#Opinión #Internacional #Nación
𝐌𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐞𝐬𝐞 𝐚𝐥 𝐟𝐮𝐞𝐠𝐨 𝐞𝐧 𝐆𝐚𝐳𝐚


𝗣𝗼𝗿: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗔. 𝗩𝗲𝗹𝗮́𝘀𝗾𝘂𝗲𝘇 – 𝗖𝗿(𝗿) 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝗷𝗲́𝗿𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮
Para los pueblos de Israel y de Gaza llegó el anhelado alivio de un cese al fuego, presionado por el gobierno de EE. UU, a cambio de la entrega de 48 -vivos o muertos- de los 251 rehenes que había secuestrado Hamás hace dos años cuando realizó un ataque terrorista de inusitada crueldad y el Estado de Israel empezó a responder priorizando los bombardeos masivos en Gaza. De esta manera, lo que debió ser una respuesta proporcional de corta duración, se convirtió en una guerra que ha dejado a Gaza reducida a escombros con una dantesca cantidad de personas muertas, incluyendo mujeres y niños. El hecho es que las cifras de muertos palestinos descartan que las víctimas civiles hayan sido “daños colaterales accidentales”. Más bien sugieren, como mínimo, indiferencia humanitaria.
En una región donde la paz se confunde con una sucesión de treguas en el tiempo, cuya brevedad impide que florezca el perdón, resulta muy difícil hacer un juicio ecuánime sobre lo que ha ocurrido. No olvidemos que desde comienzos del siglo XX los poderes regionales y globales siempre han utilizado la región como un tablero de ajedrez en el que los palestinos han sido solo peones cuyo destino no le ha importado realmente a nadie: ni al mundo musulmán ni al hipócrita progresismo occidental, que finge solidaridad por la causa palestina.
El mundo árabe no es que confíe mucho en los palestinos, por esto tras el ataque israelí a Catar (séptimo país que Israel bombardea impunemente), la Liga Árabe y Turquía condenaron el ataque terrorista de Hamás y la matanza de civiles en Gaza, pero sin decidir ninguna acción clara salvo el significativo acuerdo de ayuda militar mutua suscrito entre Arabia Saudita y Pakistán (potencia nuclear). Del mismo modo, el apoyo del mundo árabe al plan de paz de Trump corrobora que su prioridad siempre ha sido evitar el desestabilizador desplazamiento forzoso de dos millones de personas, más que salvar a sus hermanos palestinos.
Ahora bien, en Colombia la posible paz que estaría comenzando en Israel trastoca la agenda de Petro, cuyo teatrero protagonismo antiisraelí siempre ha respondido a burdas razones electorales y no al interés nacional o a la defensa de unos valores de los que el amoral personaje se burla frecuentemente. De cualquier manera, para nosotros lo importante no es quién apoya qué postura, sino dónde está la verdad, lo que además implica un juicio moral.
A lo largo de la historia los conflictos bélicos raramente han sido una lucha entre buenos y malos. El bien y el mal existen, pero la guerra es otra cosa. Clausewitz la definía como “la continuación de la política por otros medios”, y, aunque la expresión no habla muy bien de la política, es difícil negar que la mayoría de las guerras han sido provocadas por la ambición de poder. Por lo tanto, la categorización de las guerras como una lucha maniquea, lejos de responder a la realidad, suele ser el principal instrumento de la propaganda bélica, que pretende deshumanizar al enemigo. Aún más, los pueblos no son los gobiernos. Una cosa es el antisemitismo, que persigue a los judíos por su religión o raza, y otra, muy diferente, criticar cualquier fanatismo —también si es sionista— o las acciones del gobierno israelí. Lo primero supone una discriminación intolerable; lo segundo es legítimo. Buena parte de la opinión pública tiende a confundir al pueblo israelí con la religión judía. Sin embargo, según una encuesta de Gallup de 2015, el 65% de la población israelí era “no religiosa o atea convencida”, lo que mostraría a Israel como uno de los países más ateos del mundo. Pero lo más importante es que, como ocurre en todos los países, no es lo mismo el pueblo israelí que su gobierno, ni todos los palestinos que habitan en Gaza pertenecen o apoyan a Hamás.
Si nos horroriza que Hamás asesinara a 38 niños israelíes, ¿cómo no conmovernos ante el hecho de que el gobierno israelí haya matado más de 16.000 niños palestinos? Incluso la ley de Talión (“vida por vida, ojo por ojo, diente por diente”), superada definitivamente por el cristianismo, pero aún viva en la cultura judía, exige una proporcionalidad. El Patriarca Latino de Jerusalén, máxima autoridad católica en la región y observador imparcial, ha denunciado “la impactante crueldad hacia los civiles” y tildado la respuesta del gobierno de Israel de “injustificable y moralmente inaceptable”.
Siempre ha sido admirable el valiente pueblo israelí, que ha sabido edificar un país próspero en medio de un desierto y rodeado de enemigos. Pero eso no justifica defender lo indefensable ni ignorar la matanza de civiles que ha llevado a cabo su actual gobierno en Gaza. No se ha tratado de justicia; ni siquiera de venganza, sino de destruir Gaza hasta los cimientos para expulsar a los palestinos de su tierra.
#Editorial
𝐋𝐚𝐬 𝐯𝐞𝐫𝐛𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐥𝐯𝐞𝐫 𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐋𝐚 𝐈𝐧𝐝𝐞𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚


Cada diciembre, cuando Tunja se prepara para vivir el Aguinaldo Boyacense, resurge un debate que parece no encontrar fin: ¿Dónde deben realizarse las verbenas populares? La respuesta, sin embargo, no debería ser motivo de mayor discusión. Las verbenas del Aguinaldo Boyacense deben realizarse en el Estadio La Independencia, por sentido común, por respeto al patrimonio histórico de la ciudad y, sobre todo, por coherencia con la voz ciudadana.
La Plaza de Bolívar, corazón histórico y administrativo de Tunja, no puede seguir siendo utilizada como escenario de conciertos masivos. Cada vez que allí se instalan tarimas, cercos metálicos y miles de asistentes, el lugar termina deteriorado. El mármol travertino que reviste su piso (un material costoso y difícil de conseguir) sufre agrietamientos, manchas y daños estructurales que luego deben ser reparados con dinero público. No puede ser que la fiesta que se organiza con los recursos de los tunjanos termine convirtiéndose en una carga económica para resarcir los daños que ella misma causa.
A esto se suman los malos olores, las molestias al comercio y los perjuicios que ocasiona el cierre de todo el Centro Histórico, que además limita la movilidad de personas con discapacidad y afecta la dinámica de una zona donde se concentran oficinas públicas, servicios y comercio tradicional. En 2024 ya fue evidente el caos que se generó con el cerramiento de la Plaza; incluso, se impidió el tránsito normal de peatones y se paralizó buena parte de la actividad en el sector.
Paradójicamente, el mismo Alcalde que el año pasado se escandalizó por la quema de un muñeco de año viejo, alegando afectaciones al patrimonio que nunca se comprobaron; termine promoviendo conciertos que sí dejan daños comprobables en un lugar emblemático de la ciudad. Resulta ilógico e incoherente que el Centro Histórico de Tunja se siga usando como discoteca al aire libre cuando la ciudad cuenta con escenarios mucho más apropiados para este tipo de eventos.
El Estadio La Independencia, o incluso el lote contiguo, reúne todas las condiciones para acoger con éxito las verbenas del Aguinaldo. No solo ofrece mayor capacidad y control de aforo, sino que además dispone de protocolos de seguridad establecidos por la Policía para eventos masivos. Es, por definición, un escenario construido para concentrar multitudes, dispersar el ruido y facilitar los accesos. Logísticamente, no hay comparación posible: el estadio es el sitio adecuado, mientras que la Plaza de Bolívar es un escenario frágil y patrimonial que no resiste el maltrato que los conciertos generan.
Algunos detractores de esta idea alegan que los conciertos afectan la gramilla del estadio y perjudican el espectáculo deportivo. Pero este argumento se derrumba solo. Los conciertos del Aguinaldo Boyacense se realizan en diciembre, cuando el fútbol profesional ya ha terminado en Tunja, habitualmente. Hay tiempo suficiente para reparar o reemplazar la gramilla antes del siguiente campeonato, en caso de que se vea afectada. Además, resulta mucho más sencillo y económico arreglar una gramilla que restaurar un piso de mármol o reparar grietas en edificaciones coloniales.
Y si de responsabilidades se trata, habría que decirlo con claridad: no es obligación de los boyacenses mantener una gramilla impecable para el beneficio de clubes particulares. Boyacá Chicó y Patriotas Boyacá, que son empresas privadas, deberían ser quienes asuman los costos de mantener el estadio en las condiciones que ellos requieren para su negocio. Si a Win Sports le incomoda ver el estado del césped o considera que este afecta su transmisión, pues que asuma los gastos de su mantenimiento. No puede exigirse al erario boyacense financiar el espectáculo privado de unos pocos, menos cuando ese mismo canal y sus comentaristas se dedican a hablar mal de Tunja y de Boyacá por el simple estado del campo.
El Estadio La Independencia es propiedad de los boyacenses, no de Win Sports, ni de Eduardo Pimentel, ni de César Guzmán. Sin embargo, parece que algunos han olvidado esa verdad elemental. Ni Boyacá Chicó ni Patriotas Boyacá le dejan un beneficio real a la ciudad o al departamento. Los subsidios, patrocinios y ayudas públicas que reciben superan con creces cualquier retribución. La Lotería de Boyacá, por ejemplo, destina más de 600 millones de pesos al patrocinio del Boyacá Chicó, y la Gobernación ha comprado abonos para más de 800 funcionarios con el fin de llenar las tribunas. Aun así, el club se queja de falta de apoyo, evade obligaciones básicas como el pago por uso de camerinos y contrata personal logístico en condiciones precarias, sin seguridad social ni garantías laborales.
Mientras tanto, el señor Pimentel continúa desacreditando a la ciudad y al departamento, que tanto han respaldado su proyecto deportivo. Se queja del estadio, del campo, de la afición y hasta de las autoridades, pero olvida que su equipo apenas convoca unas pocas centenas de espectadores por partido porque su espectáculo es pobrísimo y mediocre. Es legítimo preguntarse: ¿Por qué Tunja debe seguir sacrificando su patrimonio, sus espacios y sus recursos para beneficio de un club que no representa ni orgullo ni retorno económico para la ciudad? ¿Por qué el estadio, que apenas se utiliza algunos fines de semana y cuyas gradas lucen vacías, no puede ponerse al servicio de un evento que sí moviliza turismo, cultura y alegría?
En términos de gestión urbana y aprovechamiento del espacio público, resulta incluso sensato repensar el uso del estadio como estadio. Un escenario subutilizado, que genera más gastos que ingresos, puede y debe servir a las necesidades culturales de la ciudad. En muchos países, estadios que quedaron relegados han sido transformados en anfiteatros, centros comerciales, viviendas, o espacios culturales o polivalentes para grandes espectáculos. Tunja no debería ser la excepción.
Además, la ciudadanía ha sido clara. Un sondeo callejero realizado por este medio (https://www.facebook.com/share/v/19xC7dJ73s/) reveló que la mayoría de los tunjanos prefieren que las verbenas se realicen en el Estadio La Independencia o en su lote contiguo. Esa consulta, a diferencia de los “sondeos” del alcalde Mikhail Krasnov en sus redes sociales, no fue manipulada ni diseñada para inflar la aprobación de su gestión. Recordemos que hace unos meses el mandatario intentó hacer creer que la elección del artista del cumpleaños de Tunja, Jhon Álex Castaño, fue producto de una votación popular, cuando ya existía una contratación previa y el propio artista había publicado su agenda de presentaciones con anticipación, en la que estaba incluida Tunja. La “elección democrática” fue una farsa más de los sondeos oficiales.
No se trata, pues, de caprichos o simpatías políticas. Se trata de una decisión racional, respaldada por la lógica, la técnica y el sentido de pertenencia. Si los conciertos del Aguinaldo se hacen en el estadio y la gramilla resulta afectada, los únicos perjudicados serían tres particulares: Boyacá Chicó, Patriotas Boyacá y Win Sports. Pero si los conciertos se hacen en la Plaza de Bolívar, los damnificados somos todos: los comerciantes del centro, los residentes, los tunjanos que debemos pagar los arreglos, y el patrimonio histórico que se deteriora cada año.
Es momento de actuar con responsabilidad. El Aguinaldo Boyacense es la fiesta más importante de la ciudad y del departamento, pero no puede seguir desarrollándose a costa del deterioro del espacio público más emblemático de Tunja. La Plaza de Bolívar debe preservarse; el Estadio La Independencia debe aprovecharse. Así lo exige la razón, la ciudadanía y el respeto por la historia de nuestra ciudad.
Las verbenas del Aguinaldo Boyacense deben volver al Estadio La Independencia. Y esta vez, para quedarse.


𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Cínicamente y a modo de retaliación, algunos concejales de la coalición de gobierno han decidido construir en los últimos tiempos una narrativa de odio contra la labor de los medios de comunicación. Su propósito es claro: desviar la atención de su pobre desempeño público y del vacío argumentativo que caracteriza sus sesiones, endilgando culpas a quienes simplemente hacen su trabajo informando.
El pasado 7 de octubre, durante la sesión de la comisión accidental de seguimiento a los proyectos del empréstito de la Administración Fúneme, el concejal Alfredo Arias Campos cuestionó la calidad de la información que llega a la ciudadanía, como si la responsabilidad de que la gente ignore los shows ridículos que él y otros concejales montan dentro del recinto recayera en los periodistas. Nada más absurdo. No es culpa de los medios que las sesiones del Concejo de Tunja sean tan vacías, tan insulsas, tan improductivas.
Arias Campos, junto con el concejal Andrés Duarte González, ha pretendido instalar la falsa idea de que algún medio de comunicación publicó que los $6.079 millones adicionados al presupuesto municipal iban a destinarse exclusivamente al Aguinaldo Boyacense. Ni eso es cierto, ni existe evidencia de que algún medio haya dicho tal cosa. Pero claro, para ambos resulta más fácil lanzar acusaciones genéricas, cobardes y politiqueras, que asumir con carácter la responsabilidad de señalar con nombre propio al supuesto medio.
Utilizar discursivamente esas insinuaciones es un recurso mezquino y barato. Si de verdad tienen pruebas, que hablen con claridad, que las expongan y que han el debido reclamo al supuesto medio por la dichosa publicación. Pero no, prefieren esconderse detrás de sus micrófonos y victimizarse ante la opinión pública. Lo mínimo que deberían tener estos concejales es carácter para poner la cara y decir las cosas como son. Aquí se les menciona con nombre propio, porque la cobardía no puede seguir siendo el denominador común en la política tunjana.
El caso más extremo y absurdo es el de Duarte González, quien engaña a la ciudadanía con estas versiones para justificar la artimaña utilizada para aprobar esa adición presupuestal. Recordemos que el proyecto fue votado negativamente en la comisión de presupuesto, pero, muy poco democráticamente, la Administración Municipal decidió tramitarlo ante la comisión del plan, donde tiene a sus concejales de bolsillo. Una jugada mañosa y tramposa para esquivar la democracia. Duarte González vio con buenos ojos la maniobra, tratando de legitimarla con discursos moralistas desde un falso pedestal.
Este mismo concejal que hoy se indigna selectivamente, fue uno de los mencionados en conversaciones que hoy son objeto de investigación por parte de la Fiscalía. En su momento, me reclamó por haber replicado esa información, alegando que la publicación le causó una crisis de ansiedad a su progenitora. Pero ahora, con total desparpajo, usa esas mismas menciones para señalar a otros concejales, meses después, y sin que el tema siquiera viniera al caso. ¿Qué dignidad o compromiso puede existir en alguien que actúa de esa manera? ¿Por qué es motivo de reproche hacia otros concejales si él también es nombrado ahí?
Duarte González, además, guarda silencio frente a las irregularidades del proyecto del frigorífico, a pesar de haber prometido soluciones a la comunidad afectada. Su silencio es cómplice, su inacción vergonzosa.
En cuanto a Arias Campos, su insaciable sed de figuración es cada vez más evidente. Si realmente le indignara la situación del empréstito, presentaría las denuncias, recursos y quejas correspondientes para sancionar a los responsables del despilfarro. Pero no: su “control político” se limita a sesiones vacías donde repite lo que todo el mundo ya sabe: que los recursos ya se ejecutaron, que las obras no existen, que se siguen pagando multimillonarios recursos en concepto de intereses a la deuda; sin generar resultados ni decisiones concretas. Las verdaderas acciones de control no las emprende porque no es capaz, porque no quiere, o porque le da miedo, y no es para menos, pues entre los responsables de ese desastre financiero hay varios de sus actuales compañeros de Concejo.
Arias Campos se queja de la “calidad de la información” que recibe la ciudadanía, olvidando que el Concejo tiene su propia oficina de prensa y que cada concejal cuenta con unidades de apoyo, a quienes suelen encomendarles tareas de comunicación y promoción. Más irónico aún: cuando se denunciaron las prácticas corruptas y la inoperancia del anterior Gerente de Comunicaciones, tanto él como Duarte González prefirieron guardar silencio, mirar hacia otro lado y apartarse de la moción de censura. Ahí no les preocupó la “calidad de la información”.
No es culpa de los medios que las sesiones sean aburridas, vacías de sustancia y carentes de resultados. Tampoco que las transmisiones oficiales sean de una calidad técnica deplorable, con un sonido que raya en lo perverso. La mesa directiva del Concejo, que en su momento integró el propio Arias Campos, usurpando un puesto que no le correspondía, ha preferido gastar los recursos públicos en empanadas, pasteles y pomposos desayunos de cajita, antes que en unos micrófonos que costarían menos que una o que un par de jornadas de refrigerios.
Hablemos mejor de la calidad de los concejales y de sus debates: cabildantes que llegan sin conocer los proyectos, porque la Administración les entrega los documentos tarde y ellos, serviles, lo aceptan sin chistar. Así terminan protagonizando debates ridículos, inoperantes y costosos para el erario.
Un ejemplo reciente es el de la socialización del proyecto para instalar cámaras de fotomulta. Se invitó al Secretario de Movilidad a hablar del tema cuando el proyecto ya estaba autorizado y solicitado por el mismo municipio. Lo lógico habría sido que la Administración presentara la iniciativa al Concejo para su discusión y autorización, pero en Tunja la democracia funciona al revés: primero se impone, luego se socializa. Y mientras tanto, los concejales de coalición fingen indignación sabiendo que nada pueden ni quieren hacer, porque terminan beneficiándose de las mieles que reparte el gobierno municipal a cambio de su silencio.
¿Y qué decir de la votación mecánica de los proyectos, donde los resultados son siempre los mismos? Los mismos votos a favor, los mismos en contra. Eso no es deliberación democrática, es una rutina partidista, clientelista y cómplice.
El actual Concejo de Tunja tiene la misma calidad que el de la era Fúneme: se aprueba todo, se aplaude todo y se reparten las cuotas de poder con la misma desfachatez.
Paradójicamente, los defensores del alcalde Mikhail Krasnov atacan a estos concejales solo para excusar la incompetencia de su mesías, olvidando que la mayoría de estos concejales actúa bajo sus órdenes.
Arias Campos, preocupado porque la gente los percibe como inútiles y ridículos, o porque simplemente ni los percibe. Debería hacer autocrítica. La ciudadanía los ignora porque el Concejo no comunica nada útil, porque sus sesiones no producen nada, porque han convertido la política local en una tragicomedia en la que incluso se aprueban compras de lotes que luego toca devolver. Y mientras tanto, quienes ejercemos el periodismo con rigor debemos asistir a esas sesiones por una razón sencilla: la Administración Municipal ha optado por negarnos el acceso a la información pública, al igual que varios concejales han optado por no contestar el teléfono a los medios, especialmente a los que tratan de averiguar cosas. Si queremos enterarnos, toca ir, escuchar, observar… y contar lo que pasa, aunque no les guste.
En una sesión reciente, por ejemplo, se tenía como objetivo socializar los avances del llamado decreto 24 horas, que busca que la ciudad funcione de manera continua en ciertos sectores. Pero nada se socializó, porque el secretario del Interior y Seguridad Territorial prefirió ausentarse para asistir a la conmemoración del Día del Veterano, aun cuando el Alcalde ya estaba presente en ese evento. Mientras tanto, la ciudadanía sí asistió al Concejo, y durante varias horas expuso quejas legítimas sobre los abusos en materia de ruido y la vulneración de derechos que ese decreto ha generado. Y mientras los ciudadanos hablaban, los concejales comenzaron a levantarse y a salir del recinto, uno tras otro, justamente a la hora de la ceremonia.
Yo estuve ahí, y como corresponde, informé que la mayoría de los concejales no estaban presentes. Uno de ellos se molestó, alegando que estaba “pendiente” de la sesión a través de la transmisión. Pues bien, cualquier periodista sabe que no hay manera de verificar si alguien está viendo una transmisión, y, además, su trabajo no consiste en verla virtualmente, sino en estar ahí, en el recinto, participando, dando la cara, representando a la gente que lo eligió. No es culpa del medio relatar lo que ocurre, así como no es culpa del periodismo que las transmisiones sean malas o inaudibles. Si el concejal no quiere que se diga que no estaba, la solución es simple: no se salga.
Ese episodio resume a la perfección la narrativa hipócrita que han querido imponer contra los medios. Cuando la prensa muestra lo que realmente ocurre, se victimizan y acusan de persecución. Cuando no se les menciona, se quejan de invisibilidad. Su problema no es la prensa, su problema es la verdad, y la incomodidad que les produce verse reflejados en ella.
Finalmente, Arias Campos queda muy mal parado fingiendo indignación por la falta de planeación de la Administración, cuando ni siquiera tuvo la decencia de quedarse en la sesión sobre el POT, el instrumento de planeación más importante del municipio. Llegó, contestó lista y se fue. ¿Cómo creerle a un concejal así?
El Concejo de Tunja no necesita más discursos vacíos ni más culpas inventadas contra la prensa. Lo que necesita es carácter, coherencia y respeto por la ciudadanía. Mientras eso no exista, los medios seguiremos siendo el espejo incómodo en el que se reflejan sus propias miserias.
#Editorial
𝐄𝐥 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐢𝐦𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚


La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció el archivo de los procesos de revocatoria impulsados contra el alcalde de Tunja, Mikhaíl Krasnov. La noticia fue recibida con entusiasmo por la administración municipal, que no tardó en difundir un comunicado celebrando la decisión y resaltando la importancia de respetar los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, la realidad detrás de este desenlace es menos simple de lo que sugiere la versión oficial.
Los procesos no se archivaron porque hubieran sido irresponsables o infundados. Se cerraron porque sus promotores no lograron recolectar el número de firmas exigidas. Y esa imposibilidad no se explica por falta de interés ciudadano, sino por las barreras que el propio gobierno local interpuso: la negativa a autorizar el uso de la Plaza de Bolívar para la recolección, la persecución mediante la Policía Metropolitana de Tunja y la prohibición de instalar puntos fijos donde la gente pudiera acudir libremente a firmar. Muchos ciudadanos que deseaban respaldar la iniciativa nunca supieron dónde hacerlo.
Frente a este panorama, no resulta coherente que la Alcaldía reivindique el respeto a la participación cuando fue esta misma la que la restringió. Lo que se presentó como una derrota de la ciudadanía fue, en realidad, el resultado de un aparato estatal puesto en contra de un derecho constitucional.
Además, el archivo de la revocatoria no equivale a un espaldarazo a la legitimidad del Alcalde, como se insinuó en el comunicado oficial. Esa legitimidad sigue en cuestión, a la espera del fallo de nulidad electoral que resolverá si Krasnov tenía o no la inhabilidad para ocupar el cargo. La Registraduría no ratificó su mandato: simplemente constató que los procesos de revocatoria no alcanzaron a cumplir un requisito formal.
La administración insiste en que la continuidad del Alcalde garantiza estabilidad y progreso. Pero la evidencia muestra lo contrario: un gobierno marcado por la inestabilidad, con gabinetes que se desarman y se rearman a conveniencia política, con procesos truncados y con una gestión que poco ha respondido a las necesidades de la ciudad. En materia de obras y programas sociales, los avances son escasos y, en algunos casos, de corta duración, como los arreglos de la Avenida Universitaria, que no resistieron ni medio año.
Es cierto que un cambio de mandatario podría generar turbulencias institucionales, pero la falta de un proyecto de ciudad y de resultados visibles hace que esa eventual inestabilidad no representaría una pérdida real. No existen planes de envergadura que puedan verse afectados porque, sencillamente, no se han construido.
Lo más preocupante es la manera como la Alcaldía ha convertido su oficina de comunicaciones en un órgano de propaganda, más orientado a maquillar la realidad y a sembrar miedo que a informar con rigor. Esa práctica, lejos de fortalecer la democracia, la debilita, porque convierte la comunicación institucional en un ejercicio de manipulación.
El fondo del asunto es que la democracia en Tunja se ha vuelto selectiva: se exalta cuando conviene y se desacredita cuando amenaza intereses particulares. Krasnov ha mostrado disposición a celebrar las decisiones que lo favorecen, pero ha descalificado los fallos y las actuaciones judiciales que le resultan adversas. Está por verse si mantendrá el mismo discurso de respeto institucional cuando se conozca el fallo del Consejo de Estado sobre su elección, una decisión que podría no estar alineada con sus expectativas.
El archivo de la revocatoria no prueba fortaleza democrática, sino la fragilidad de la legitimidad en la que se sostiene el actual gobierno municipal. En Tunja, más que un triunfo de la institucionalidad, lo que se evidencia es la dificultad de la ciudadanía para ejercer sus derechos frente a un poder que no duda en limitar los espacios de participación que, paradójicamente, dice respetar.


𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
La Alcaldía de Tunja tiene en mente un proyecto que más que proyecto parece un destello de sentido común: llevar una ruta de transporte público colectivo hasta donde se encuentra el icónico letrero gigante con la palabra “Tunja”, en la vereda El Porvenir. Sí, esa idea que parece tan sencilla y evidente, de facilitar el acceso a un atractivo turístico que muchos quieren visitar pero no tienen cómo llegar. Porque, seamos sinceros, ¿cuántos ciudadanos han suspirado por tomarse una foto frente a ese letrero sin tener que organizar toda una expedición familiar para lograrlo?
La idea, además de turística, es profundamente inclusiva. Beneficiaría no solo a los visitantes y turistas de paso, sino también a quienes habitan la zona. Para ellos, la extensión de la vía que se requiere, especialmente el tramo final en el alto de San Lázaro que todavía carece de pavimento, significaría movilidad y conectividad reales. Una pequeña gran obra que ampliaría los horizontes de quienes viven en la vereda El Porvenir y el Alto de San Lázaro, conectándolos con el transporte público que hasta ahora se niega a llegar.
La propuesta contempla además la creación de rutas seguras para ciclistas, acompañadas por la Policía Metropolitana de Tunja, para que los aficionados al ciclismo puedan enfrentarse al desafío de la cuesta en horas de la madrugada, los miércoles y viernes, provisionalmente. Este componente es, sencillamente, brillante. Incentivar el deporte mientras se disfruta de un paisaje imponente y se conoce un nuevo atractivo turístico es un doble gol de proyecto urbano: se fortalece la salud, la actividad económica y el disfrute de la ciudad.
Y para quienes prefieren la caminata a la bicicleta, también se han pensado rutas peatonales. Algo que, de entrada, es inclusivo y necesario. Hasta ahora, quienes se han aventurado a llegar a pie al letrero lo han hecho por su cuenta, perdiéndose en un entramado de caminos poco señalizados y con mínimas referencias. El diseño de senderos guiados, con señalización clara y la posibilidad de contar con guías turísticos locales, no solo resolvería este problema, sino que transformaría la caminata en una experiencia cultural. Que alguien explique la historia, las anécdotas, la vida cotidiana y los secretos de la zona es un toque de sensibilidad y conocimiento que podría hacer del paseo algo memorable.
La visión no termina ahí. Si bien la proyección de la Alcaldía contempla solo las mencionadas rutas de transporte público, los senderos peatonales y las rutas seguras para ciclistas, existe la posibilidad de integrar esta iniciativa con otras ideas que expandan la movilidad y el ocio. Por ejemplo, una ciclovía dominical por el occidente de la ciudad, complementaria a las existentes en el norte y sur, permitiría que ciudadanos de todas las edades y condición física disfruten del deporte, del paisaje y, de paso, del comercio local que podría florecer gracias a esta afluencia de visitantes. Es, sin duda, una sugerencia que busca vida urbana más activa, más inclusiva y más saludable.
Claro que no todo es color de rosa. Existe un efecto colateral que no puede ignorarse: los impactos del turismo masivo. La visita constante a este sector, que hasta hace poco permanecía casi olvidado, traerá consigo problemáticas reales. La más evidente: la acumulación de basura y residuos dejados por visitantes. Si no se planea con cuidado y se implementan políticas de control, limpieza y educación ambiental, todo este entusiasmo podría convertirse en un dolor de cabeza para la comunidad y para la Alcaldía. Un letrero gigante no debería convertirse en un vertedero gigante.
La propuesta de llevar transporte público hasta el letrero gigante de Tunja, acompañada de rutas seguras para ciclistas, senderos peatonales señalizados, más la sugerencia de expansión de la ciclovía dominical, es un ejemplo de planeación urbana que piensa en todos. Es inclusiva, deportiva, turística y cultural. Pero el éxito de esta idea dependerá de la capacidad del municipio para equilibrar los beneficios con los impactos inevitables del turismo. La oportunidad está sobre la mesa: Tunja puede moverse, conectarse y brillar, siempre y cuando lo haga con inteligencia, previsión y, sobre todo, con sentido común. Porque, al final del día, un letrero gigante merece visitantes felices, no ciudadanos frustrados ni caminos llenos de basura.


𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒆𝒍 (𝒓) 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 𝑹.
A raíz de las recientes decisiones de la JEP, el debate público ha girado alrededor, de la demora del tribunal para emitir las primeras sentencias o al excesivo costo de una jurisdicción que, a juicio de sus detractores, además se tornó espuria desde el “triunfo” del no en el plebiscito. Aún más, el término impunidad es el que más ha estado en boca de muchos políticos, dada la desproporción de las sanciones frente a la gravedad de los delitos. Pero en esto último, y a medida de ejemplo para ilustrar lo incompleto del debate, se olvidó que el concepto de impunidad no solo tiene que ver con las sanciones, sino que, según le escuché hace unos años a un importante jurista tiene cinco atributos: ausencia de investigación, de persecución, de captura, de enjuiciamiento y de condena a los responsables. Y si a estos atributos le agregamos la necesidad para las víctimas de que prime la verdad más completa posible sobre la verdad procesal ¿Cuáles características han estado ausentes en la gestión de la JEP?
Ahora bien, más allá de lo anterior hay que decir que en el debate se ha omitido la reflexión sobre la trascendencia pacificante que representa el que haya prevalecido la voluntad del Estado colombiano de someter a los jefes de quienes por varias décadas desafiaron el orden constitucional y sus instituciones de justicia.
Dicho lo anterior, conviene aportar insumos para la reflexión desde la perspectiva de lo político – estratégico, complementarios a los expuestos por Gabriel Cifuentes en su columna titulada “El momento del nunca más” (El Tiempo 26-09-2025). Y para esto partamos de un fundamento que no muchos analistas del conflicto que se está terminando con las otrora Farc, tienen en mente al momento de enjuiciar si avanzamos o no hacia una terminación completa. Dicho fundamento se puede resumir en que el contendiente que logra imponer su voluntad sobre el contrario es aquel que demuestra una inequívoca superioridad moral, no solo legal. No sobra aclarar que la superioridad moral está directamente relacionada con la legitimidad.
Así las cosas, volvamos la mirada al pasado reciente, y concretamente al año 2008, momento en el cual se da un punto de quiebre en la dinámica del conflicto político violento en comento, pues a partir de dicho año la curva ascendente de su dinámica empieza a descender hasta llegar a un atascamiento que solo se empezó a desbaratar durante el proceso de la Habana.
En ese 2008 los resultados militares de la política de “Seguridad Democrática” tanto estratégicos como tácticos eran ostensiblemente favorables para el Estado. No es sino recordar las operaciones “Fénix” (marzo, baja de Raúl Reyes) y especialmente “Jaque” (julio, rescate de secuestrados, entre ellos Ingrid Betancur), y como correlato la operación “Camaleón” del 2010 cuando fue rescatado el general Mendieta.
No obstante, dichos éxitos operacionales no se pudieron explotar hasta obligar a las Farc a sentarse a negociar, porque en lo político - estratégico el Gobierno de Álvaro Uribe no tenía en su haber logros que hicieran inequívoca la superioridad moral del Estado, el cual, dicho sea de paso, mostraba síntomas de sensible insuficiencia en lo ético - moral desde el gobierno Samper (1994-98) cuando el mismo Uribe era gobernador y los paramilitares se extendieron desde Antioquia a prácticamente todo el país.
Lo cierto es que poco tiempo después de las operaciones “Fénix” y “Jaque” las máculas contra la legitimidad del gobierno afloraron como una especie de catarsis: cierre del DAS por operaciones corruptas incluyendo “chuzadas” a la Corte Suprema de Justicia, dádivas a congresistas para la reelección del presidente (Yidispolítica), la parapolítica, el proceso de paz con los paramilitares que se vio abruptamente interrumpido por la extradición de sus principales jefes. Y, por si fuera poco, esta andanada de máculas culminó en el 2009 con el llamado a calificar servicios de 27 militares, incluyendo tres generales, debido a los resultados de una investigación administrativa que condujo el general Carlos Arturo Suárez en ese entonces Inspector General de las FF.MM
, que daba cuenta de la punta del Iceberg de los mal llamados “falsos positivos”. Con base en esta investigación se fueron abriendo y/o acelerando las debidas investigaciones penales que, sin embargo, avanzaban lentamente.
Esa lentitud en el juzgamiento gravitó en el largo estancamiento del componente de justicia que tuvo la negociación en La Habana, que finalmente dio luz verde a la JEP después de la Comisión de la Verdad. En fin, se acaba el espacio y solo queda responder al siguiente interrogante: ¿qué hubiera ocurrido con el Ejército Nacional al iniciar el proceso de la Habana- con veeduría internacional- si no se hubiera avanzado algo en las investigaciones sobre los “falsos positivos”? Es de anotar que por delitos menos graves se tuvo que cerrar el DAS.
La realidad nos hace entonces colegir que, pese a sus fallas que debe seguir corrigiendo, lo que la JEP está haciendo por Colombia, es ayudar al Estado a recuperar una superioridad moral inequívoca, para así mejorar ostensiblemente sus cotas de legitimidad.
#Opinión #Tunja #Tecnología
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐲 𝐥𝐚 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥: 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐬 𝐲 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐫


𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂-𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒕𝒂 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝑰𝑨
Cuando hablo de la adopción de la Inteligencia Artificial (IA) en Tunja, no lo hago desde la teoría fría de la tecnología, sino desde la visión de alguien que vive en esta ciudad y ve sus oportunidades, pero también sus desafíos. Como muchas ciudades intermedias de Latinoamérica, Tunja está en una encrucijada: o nos quedamos atrás, o damos un salto hacia adelante aprovechando la IA para transformar nuestra economía y calidad de vida.
He aquí mi mirada personal sobre las barreras, las oportunidades y las rutas que podrían hacer de Tunja una ciudad más innovadora y competitiva.
𝗙𝗮𝗰𝘁𝗼𝗿𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗳𝗿𝗲𝗻𝗮𝗻 𝗹𝗮 𝗮𝗱𝗼𝗽𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗜𝗔 𝗲𝗻 𝗧𝘂𝗻𝗷𝗮
1. Infraestructura tecnológica insuficiente
Lo vivo a diario: la conectividad a internet en la ciudad no es igual para todos. Mientras en algunas zonas hay fibra óptica y velocidad decente, en otras la señal es inestable o inexistente. Y si hablamos de redes 5G, todavía parecen un sueño lejano.
2. Talento humano y educación técnica
Tunja cuenta con universidades como la UPTC, pero aún no tenemos la masa crítica de profesionales en IA, ciencia de datos o automatización que se necesita para liderar proyectos transformadores. Además, muchos jóvenes formados terminan buscando oportunidades en otras ciudades o países.
3. Cultura y mentalidad tecnológica
Aquí noto un freno más cultural que técnico: el miedo al cambio, la desconfianza hacia lo nuevo, o simplemente la falta de información. La IA genera curiosidad, pero también temores relacionados con empleo, privacidad o seguridad digital.
4. Costo de implementación
Las MiPymes y entidades públicas en Tunja operan con presupuestos limitados. Invertir en IA puede verse como un gasto riesgoso si los beneficios no son inmediatos o no están bien explicados.
5. Falta de políticas claras y apoyo institucional
No basta con tener buena voluntad. Se necesita una estrategia municipal concreta para la transformación digital: con recursos, alianzas público-privadas y reglas claras sobre datos, transparencia y ética en el uso de la IA.
6. Desigualdad digital
No todos los ciudadanos tienen acceso igual a dispositivos, conectividad o formación digital. Si no cerramos esa brecha, cualquier avance tecnológico dejará atrás a los más vulnerables.
𝗗𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼́𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹: 𝗧𝘂𝗻𝗷𝗮 𝘆 𝘀𝘂 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗮 𝘀𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗖𝗶𝘁𝘆
Algunas investigaciones ya muestran que Tunja tiene mucho por avanzar antes de considerarse una “Smart City”. Educación, acceso a tecnología, formación ciudadana y capacidad institucional aparecen una y otra vez como puntos débiles.
Y, sin embargo, también veo potencial: la presencia de universidades, el interés creciente de los jóvenes y empresarios por la innovación, y la posibilidad de crear alianzas con otros sectores.
𝗜𝗱𝗲𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮𝗿 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗮𝗱𝗼𝗽𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗜𝗔
Si Tunja quiere dar el salto, propongo varias acciones concretas:
𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗜𝗔
Una hoja de ruta clara con metas, responsables y tiempos. La IA no puede ser un tema secundario; debe ser parte del plan de desarrollo urbano y económico.
𝗠𝗲𝗷𝗼𝗿𝗮𝗿 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹
Más conectividad, más espacios públicos con acceso a internet, más laboratorios de innovación tecnológica donde jóvenes y empresas puedan experimentar con IA.
𝗙𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
Talleres, charlas, campañas que expliquen de forma sencilla qué es la IA, qué oportunidades trae y cómo se puede aplicar a negocios, servicios públicos o educación.
𝗙𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀
Fondos locales y nacionales para proyectos de IA. Apoyo a emprendedores tech que quieran innovar desde Tunja para el mundo.
𝗘́𝘁𝗶𝗰𝗮 𝘆 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗹𝗼𝗰𝗮𝗹
Garantizar que el uso de IA respete la privacidad, la transparencia y la confianza de los ciudadanos.
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻: 𝘂𝗻 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝘀𝗶 𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗵𝗼𝘆
Tunja tiene con qué, pero debe decidirse. La IA no es un lujo, es una herramienta que puede mejorar la vida de las personas, hacer más eficientes los servicios públicos, potenciar a nuestras empresas y abrir puertas a nuevas oportunidades.
La ciudad no necesita copiar modelos de grandes metrópolis; puede crear su propio camino, con alianzas entre academia, sector privado y gobierno. El reto está en superar el miedo, invertir en talento e infraestructura, y pensar en grande.
Porque, al final, los próximos millonarios no serán las máquinas, sino las personas que aprendan a trabajar con ellas: electricistas, plomeros, constructores, emprendedores… profesiones y oficios que, con IA o sin ella, seguirán siendo esenciales para nuestra sociedad.
#Opinión
𝐄𝐥 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐨𝐳 𝐲 𝐥𝐚𝐬 𝐥𝐞𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐭𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚: 𝐒𝐨𝐲 𝐥𝐚 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐚 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐥𝐞𝐢́𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́


𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Ser la única mujer en el listado de ocho columnistas más leídos de Boyacá, según el panel de opinión de Cifras y Conceptos, es un verdadero honor y una inesperada sorpresa que hoy me lleva a escribir esta columna desde el corazón, porque para mí este resultado significa un salto inmenso en medio de la resistencia que he llevado por años, desde y fuera de los medios de comunicación.
Escribir, cuando tantas veces han intentado silenciarme, se ha convertido en un acto de revolución. Una revolución sin miedo, de frente, que busca libertad y verdad; cargada de historia, de luchas personales y colectivas; de la insistencia por sostener la voz cuando otros prefieren el silencio.
Quiero AGRADECER, así, en mayúsculas, a mi gente más cercana, a quienes han creído en mí, mi familia, mis hermanas y hermanos de vida, al equipo que me da libertad y me anima a no desfallecer. A cada persona que semana tras semana se toma el tiempo de leerme. Al Periódico El Tunjano, que confió en mi palabra y me abrió espacio, obviamente desde Daniel, quien me impulsó a regresar a la escritura y a compartir espacios con colegas columnistas. A El Diario, una de las primeras casas que publicó mis textos y que aún hoy mantiene eventualmente abiertas sus páginas para mis reflexiones.
Agradezco también a quienes se incomodan o contradicen mis columnas. Porque me recuerdan que la palabra tiene poder, que la crítica no puede dejar de existir en ninguna democracia, que hay que revelar lo que otros quieren esconder, hablar lo que no quieren oír y que incomodar es necesario, más si se hace con voz de mujer, una mujer que también ha decidido hablar por otras. Una sobreviviente, periodista en esencia y ciudadana crítica.
Y, sobre todo, agradezco a quienes han intentado callarme. Porque sin proponérselo me enseñaron que las columnas de opinión pueden ser un ejercicio pedagógico, un refugio terapéutico y un escenario de resistencia política. Gracias a esa confrontación, hoy mi voz permanece en el radar de quienes creen, como yo, que escribir es también transformar.
𝐏𝐨𝐝𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐫 𝐦𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐦𝐚́𝐬
Quiero aprovechar este espacio para animar a más mujeres a escribir. Porque los resultados del panel son claros y demuestran que aún somos pocas las columnistas en los espacios más leídos de Boyacá. Hoy soy la única mujer en este ranking. Ese 2% que me corresponde no lo veo como una limitación, sino como un punto de partida y un compromiso. Cada palabra publicada es una forma de abrir camino para que más voces femeninas y diversas sean escuchadas.
El 35% que se agrupa en la categoría de “otros” revela algo urgente y es que el debate público necesita renovarse y hacia allá iremos.
Este resultado me reafirma una convicción que la vida me ha enseñado, escribir y alzar la voz no es un lujo, es una necesidad. Y en tiempos de resistencia, mi voz y mis letras son más que palabras, son mi manera de existir, persistir y abrir camino a quienes aún no han sido escuchadas.
¡MI VOZ NO SE CALLA, MIS LETRAS NO SE BORRAN, VAMOS POR MÁS!.
#Editorial
𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐨𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐭𝐫𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐨 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐧𝐭𝐨𝐫


Esta semana, luego de varios intentos fallidos, por fin se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, la exgestora, social Sara Catalina Pedraza y la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán. No fue fácil llegar hasta este punto. En el caso de Krasnov, se necesitaron cuatro intentos, en el de Pedraza tres, y en el de Acevedo dos. La constante en esta historia ha sido la misma: una estrategia sistemática de dilaciones, evasivas y artimañas jurídicas con las que el mandatario y su defensa han intentado frenar el avance de la justicia.
El último capítulo no fue la excepción. La defensa de Krasnov llegó al extremo de pedir la declaratoria de impedimento del fiscal del caso y de todos los jueces de conocimiento de Tunja, bajo amenaza de recusación. La solicitud, sin pruebas ni fundamentos, terminó siendo interpretada como un burdo intento de dilatar. Tanto así que el juez ordenó compulsar copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue al abogado del Alcalde por su comportamiento. Lo paradójico es que este tipo de maniobras no son excepciones en este juicio Krasnov: son su forma de gobierno, su manera de sobrevivir en el poder.
El caso que hoy se ventila en los estrados lo retrata de cuerpo entero. Para permanecer en el cargo, Krasnov contrató a un abogado que había demandado su elección. La jugada era obvia: comprar su silencio y retirar la demanda. Lo grave no es solo eso, sino que ese abogado jamás cumplió con las funciones para las que supuestamente fue contratado, lo que demuestra que se trató de un contrato amañado, sin objeto real, hecho únicamente para garantizar la permanencia del Alcalde en el poder. Y como si eso fuera poco, durante la imputación salió a relucir que el exgerente de Ecovivienda habría sido presionado para firmar un documento que justificara la contratación de ese abogado bajo supuestos méritos profesionales y necesidades estatales. Ante su negativa, no solo le robaron un teléfono sino que intentaron chantajearlo con amenazas de divulgar unos supuestos videos íntimos. Comportamientos como ese son dignos de una organización mafiosa, y no de un gobierno honorable.
Krasnov niega a viva voz querer aferrarse al poder a cualquier precio, pero sus actos lo desmienten. Sus intentos constantes por torpedear procesos penales y administrativos hablan más fuerte que sus palabras. Incluso recurrió de nuevo a la farsa de pedir un traductor: alegó no comprender el idioma español y pidió intérprete en la audiencia. Una solicitud absurda en alguien que lleva 15 años en Colombia, que aprobó el examen para obtener la nacionalidad, que declaró en documentos públicos tener dominio avanzado del idioma, que fue docente universitario en la UPTC, donde las clases son en español, y que, además, trabajó como traductor académico de documentos académicos, los cuales de por sí tienen un lenguaje todavía más elaborado. Fingir desconocimiento del idioma no es otra cosa que una estrategia para victimizarse y burlar la justicia.
A estas alturas, resulta insultante que existan todavía defensores incondicionales del Alcalde. Personas que le justifican todo, por más insano, ilegal o peligroso que sea. Personas que, desde un pedestal de falsa superioridad moral, señalan con dedo acusador a cualquiera que critique a Krasnov, como si fueran los guardianes de la ética pública. Y lo hacen con el argumento repetido de que los alcaldes anteriores fueron “más corruptos”. Una falacia: la corrupción no se mide por comparaciones subjetivas ni por narrativas de conveniencia, sino por hechos y condenas. Que otros hayan sido corruptos no convierte en inocente a Krasnov.
Más aún, justificar actos como contratar a un abogado para comprar su silencio, firmar documentos sin leerlos porque “para eso tiene asesores”, o amparar el chantaje y las coacciones contra exfuncionarios es volverse cómplice de la corrupción. Pero la verdad es que muchos de los indignados de antaño no estaban indignados contra la corrupción, sino contra no ser parte de ella. Hoy, al sentirse incluidos en la burocracia y el clientelismo de la alcaldía de Krasnov, defienden con uñas y dientes al alcalde que en su momento prometió combatir esos mismos males.
Otros lo defienden por simple ignorancia, atrapados en la red de manipulación digital que su equipo de falsos perfiles construyó en redes sociales. Ahí se exalta hasta el cansancio la pavimentación de una calle o el tapado de unos huecos, obras menores que también hicieron gobiernos anteriores y cuyos resultados duran lo que dura el primer aguacero, como ya ocurre en la Avenida Universitaria. Es la hiperstición digital: repetir tanto una versión edulcorada de la realidad que muchos la toman por verdad incuestionable.
Pero ni la popularidad, ni la propaganda, ni la victimización hacen inocente a Krasnov. Hitler también fue un líder aclamado en su momento, y la historia demostró lo devastador que resultó el fanatismo ciego. Que Krasnov sea popular no lo exonera de responsabilidades. Que su antecesor haya sido corrupto no lo hace un modelo de transparencia. Que existan procesos en su contra no es persecución política: es simplemente la justicia cumpliendo con su deber.
Lo más preocupante no es solo la corrupción en sí misma, sino la profunda descomposición social que ha dejado en evidencia. Tunja, una ciudad que alguna vez presumió de civismo, hoy está fracturada por la polarización, dividida entre fanáticos y críticos. Esa polarización no existía antes de este gobierno y es quizás uno de los legados más nocivos de Krasnov: haber sembrado odio y desconfianza entre ciudadanos que, por encima de sus diferencias políticas, compartían un mismo espacio de vida.
La ciudadanía fue engañada en su buena fe, votó con rabia contra la clase política tradicional, creyendo que con Krasnov castigaba a los corruptos de siempre. Lo que no midió fue el costo de elegir a alguien incapaz de gobernar, ignorante en lo técnico y hábil únicamente en el engaño. Lo que no puede ser comprensible es que todavía, con todas las pruebas a la vista, existan quienes lo defienden sin reservas, justificando lo injustificable y atacando a quienes lo critican.
Más allá de unas calles remendadas, la administración Krasnov pasará a la historia como un gobierno de dilaciones, mentiras, polarización y corrupción. Un gobierno que prometió ser distinto y terminó siendo peor. El problema ya no es solo Krasnov: el problema es una sociedad que todavía no ha aprendido a mirar más allá de la propaganda, y que, por fanatismo o conveniencia, sigue alimentando la farsa de un supuesto paladín anticorrupción que no es más que otro rostro de la misma podredumbre.


𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Finalmente, el secretario de Interior y Seguridad Territorial de Tunja, David Suárez Acevedo, se pronunció públicamente. Pero no fue para responder con transparencia a los cuestionamientos que le hemos planteado desde este medio de comunicación y desde la ciudadanía; no, su pronunciamiento surgió exclusivamente para refutar un artículo publicado hace ocho días en el que se develó, sin adornos, su actuar mediocre y su pobre desempeño como funcionario público.
Suárez Acevedo pretende hacer ver que mi columna es producto de rencor, odio o resentimiento hacia su persona, simplemente por no haberme concedido una entrevista. Esa explicación no solo es simplista, sino cómoda: refleja la incapacidad de un funcionario que teme dar la cara ante los medios. La realidad es mucho más sencilla: no me concedió la entrevista porque no tenía idea de lo que se le preguntaba. Su respuesta inicial, evidenció sorpresa y desconocimiento del decreto, luego vino acompañada de la promesa hueca de discutirlo al día siguiente “para estudiarlo bien”. En otras palabras, ni siquiera sabía que el decreto existía, y ahora quiere venir a justificar su ignorancia con un reproche a la labor periodística, hecho desde un falso pedestal de superioridad moral y sobre el absoluto desconocimiento que tiene de este oficio.
Que un servidor público sea selectivo con los medios de comunicación habla muy mal de su visión democrática. Suárez Acevedo prefiere hablar únicamente con medios que actúan como propagandistas, esos mismos cuyos directores hoy son contratistas de la Alcaldía, aplaudiendo cada acto del gobierno sin cuestionamiento alguno. Eso no es periodismo; es propaganda sumisa. Mi labor, en cambio, es distinta: informar con rigor, sin rendirme ante la comodidad de un funcionario acomplejado que confunde el buen periodismo con la obediencia o con comodísimas charlas entre compadres.
Si este fuera un asunto de rencor personal, como él pretende hacer ver, ya habría publicado un libro entero de opiniones sobre secretarios y concejales que no gustan dar la cara, porque son innumerables las ocasiones en que funcionarios y servidores han negado entrevistas sobre asuntos de interés público.
La verdad es que Suárez Acevedo ha mentido descaradamente al decir que respondió a los requerimientos de las comunidades del barrio Libertador. El problema que mencioné en mi columna sigue estancado en la inspección de policía desde mayo, sin atención ni respuesta a quienes sufren por el ruido y la inseguridad. Él alega que todo es parte del debido proceso, y que yo soy un irrespetuoso y desconocedor del mismo, aunque no menciona nada del boicoteó de su jefe hacia los procesos que cursan en su contra, hacia lo cual Suárez Acevedo no hace la más mínima reflexión sobre el respeto al debido proceso. Vaya doble moral…
No es solo este medio el que ha sido ignorado y satanizado por este funcionario que solo da la cara a sus copartidarios. Otros periodistas también han recibido un trato similar(https://www.facebook.com/share/v/1BF4Tir44p/), lo que evidencia un patrón de censura promovido no solo por Suárez Acevedo, sino por buena parte del gobierno de Mikhaíl Krasnov. Recordemos la reciente audiencia en la que Luz Mila Acevedo intentó impedir la presencia de los medios, o aquella acción de tutela contra este servidor y contra Caracol Radio por una publicación que a ella no le gustó, tutela que no prosperó y que terminó siendo archivada como otro de tantos burdos intentos de censura de la clase política hacia la prensa independiente; o aquel señalamiento estigmatizante del Alcalde del “periodismo de perseguidera”. Todo ello evidencia la intolerancia del gobierno hacia la libertad de prensa. ¿Qué dicen asociaciones y agremiaciones periodísticas del departamento? Nada. Nada porque sus dueños o son parte de la administración, o prefieren guardar silencio, no sea y vayan a dañar la pauta que cobran ,por partida doble, a final de año.
Cabe señalar, sin embargo, que a pesar de las diferencias ideológicas y de enfoque, quien hoy redacta esta columna ha logrado obtener respuestas claras y oportunas de funcionarios como Juan Carlos Leguizamón, Ahiliz Rojas Rincón, Nataly Callejas, Juan Carlos Pérez Mesa, Daniel Moreno, e incluso algunos han llegado a solicitar mi ayuda para divulgar asuntos de interés público, lo cual he hecho con total disposición. Ese es el verdadero periodismo: establecer un puente entre la administración y la ciudadanía, más allá de simpatías políticas o de vanidades personales.
El secretario Suárez Acevedo alardea de haber atendido a comunidades en Santa Inés, El Consuelo y San Ignacio, pero olvida mencionar que en El Consuelo no pudo enfrentar la grave inseguridad generada por un individuo que actúa ejerciendo justicia por mano propia, ¿Acaso eso es proteger a la ciudadanía? La respuesta evidente es que no. Y, por supuesto, es imposible contrastar información con este funcionario, porque evita entrevistas y ruedas de prensa como si fueran un mal trago, porque es que ni en las de la Policía se le puede encontrar.
Alardea de haber escuchado a las comunidades de Santa Inés y el Libertador, pero lo cierto es que en el caso del primer barrio no hizo más que hablar con el presidente de la junta de acción comunal para disque solucionar un problema con una habitante de calle, que simplemente trasladó su lugar de pernoctación unos cuantos metros, ahora dentro del barrio. Es la prueba tangible de su ineptitud: traslada problemas de un lugar a otro sin ofrecer soluciones reales y plausibles, se reúne solo con presidentes de juntas de acción comunal y decide arbitrariamente, sin involucrar a las comunidades afectadas. Eso es mediocridad en su forma más pura. Claro que en este aspecto es mejor no hacerle reclamo alguno, porque seguramente considera que la solución es perseguir a esa persona.
Lo que realmente parece dolerle a Suárez Acevedo es que yo sí asisto a los eventos que los medios de sus afectos ni siquiera cubren. Viene a reclamarme a mí por cómo hago periodismo, mientras que esos mismos medios, que incluso trabajan para su propia Alcaldía, ni siquiera se dignan a informar sobre lo que sucede en los eventos que son de interés de la ciudadanía y de especial interés de divulgación para la administración que integra. Esa es la evidencia más clara de su incomodidad: no soporta un periodismo independiente que cumple su labor mientras otros se limitan a hacer eco de la propaganda oficial.
Vale también señalar que Suárez Acevedo selecciona cuidadosamente qué contar y qué omitir. Por ejemplo, omite mencionar que en una ocasión increpó a un concejal por haber debatido públicamente sobre el cuestionable reacomodo de su pareja en un alto cargo del Colegio de Boyacá. Esa situación, que él preferiría mantener en silencio, demuestra nuevamente su obsesión por controlar la narrativa y por castigar a quienes cuestionan sus decisiones. Y aunque este servidor no había querido profundizar en ello, ya que estamos exponiendo la realidad de su gestión, conviene aclararlo: este tipo de actitudes refleja el carácter autoritario y personalista de quien pretende disfrazar de administración pública lo que en realidad es defensa de intereses particulares.
Suárez Acevedo intenta desviar la atención señalando mi imprecisión con lo de su vínculo familiar con la Directora de Contratación, pero valga decir que en esa columna esa fue la única imprecisión. Todo lo demás no lo pudo desmentir, porque no tiene cómo. Todo lo demás de mi columna es verificable y cierto. Su gestión es mediocre, su competencia limitada y su disposición para enfrentar problemas, prácticamente nula.
Este funcionario no solo discrimina a los medios, sino también a la ciudadanía. Si alguien no comparte su afinidad política o lo incomoda, no merece respuestas, es decir, él solo gobierna para los 27 mil que votaron por Krasnov, los ciudadanos restantes no son dignos de su atención. Esa no es democracia, es autoritarismo disfrazado de administración pública. Suárez Acevedo se cree dueño de lo imparcial y equilibrado, pero solo lo es para quienes repiten sus consignas.
Peor aún es su incapacidad para reconocer la labor periodística que, a diferencia de sus medios de propaganda, intenta cubrir tanto lo bueno como lo malo de la ciudad. Cuando narro lo malo, soy criminalizado; cuando otros medios prepagados cubren lo que a él le interesa, todo es felicitación. Su sesgo es evidente y sus dobleces son notorios. No importa si esos medios publican desinformaciones como que “según un estudio Tunja es el tercer destino más idóneo para emprender”, o que “existe una persecución de la Procuraduría hacia Mikhail Krasnov”, o peor aún, guardan silencio sepulcral frente a situaciones de total interés para la ciudad como las audiencias que tuvo el Alcalde durante esta semana. Si los medios no dicen esto, entonces no son imparciales, veraces y objetivos según este funcionario.
Por último, Acevedo debería recordar que su supuesta preocupación por las comunidades se desmorona frente a hechos concretos: problemas de seguridad que persisten, solicitudes que se rebotan entre secretarías y la falta de disposición para rendir cuentas. Su respuesta enardecida ante la crítica demuestra que quien actúa bajo el resentimiento es él, y su carácter es de pequeño dictador.
En suma, esta columna no nace de rencores ni de enemistades personales; nace de la necesidad de evidenciar la mediocridad, la incompetencia y la censura de un funcionario que se cree intocable. David Suárez Acevedo debería recordar que su función no es proteger su ego ni seleccionar qué medios o ciudadanos merecen atención: su función es servir a Tunja, y hasta hoy, ha fallado estrepitosamente.
#Editorial
¿𝐕𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫 𝐝𝐚́𝐧𝐝𝐨𝐥𝐞 𝐥𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐥𝐝𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥?


Tunja y Boyacá parecen vivir en una especie de burbuja en lo que respecta a la inteligencia artificial. Ni el municipio ni el departamento cuentan con una ruta clara, ni mucho menos con un plan estructurado, que les permita adaptarse, integrarse o implementar de manera seria y sostenida el conocimiento y las aplicaciones de esta tecnología que ya transforma el mundo. Es cierto que tanto la administración municipal como la departamental han impulsado cursos o capacitaciones dirigidas a algunos funcionarios. Sin embargo, la realidad es que el aprendizaje en materia de inteligencia artificial exige mucho más que un par de talleres elementales. Y se asume que han sido extremadamente básicos porque, hasta la fecha, no existe evidencia alguna de un uso considerable o relevante de la inteligencia artificial en la gestión pública o en la vida ciudadana. El único esfuerzo que se podría mencionar es AntonIA, un asistente orientado a la promoción del turismo. Pero más allá de ese ejercicio, la IA sigue siendo un territorio desconocido, subutilizado e ignorado.
La situación es todavía más preocupante si se miran los llamados Centros de PotencIA que se proyectan en Tunja y en Chiquinquirá. En el caso concreto de Tunja, la sostenibilidad de dicho centro ya se ha convertido en tema de inquietud en diversos sectores de la opinión pública. Lo grave es que ni la administración municipal, ni la departamental, ni siquiera la nacional, han podido explicar cómo se mantendrá en funcionamiento. No es descabellado pensar que este proyecto pueda terminar convertido en otro equipamiento urbano destinado a la obsolescencia. Ya ha ocurrido. La Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte fue construida sin prever su operación ni los gastos de funcionamiento; hoy, justamente por esa falta de planeación, no ha podido ponerse en marcha. Algo similar ocurrió con el Parque Agroalimentario en el sur de la ciudad: una obra sobredimensionada, no acorde con las necesidades reales, que nunca logró atraer a comerciantes ni ciudadanos y que permanece en el olvido. Tunja y Boyacá parecen condenados a repetir esta historia: obras costosas, inauguraciones vistosas, promesas incumplidas y, al final, estructuras muertas que pesan sobre las finanzas públicas.
La falta de un plan estructurado, actualizado y permanente en torno a la inteligencia artificial no es un detalle menor. La IA ha llegado para quedarse y sus efectos transformarán profundamente la sociedad. Aquellas comunidades que decidan ignorarla estarán, más temprano que tarde, condenadas a quedarse rezagadas en un mundo cada vez más globalizado y competitivo. Lo más absurdo es que la administración municipal de Tunja se escuda en la falta de recursos para la realización de obras, se queja de que no puede atender grandes necesidades sociales porque la mayor parte del presupuesto se destina a los gastos de funcionamiento de la burocracia municipal. Pero si justamente hay una herramienta que podría contribuir a reducir la cuota burocrática y hacer más eficiente el gasto, esa es la inteligencia artificial. El clientelismo y la politiquería han inflado innecesariamente la nómina pública. Son empleos que, en su mayoría, no responden a necesidades reales de la ciudadanía, sino a compromisos políticos que drenan los recursos y perpetúan la corrupción. Y mientras tanto, la posibilidad de liberar parte de esos fondos mediante el uso de inteligencia artificial es desestimada o ni siquiera considerada.
Los defensores del statu quo argumentarán que la burocracia “genera empleo”. Pero no se puede justificar un gasto insostenible bajo esa premisa, mucho menos cuando esos empleos son improductivos y obedecen a cuotas clientelistas. Lo que se necesita no es sostener puestos de papel, sino capacitar a los funcionarios de planta para que aprendan a usar herramientas de inteligencia artificial. Ese aprendizaje podría traducirse en servicios más eficientes para la ciudadanía, una gestión pública más ágil y un gasto más racional de los impuestos. El cambio no tiene que ser inmediato ni abrupto, pero sí constante, decidido y permanente. Lo que no es válido es que se nos venda la idea de una implementación “paso a paso” o “con calma” cuando la realidad es que la inteligencia artificial avanza a una velocidad vertiginosa, perfeccionándose a sí misma con cada día que pasa gracias a millones de usuarios en el mundo. Mientras en otras ciudades y países se multiplican los proyectos y la innovación, en Tunja seguimos mirando con recelo, como si la IA fuera un enemigo y no una herramienta a nuestro servicio.
El miedo, la indiferencia o incluso la hostilidad hacia la inteligencia artificial son actitudes que solo retrasarán el desarrollo de nuestra región. La administración pública debería liderar con el ejemplo, promoviendo su aprendizaje y uso no solo entre estudiantes o funcionarios, sino en toda la ciudadanía, sin importar edad, género, raza o cualquier otra condición. Y si las autoridades siguen dándole la espalda, la ciudadanía tendrá que exigir con mayor fuerza la implementación de programas serios de capacitación y el uso responsable de la inteligencia artificial. Porque además de modernizar los servicios públicos, ello significaría reducir costos de funcionamiento y liberar recursos para obras urgentes y para inversión social, que siempre se nos dice que no alcanza.
No hay excusa válida para seguir evadiendo esta discusión. La inteligencia artificial está transformando al mundo y Tunja no puede permitirse quedar al margen. El inmovilismo y la mediocridad nos condenarán a ser meros espectadores de una revolución que definirá el siglo XXI. La pregunta es sencilla: ¿Queremos ser protagonistas del futuro o resignarnos a repetir la historia de obras inútiles, burocracia insaciable y oportunidades perdidas?


𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
En política local estamos acostumbrados a los nombramientos por conveniencia, a los favores disfrazados de méritos y a la improvisación permanente. Pero lo que ocurre con el actual secretario del Interior y Seguridad Territorial de Tunja, David Suárez Acevedo, supera cualquier límite de tolerancia ciudadana. Este señor no solo no está preparado para ocupar el cargo que hoy ostenta, sino que, en apariencia, no tendría las capacidades ni siquiera para desempeñarse en otro puesto de la administración pública, más allá de que en su haber ostenta un largo listado.
Suárez Acevedo desconoce los asuntos que le corresponden directamente, se esconde de las comunidades que requieren mediación y rehúye a los periodistas que lo buscan para aclarar temas de interés ciudadano. No se trata de una opinión lanzada al aire: lo digo porque lo he evidenciado en carne propia.
La primera vez fue en la inauguración del Ecoparque del Oriente de Tunja. Ese mismo día, temprano en la mañana, la Alcaldía publicó un decreto que regulaba la ocupación del espacio público con unas medidas tan estrictas que resultan imposibles de cumplir en la práctica. Como periodista, quise preguntarle a Suárez Acevedo sobre este decreto. ¿Su respuesta? Dijo no conocerlo. Sí, el secretario del Interior de Tunja, responsable directo de esos asuntos, desconocía un decreto publicado oficialmente en la web de la Alcaldía. Increíble. Para curarse en salud, me dio su número telefónico y me pidió que habláramos al día siguiente. Pero decidí no llamarlo: ¿cómo podía aceptar posponer la respuesta a un tema dictaminado y divulgado a nivel público, que requiere de respuesta inmediata por lo delicado de la regulación, y del que se supone que al momento de estar publicado es de pleno conocimiento de quien lo vigila y regula? En lugar de esperar, traté de resolver la inquietud en la rueda de prensa de ese mismo día con el Alcalde. Esa decisión, a la vez que práctica, fue el reflejo de la indignación que me produjo la ignorancia de Suárez Acevedo sobre un decreto que estaba a la vista de todos. Para rematar, cuando busqué la respuesta en el propio alcalde Mikhaíl Krasnov, me encontré con el mismo desconocimiento: tampoco sabía qué había firmado.
La segunda vez ocurrió hace apenas unos días, cuando los habitantes del barrio Libertador, el más poblado de Tunja, me alertaron sobre la problemática que genera un bar que lleva meses perturbando la tranquilidad de la comunidad. Lo llamé. No contestó. Le escribí un mensaje corto y directo por WhatsApp. Jamás respondió. Ni una devolución de llamada, ni una excusa, nada. ¿Miedo? ¿Pereza? ¿O será que el dueño del establecimiento tiene algún padrino poderoso en la administración y Suárez Acevedo prefiere no incomodar? No lo sé, pero lo que sí es evidente es la cobardía de un funcionario que se supone debería velar por la seguridad y la convivencia de la ciudad.
Y no soy el único. Varios periodistas han intentado consultarlo sin éxito. Líderes comunales han requerido su presencia en problemas urgentes de sus comunidades, y él simplemente los ha ignorado. Todo esto mientras se pavonea diciendo que ocupa “el segundo cargo más importante de la ciudad”. ¿Cómo puede ser que alguien que ocupa semejante posición no sepa dónde está parado?
Suárez Acevedo no fue nombrado por mérito, ni por capacidad técnica, ni por trayectoria. Su nombramiento responde a intereses políticos, a compromisos inconfesables y a la necesidad de inflar la hoja de vida de un futuro candidato. Porque no nos digamos mentiras: todo apunta a que este señor será impuesto como candidato a la alcaldía de Tunja, o peor aún, como alcalde por vencimiento de términos de unas elecciones atípicas que parece que no se darán.
Lo más bochornoso, sin embargo, ha sido escucharlo hablar en público. A comienzo de esta semana se atrevió a pronunciar un discurso en el que aseguró, con tono mesiánico, que acabaría con la prostitución en Tunja. Un discurso populista, demagógico y cargado de odio hacia poblaciones vulnerables, a la vez que incendiario de los corazones de quienes le escuchaban. Como si la prostitución fuera a desaparecer por decreto, o mejor aún, por obra y gracia del “todopoderoso” Suárez Acevedo. Va tocar entonces endilgarle la labor de que saque la prostitución de las zonas céntricas de Bogotá, Medellín, Cartagena, Pereira, entre tantas otras ciudades que padecen esta situación. Propuso incluso llevarla a la periferia de la ciudad, una “solución” que ya ha sido discutida y descartada porque no es rentable para quienes ejercen ese oficio y porque solo empujaría la práctica hacia la clandestinidad. Con ello, no solo se multiplicarían los riesgos de trata y explotación, sino que se dificultaría cualquier control de salud pública frente a enfermedades de transmisión sexual. Propuesta que además evidencia el desconocimiento de Suárez Acevedo sobre la ciudad, pues tal propuesta ya fue discutida y descartada por anteriores administraciones.
Ese discurso fue la confirmación de que Suárez Acevedo no piensa, no proyecta, no planea. Solo improvisa con frases rimbombantes para pescar aplausos fáciles y alimentar sus aspiraciones políticas.
La ignorancia de este personaje alcanza niveles de vergüenza ajena. Basta recordar que criticó casi con asco la iniciativa de brindar duchas a los habitantes de calle en la antigua terminal de Tunja. Aseguró que era una decisión del SENA, cuando en realidad fue un proyecto impulsado por la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Un proyecto digno, humano, que no solo brinda confort y dignidad a una población vulnerable, sino que aporta a la salud pública de la ciudad. ¿Cómo es posible que un secretario de despacho no se entere ni siquiera de lo que se hace dentro de la misma administración que integra? ¿Cómo se puede confiar en alguien que no lee ni siquiera los comunicados oficiales de la Alcaldía que integra y de la que ocupa “el segundo cargo más importante”?
Mientras tanto, su aporte en actos públicos es tan nulo como risible. En la inauguración del Ecoparque, por ejemplo, se limitó a jugar ping pong y a posar para fotografías, pero por lo demás, ni discurso, ni aporte, ni entrevistas, ni nada ¿Qué más gráfico para ilustrar a un funcionario que confunde la oficina con un club recreativo?
Tunja no merece esto. No merece un secretario mediocre, ignorante, temeroso y populista en un cargo de tal relevancia. No merece ser gobernada por un títere que responde a intereses oscuros y que, para colmo, es primo de Luz Mila Acevedo, la poderosa directora de contratación de la Alcaldía. El poder detrás del poder, y razón misma por la que este personaje habría ingresado al gabinete municipal.
Lo que Tunja necesita es seriedad, capacidad, compromiso con la ciudadanía. Y lo que hoy tiene es a David Suárez Acevedo: un secretario perdido, un funcionario de adorno, un político de discurso barato que solo está calentando el puesto para intentar dar el salto hacia la Alcaldía.
Y si lo logra, si este personaje termina siendo impuesto como alcalde, que no nos sorprenda. Ya nos advirtió su propia ineptitud: no sabe dónde está parado.


𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒐𝒔
Con las banderas de Francia Márquez en alto, miles de mujeres colombianas y gran parte de los movimientos feministas apostaron por Gustavo Petro. Seamos sinceras, fue más un voto de confianza en Francia que en él. Hoy, a las puertas del cierre de su mandato, lo que queda es un panorama vergonzoso, lamentable, decepcionante y lleno de deudas con las mujeres.
Las frases machistas, la cosificación, la invalidación de su propio gabinete y la complicidad con figuras como Armando Benedetti (denunciado por presunta violencia de género) no son simples errores: son síntomas de un presidente que, en lugar de avanzar en derechos, retrocede.
El episodio más bochornoso ocurrido recientemente fue con Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos. En plaza pública, Petro la abrazó y decidió hablar de su vida privada y de su físico en lugar de su gestión. Hagamos pedagogía, ¿Por qué no está bien lo que hizo? Porque llevamos décadas exigiendo que se nos reconozca por nuestras capacidades, no por el cuerpo, la ropa o la vida personal. Porque en contextos de poder, ese tipo de comentarios no son halagos: son reducciones que incomodan y perpetúan la idea de que las mujeres ocupamos cargos por apariencia y no por mérito. Y porque, seamos honestas, jamás hemos escuchado a Petro decirle a un ministro: “qué guapo estás” o “te perdimos por casarte”. Eso es sexismo, punto.
Y no fue un hecho aislado. En un consejo de ministros, Petro soltó frases como que “algunas mujeres deberían tener conectado el clítoris al cerebro” o que “ciertas mujeres se embarazan de los Brayan”. El país se rió, lo convirtió en memes, pero lo grave es otra cosa: lo que debería conectar el Presidente es su lengua con el cerebro, y hacerlo con enfoque de género. Porque no es un chiste, es un presidente hablando en espacios oficiales. ¿De verdad ese es el concepto de “gran mujer” que tiene? ¿Ese es el debate que merece un consejo de ministros?
Ni siquiera quiero especular qué quiso decir. Lo que me pregunto es si era un consejo de ministros para tratar temas de salud, ¿Por qué no abordó las verdaderas brechas? ¿Qué pasa con el acceso de las mujeres rurales a servicios médicos? ¿Con las barreras para la IVE? ¿Con la salud menstrual que sigue siendo un privilegio en muchas regiones? ¿Dónde quedaron las promesas de campaña que hoy son letra muerta?
Y la lista sigue: cuando dijo que se la pasaba resolviendo conflictos entre mujeres en su equipo, como si el problema fuera el género y no la corrupción de algunos aliados; cuando habló de “feminismos que destruyen” para defender a Benedetti, desconociendo la lucha de los mismos movimientos que lo apoyaron; o cuando calificó de “muñecas de la mafia” a las periodistas del país. Un patrón, no un lapsus.
Más allá de las palabras, los hechos también hablan. El Ministerio de Igualdad, que pudo haber sido una conquista histórica, terminó siendo un cúmulo de escándalos y burocracia. Su ejecución presupuestal no supera el 4%, mientras las necesidades en los territorios son urgentes. ¿De qué sirve asignar más de 500 mil millones de pesos para 2026, si no se sabe en qué se gastarán ni cómo mejorarán la vida de mujeres, jóvenes o población LGBTIQ+? Hoy esa cartera es más símbolo de frustración que de igualdad.
A estas alturas, lo que queda es un sinsabor: la primera presidencia progresista de Colombia, en la que tantas depositamos confianza, nos deja igual o peor que las anteriores en materia de género. Y no, esta no será la última columna sobre el tema, porque lo que está en juego no es Petro ni su ego, sino la vida y la dignidad de las mujeres y niñas en un país que todavía no aprende a respetarlas.
Ojalá alguien le recuerde al presidente que el cargo que ocupa exige estar a la altura. Porque cada vez que reproduce los mismos patrones machistas que tanto daño nos han hecho, no solo decepciona: confirma que aún estamos muy lejos de tener un gobierno verdaderamente feminista.


𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨. 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 𝑹.- 𝑪𝒓(𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
Muchos se sorprendieron al escuchar al presidente Petro insinuando la posibilidad de retomar las aspersiones aéreas para frenar la innegable “bonanza” de cultivos ilícitos que se ha dado en el país durante su gobierno, postura que coincidió con la de Maduro invitando a EE.UU. a trabajar conjuntamente para combatir el narcotráfico.
Y aunque algunos atribuyen lo anterior a estratagemas de posicionamiento para adueñarse de la narrativa pública, lo que realmente hay son bandazos sacrificando su ideologizada política internacional, con el objetivo de enfrentar el poder de unos EE.UU. gobernados por Trump con su política antidrogas que, además de la posibilidad de la descertificación, incluyó el despliegue en el mar Caribe de la flota naval del Comando Sur dispuesta a todo, menos a respetar el DIH. Es decir, ante la espada de Damocles del poder de Trump, Petro y Maduro tratan de enfrentarlo, no con la fortaleza de una política internacional estratégica, sino mostrándose como dos presidentes inconsistentes, cuyo periplo de poder se acerca al borde de la tumba política e histórica.
Es que, en occidente, donde nacieron las ideologías, hace tiempo que estas se destiñeron. Hubo una época en la que las actuaciones políticas eran efectivamente ideológicas. En realidad, a pesar de llevar el morfema ideo, las ideologías tenían poco que ver con las ideas y sí mucho con medias verdades, pasiones, y, en casos extremos, odios. Sin embargo, en el fondo había unos principios y esos principios tenían que ver, de algún modo, con lo ético: las ideologías no fallaban por lo que veían sino por lo que no veían, es decir, no eran percepciones del todo falsas sino incompletas. Eso sí, la posibilidad de funcionar con principios cambiantes, según las conveniencias, ha estado siempre presente: “la política es dinámica” han dicho muchos para disfrazar su incoherencia. O, como dicen los nihilistas posmodernos “los principios no existen, solo existen las sensaciones. Y todo depende de ellas”.
Ahora bien, ampliando la mirada se constata que se sigue utilizando la fraseología ideológica en las batallas políticas, pero, en el mundo en su conjunto y en cada país, la lógica que se impone es la del poder. Esto se ha podido ver, por ejemplo, desde la segunda victoria de Trump. ¿Cuál es su ideología? ¿Qué quiere decir “Republicano”? Su ideología es su capricho y sus negocios, las posibilidades que le da el poder. Su voluntad ha hecho que cambie el escenario mundial. Se podrían poner de acuerdo Trump, Xi Jinping y Putin en repartirse las influencias en el mundo. No por coincidencias en ideologías - en principio opuestas: uno liberal conservador de lo propio; otro, leninista-capitalista; otro, excomunista nacionalista-sino por la mostrenca realidad del poder.
Lo cierto es que la más afectada cuando se impone la lógica del poder, es la libertad. No la libertad en abstracto, sino la libertad individual. Si eso no se advierte con claridad se debe a esa posibilidad que advertía Alexis de Tocqueville en el primer tercio del XIX, cuando observó que muchas personas, de forma más o menos consciente, aceptaban una situación de menos libertad a cambio de una mayor seguridad. Lo mismo que, desde el siglo XVI, advirtió Étienne de la Boétie cuando escribió sobre la “servidumbre voluntaria”.
Aún más, la tan cacareada globalización puede ser también globalización de esa servidumbre. Ya no hay siervos de la gleba, pero sí del globo. Empresas de comercio o de comunicación están hoy en manos de cuatro o cinco personas. Se nos regula la vida con ignorados algoritmos. Como hay que vender y vender para que la máquina siga funcionando, las incitaciones a la compra son continuas y constantes. Hubo un tiempo en el que hasta los diarios publicaban poemas. Hoy dependen de la poca prosa de la publicidad que les queda.
Si hay algo que le molesta al poder es tener que compartirlo. Y si hay algo en lo que se empeña diariamente es en aumentarlo. Quien tiene el poder, cualquiera que sea la forma de adquirirlo, llega a pensar que esa es su naturaleza: nacido para mandar. Es la lógica de las dictaduras. Pero también en democracia se puede dar un aferramiento al poder por el procedimiento de cambiar de principios cada vez que convenga. Por esto, y por enésima vez, Petro lanza el globo de que “hay que convocar una constituyente” para provocar a la oposición.
Lo más adverso de todo esto es que el individuo aislado no puede hacer casi nada para defenderse. Necesita una mediación, y así nacieron los partidos políticos. Pero dentro de los partidos también puede funcionar la lógica del poder y todo puede acabar dependiendo de la voluntad de uno, a no ser que se tornen realmente democráticos en el marco de un Estado de derecho.


𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂-𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒕𝒂 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝑰𝑨
Hace pocos días conocimos que Tunja es la tercera ciudad de Colombia con mayor índice de emprendimiento. Un logro que nos llena de orgullo. Sin embargo, tras ese reconocimiento hay una realidad que merece ser contada: el sacrificio, la resiliencia y la creatividad que caracterizan a cada emprendedor tunjano. Hoy te invito a mirar el detrás de cámaras del emprendimiento en nuestra ciudad.
𝗟𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱𝗼𝗿 𝘁𝘂𝗻𝗷𝗮𝗻𝗼
Multiplicidad de roles: La mayoría comienza solo, siendo gerente, vendedor, community manager, contador y hasta mensajero.
Inseguridad económica: Muchos emprenden por necesidad más que por oportunidad, con márgenes de ganancia ajustados y recursos limitados.
Aprender sobre la marcha: La falta de formación empresarial formal hace que talleres gratuitos, tutoriales y networking se conviertan en sus principales maestros.
𝗘𝗰𝗼𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝘃𝘀. 𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀
Aunque Tunja cuenta con programas de apoyo, capacitaciones y convocatorias, la realidad es más compleja:
Información dispersa y trámites complicados: Muchos emprendedores no acceden a los recursos por desconocimiento o procesos engorrosos.
Competencia intensa: Gastronomía, belleza, diseño y comercio digital están saturados, lo que hace difícil diferenciarse.
Mercado local limitado: La población es reducida. Para crecer se requiere pensar en digital o crear alianzas regionales.
𝗕𝗮𝗿𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗲𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀
Miedo al qué dirán: En ciudades pequeñas la reputación pesa, y un fracaso puede frenar nuevos intentos.
Poca cultura colaborativa: Falta más unión entre emprendedores para compartir recursos y clientes.
Impacto familiar: Muchas veces la familia presiona para buscar empleos “seguros” en lugar de arriesgarse a emprender.
𝗢𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́𝗻 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗯𝗮𝗺𝗯𝗮𝗹𝗶𝗻𝗮𝘀, 𝗻𝗼 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝘀𝗼𝗻 𝗼𝗯𝘀𝘁𝗮́𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀
Universidades como semilleros: Estudiantes y recién graduados son fuerza creativa y laboral para muchos negocios.
Mujeres emprendedoras: Programas como ‘Crece Mujer Emprendedora’ generan redes de apoyo e innovación.
Alianzas estratégicas: Asociarse con fotógrafos, diseñadores y agencias digitales impulsa el crecimiento y la visibilidad.
𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐟𝐫𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨:
𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐨𝐬
- Miedo al fracaso y a perder estabilidad.
- Falta de mentalidad empresarial y visión a largo plazo.
- Escasa formación en marketing digital y finanzas.
- Resistencia a innovar en sectores tradicionales.
𝗘𝘅𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼𝘀
- Mercado pequeño y competitivo.
- Dificultades para acceder a financiamiento.
- Visibilidad restringida por falta de estrategias digitales.
- Dependencia excesiva de programas institucionales.
𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀
- Mentalidad de “pequeño negocio” sin visión de escalabilidad.
- Escasa cultura de colaboración empresarial.
- Influencia familiar en decisiones de riesgo.
- Marketing: Lecciones desde la vida real
𝗨𝗻 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗲𝗱𝗼𝗿 𝘀𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮𝗰𝗮𝗱𝗲́𝗺𝗶𝗰𝗮 𝗮𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗶́𝗮𝘀:
- Sabe lo que prefieren sus clientes potenciales
- Saluda por el nombre y da crédito a quien confía.
- Coloca carteles llamativos con ofertas.
- Escucha a la gente y adapta su inventario.
- Eso es marketing auténtico: entender personas, conectar y ofrecer valor real. No se trata solo de publicidad bonita o redes sociales, sino de observar, escuchar, adaptarse y construir relaciones.
- El arte del pricing: vender con la mente y el corazón
- Fijar precios no es solo sumar costos
- Comparación social: Si otros ya lo compraron, el precio parece más confiable.
- Precio por unidad de valor: “Solo $10.000 por cada lección que transforma tu negocio”.
- Precio emocional: “Invierte $150.000 para ganar claridad y enfoque, no solo por una asesoría”.
- El precio puede conectar con la mente, pero también con las emociones.
- Lo que la teoría no te cuenta
- Los libros enseñan conceptos, pero la vida real enseña lecciones más profundas
- Una propuesta de valor es una promesa que debes cumplir.
- Muchos planes de marketing no sobreviven al primer mes.
- Posicionar una marca es tan importante como vender.
- Y poner precio a tu trabajo… también es emocional.
- La teoría es necesaria, pero la experiencia es el verdadero maestro.
Hace pocos días orienté a treinta y ocho emprendedores en manejo de herramientas digitales en mi ciudad, observe que la motivación y la fe son inquebrantables, que vivir con un auto salario del menos del mínimo es una bendición para el mes. Pero lo que me causó curiosidad es que acá se aprende del error y la corrección de este sin lamentarse.
Está claro que en el camino del emprendimiento hay mucho por cocrear y coadyuvar. Algunos emprendedores tienen procesos sólidos, pero les cuesta delegar, otros dominan las redes pero temen autogestionar su propia publicidad, o simplemente no conocen las herramientas ideales para hacerlo.
Lo que realmente me enorgullece es ver la actitud y la aptitud de estas personas, su deseo genuino de salir adelante y aprender en el camino.
Sin embargo, también es evidente que, si las entidades de fomento y la Cámara de Comercio no se involucran activamente, el tejido social y este semillero de empresas tardarán mucho más en convertirse en casos de éxito.
𝗥𝗲𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗼́𝗻 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹
El emprendimiento en Tunja es pasión, riesgo y aprendizaje constante. Detrás del orgullo por ser una ciudad emprendedora hay historias de sacrificio, creatividad y alianzas que hacen posible cada proyecto.
El desafío ahora es unir conocimiento, colaboración y visión para que nuestros emprendedores no solo sobrevivan, sino que crezcan y trasciendan fronteras.
El emprendimiento necesita apoyo los 365 días del año, no solo cuando se nos otorga el título de ciudad emprendedora. En nuestra región no contamos con grandes empresas que respalden este ecosistema; depender únicamente del sector público no es sostenible. Se requiere la participación de todos los actores: instituciones, empresas privadas, universidades y la misma comunidad emprendedora, para construir un verdadero entorno de crecimiento y oportunidades.
#Editorial
𝐌𝐚́𝐬 𝐚𝐥𝐥𝐚́ 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐣𝐚: 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐞𝐯𝐚𝐝𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨


La reciente instalación de una reja en el puente peatonal del barrio Santa Inés, como parte de un operativo municipal, pretende ser mostrada como una solución al problema de habitabilidad en calle que representa la mujer que por años permaneció en ese lugar. Sin embargo, esta medida no cambia su condición: lo único que ha conseguido es que ella se mueva del puente al frente de la iglesia del barrio, a escasos metros de distancia. Esta mujer nunca ha dejado de estar en la calle ni va a dejar de estarlo mientras no haya soluciones de fondo.
En otras palabras, el operativo no resuelve el problema como tal, solo lo desplaza. La presencia de habitantes de calle en Tunja, como ocurre en muchas ciudades, es un fenómeno complejo que no puede atenderse únicamente con medidas de control del espacio público. La dinámica del barrio aún no se ha transformado; lo que podría transformarse, más bien, es la manera en que como sociedad enfrentamos la exclusión, el consumo problemático de sustancias y la falta de políticas públicas sostenidas.
Es clave reconocer que esta mujer, si bien puede generar incomodidad social, también ha sido víctima de un proceso de estigmatización alimentado por prejuicios ciudadanos. Se le ha responsabilizado de que el puente “era peligroso” por su sola presencia o de que “era una cochinada” por su culpa. Y si bien la esquina que habitaba estaba en efecto sucia y generaba un mal aspecto, no es cierto que todo el puente estuviera en esas condiciones. Del mismo modo, tampoco hay registros en la Policía que prueben que ella haya agredido a alguien, cometido un hurto o sido capturada por algún delito. Ni siquiera los medios de comunicación locales han reportado algo distinto: cada vez que aparece en prensa es porque le han desalojado o recogido sus pertenencias. Incluso el señalamiento de que “el puente olía horrible” cuando ella estaba allí es falso: el puente no olía a nada. Lo que generaba incomodidad era la apariencia estética del lugar y la sensación de abandono, que muchos exageraron hasta convertirla en un argumento de odio.
También hay que decir que esta mujer encuentra en la iglesia del barrio un punto de apoyo: suele asistir a las eucaristías en la mañana y varios feligreses le brindan ayuda, ya sea con dinero o alimentos. Seguramente el presidente de la Junta de Acción Comunal, al contactar a las autoridades para pedir el operativo, nunca midió que ella buscaría quedarse cerca de estos apoyos, pues allí tiene parte de su supervivencia cotidiana. Al sacarla del puente, lo que ocurrió era lo más previsible: que buscara otro espacio cercano para permanecer. El resultado es que ahora el problema se desplazó al corazón mismo del barrio, con el riesgo de que otros habitantes de calle vean ese asentamiento como una señal para instalarse también. Esto podría iniciar un proceso de deterioro social que ni la presencia intermitente de la Policía ni una reja van a contener de manera permanente.
Por eso, insistir en los cerrojos como solución es errático. Lo que se necesita es una política pública seria y sostenida que reconozca la complejidad del fenómeno. En otras ciudades del mundo se han ensayado alternativas que podrían inspirarnos aquí. En Tunja podríamos empezar de manera modesta, con pasos pequeños pero firmes:
- Lockers temporales para que los habitantes de calle tengan dónde guardar sus pertenencias sin invadir el espacio público.
- Albergues de baja exigencia en alianza con ONGs e iglesias, que ya trabajan en el acompañamiento de estas personas. Estos albergues se diferencian de los tradicionales porque no imponen la condición de estar sobrio para acceder. Permiten la entrada incluso a quienes aún consumen alcohol o sustancias, y desde allí, con acompañamiento psicosocial se trabaja en la reducción del consumo y en la construcción de confianza. Han sido implementados en ciudades como Bogotá, Medellín, Montevideo y Santiago de Chile, y los estudios muestran que disminuyen la mortalidad en calle, reducen los problemas de orden público asociados y facilitan que las personas inicien procesos voluntarios de rehabilitación. En Santiago, por ejemplo, los programas de “albergues de baja exigencia” reportaron un aumento de más del 40% en la adherencia a servicios de salud entre sus beneficiarios.
- Pilotos de “vivienda primero”, a pequeña escala, para comprobar si es posible abrir una ruta real de integración. Esta estrategia, conocida internacionalmente como “Housing First”, se basa en ofrecer una vivienda estable e inmediata a las personas (de 4 a 10) sin hogar, sin exigirles antes superar adicciones o cumplir con requisitos previos. La lógica es que nadie puede reconstruir su vida si no tiene dónde dormir seguro. En Finlandia, este modelo redujo en más del 30% la población sin techo en una década; en Estados Unidos y Canadá, las evaluaciones han mostrado que más del 80% de quienes acceden a una vivienda logran mantenerse en ella después de un año, con mejoras en salud mental y reducción del consumo problemático.
- Y, sobre todo, mediación comunitaria: porque no sirve de nada poner rejas si no hay diálogo con el barrio ni con la persona afectada.
Es importante también subrayar que, aunque socialmente puede generar indignación o rechazo que alguien permanezca bajo refugio estatal mientras enfrenta adicciones a sustancias psicoactivas o alcohol, la estrategia no debe centrarse en perseguir o castigar a la persona. La prioridad debe ser ofrecer vías de reinserción, acompañamiento y apoyo para que pueda reconocer que tiene un problema y, desde allí, propiciar que abandone sus adicciones y reconstruya su vida. La oportunidad de un intento, la creación de conciencia y el acompañamiento profesional son esenciales: solo persiguiendo o expulsando no se logra superar la adicción ni la exclusión social.
Y aquí también hay una tarea para la ciudadanía. No basta con indignarse o con aplaudir cuando ponen una reja: hay que dar un paso más allá y plantear soluciones. Los vecinos, las juntas de acción comunal y cualquier persona interesada pueden hacer el enlace con la Alcaldía o con las autoridades competentes para buscar ONGs que financien proyectos como los albergues de baja exigencia, duchas comunitarias o programas de reducción de daños. Si esperamos a que el municipio lo haga solo, lo más probable es que no pase nada. La presión y la iniciativa ciudadana son claves para que estas alternativas puedan tener recursos y despegar.
Es evidente que la reja no soluciona nada de fondo, si así fuese, bastaría con poner rejas en todo sector de la ciudad en donde permanece un habitante de calle. Lo que Tunja necesita es reconocer que este no es un asunto de ornato urbano, sino de derechos humanos, salud pública y convivencia. Mientras sigamos pensando que la exclusión se resuelve con un candado, estaremos condenando a repetir la misma escena: operativos que desplazan, rejas que se oxidan, y una deuda social que se acumula.


𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
Colombia se ha convertido en un auténtico paraíso del crimen. Un país donde la corrupción no solo existe, sino que se sostiene con firmeza sobre el bastión más podrido de todos: el sistema judicial. Ese aparato ineficiente y corrupto que, con toda su pompa, se presenta como garante de derechos, cuando en realidad es únicamente garantista con los victimarios. Aquí no hay ley, no hay orden, no hay nada. Lo que hay es un terreno fértil para que cada quien haga lo que le dé la gana, sin castigo, sin consecuencia, sin el más mínimo reproche.
Un grandísimo ejemplo de esta grotesca podredumbre lo tenemos en Tunja, con el alcalde Mikhail Krasnov. El hombre ha hecho del sistema judicial colombiano su propio circo personal. Ha recurrido a toda clase de maniobras y artimañas para dilatar su proceso de nulidad electoral y las investigaciones penales en su contra: excusas médicas tan rebuscadas como ridículas, como ese “dolor torácico” certificado en urgencias con un simple papel que se le entrega a cualquiera que lo pida; solicitudes absurdas como la de un traductor ruso, a pesar de llevar veinte años viviendo en el país; comparecencias sin apoderado cuando la norma exige lo contrario y se le ha avisado con la debida antelación. Todo lo ha hecho para burlarse del sistema. Y lo peor de todo es que el sistema se lo permite, se ha salido con la suya. O más bien, se han salido con la suya porque tinterillos, fiscales y jueces han sido cómplices de todo esto.
Vomitivo es poco. Es repulsivo que un aparato judicial que se proclama honorable se preste para este tipo de farsas. El discurso solemne de que la inasistencia a audiencias acarrea “gravísimas consecuencias” se derrumba en la práctica: aquí el victimario puede no asistir a cuantas audiencias quiera, y no pasa absolutamente nada. Así ocurrió en la imputación de cargos contra Krasnov y la exgestora social Sara Pedraza. Ella no asistió dos veces seguidas, sin justificación alguna, y ni siquiera su abogado sabía explicar su ausencia. El defensor público relató indignado que era imposible contactarla. ¿Y cuál fue la consecuencia? Ninguna. El fiscal, cómodo en su silla, ni siquiera pidió la contumacia. Eso no es negligencia, es complicidad.
El resultado es claro: al victimario se le garantiza todo el debido proceso; a las víctimas, nada. Este cáncer no se limita a las altas esferas del poder y el dinero. También los delincuentes de a pie, los que roban un celular, golpean a su pareja o realizan estafas con plata de bolsillo a ciudadanos del común, encuentran refugio en un sistema que considera sus delitos como “bobadas” o “daños menores” y que se niega a “desgastarse” en atenderlos. La justicia colombiana, inepta, cobarde y mediocre, protege al malandro callejero con la misma indulgencia que al banquero poderoso o al político corrupto, aunque en el caso de estos últimos suele ser todavía más garantista.
Y lo digo con conocimiento de causa. He tenido que rogar por una citación a conciliación. Tres veces los victimarios no asistieron y la Fiscalía, en lugar de aplicar la amenaza de “gravísimas consecuencias” que estampa en sus papeles, simplemente les dio otra y otra oportunidad. ¿Resultado? Impunidad. ¿Consecuencia? Cero. Una farsa más en un sistema diseñado para agotar a las víctimas, para obligarlas a resignarse.
Es lo mismo que ocurre cuando un ciudadano común hace un negocio verbal, como sucede a diario en la sociedad de a pie, y es estafado. El sistema obliga a pagar una conciliación que no conduce a nada, porque los montos son bajos y el proceso judicial termina siendo más costoso que la estafa misma. Así, la justicia obliga al ciudadano a aceptar la pérdida y resignarse al abuso. Esa es la justicia colombiana: una covacha inmunda y hedionda donde fiscales y jueces se entrepiernan con corruptos, bandidos, sicarios y violadores.
En un país decente, Krasnov ya estaría destituido y tras las rejas. En un país decente, y no en este con justicia de república bananera, la Asamblea de Boyacá ya habría cumplido el fallo de tutela que le ordena sesionar para dar participación ciudadana en una sesión en la que hizo hasta lo imposible para negarla. Pero no: aquí se excusan en que “la Asamblea no está sesionando” y, cuando les conviene, convocan extraordinarias no solo para cumplir con la tutela, sino para meter otros asuntos al gusto y acomodo del Gobernador, a quien la Asamblea le aprueba absolutamente todo sin cuestionamiento alguno. La Asamblea no es más que un comité de aplausos. Si convocan otro periodo de extraordinarias de más de una sesión, los corruptos ganan, la sociedad paga.
¿Y todavía se atreven a exigir respeto hacia esta cloaca de justicia? No hay razón alguna para respetar un aparato judicial que solo siembra impunidad. Esa ineficacia es precisamente la que alimenta el deseo de justicia por mano propia: “Si el Estado no me garantiza que mi victimario me devuelva mi dinero o pague sus delitos, entonces prefiero comprar un revólver y hacerlo yo mismo”. Ese pensamiento, por más peligroso que sea, se extiende cada vez más en una sociedad cansada del abuso.
Lo dije antes y lo repito: la próxima vez que en Colombia viva un estallido social, debería ser contra jueces, magistrados y fiscales, esos cómplices del crimen que tienen al país hundido en la impunidad, en la miseria y en la guerra.
Necesitamos una reforma a la justicia, pero no esa que buscan los gobiernos como el actual, y como varios de los que lo precedieron, que tienen como fin ablandar las penas bajo el pretexto de que “los delitos son menores”. No. La reforma que Colombia necesita es para endurecer penas, acabar con los rodeos, castigar sin piedad al victimario. Ya hemos visto cómo guerrilleros, paramilitares, narcos, delincuentes comunes y corruptos se aprovechan del garantismo: no se arrepienten, no reparan, solo se burlan. Eso de que “el pobre es pobre porque quiere” cobra un sentido retorcido: cualquiera podría llenarse de plata robando celulares o estafando, porque en Colombia delinquir no tiene consecuencias.
Quienes decidimos no cruzar esa línea lo hacemos no porque el sistema nos lo impida, sino porque nuestra conciencia no nos deja dormir. Pero a diario tenemos que soportar el cinismo de escuchar que todo se hace en nombre de “los derechos humanos”. ¿Y los derechos de las víctimas? ¿Acaso no somos humanos?
Emilio Tapia lo dijo sin pudor: robaba y seguía robando porque sabía que en Colombia no hay castigo. Cinco años de casa por cárcel en una mansión mejor que el hogar del 95% de los colombianos no es castigo: es premio. Un parásito como él no debería conservar ni su casa, ni sus lotes, ni sus comercios, ni siquiera la mugre de las uñas, o cuando mucho sus calzoncillos para que no exponga sus miserias. Lo cierto es que a personajes como esto tendría que expropiárseles absolutamente todo, para que comiencen de cero, con esfuerzo y dedicación, sin que cuenten siquiera con un celular, y que sus mismos contactos y conocidos sientan vergüenza de relacionarse con él. Ese debería ser el verdadero castigo a quienes saquean el erario, pero ya está visto que es todo lo contrario, pues hasta se dan el lujo de demandar al Estado, al mejor estilo de Miguel Nule.
Colombia tiene sed de justicia y hambre de castigo a la corrupción. Este sistema nauseabundo no merece el más mínimo respeto. No exagero al decir que nuestro país se acerca peligrosamente a la categoría de Estado fallido sin cumplir con cada uno de los componentes para considerarse como tal, pues el altísimo grado de impunidad habla de un Estado incapaz, en el que ni existe ni orden ni ley, ni nada.
Por eso escribo esta columna sin miedo de decir todo lo que he dicho, pues si se me antoja no voy siquiera a una audiencia de conciliación y me salgo con la mía. Aquí nadie paga nada, así que poco importa. Lo que sí importa es que la gente despierte, que se rebele contra este aparato judicial perezoso, mediocre, cobarde, corrupto y cómplice.
Ya estuvo bien de ser condescendientes con los delincuentes. Es hora de decir basta. O reformamos la justicia de raíz o la justicia por mano propia terminará imponiéndose. Y cuando eso ocurra, los primeros responsables serán quienes hoy, con toga y birrete, siguen encubriendo a los victimarios mientras la sociedad entera se desangra.
#Opinión #Boyacá #VidaDeHoy
𝐏𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬: 𝐥𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐦𝐮𝐣𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́


𝑷𝒐𝒓: 𝑮𝒊𝒏𝒂 𝑹𝒐𝒋𝒂𝒔 𝑯𝒐𝒚𝒂𝒔
La Gobernación ha anunciado la contratación de un estudio cercano a los 400 millones de pesos para medir la percepción ciudadana sobre seguridad, bienestar y calidad de vida en los 123 municipios del departamento. Una apuesta ambiciosa que, en principio, busca llenar un vacío histórico: la falta de información confiable para planear políticas públicas basadas en evidencia. Bien por eso.
Vale la pena aprovechar este anuncio para recordar que, desde otros escenarios sociales, ya hemos venido adelantando ejercicios similares, con recursos propios y desde el compromiso ciudadano, para evaluar la seguridad de Boyacá con enfoque de género. Y esta columna busca precisamente compartir esa experiencia.
A través de nuestra Fundación Sobreviviente recogimos las voces de 438 mujeres de distintas provincias, edades, territorios y realidades. Los resultados son claros y también dolorosos:
● El 74% de las encuestadas no se sienten seguras en sus municipios.
● El 61% ha vivido o conoce un caso de violencia en los últimos seis meses.
● La violencia más común es la psicológica (59%), seguida de la física y la económica.
● El 78% percibe las calles y los espacios públicos como los lugares más inseguros.
● Muchas no denuncian por miedo, desconfianza o porque las instituciones les fallaron.
Parte del análisis que se desprende de estos resultados es que, pese a que insistentemente se repite que Boyacá es uno de los departamentos más seguros del país —incluso equiparado en ocasiones con territorios europeos—, las mujeres no nos sentimos seguras ni protegidas por un Estado que le ha fallado, una y otra vez, a las víctimas.
También, que aunque todo suele cuantificarse en cifras de homicidios y se enaltezca la reducción de muertes, existen violencias silenciosas que destruyen vidas de manera menos visible. Violencias que, aunque no siempre terminen en un feminicidio, pueden derivar en un suicidio, por ejemplo.
Y para completar el panorama, no contamos con calles seguras y, si algo nos sucede, es probable que terminemos guardando silencio porque no confiamos en la institucionalidad.
Más que percepciones, estas cifras son hechos que atraviesan la vida cotidiana en los hogares, en las calles y en las instituciones, reforzados por testimonios como:
“A veces se llama a la Policía y ni contestan”.
“En la comisaría están de parte del agresor (o me confrontaron con él)”.
Desde que planteamos la encuesta a comienzos de este año, nuestro propósito ha sido que estos datos se conviertan en acciones estatales, en prevención y en justicia con enfoque diferencial. Lo cierto es que vamos lento. Hemos expuesto los resultados en diferentes escenarios y, hasta el momento, solo hemos logrado que sean insumo para el Observatorio Departamental de Asuntos de Género.
Es decir, la voz de las mujeres ya está en la mesa de decisiones. Lo que corresponde ahora es que quienes tienen la responsabilidad de responder la escuchen y asuman compromisos que trasciendan los “toures” institucionales que lucen bien en la foto, pero que pocas veces pasan de la sensibilización.
Ojalá que estos planes sobre percepción ciudadana —que seguramente se inspiran en ejercicios como el que nosotras realizamos— se conviertan en esfuerzos complementarios, y no en iniciativas que terminen minimizando, ignorando o archivando lo que ya está dicho. El reto es que se diseñen e implementen con enfoques diferenciales, a la altura de la diversidad y complejidad de nuestro territorio.
Si quieres conocer nuestros resultados de la encuesta, da click en este enlace https://drive.google.com/.../1lyAZ1TXLVAjWbT50q0pVFU.../view


𝑷𝒐𝒓: 𝑱𝒉𝒐𝒏𝒂𝒕𝒉𝒂𝒏 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒆𝒍 𝑺𝒂́𝒏𝒄𝒉𝒆𝒛 𝑩𝒆𝒄𝒆𝒓𝒓𝒂- 𝑯𝒊𝒔𝒕𝒐𝒓𝒊𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒚 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒖𝒍𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍
En medio del turbulento escenario político de Tunja, la figura del alcalde Mikhail Krasnov ha encendido un debate tan necesario como complejo. Lo que está en juego, más allá de la valoración de una administración cuestionada por evidencias de inhabilidad, escándalos y actuaciones reprochables, es la forma en que la ciudadanía asume su papel frente al poder. En este contexto, las columnas de opinión se revelan como un espacio fundamental para la formación ciudadana, pues permiten ir más allá de los eslóganes emocionales y del ruido de las redes sociales, hacia una conversación pública sustentada sobre argumentos, análisis y pensamiento crítico.
𝗟𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗺𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗲𝗷𝗲𝗿𝗰𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗼
Escribir una columna de opinión no es simplemente escribir lo que uno piensa, su punto de vista; es un ejercicio de investigación, interpretación y responsabilidad. En un país como Colombia, donde la democracia aún enfrenta grandes desafíos, estas piezas son herramientas que permiten hacer contrapeso a la desinformación y al populismo. Por eso, su valor radica no solo en la libertad que las ampara (consagrada en los artículos 20 y 73 de la Constitución), sino en su potencial para abrir debates, cuestionar narrativas dominantes y cimentar el camino para una ciudadanía más informada y menos manipulable.
La ciudadanía es un concepto que se construye, en parte, en espacios públicos donde se confrontan ideas, se sopesan argumentos y se deconstruyen mitos. Generalmente, en estos espacios, los autores firman sus textos y se enfrentan de cara a las controversias (no se esconden detrás de perfiles falsos u ofensas personales. Las columnas de opinión, en ese orden de ideas, cumplen una función pedagógica: le enseñan al lector a leer la realidad desde diferentes puntos de vista y a distinguir entre una opinión sustentada en razones y otra motivada únicamente por afectos o lealtades personales.
𝗟𝗮 𝗼𝗽𝗶𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗮 ¿𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗲𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗹𝗮 𝗿𝗮𝘇𝗼́𝗻?
El caso de Tunja con el alcalde Krasnov es un ejemplo de cómo se puede fracturar la opinión pública entre dos polos: la emocionalidad y la racionalidad. Por un lado, están quienes lo defienden con vehemencia, incluso frente a evidencias claras de irregularidades. Sus argumentos suelen estar cargados de justificaciones falaces: “pero si todos lo han hecho”, “por lo menos es diferente”, “tiene buenas intenciones”, o peor aún, “déjenlo robar, como todos los demás”. Esta posición, más que un análisis, es una reacción visceral, un acto de fe política que ignora los hechos en nombre de la simpatía personal.
Por otro lado, están quienes lo critican desde la razón, usando argumentos sustentados en documentos, datos, decisiones judiciales y hechos verificables. Esta postura no busca destruir o ser radical, por el contrario, exige coherencia, rendición de cuentas y legalidad. En lugar de caer en el juego de la polarización, invita al análisis, al debate informado y al ejercicio de la crítica como forma de defensa de lo público.
La gran diferencia entre estas dos posiciones no es solo ideológica, sino epistemológica: una se basa en la creencia, la otra en la evidencia. Una se deja guiar por la emoción, la otra por la razón.
¿𝗤𝘂𝗲́ 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱𝗮𝗻𝗶́𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼𝘀?
La frase que circula con fuerza entre los defensores del alcalde, “si otros robaron, ¿Por qué él no puede?”, es alarmante. No solo naturaliza el delito, sino que lo legitima como parte del ejercicio del poder. Este tipo de lógica emocional, resignada y cínica, demuestra el daño profundo que ha hecho la corrupción estructural en Colombia: ha degradado nuestras expectativas sobre lo público, al punto de convertir el saqueo en una costumbre tolerable.
Frente a esta visión empobrecida de la política, es urgente fortalecer espacios que promuevan el pensamiento crítico. Las columnas de opinión tienen el deber ético de no sumarse a la propaganda, sino de desnudar sus mecanismos. No se trata de dictar cátedra desde una supuesta neutralidad, porque toda opinión tiene una posición; sino de invitar al lector a pensar por sí mismo, a informarse, a contrastar fuentes, a no dejarse arrastrar por el aplauso fácil o la indignación superficial.
#Editorial
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚, ¿𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐣𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐢́𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨?


Hace unos días el Consejo Privado de Competitividad presentó el Índice Subnacional de Emprendimiento 2025, según el cual Bogotá, Medellín y, sorpresivamente, Tunja son las tres ciudades con mayores condiciones favorables para crear empresa en el país. La noticia fue recibida con orgullo por la Alcaldía de Tunja, que no dudó en presentarla como un estudio de gran rigor y en convertirla en bandera de gestión. Sin embargo, lo que a primera vista parece un motivo de celebración se convierte, al revisar con detalle, en un simple espejismo estadístico.
El propio informe del Consejo es claro en señalar que se trata de un sondeo y no de un estudio científico. Se trata de un ejercicio exploratorio de percepciones que, en el caso de Tunja, se apoyó en las respuestas de apenas 17 personas. Es decir, un número irrisorio si se considera que en la capital boyacense existen más de 7.780 empresas registradas. Pretender que esa muestra represente la realidad del tejido empresarial es un despropósito, y la entidad que elaboró el índice nunca trató de engañar a nadie en ese punto. Lo cuestionable es la manera en que la Alcaldía decidió interpretar los resultados, ocultando la naturaleza del informe y utilizándolo como insumo propagandístico.
Las inconsistencias del índice van más allá del tamaño de la muestra. En el indicador de infraestructura, por ejemplo, Tunja aparece mejor calificada que Santa Marta, pese a que carece de aeropuerto en funcionamiento. Esto ocurre porque al no contar con terminal aéreo, la ciudad solo es medida en dos subindicadores, mientras que a Santa Marta se le dividen los resultados en tres. A esa ciudad se le asigna además un puntaje de apenas 1 en su aeropuerto, mientras que a Tunja se le omite el dato que en lógica debería ser 0, lo que termina elevando injustamente el promedio. Es un cálculo ilógico que favorece a una ciudad sin conectividad aérea sobre otra que sí la tiene, pero que en la práctica terminó convertido en medalla para la administración municipal.
Para contrastar la euforia oficial, este medio realizó un sencillo sondeo en las calles de la ciudad. Se les preguntó a 33 personas si consideraban fácil o difícil emprender en Tunja. Aunque hubo quienes respondieron de manera positiva, la mayoría afirmó lo contrario, ratificando la percepción de que en la capital boyacense hacer empresa no es tarea sencilla. Aunque tampoco se trate de un estudio técnico, el resultado refleja lo que ya muchos saben: las dificultades estructurales para emprender en Tunja son una realidad que no se borra con cifras maquilladas.
El informe también resalta el valor de la formación académica, el capital humano y las competencias que se desarrollan en la ciudad, lo cual es innegablemente cierto. Tunja es reconocida por su vida universitaria y la calidad de sus profesionales. Pero de nada sirve formar excelentes estudiantes si luego deben migrar en busca de oportunidades que aquí no existen. El indicador se convierte en una cifra vacía, incapaz de reflejar la fuga de talento que golpea a la región.
La realidad empresarial de Tunja está marcada por el predominio de microempresas, que representan más del 96% de los registros en la Cámara de Comercio. Son ellas las que sostienen la economía local, generan empleo y mantienen vivo el comercio cotidiano. Sin embargo, las políticas de la administración parecen centradas en atraer grandes compañías externas, promesas que hasta ahora no se han materializado y que, en caso de llegar, difícilmente cumplirán con los anuncios de empleo masivo y beneficios para la ciudad. Mientras tanto, no existen planes sólidos para fortalecer a los pequeños emprendedores locales, ni para brindarles condiciones que les permitan crecer, consolidarse y transformarse en pequeñas o medianas empresas.
Paradójicamente, el mismo “estudio” en el que la Alcaldía se escudó para alardear califica muy mal a Tunja en aspectos fundamentales como confianza, redes de apoyo y cultura emprendedora. Es decir, allí donde se mide la esencia de un ecosistema empresarial, la capital boyacense aparece rezagada. Pero esos resultados no fueron motivo de celebración ni se mencionaron con el mismo entusiasmo con que se difundieron los positivos. En todo caso, los pocos logros destacados no son producto de la gestión del actual gobierno, sino de una constante histórica de la ciudadanía en materia de educación y formación.
La política local insiste en ofrecer exenciones tributarias para atraer grandes empresas, pero ignora que la clave está en las microempresas que ya existen. Esa debería ser la prioridad: crear condiciones para que los emprendedores de la ciudad puedan permanecer, crecer y generar empleo. Pensar lo contrario es insistir en un modelo equivocado que privilegia a compañías externas, las mismas que vienen a aprovecharse de la mano de obra local, que incumplen sus promesas y que, a la larga, dejan poco valor agregado en la región.
El problema no es el índice, que se presentó con transparencia como un sondeo limitado. El verdadero error está en haberlo utilizado como propaganda. Se infló un espejismo y se presentó como logro mientras los problemas estructurales de la ciudad siguen intactos. Tunja no necesita cifras maquilladas ni discursos vacíos: necesita políticas claras, coherentes y justas para sus ciudadanos. Necesita que se apoye a quienes ya apuestan por la ciudad, que se creen condiciones reales para los jóvenes profesionales y que se construya, con hechos y no con propaganda, un verdadero ecosistema emprendedor. Todo lo demás es humo, y la realidad tarde o temprano se encarga de disiparlo.


𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂
En Tunja, la historia reciente de la administración pública es un desfile de despilfarro, complicidad y dobles estándares. No es un secreto ni un rumor que durante el gobierno de Alejandro Fúneme González se malgastó el recurso público, y el manejo de un crédito superior a los 93.000 millones de pesos es prueba irrefutable de ello. Proyectos que prometían transformación, desde infraestructura urbana hasta servicios esenciales, quedaron en el limbo de la ineficiencia, y en la mayoría de los casos, simplemente no existen evidencias de que se hayan ejecutado.
Es un hecho que Fúneme González, al igual que los miembros de su equipo de gobierno, deberían responder ante la ley por el despilfarro de estos recursos. Sin embargo, pese a denuncias interpuestas y procesos de control anunciados, no existe ninguna sanción contra él ni contra quienes lo acompañaron en sus decisiones. Algunos casos llevan años estancados en despachos judiciales; otros, lamentablemente, han sido archivados con comodidad y conveniencia para su círculo de amigos, esa red que protege la corrupción como un escudo invisible.
Lo más indignante es que esta inactividad, esta evidente complicidad de los organismos de control, no puede ni debe convertirse en un argumento para eximir al actual alcalde, Mikhail Krasnov, de vigilancia y escrutinio. Sin embargo, algunos de sus más fanáticos defensores pretenden exactamente eso: justificar cualquier eventual acto cuestionable de Krasnov basándose en la incapacidad o el contubernio que permitió a Fúneme González, y a cualquier otro exmandatario, salir impune.
Se pretende instalar en el imaginario colectivo que, dado que las investigaciones contra Fúneme González han sido ineficaces, así debería actuar cualquier proceso contra Krasnov. De esta manera, se construye una narrativa falaz: presentar a Krasnov como un “mesías incorruptible”, mientras la evidencia concreta de varias de sus actuaciones señala que su administración se mueve en los mismos patrones de despilfarro, el clientelismo y la arbitrariedad que caracterizo a sus antecesores. No estamos ante un “profesor incorruptible”, sino ante un mandatario que, en ciertos aspectos, es un calco al mejor estilo de Fúneme González.
Lo más preocupante es la actitud de los adeptos de Krasnov. Esa postura facilista, cobarde y mediocre de exigir a terceros que presenten denuncias contra los exalcaldes de los que reclaman justicia. Exigir que otros hagan lo que ellos no se atreven a hacer es, en esencia, un acto de cobardía y abuso. Quien decide interponer denuncias lo hace asumiendo riesgos, dedicando tiempo, conocimiento y recursos para enfrentar la maquinaria de la impunidad. Pedir que sean otros quienes carguen con esa responsabilidad mientras ellos se colocan en un pedestal moral es supremamente pusilánime.
Esos adeptos que hoy se rasgan las vestiduras en defensa de Krasnov son, en realidad, sostén y bastión de la corrupción en Tunja. Su indignación es selectiva: defienden a su “mesías” y atacan solo a quienes no forman parte de su círculo. Les molesta la corrupción cuando no pueden participar de ella; pero cuando logran integrarse a la red de beneficios, la defienden sin cuestionamientos, llegando a defender la más absurdas de las posturas o circunstancias. Así, se convierten en el eslabón más bajo de la cadena corrupta, satisfechos con migajas, con cualquier peso, mientras la ciudad paga las consecuencias de la negligencia, la ineptitud y el clientelismo.
No hay duda: Fúneme González, Pablo Cepeda Novoa y Fernando Flórez Espinosa deberían enfrentar penas y sanciones. Pero no depende del clamor popular ni del hambre de justicia social de los ciudadanos: corresponde a instancias judiciales, fiscales y de control determinar responsabilidades. Y aunque el debido proceso a veces se usa para proteger al victimario, este no puede ser pretexto para perpetuar impunidades. La ciudad no puede permitir que 93.000 millones de pesos desaparezcan sin sanción, que el piso de la Plaza de Bolívar se cambie a más del doble del costo estimado, o que un Parque Biblioteca funcione sin biblioteca y nadie responda.
Peor aún, cuando se aplican sanciones, estas suelen caer sobre los eslabones más débiles de la cadena: contratistas, interventores o funcionarios que realizaron estudios previos. Estos actores, aunque tengan alguna responsabilidad, no son quienes toman las decisiones de fondo ni quienes planifican el uso del dinero público, y mucho menos son quienes se benefician del reparto, más allá de las migajas que les arrojan. La responsabilidad recae, de manera indiscutible, sobre quienes gobernaron y planearon las acciones que llevaron al despilfarro y la corrupción.
Tunja merece algo más que la simulación de justicia social que promueven los adeptos de Krasnov. Necesita ciudadanos capaces de exigir rendición de cuentas sin doble moral, sin cobardía y sin fanatismo político. Solo así será posible romper la cadena de impunidad que ha permitido que Fúneme González y sus cómplices sigan caminando libres, mientras se pretende justificar cualquier irregularidad del actual alcalde. La corrupción no puede ser un deporte de seguidores, y la justicia social no puede depender de la conveniencia de quien hoy detenta el poder.
Exigir que otros hagan lo que uno no tiene valor de hacer es, además de injusto, moralmente repugnante. Los ciudadanos de Tunja deben dejar de ser espectadores pasivos y convertirse en actores conscientes del control social. Solo con vigilancia constante, denuncia valiente y exigencia firme de responsabilidades, será posible que la historia de malversación, complicidad y cobardía que nos dejó Fúneme González y que está perpetuando Mikhail Krasnov, no se repita bajo ningún otro gobierno.


𝑷𝒐𝒓: 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒍𝒇𝒐𝒏𝒔𝒐 𝑽𝒆𝒍𝒂́𝒔𝒒𝒖𝒆𝒛 𝑹.- 𝑪𝒐𝒓𝒐𝒏𝒆𝒍 (𝒓) 𝒅𝒆𝒍 𝑬𝒋𝒆́𝒓𝒄𝒊𝒕𝒐 𝑵𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒂
El actual gobierno está aplicando una estrategia de seguridad que se puede asimilar a cualquier juego de mesa menos al ajedrez. Por esto, una nueva ola de violencia tuvo su pico la semana pasada cuando el jueves 21 de agosto se presentaron dos hechos que hablan por sí solos de muchas cosas menos de fortaleza y eficiencia del Estado y su Fuerza Pública: uno en Amalfi (Antioquia) y otro en Cali.
Y como si lo anterior fuera poco, la semana pasada arrancó con el secuestro de 34 militares en El Retorno (Guaviare) por parte de una comunidad instrumentalizada por una de las disidencias de las Farc, a raíz del acierto en combate de las tropas contra los delincuentes organizados de dicha disidencia. Fue aquel el quinto secuestro de miembros de la Fuerza Pública que ha ocurrido en los últimos años sin que se hayan adoptado medidas tácticas preventivas como pudiera ser dotar a las tropas que operan en ese tipo de áreas de gases lacrimógenos y máscaras de oxígeno para rechazar cualquier intento de secuestro, luego de lo cual se puede atender y aclarar cualquier reclamo de las comunidades frente a las autoridades. Lo cierto es que, aunque en el desenlace terminó por imponerse la autoridad estatal, de todas maneras, fue una muestra más de lo frágil que en varias regiones del país es el imperio de la ley y el orden frente al avance del crimen organizado y el consecuente control territorial.
Ahora bien, si pasamos al campo estratégico, es decir a la política de “paz total”, sobra decir que está haciendo agua por todos lados porque los ajustes de distinto tipo que requería desde su comienzo, empezando por los metodológicos, no se hicieron oportunamente y todo indica que no se van a hacer. Tanto así, que pese a la violencia que se recrudece de tanto en tanto, el Gobierno insiste en seguir vaciando de contenido el término “paz”. Y para la muestra un botón: luego del atentado al helicóptero de la Policía en Amalfi, representantes del Ejecutivo se reunieron en el Yarí con la autodenominada disidencia estado mayor de bloques y frentes (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, estructura señalada de haber ejecutado el ataque.
Y siguiendo con lo estratégico, esta vez en la ideologizada política exterior del gobierno Petro, hemos visto un presidente que, por respaldar al ilegítimo régimen de Maduro, trata de controvertir a EE. UU. sosteniendo que “lo del cartel de los soles es un invento para someter los países que no le obedecen a la extrema derecha”, porque el problema está en una tal junta del narcotráfico que opera desde Dubai. Y esto lo dice “espontáneamente” sin, al parecer, ocurrírsele que, pese al estilo Trump, este no actúa en el aire sino respaldado en informaciones emanadas de la inteligencia de la CIA y la justicia de su país. Y mientras tanto, que se sepa, no se ha hecho nada para volvernos a asociar con el grupo Egmont (inteligencia financiera) del que salimos por una de las tantas salidas en falso de Petro. Si hubiera hecho algo por regresar a dicha asociación habría podido obtener indicios serios que respaldaran lo de “la junta del narcotráfico” para presentárselos confidencialmente al gobierno de EE. UU.
Dicho lo anterior, no es de extrañar que, refiriéndose a nuestra situación de violencia, el periódico “El País” de España, haya publicado que “…(Colombia) ha fracasado en el proyecto colectivo de acabar con los grupos armados que comenzó hace una década con los Acuerdos de Paz. Hace apenas una década, Colombia era vista como un ejemplo de reconciliación. El Acuerdo de Paz del Estado con las FARC en 2016 no solo cerraba un ciclo de violencia de más de medio siglo, sino que convertía al país en un modelo internacional de resolución de conflictos. La imagen de un Estado capaz de negociar con su mayor enemigo y de integrar a miles de combatientes a la vida civil fue celebrada en casi todo el mundo y presentada como la prueba de que la política podía imponerse sobre la guerra. Hoy, todo aquello parece derrumbarse… La “paz total” naufragó porque se quiso sustituir esa tarea de Estado por la ilusión de que las mesas de negociación podían resolver lo que en el fondo es un problema de ausencia institucional”.
Así pues, es imperativo que en el próximo gobierno se implemente una estrategia de seguridad (nacional, pública y ciudadana) que combine la aplicación de la ley y el orden con la construcción perseverante de confianza hacia el Estado en los territorios, priorizando la protección de las comunidades. Esto es, una estrategia que contenga cursos de acción pacificadores y pacificantes.
#Opinión #Tecnología #VidaDeHoy
𝐈𝐀 𝐬𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐥𝐞𝐧𝐠𝐮𝐚𝐣𝐞 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐨


𝑷𝒐𝒓 𝑪𝒂𝒓𝒍𝒐𝒔 𝑨𝒓𝒕𝒖𝒓𝒐 𝑨𝒓𝒊𝒂𝒔 𝑩𝒂𝒓𝒓𝒆𝒓𝒂-𝑬𝒙𝒑𝒆𝒓𝒕𝒐 𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒕𝒂 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑴𝒂𝒄𝒉𝒊𝒏𝒆 𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒆 𝑰𝑨
Como tunjano y ciudadano del mundo aprendí que la constancia y la coherencia son la única forma de ser transparente.
Un líder alguna vez me enseñó la metodología PREC:
Priorizar
Retroalimentar
Embarrarse
Cambiar
El problema es que muchos quieren saltarse el proceso. Se aburren, buscan resultados rápidos y terminan pagando el precio de la inconstancia.
En charlas con profesionales de otros países indican que particularmente nuestro medio latino es la de tendencia: querer todo ya.
En mi caso, yo amo el proceso: lloro, me incomodo, me desvelo… pero sé que ahí está el verdadero reto.
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