puesta en escena y su profunda ineptitud para gobernar con dignidad.
Los une, por supuesto, una manía enfermiza de maquillar la realidad en redes sociales. Fúneme presumió con bombos y platillos la “inauguración” de una Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte que, hasta hoy, sigue sin funcionar. Krasnov, su alma gemela, ha hecho lo propio con el Coliseo San Antonio, que apenas ahora ve algo de movimiento luego de más de 15 meses de parálisis por una administración incapaz de contratar siquiera una interventoría. Aun así, en redes, el coliseo ya fue "rescatado" con filtros de Instagram y arengas prefabricadas.
Ambos mandatarios comparten un talento macabro: la manipulación emocional. Krasnov se montó en la indignación por el homicidio del domiciliario César Leonardo Torres, buscando cámaras más que justicia, como si su presencia en la pitatón fuera a reparar el fallo judicial. Lo mismo hizo en la entrega de elementos y vehículos para reforzar la seguridad: paseo en moto, y más show que sustancia. Fúneme también protagonizó una tragicomedia, con su supuesta pedagogía hacia conductores, como si eso resolviera la movilidad, cuando en realidad lo que buscaba era viralizarse.
Pero si en redes se hacen los salvadores, en la práctica han sido patronos del clientelismo. Fúneme puso al servicio de la candidatura de Ingrid Sogamoso buena parte de la burocracia municipal. Krasnov no se quedó atrás: su respaldo a Diego Sandoval en Duitama fue tan evidente como descarado, movilizando contratistas de Tunja, pagados con recursos públicos, a hacer campaña. Y nadie dice nada. El silencio cómplice es atronador.
Ambos también comparten una obsesión patológica por borrar la huella de sus antecesores, aunque no duden en apropiarse de las obras heredadas. Fúneme casi deja morir las fases 2 y 3 del Plan Bicentenario. Krasnov, por su parte, desprecia el Sistema Estratégico de Transporte Público, ignorando los estudios de miles de millones de pesos y pretendiendo empezar desde cero como si de un capricho personal se tratara.
Y qué decir de su capacidad para inflar obras mediocres como si fuesen hazañas de la ingeniería mundial. Fúneme se desvivió en elogios por el puente de Las Quintas, una estructura apenas simple. Krasnov no se quedó atrás con el polideportivo del barrio Bolívar, al que solo le dieron una manito de pintura. Lo mismo con los reparcheos de la Avenida Universitaria: pan para hoy, huecos para mañana. La historia se repite, solo cambia el filtro de la publicación.
Uno pensaría que al menos en el tema del endeudamiento habría una diferencia sustancial. Los fanáticos de Krasnov aseguran que no ha endeudado a la ciudad. Pero no lo ha hecho no por ética, sino porque no puede: Tunja ya no tiene capacidad de endeudamiento. De haberla tenido, no habría duda: el préstamo estaría firmado y evaporado. Como ocurrió con los recursos mal manejados por Fúneme.
Y si de contratos oscuros se trata, Krasnov no se queda corto. Ahí está el escandaloso contrato de logística para eventos varios por 9.200 millones de pesos, y el de actualización catastral por 9.900 millones, ambos adjudicados a dedo, sin transparencia, justo antes del fallo que definirá si se queda o se va del cargo. ¿Casualidad? No. Voracidad. La tajada por cobrar no da espera.
Sobre la actualización catastral, hay que decirlo sin rodeos: se contrató sin cubrir todos los predios del municipio, lo que muy probablemente implicará sanciones. Es decir, millones invertidos para terminar con problemas legales. Otra “jugadita” marca Krasnov.
Si Fúneme infló cifras, Krasnov las esconde. ¿Alguien sabe qué pasó con su reciente viaje a Corea del Sur? Nadie. No hay informe, no hay pronunciamiento, no hay transparencia. Al menos Fúneme mentía de frente, como aquella vez que presentó como totalmente ejecutado el proyecto de mejoramiento genético de ganado, del cual no hubo avance alguno; Krasnov prefiere el silencio opaco y la negación sistemática.
¿Y qué decir de su relación con el gobernador? Fúneme fue distante con Ramiro Barragán y eso le costó no tener obras e inversiones. Krasnov, en cambio, se ha convertido en una marioneta de Carlos Amaya, en un apéndice de sus intereses políticos, mendigando obras que aún no se concretan y anunciando convenios que no se han firmado, como los 25 mil millones prometidos para la malla vial.
Por donde se les mire, son lo mismo. Los dos sucumbieron a los encantos del poder, utilizaron los recursos públicos para sus fines personales, manipularon al Concejo Municipal hasta convertirlo en una notaría servil, cometieron errores de planeación garrafales, y han hecho del populismo digital su única estrategia de gestión. El control político ha muerto en Tunja, y Fúneme y Krasnov fueron quienes lo remataron.
A estas alturas, sostener que Mikhail Krasnov representa un modelo de gobierno distinto es simplemente ingenuo o deshonesto. El relato del “independiente” se deshizo en contratos amañados, manipulación mediática, represión informativa y clientelismo rampante. Si Fúneme González fue una tragedia, Krasnov es su secuela: una mala copia que encima se toma demasiado en serio.
Es hora de dejar atrás la fantasía de que el cambio verdadero llegó con un extranjero que hablaba bonito y prometía distinto. No hay tal. El traje nuevo del emperador es el mismo de siempre: promesas huecas, maquillaje institucional y hambre voraz por el poder. Y la ciudad, como siempre, paga los platos rotos.
Debido a las tendencias a la disgregación que se observan en las sociedades occidentales- incluyendo, claro está, la colombiana-, con efectos tales como la polarización y la crispación políticas, hoy son frecuentes los artículos y libros sobre la decadencia y el riesgo de muerte de las democracias y las amenazas de los populismos. Sin embargo, en la mayoría de los autores se mantiene un consenso en cuanto que es necesario salvar la democracia, pero no coinciden en cómo hacerlo.
De cualquier manera, hace falta encontrar el modo de evitar que cualquier reajuste o nuevo sistema que pudiera reemplazar la democracia liberal, destruyese la libertad, que es su concepto básico, aunque su pasión básica sea la igualdad. Y a la vez dejar de lado la utopía igualitarista- que acaba en estatista y totalitaria- para entender la igualdad como justicia, atención al bien común y solidaridad. Lo cierto es que, por primera vez, empieza a sospecharse que el paradigma democrático está llegando a su límite, y que por tanto se pide un cambio de paradigma, pero en este cambio no está la raíz del problema.
Cambiando el paradigma se podría morigerar la tendencia a la disgregación mas no detenerla, pues la raíz del problema está en que nos hemos ido quedando sin un acervo de valores compartidos. Y toda sociedad que aspire a mantenerse en la existencia y a superar la disgregación debe lograr un consenso básico de sus miembros en torno a unos valores fundamentales. De aquí se deriva el “Acuerdo sobre lo Fundamental” del que tanto habló Álvaro Gómez H. Es que, si falta ese acuerdo en lo esencial, no hay razones para continuar juntos y la convivencia se interrumpe, sea de modo pacífico- quedando solo la coexistencia- o violento.
Alguien dirá ¿la democracia y los derechos humanos no constituyen parte de ese depósito de valores? La respuesta es no, porque la primera más que un valor es un cúmulo de procedimientos. Y sobre los derechos humanos, como no están sólidamente fundamentados, desde que se creó la actual Corte Constitucional se han presentado ante esta, no todas, pero sí varias demandas para tutelar derechos individuales que en el fondo son más bien “derechos individualistas”, es decir aquellos que se pretenden ejercer sin tener en mente el impacto sobre la sociedad, como es el caso de la despenalización del aborto que para un considerable número de personas, trasmutó en “derecho al aborto” por vacíos en su formación moral.
Dicho lo anterior y volviendo a auscultar la raíz del problema de la democracia hay que decir que no podemos exigir una transformación profunda en la sociedad si no estamos dispuestos a cuestionarnos y transformarnos primero a nosotros mismos. Vivimos en tiempos de protesta. Las calles, las redes y los espacios públicos se llenan de reclamos: pedimos gobiernos con autoridad moral, más sensatos y justos, menos corrupción, más igualdad de oportunidades para la gente del común honesta antes que para los exdelincuentes, menos propuestas impactantes, pero polarizantes por estar fuera de la realidad, como la de una papeleta para votar por una “asamblea constituyente”. Y es necesario y justo hacerlo como en nuestro caso respecto al gobierno Petro.
Sin embargo, en medio de ese clamor, solemos olvidar un elemento crucial para cualquier verdadero cambio social: la transformación comienza en el interior de cada persona. Señalar a los políticos, a las élites o a los poderosos es fácil. Pero resulta mucho más incómodo mirarnos al espejo y preguntarnos: ¿qué tanto contribuimos nosotros, con nuestras pequeñas acciones o silencios, a perpetuar los mismos problemas que criticamos? ¿Con qué autoridad moral exigimos honestidad, si normalizamos pequeñas trampas en lo cotidiano? ¿Cómo pedimos respeto e inclusión si seguimos alimentando prejuicios en nuestras conversaciones privadas? ¿Queremos justicia, pero realmente estamos dispuestos a ser justos en nuestras relaciones y en nuestras decisiones? La transformación social no ocurre por arte de magia, ni solo con marchas, elecciones o leyes. Los cambios duraderos requieren algo más profundo: coherencia. Y esa coherencia empieza en lo personal.
No se trata de soslayar la responsabilidad de quienes detentan el poder. Gobernantes, legisladores, jueces y líderes sociales deben rendir cuentas y responder a las demandas ciudadanas. Pero los verdaderos avances no se sostienen solo desde las instituciones. Necesitan una ciudadanía comprometida, coherente y consciente de su rol transformador. No podemos pretender sociedades más éticas sin cultivar la ética en nuestro diario vivir. No habrá mayor igualdad si no combatimos nuestros propios prejuicios. No alcanzaremos una democracia sólida si no participamos de manera informada y responsable.
El cambio social es una tarea común. Pero esa tarea empieza en lo individual. Porque un pueblo que exige, pero no se transforma, tiende a repetir los mismos errores que critica. Y porque ningún líder, por más carismático que sea, podrá construir una sociedad diferente si no encuentra ciudadanos dispuestos a ser parte activa del cambio, desde su conducta y sus valores. Porque exigir es necesario, pero transformarse es indispensable.