#Opinión #Tunja

𝗘𝗹 𝗳𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗱𝗼𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲

𝑷𝒐𝒓: 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍 𝑻𝒓𝒊𝒗𝒊𝒏̃𝒐 𝑩𝒂𝒚𝒐𝒏𝒂

Suele ocurrirnos como sociedad que se juzgue con dureza y se exagere sobre las percepciones que se tienen sobre lo que se vive en el presente, mientras que los recuerdos del mediano y largo plazo se suavizan por la simple falta de memoria.

Esta semana que está por terminar ocurrió uno de los más grandes actos de cinismo que se hayan registrado en el Concejo a lo largo de todo el año. El concejal Javier Mesa Fúneme aprovechó el tenso clima de opinión respecto al Aguinaldo para empuñar la bandera de los dolientes por las ciudad, diciendo que no puede ser que los tunjanos nos estemos viendo sometidos a vivir una de las peores, o incluso la peor versión del Aguinaldo Boyacense de todos los tiempos.

Valdría la pena recordarle que las ediciones del Aguinaldo organizadas durante la administración de su primo, Alejandro Fúneme González, el peor alcalde en la historia de la ciudad, superan por mucho en lo lesivo y perverso a la actual.

¿O qué se puede decir, por ejemplo, de la edición de 2023 en la que se despilfarraron más de 10 mil millones en un Aguinaldo que no representó ingresos para el municipio ni por el 10% de lo invertido? ¿Se le habrá olvidado a Mesa Fúneme que de dicha edición ni siquiera se subieron los contratos de los artistas a Secop? ¿No sabrá acaso que jamás se subieron? ¿No le indignará que se le oculte premeditadamente esta información a la ciudadanía tunjana? ¿O será acaso que cuando la conducta dañina es cometida por el líder del clan de los Fúneme es menos lesiva y reprochable?

Que le recuerden al falso indignado que su primo también encerró la Plaza de Bolívar y que también la tapó con polisombras. Que le acuerden de los tristísimos, austeros y ramplones desfiles de comparsas y carrozas que se hacían en tiempos del peor alcalde en la historia de la ciudad.

Alcalde sobre el que el concejal Mesa Fúneme no ha solicitado control o ha emprendido acción alguna para hacerle responder por los 93 mil millones que hizo esfumar de las arcas de la ciudad,que no representaron obras y progreso, sino problemas en el corto y mediano plazo.

Si tanto le duele la ciudad, es obligación que adelante, lo más pronto posible, las acciones para que se den las sanciones disciplinarias, fiscales y penales al gran despilfarrador que encabeza el clan que lo hizo concejal. Mientras no sea así, su discurso no pasará de ser un pronunciamiento oportunista digno de un politiquero populista, hambriento y sediento del reconocimiento social que no ha podido ganarse por las vías del verdadero deber ser de quien sirve a la sociedad.

#Opinión #Nación

𝗣𝗲𝘁𝗿𝗼 𝘆 𝘀𝘂 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘁𝘂𝗱 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗹 𝗿𝗲́𝗴𝗶𝗺𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗱𝘂𝗿𝗼

𝙋𝙤𝙧: 𝘾𝙖𝙧𝙡𝙤𝙨 𝘼. 𝙑𝙚𝙡𝙖́𝙨𝙦𝙪𝙚𝙯-𝘾𝙧(𝙧) 𝙙𝙚𝙡 𝙀𝙟𝙚́𝙧𝙘𝙞𝙩𝙤 𝙉𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝘾𝙤𝙡𝙤𝙢𝙗𝙞𝙖

Si algo queda claro en las relaciones entre el gobierno Petro y el régimen que preside Maduro, es que gracias a las ambigüedades e incoherencias de las posturas que al respecto ha venido asumiendo Petro, este está a muy corta distancia de ingresar al hueco que reserva la historia a la pequeñez en las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela en un momento por demás crítico.

Algunos dirán que lo anterior es equivocado y que, por el contrario, respecto a Maduro, Petro ha actuado como corresponde a un jefe de Estado, que privilegia los más altos intereses nacionales, lo cual demostró desde cuando a dos meses de su posesión realizó una visita oficial para restablecer las relaciones diplomáticas.

Pues bien, verifiquemos si en efecto hay equivocación. Recordemos lo que durante dicha visita se acordó además del restablecimiento de relaciones. En cuanto a la apertura de la frontera el compromiso fue avanzar hacia una apertura total y segura de la frontera común, buscando dinamizar las relaciones económicas y comerciales. En lo atinente a seguridad fronteriza acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad para combatir el delito transnacional y garantizar la estabilidad en las zonas limítrofes. Por último, en aras de la integración regional Petro propuso el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y su reincorporación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a lo cual Maduro declaró “que lo consideraría”. Luego hubo otros dos encuentros oficiales en Caracas (uno por año) en los que lo principal fue el compromiso mutuo de apoyo a los procesos de “la paz total” y de propender por la estabilidad política, social y económica en ambos países. A raíz de lo último el gobierno Petro fue visto con buenos ojos por el gobierno de EE.UU. que, con Biden, a la cabeza, buscó - con el primer gobierno de izquierda en Colombia- un mediador efectivo para alcanzar dicha estabilidad en Venezuela empezando por que se convocara a elecciones limpias y libres.

Después de más de dos años ¿Cuáles son los saldos a favor de los intereses nacionales de Colombia? El comercio sí se reactivó, pero sin mayor dinamismo pues después de estar en cero con el gobierno Duque, cualquier cifra es ganancia y sin embargo hoy está latente un conflicto por la empresa Monómeros. Sobre la seguridad en la frontera y el combate al delito transnacional mejor ni hablar: solo quedó una foto y unas palabras en una reunión fronteriza entre los ministros de defensa de los dos países que el ELN vio con satisfacción pues en su agenda contemplaba oficializar su apoyo irrestricto a la “revolución bolivariana”, decisión esta que hoy día toma más vigor por la manera gelatinosa con que el gobierno Petro ha conducido las negociaciones con dicha organización y por la próxima posesión de Trump como presidente de EE.UU. Y ¿Qué decir de las “elecciones libres y limpias” en Venezuela y la consecuente estabilidad? En cortas palabras, no hay ningún saldo a favor de Colombia distinto al famélico comercio binacional.

Lo cierto es que recientes declaraciones de Maduro muestran que pese a la descarada mentira de su elección que no pudo seguir tapando y su situación de tirano violador de los Derechos Humanos ante la gran mayoría de países occidentales y organismos internacionales, está listo para reasumir el poder el próximo 10 de enero, para lo cual le envió invitación a Petro. Y este a su turno ha visto como se le ha cerrado el margen de maniobra para mantener su ambigüedad, declarando recientemente en Barranquilla - después de la carta enviada por la Cámara de Representantes exhortándolo a no asistir a dicha posesión ni a enviar representación en concordancia con los principios democráticos y de DD. HH que ha defendido Colombia- que "ahora me dicen que no vaya a Venezuela. Yo veré si voy o no voy" responde retadoramente como si la decisión equivaliese a asistir a una fiesta de cumpleaños y no fuera un asunto institucional de envergadura estratégica para Colombia.

En fin ¿Cómo explicar la actitud de Petro respecto a Maduro? ¿Obcecada ideologización? ¿Supina incompetencia como jefe de Estado? O más bien, ¿Chantaje inconfesable que no pudo evadir?

#Opinión #Cultura #Nación

𝗟𝗮 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲𝗻 𝗰𝗿𝗶𝘀𝗶𝘀: 𝘂𝗻 𝗹𝗹𝗮𝗺𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗼𝗹𝗲𝗰𝘁𝗶𝘃𝗮

𝙋𝙤𝙧: 𝘼́𝙣𝙜𝙚𝙡𝙖 𝙈𝙚𝙧𝙘𝙝𝙖́𝙣 𝘼𝙫𝙚𝙣𝙙𝙖𝙣̃𝙤-𝘾𝙤𝙡𝙪𝙢𝙣𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙞𝙣𝙫𝙞𝙩𝙖𝙙𝙖

La reciente declaración del ministro de Cultura, Juan David Correa, es un recordatorio contundente de la fragilidad que enfrenta el sector cultural en Colombia. La no aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso no solo compromete los recursos vitales para la creación artística, la preservación del patrimonio y el fortalecimiento de las comunidades culturales, sino que amenaza con debilitar los cimientos de nuestra identidad como nación.

El mensaje del Ministro es claro: estamos ante un momento crítico que exige acción y unidad. La cultura, a menudo relegada en las prioridades presupuestales, es mucho más que entretenimiento o lujo; es el tejido que une nuestras historias, saberes y esperanzas. En un país como Colombia, con una diversidad cultural tan rica, pero también con tantas desigualdades, la inversión en el sector cultural no es un gasto superfluo, sino una herramienta clave para la transformación social.

El llamado a la movilización no debe ser entendido solo como una invitación a protestar, sino como una oportunidad para fortalecer la conciencia colectiva sobre el valor de la cultura. Los artistas, gestores culturales, sabedores ancestrales y comunidades tienen la responsabilidad y el poder de alzar su voz, no solo en las calles, sino también en los espacios de diálogo público, para exigir que se garantice la sostenibilidad de este sector.

Además, es crucial que los ciudadanos comprendan que esta no es una lucha exclusiva de los actores culturales, sino de todos los que entienden que la cultura es una herramienta de paz, desarrollo y cohesión social. El esfuerzo de este gobierno por impulsar un cambio cultural genuino requiere del respaldo de todos, desde los rincones más apartados del territorio hasta los centros urbanos.

La crisis actual es una llamada de atención para repensar nuestras prioridades como país. La cultura no puede seguir siendo una promesa aplazada ni un renglón menor en los presupuestos nacionales. Es momento de exigir, como sociedad, políticas públicas robustas, compromiso político y una visión a largo plazo que reconozca que sin cultura no hay desarrollo posible.

Hoy más que nunca, es necesario creer en nuestra fuerza colectiva, en la capacidad transformadora de la cultura y en el poder de las comunidades para construir un futuro en el que la creatividad y el saber sean el motor del cambio.

#Editorial

𝗨𝗻 𝗯𝘂𝗲𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗮𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗻𝗮𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗧𝘂𝗻𝗷𝗮

Por estas fechas, pero cuatro años atrás, uno de los más grandes embaucadores que haya conocido esta noble y leal ciudad, prometía que la llenaría de obras, infraestructura y progreso. Obviamente sin gestionar nada, sino por la vía fácil de pedir el dinero prestado, patrocinado por los ciudadanos. Al final, ni las obras se concretaron, y mucho menos se consiguió el tan vociferado impulso y transformación del territorio.

Todo lo contrario, lo único que le quedó a las ciudad fue la más grande deuda que haya conocido en toda su historia, y un sinfín de proyectos mal planeados y pobremente ejecutados, que hasta nuestros días siguen sin poder finalizarse, y mucho menos sin poder ser puestos a disposición de la ciudadanía, convirtiendo a Tunja en la capital nacional, y hasta mundial, del elefante blanco: Calle 59, Calle 53, frigorífico, Centro de Bienestar Animal, cientos de viviendas para los afectados de Torres del Parque y Estancia del Roble, cerca de 30 calles que quedaron sin rehacerse, la torre hospitalaria de la ESE Santiago de Tunja. Y a estos se suman los que supuestamente se terminaron y entregaron, pero que siguen sin funcionar: nuevo Archivo Municipal, Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, los 10 salones comunales que terminaron siendo seis, catastro multipropósito, y hasta el dichoso urbanismo táctico, que fue echado a perder por esa misma administración por su falta de planeación, como ocurrió en el barrio Libertador, donde se intervino su polideportivo con urbanismo táctico, para luego contratar una obra complementaria que terminaría diluyendo, afectando y echando a perder la intervención.

La Contraloría Municipal presentó recientemente un informe de auditoría centrado en el manejo de la deuda durante el año 2023, es decir, durante el último año de la nefasta y fúnebre administración del peor alcalde de todos los tiempos en Tunja. De dicho informe se concluyó que hubo malos manejos en lo que respecta a los dineros solicitados para construir el frigorífico y el Centro de Bienestar Animal, proyectos para los que se requirió los dineros autorizados para crédito sin siquiera contar con un predio viabilizado para tal fin, lo que repercutió en un pago de intereses más allá de que no se hubiese utilizado el dinero ni realizado intervención u obra alguna. Todo un esperpento administrativo.

Curiosamente no se indica nada sobre todos los demás proyectos que se prometieron pero que hoy no existen, y cuyos recursos para hacerlos tampoco. Es más, varios de estos, como la Calle 59, la Torre Hospitalaria, El Centro de Bienestar Animal, requieren de multimillonarias inversiones para poder ser terminados, lo que a simple vista evidencia un grandísimo fallo de planificación, que desencadena en daños a las finanzas públicas del municipio, así la Contraloría y los demás organismos de control teman decirlo, siempre escudados en el debido proceso. Procesos que habitualmente terminan con el vencimiento, porque seguramente eso es lo verdaderamente debido para estas entidades de control en las que lo importa es no incomodar a los clanes, padrinos y posibles aliados de cuanta marrulla política pueda propiciarse a futuro.

Lamentablemente estos informes de auditoría no pasan de ser un tímido señalamiento sobre presuntos que ya no tendrían que tener esa categorización, pues está comprobado del todo que el mal manejo ocurrió, que repercutió en un grandísimo daño para las arcas del municipio, y que el dinero se esfumó, pues a los bancos hubo que pagarle los intereses del dinero que no se ejecutó. Eso es comprobable e incontrovertible, por lo que ya no tendría que haber más lugar a cobardes presunciones que buscan escudar a quienes en cualquier democracia seria y verdadera estarían tras las rejas y con sus bienes embargados para resarcir el daño que hacen a sus comunidades. Ese sería el regalo ideal de navidad para los tunjanos, que las instituciones actúen y dejen de estar de simple decoro y al servicio de grandes desfalcadores como el ya mencionado alcalde que con 93 mil millones no alcanzó a entregar ni una obra real.

#Opinión #Política #Tunja

𝗖𝗮𝗰𝗵𝗲𝘁𝗮𝘇𝗼 𝘆 𝗱𝗲𝗿𝗿𝗼𝘁𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗼𝗿 𝗮𝗹𝗰𝗮𝗹𝗱𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱

Más allá de lo que pueda creerse a simple vista, la elección de Sandra Estupiñán Orjuela para presidir el Concejo en 2025 ha significado un durísimo golpe para el exalcalde Alejandro Fúneme González, que ve ahora más lejanas sus posibilidades de influir en la elección del Contralor Municipal, que se llevará a cabo en 2025, así como las de manipular la discusión del POT, que tendría que desarrollarse en gran medida el próximo año.

Si bien es cierto que Sandra Estupiñán fue una de las principales alfiles durante el gobierno de Fúneme González, también es cierto que lo ha sido para cada uno de los gobiernos que ha acompañado, por eso no es de extrañar que hoy se alinee con el alcalde Mikhail Krasnov.

Valga rememorar de paso que los principales defensores del POT que planteó Fúneme González han sido su primo Javier Mesa Fúneme, Román Quintero, y el representante del ala más funemista dentro del Partido Verde, Julián López, justamente tres de los cinco que salieron derrotados en las tres votaciones de la mesa directiva.

En lo que refiere a la elección del Contralor, ha de ser terrorífico para Fúneme González, con campaña a la Cámara de Representantes a bordo, no poder tener el control sobre un Contralor cuando empieza a crecer la presión ciudadana y política sobre los manejos del dinero del empréstito, situación que la actual Contraloría ha evaluado lenta y superficialmente, pero que podría salirse de las manos a Fúneme González.

Otro de los aspectos de esta dolorosa derrota para el exalcalde es el hecho de que Sandra Estupiñán y Camilo Hoyos, dos de sus más leales escuderos en tiempos de su mandato, hayan decidido abandonar la facción de legionarios defensores del funemismo que salió derrotada en la elección de mesa directiva.

Si bien esta derrota no le resulta tan dolorosa a Fúneme González como la sufrida en las elecciones del 29 de octubre de 2023, tiene un altísimo impacto para los intereses del exalcalde, pues no solo le limita influir turbiamente en el trámite del POT y acomodar las circunstancias para evadir los controles y sanciones fiscales, sino que le evidencia que hoy su poder y su influencia es un vago recuerdo de lo que alguna vez, por desgracia para la ciudad.

#Editorial

La malsana inestabilidad gubernamental

Uno de los puntos más flacos de la actual Administración Municipal es el manejo que está teniendo la Secretaría de Infraestructura, pero no por las personas que allí trabajan, que seguramente dan lo mejor de sí para que las obras y proyectos salgan de la mejor manera, sino por la inestabilidad en el manejo y liderazgo de esta dependencia.

El pasado martes 3 de diciembre la opinión pública conoció por varios medios de comunicación la carta que el entonces secretario de Infraestructura, William Rincón Cely, presentó al alcalde, Mikhail Krasnov, para hacer manifiesta su renuncia irrevocable a tal cargo.

Días después se vino a saber que la irrevocabilidad de tal decisión fue solo un calificativo mal usado por Rincón Cely en medio del malestar que le generó la falta de apoyo del Alcalde ante los cuestionamientos que le ha hecho el Concejo. Aunque, a la hora de la verdad, no ha quedado del todo claro si Rincón Cely seguirá al frente de la dependencia o si solo estará a cargo del reparo de la malla vial, pues según versiones periodísticas y no oficiales, esta sería la tarea que desempeñaría.

En todo caso, algo que está quedando en evidencia es el estratagema político utilizado por los miembros de esta Administración Municipal para evadir el escarnio público de una moción de censura, pues no es lo mismo ser echado a irse. Y así ha ocurrido ya con dos miembros del gabinete de Mikhail Krasnov en tiempos recientes, que, ante el anuncio de un venidero control político, han preferido dar un paso al costado antes de someterse a uno de estos, obviando el daño que se le hace a la planeación y a la continuidad de los proyectos con la salida intempestiva de quienes los lideran simplemente por evitar el alto costo político.

Así como Rincón Cely endilgó al Concejo intereses políticos para realizarse un control político a su dependencia, así mismo han existido intereses políticos al renunciar para evitar el escarnio, y esa parece que se ha convertido en la “jugadita” predilecta entre los integrantes del gabinete municipal.

Y mientras se consolida ese estratagema más pensado en la manipulación del sentir popular que en otra cosa, la que va perdiendo es la ciudad, que en todo el año no logró mayor avance en los proyectos de infraestructura de los que alguna vez se habló, como el centro para grandes eventos o el complejo acuático, los cuales fueron satanizados por la misma Administración al relacionarlos al exsecretario Germán Mora, más allá de que alguno de esos proyectos sea producto de las reuniones que tuvo al comienzo del año Mikhail Krasnov con los excandidatos a la Alcaldía.

Si bien cada quien es libre de aceptar o dejar un trabajo cuando lo vea necesario, no puede ser que los integrantes del gabinete municipal encuentren motivación en dar un paso al costado ante el desafío de explicar y defender su labor ante el Concejo, propiciando enroques o reacomodos que van en detrimento de la continuidad de los proyectos y del progreso de la ciudad. Acabar con tal inestabilidad gubernamental es un compromiso que tendría que plantearse la Administración Municipal de aquí en adelante, exigiendo así un mayor grado de compromiso a quienes se encomienda la responsabilidad de liderar cada una de las dependencias o entes descentralizados del municipio.

#Opinión #Tunja

No todo estímulo al comercio es válido

A inicios de esta semana se presentó al Concejo Municipal un proyecto cuyo fin es reducir las distancias permitidas entre establecimientos de comercio respecto a espacios educativos, centros hospitalarios y sitios de culto. El proyecto, tal y como fue presentado, parecería estar destinado a hundirse, pues recibió cuestionamientos por la mayoría de los concejales.

Es que si bien en la ciudad es necesario estimular la generación de empleo, no puede ser de cualquier manera o al costo que sea, pues el mejoramiento de los indicadores de empleabilidad no puede ir detrimento de reducción del ruido en espacios residenciales, o en contravía del sano esparcimiento de niños y jóvenes, ni en menoscabo de la salud pública de los tunjanos, en resumidas cuentas, no puede arrebatarle a los tunjanos la tranquilidad tan propia y característica de la ciudad.

Caso contrario es el del otro proyecto presentado, recientemente, por la Administración Municipal, destinado a atraer la inversión de pequeñas, medianas y grandes empresas a la ciudad, a través de un ambicioso plan de exenciones que se ha hecho necesario en la capital boyacense desde hace mucho tiempo.

Esta iniciativa aplicaría por un lapso de 10 años, pero solo en el primer año tendría el total del porcentaje de descuento al que corresponda por número de empleos, y dicho porcentaje iría disminuyendo cada año. Para el caso de los sectores comercial e industrial, contarían con una exención del 40% en el primer en año si generan de 11 a 25 empleos, en caso de generar de 26 a 50 la exención sería del 50%, de 51 a 75 tiene un 60%, de 76 a 100 empleos un 70%, de 101 a 200 un 70%, y más de 200 tiene un 90% de la exención. Respecto al sector servicios se estableció que habrá una exención del 40% para empresas que generen de 11 a 15 empleos, un 50% de 16 a 20, un 60% de 21 a 35, un 70% de 36 a 40, un 80% de 41 a 50, y un 90% a las que generen más de 50 empleos.

Proyectos como el descrito anteriormente no solo son beneficiosos por potenciar las posibilidades de recaudo del municipio, sino por promover una imagen más competitiva de la ciudad a nivel empresarial. A iniciativas como esta no se les opondrá nadie, a diferencia del proyecto descrito en primer lugar.

Si bien ese proyecto de recortar distancia de actividades de impacto económico respecto a determinados lugares, puede tener una intención positiva al pretender aumentar las posibilidades de empleabilidad y al mismo tiempo el recaudo del municipio, son más determinantes los factores o implicaciones negativas que podría propiciar un recorte de estas distancias.

Sería más conveniente que la Administración Municipal complemente el proyecto de exenciones al comercio, con una iniciativa que propicie el crecimiento de las microempresas, para que puedan dejar de serlo y pasar a ser pequeñas empresas, en aras de fortalecer al grueso del tejido empresarial de la ciudad a la vez que generar empleo, y descartar de una vez por todas una propuesta que no tiene ningún sustento técnico, y que podría encaminar a Tunja a convertirse en una ciudad del vicio y del fornicio.

#Editorial

La visita de Vargas Lleras a Tunja: con más pena que gloria

La reciente visita de Germán Vargas Lleras a la capital boyacense puede ser fácilmente catalogada como un fracaso político, casi de las mismas dimensiones que el de su última aspiración presidencial, cuando apenas alcanzó algo más de 30 mil votos en todo Boyacá, y escasamente unos 4.099 en Tunja.

El Aula Magna de la Universidad Santo Tomás se llenó con su presencia, pero no más que con la militancia organizada de Cambio Radical en Boyacá, y uno que otro politiquero de vieja guardia pescando en río revuelto, caso de algunos exintegrantes del gabinete de Alejandro Fúneme. Integrantes del partido, traídos de todas partes del departamento, hicieron la labor de llenarle el auditorio al impopular Germán, que no contó con auténtica participación ciudadana desinteresada, y ni hablar de los estudiantes, que para ser un escenario académico, no se les vio por ninguna parte.

Fiel a las tradiciones de la clase política tradicional, Vargas Lleras llegó con más de una hora de retraso a la cita pactada en el escenario ya mencionado, más allá de que a Tunja arribó la noche anterior, por lo que esta vez no valía su típico pretexto de que había trancón a la salida de Bogotá o de que no había suficiente visibilidad para su helicóptero, tal y como decía en tiempos en que dirigía el país de la mano de Juan Manuel Santos. Tiempos en los que su irrespeto por el tiempo de los demás, incluido el de los mismos militantes de su causa, era despreciable, pues lo realmente apreciable para él era hacerse esperar, hacerse desear del populacho. Para su infortunio, el populacho en Boyacá cada vez come menos cuentos de tan pobres artimañas de la desgastada politiquería.

Otra vieja costumbre que no se negó Vargas Lleras fue la de darse un baño de popularidad por las calles céntricas de la ciudad, obviamente escoltado por su séquito de prepagados zalameros, entre los que destacaron diputados y concejales.

Sin sonrojo, Vargas Lleras lamentó la ausencia del escenario político boyacense por parte de Gustavo Puentes, condenado por hechos de corrupción bien conocidos por la opinión pública a nivel nacional, obviamente apelando al irrebatible argumento de la salud del excongresista, mismo argumento que fue rechazado por la justicia cuando este buscó pagar su pena en domicilio y no en una prisión. Valga decir que no es de extrañarse tan cínico lamento, pues si no se sonroja por agredir físicamente a quienes le protegen la vida o a quienes comunican su mensaje, mucho menos lo va a hacer por algo que no cometió directamente.

El baño de popularidad por las calles del Centro Histórico no logró mayor efecto, pues fueron pocos los que se acercaron a saludarle o expresarle su apoyo, y si hubo varios que le recordaron su fracaso para completar la doble calzada Briceño-Tunja-Sogamoso, inconclusa hasta el día de hoy; lo escasamente ejecutado del Pacto Bicentenario, concebido en el gobierno que encabezó con Santos Calderón, y sus malogrados puentes, famosos por su cortísima vida útil, entre estos el Puente Los Grillos, en la siempre olvidada vía del Cusiana.

El papelón lo completaron las autoridades de la ciudad, que se vieron obligadas a despejar, por lo menos por unos minutos, la esquina de la Calle 19 con Carrera 10, cooptada desde hace un buen tiempo por delincuencia disfrazada de limpia gamuza, pues seguramente da pena mostrarle la realidad de la ciudad a este personaje que poco y nada ha hecho por ella, mientras que el tunjano de a pie sí tiene que lidiar con esto a diario, sin poder decir mayor cosa. Resta esperar que los concejales de Tunja, adscritos a Cambio Radical, testigos de esta situación puesto que acompañaron el no muy masivo baño de masas, hagan mención de lo ocurrido, pues se ha demostrado que las autoridades sí están en capacidad de retirar a estos personajes que amedrentan a comerciantes y peatones de la capital boyacense.

#Opinión #Tunja

Un voto castigo con efecto búmeran

Ha pasado más de un año desde la elección de Mikhail Krasnov como Alcalde de Tunja, que más allá de lo icónica que fue en su momento, no ha significado mayor cambio respecto a lo que pretendía la ciudadanía con aquel voto castigo hacia la clase política tradicional.

La ciudad sigue plagada de huecos, las pocas obras que se ejecutan se extienden por larguísimos periodos y terminan costando mucho más de lo proyectado, los escándalos por corrupción están a la orden del día, por montones, como en los no tan viejos tiempos de Alejandro y compañía; no se proyectan ni se gestionan nuevos proyectos, el empleo es escaso y sigue siendo tan dependiente de los padrinazgos políticos como lo ha sido en cualquier otra época en manos de los de siempre.

Más desconcertante para la ciudad es el nebuloso panorama de la continuidad del Alcalde, que a esta altura del juicio, en el caso de la demanda de nulidad electoral que cursa en su contra, parece estar perdido. Valga decir que el manejo que él mismo ha dado esta demanda que cursa en su contra, es un reflejo del manejo que se ha dado a diversos asuntos administrativos de lo público.

Hay hechos muy dicientes en el marco de este caso, como lo es el hecho de que no se hayan presentado pruebas por parte de la parte demandada, es decir, por parte de Krasnov. Por el contrario, la estrategia ha sido la de tratar de torpedear las presentadas por la contraparte. También es muy revelador el hecho de que durante buena parte del proceso haya carecido de un apoderado jurídico y resulte contratándolo a último momento para tal fin, negándole a este preparar una defensa a la altura de la situación, y negándose a sí mismo una defensa acorde a lo que se juega en este proceso.

Eso mismo ha ocurrido con varias dependencias de la Administración Municipal en estos 11 meses de mandato de Mikhail Krasnov: Umciti, Activa-T, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en su momento la Secretaría de Infraestructura y la ESE Santiago de Tunja. Todas sin timonel durante casi todo el año, y justo cuando la vigencia está por terminar y cuando los tiempos apremian en términos de ejecución, se designa a alguien para dirigir; designaciones que además obedecen a la presión social producto de solicitudes o acotaciones hechas en medios de comunicación, en el Concejo Municipal o por otros sectores de la opinión pública.

La dudosa continuidad de Mikhail Krasnov como Alcalde no es desconcertante por sí misma, pues si algo se ha demostrado en estos 11 meses de gobierno es que la improvisación y la falta de planificación están a la orden del día; lo es en cambio por el hecho de que la ciudad con la continuidad de este gobierno o con la llegada de cualquier otro desperdiciará la totalidad del cuatrienio 2024-2027. Cualquiera que llegue a reemplazar a Mikhail Krasnov, en caso de que se dictamine su inhabilidad, no tendrá tiempo suficiente para gestionar y mucho menos para ejecutar. Y en caso de que no sea así, y de que se resuelva que Mikhail Krasnov puede seguir ocupando el cargo, la ciudad estará condenada a desperdiciar el cuatrienio bajo el mandato de un Alcalde al que no deberá soportársele que tenga un año de aprendizaje, sino el periodo entero.

Sea cual sea la decisión, la ciudad se condenó a un cuatrienio de estancamiento por someterse al deseo de complacer una sed de castigo, que al final se está volviendo en contra del progreso de la ciudad. Quienes hacen parte de la clase política tradicional no han sido castigados, pues han dejado a cientos o miles de sus fichas en cuanta entidad pública han podido, además de haber negociado y accedido a cuotas burocráticas en el supuestamente incorruptible Gobierno Krasnov.

A propósito de clase política tradicional, tendrían que entender quienes fueron candidatos aspirantes a Alcalde de Tunja en las últimas elecciones, por simple decencia y amor a la ciudad, declinar cualquier aspiración que puedan tener en caso de que se concrete la inhabilidad de Mikhail Krasnov. Ese voto castigo que le permitió a Krasnov llegar al poder, fue más en contra de Carrero, Ojeda y compañía, que a favor del mismo Mikhail Krasnov. Tendrán que entender entonces estos personajes, que la ciudadanía les rechaza y los desea lejos del poder.

En cuanto a todos los demás que habitamos esta ciudad, tendrá que quedarnos como lección que la honestidad en el manejo de lo público es tan importante como el conocimiento de los asuntos administrativos. Para desgracia de Tunja, hasta ahora nos ha sido imposible encontrar a alguien que realmente encarne esas dos cualidades.

#Opinión #Nación

Recordando el estallido social

Luego de los diversos episodios que han puesto en entredicho la credibilidad del Tribunal Administrativo de Boyacá por el manejo que se le ha dado al caso de la demanda de nulidad electoral en contra de Mikhail Krasnov, la actuación del magistrado Dayan Alberto Blanco Leguízamo el pasado 15 de noviembre ha caído como un bálsamo para un Tribunal que ha sido señalado más que nunca en los últimos tiempos.

Valga resaltar que la principal virtud por la que ha de destacarse la actuación de este Magistrado durante la audiencia inicial del mencionado caso, es su compromiso por agotar en debida manera las etapas procesales, siendo supremamente metódico y claro a lo largo de toda la audiencia.

Tanto así fue el compromiso garantista de este Magistrado, que decidió dar el tiempo que resultase necesario para esta la consulta e intervención de cada una de las partes en esta audiencia, que terminó extendiéndose por cerca de seis horas, cuando habitualmente no suelen superar las tres.

Más allá de los intentos del abogado de la parte demandada por dilatar la audiencia, el magistrado Blanco Leguízamo no permitió que esta claudicara indebidamente, sino que permitió el uso de cuanto recurso considerara pertinente el abogado defensor, más allá de que en la mayoría de los casos no aplicaran dichos recursos, situación que llevó a que el Magistrado fuera recurrente en la aclarar lo que corresponde a cada etapa procesal.

Blanco Leguízamo, a diferencia de los magistrados que lo precedieron en el manejo de este caso, demostró un absoluto compromiso con garantizar el debido proceso para cada una de las partes, logrando de paso recuperar algo de la confianza pérdida entre la ciudadanía luego de un año entero de desaciertos en la administración de justicia, lo que a su vez ha venido contribuyendo en lesionar la credibilidad que tiene el Tribunal Administrativo de Boyacá para los boyacenses.

A diferencia de lo pretendido por la parte demandada con sus innumerables recursos de queja, apelación, reposición y demás, la audiencia concluyó con la fijación del litigio y habiéndose decretado pruebas, más allá de los intentos de torpedeo.

En términos de administrar justicia, esta audiencia inicial ha sido un éxito, sentando de paso un importante precedente para el desarrollo y manejo del caso, que luego de 12 meses de siesta, por fin parece avanzar.

#Editorial

Bocanada de aire para una justicia malherida

Luego de los diversos episodios que han puesto en entredicho la credibilidad del Tribunal Administrativo de Boyacá por el manejo que se le ha dado al caso de la demanda de nulidad electoral en contra de Mikhail Krasnov, la actuación del magistrado Dayan Alberto Blanco Leguízamo el pasado 15 de noviembre ha caído como un bálsamo para un Tribunal que ha sido señalado más que nunca en los últimos tiempos.

Valga resaltar que la principal virtud por la que ha de destacarse la actuación de este Magistrado durante la audiencia inicial del mencionado caso, es su compromiso por agotar en debida manera las etapas procesales, siendo supremamente metódico y claro a lo largo de toda la audiencia.

Tanto así fue el compromiso garantista de este Magistrado, que decidió dar el tiempo que resultase necesario para esta la consulta e intervención de cada una de las partes en esta audiencia, que terminó extendiéndose por cerca de seis horas, cuando habitualmente no suelen superar las tres.

Más allá de los intentos del abogado de la parte demandada por dilatar la audiencia, el magistrado Blanco Leguízamo no permitió que esta claudicara indebidamente, sino que permitió el uso de cuanto recurso considerara pertinente el abogado defensor, más allá de que en la mayoría de los casos no aplicaran dichos recursos, situación que llevó a que el Magistrado fuera recurrente en la aclarar lo que corresponde a cada etapa procesal.

Blanco Leguízamo, a diferencia de los magistrados que lo precedieron en el manejo de este caso, demostró un absoluto compromiso con garantizar el debido proceso para cada una de las partes, logrando de paso recuperar algo de la confianza pérdida entre la ciudadanía luego de un año entero de desaciertos en la administración de justicia, lo que a su vez ha venido contribuyendo en lesionar la credibilidad que tiene el Tribunal Administrativo de Boyacá para los boyacenses.

A diferencia de lo pretendido por la parte demandada con sus innumerables recursos de queja, apelación, reposición y demás, la audiencia concluyó con la fijación del litigio y habiéndose decretado pruebas, más allá de los intentos de torpedeo.

En términos de administrar justicia, esta audiencia inicial ha sido un éxito, sentando de paso un importante precedente para el desarrollo y manejo del caso, que luego de 12 meses de siesta, por fin parece avanzar.

#Opinión #Boyacá #VidaDeHoy

Más que una feria pasajera

Por: Daniel Triviño Bayona

Entre los mayores aciertos que tuvo la más reciente edición del Festival Internacional de la Cultura está la feria ‘Cosecharte', realizada durante los últimos tres días del festival en el lote contiguo al estadio La Independencia.

Fue un éxito, no solo por sacar provecho a un lote inutilizado durante la mayor parte del año a pesar de su ubicación privilegiada; sino por altísimo grado de concurrencia que logró, incluso bajo las tempestades que por esos días cayeron sobre la capital boyacense.

Otro componente del indudable éxito de ‘Cosecharte' fue la diversa y completa oferta de ocio y de productos que brindó, pues cada una de las plazoletas allí situadas cubrió una necesidad o deseo de los posibles visitantes, ofreciendo planes y entretenimiento tanto para niños, como para jóvenes y adultos, pero especialmente brindando una oportunidad de compartir tiempo a las familias boyacenses.

Dado tal nivel de acogida, tendría que plantearse el Gobierno Departamental la posibilidad de hacer de este espacio una feria permanente, o más que una feria, una especie de Corferias pero a la escala de las necesidades y posibilidades de Tunja.

Puesto que la ciudad no tiene la población ni un volumen de visitantes como lo tiene Bogotá, no existe la necesidad de un recinto ferial tipo Corferias, sino que un simple cerramiento del lote y la disposición de plazoletas fácilmente montables y desmontables, como las utilizadas en ‘Cosecharte’, sería suficiente.

Esta feria permanente podría ofrecer una alternativa adicional de exposición a los artistas locales y regionales, disponiendo alguna de estas plazoletas para presentaciones en todas épocas del año, obviamente, rotando a los artistas a los que se les brinda el espacio a través de convocatorias que podrían realizarse mensual o trimestralmente, estableciendo, obviamente, montos o valores a pagar a los artistas que allí se presenten.

Mismo caso podría darse con artesanos o productores agroindustriales del departamento, a quienes se les ofrecería el espacio pero no a modo de convocatoria como a los artistas, sino que, caso contrario, para estos tendría que establecerse un pago por el uso de un espacio o un estand dentro de alguna de las plazoletas. Esto también podría ser rotativo o temporal, ofreciendo así la posibilidad, a todo tipo de productor o comerciante del departamento, de mostrar o comercializar su producto allí de acuerdo a su necesidad de exposición y de su capacidad de inversión, estableciendo así estands de gama alta, media y baja, al igual que ofreciendo condiciones de temporalidad sobre los alquileres, de modo que si alguien lo necesita por cuestión de días pueda hacerlo, al igual que el que lo necesita por espacios de tiempo más prolongados.

La feria podría disponer de plazoletas reservadas para la promoción de ferias y fiestas de los municipios del departamento, obviamente a módicos precios, en aras de divulgar de manera más contundente las agendas festivas de cada uno de los municipios, y lograr una mayor acogida y visitas del público tunjano.

El espacio usado para ‘Panaca Viajero’ podría readaptarse para un espacio de similares características, es decir, una mega aula itinerante sobre los asuntos del campo boyacense, o sobre los ecosistemas del departamento. Es decir, podría ser un aula ambiental a cielo abierto para el uso de Corpoboyacá, y para el aprendizaje y disfrute de quienes residen o habitan la capital boyacense.

Al hacerse uso de estructuras de fácil ensamble e igualmente sencillo desmonte, este espacio podría seguir siendo ideal para la organización de conciertos, por lo que la existencia de la feria no le impediría ese uso. Esto a su vez permitiría la organización de otro tipo de festivales, como el recientemente realizado y fracasado Oktoberfest, que en tierras de donde es originario, suele hacerse a cielo abierto.

Valga destacar que durante los tres días que duró ‘Cosecharte’, los que más disfrutaron fueron los niños, que no solo aprendieron y se divirtieron con el ‘Panaca Viajero’, sino que se hicieron un festín de diversión con la plazoleta adaptada sobre césped sintético, complementada con una infinidad de puffs, en lo que seguramente fueron jornadas memorables de disfrute y divertimento para muchos de estos pequeños.

#Editorial

En Tunja la atención del riesgo es todo un riesgo

Uno de los puntos más flacos durante el control político que se le hizo a William Rincón Cely, como secretario de Infraestructura y como supervisor del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD), fue justamente el relacionado a esta última dependencia.

En esencia porque no hay doliente alguno de la gestión del riesgo en el municipio, y eso quedó demostrado en varios aspectos, empezando por los pobrísimos indicadores que sea ha planteado la Administración Municipal para la prevención de desastres y para la atención a emergencias, o el mismísimo hecho de que no haya como tal un director del CMGRD para la capital boyacense.

No es admisible, por ejemplo, que uno de estos indicadores sea el número de personas afectadas por situaciones de emergencia o desastre, que para el caso de este CMGRD planteó la meta en 100 personas, siendo además este el único indicador que se ha cumplido. Habría que plantearse entonces qué hace el municipio si existen más de 100 personas afectadas por desastres, ¿No las atiende?, o en caso contrario, si no existen 100 personas afectadas por desastres a lo largo de la vigencia, ¿Queda entonces un indicador sin cumplirse?

Y así como ha ocurrido con este indicador mal formulado, se ha repetido esta situación con otros de los indicadores de desempeño de un CMGRD que ha brillado por su ausencia con la falta de atención a emergencias reales. Mientras que lo que no existe y si debería existir son obras, o cuando menos proyectos de obras, de mitigación del riesgo, situación que queda en evidencia durante esta temporada de lluvias que ha encontrado a la ciudad sin la más mínima intervención o plan de acción. Es más, valdría la pena preguntarse si el municipio cuenta con un mapa de riesgo actualizado, y en caso de que si, preguntar nuevamente por qué no existen acciones de mitigación para situaciones como la recientemente ocurrida en la vereda La Colorada.

El ejemplo más diciente de la ineficacia del CMGRD es el de la contingencia de desabastecimiento de agua que se presentó a comienzos de octubre. Sobre este asunto en particular es necesario señalar que Veolia, siguiendo los protocolos establecidos para el tipo de intervención que pretendía realizar, dio aviso a la Administración Municipal, con el debido tiempo de anticipación, para prevenir el afrontar la situación que finalmente terminó ocurriendo.

Contingencia que fue asumida y atendida por Veolia y por el Cuerpo de Bomberos de Tunja, quienes dispusieron de carrotanques para abastecer de agua a las comunidades de la capital boyacense, mientras que el aletargado CMGRD de Tunja vino a aparecer tres días después de iniciada la emergencia, para realizar un Puesto de Mando Unificado (PMU) que no tuvo mayor impacto, puesto que la situación, a esa altura, ya estaba en gran medida controlada por Veolia y por Bomberos.

La Administración Municipal en cambio, en su extensa siesta, no estuvo en capacidad, ni siquiera, de dar instrucción a las instituciones educativas y centros médicos, para dar guía sobre el proceder en medio de esta situación.

Afortunadamente para la ciudad y para quienes la habitamos, esta contingencia no fue de talla mayor, pero temblores, terremotos o deslizamientos de tierra no dan segundas oportunidades. Así las cosas, el CMGRD deberá a apuntar a concebir y un verdadero plan de acción, y en ejecutar acciones que vayan más allá de un par de pomposas fotos de sus funcionarios en supuesta atención a emergencias, cuando esas mismas fotos develan que quienes atienden las emergencias son funcionarios de otras entidades.

#Opinión #Salud #Boyacá

De Guatemala a “GuateCohan”

Por: Daniel Triviño Bayona

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ese parece ser el enunciado más repetido durante las últimas semanas por parte de los afiliados a Sanitas EPS, en referencia al cambio de operador del servicio de entrega de medicamentos, que pasó de estar en manos de Cruz Verde a la Cooperativa de Hospitales de Antioquia (Cohan).

Si bien Cruz Verde no era indefectible en la prestación de este servicio, nunca tuvo el rechazo de la totalidad de sus usuarios, como sí ha venido ocurriendo con Cohan desde su llegada al departamento de Boyacá.

Es que hasta el momento es imposible encontrar a una sola persona que pueda dar fe de la prestación de un buen servicio en Cohan, al contrario, absolutamente todos los ciudadanos que allí reciben sus medicamentos entregados por Sanitas EPS, y por los cuales han pagado a lo largo de su afiliación a esta EPS; han salido molestos, furiosos e indignados, ante la prestación del servicio de un operador que a leguas está demostrando que llegó a prestar un servicio para el que no está capacitado. Situación además que se repite en departamentos como Córdoba, donde también comenzó a prestar servicios desde el pasado 1 de noviembre (https://www.facebook.com/share/p/17vez7dZF9/).

El inconveniente principal para los usuarios ha sido que el código de autorización de los medicamentos no se ha generado para Cohan, sino para Cruz Verde, pretexto bajo el Cohan se escuda para no entregar los medicamentos a los usuarios, como si estos fueran los culpables de ello.

Esta situación es gravísima, pues la negativa de entrega de medicamentos no solo va en contravía de los derechos a la salud, a la vida, la integridad personal, la dignidad humana, sino que deja al usuario ante dos escenarios posibles: o paga de su bolsillo por los medicamentos en una farmacia externa, o enferma, o incluso muere, ante la imposibilidad de dar tratamiento a su enfermedad.

Este hecho, que es masivo y repetitivo no debería ser ignorado por los entes que ejercen vigilancia, empezando por la mismísima Superintendencia de Salud, hasta las mismas secretarías de salud del departamento y de los municipios, que están en la obligatoriedad de abogar por los derechos de la ciudadanía que están siendo flagrantemente afectados. O por lo menos así tendría que ser en una sociedad auténticamente democrática en la que se vela por garantizar los derechos de las personas. No basta con los tibios acuerdos establecidos a mitad de semana con la Defensoría del Pueblo, de los cuales no se ha implementado ni uno solo hasta el momento de la elaboración de esta columna.

En todo caso, si el problema es que los códigos de autorización se están generando para Cruz Verde y no para Cohan, tendría que ser esta última la que esté dispuesta a asumir los costos de este error o inoperancia, y pagar por los medicamentos que hoy le están negando a miles de usuarios en el departamento. No puede ser que sea el ciudadano de a pie quien deba pagar dos veces por el mismo producto, por la simple impericia y falta de organización entre EPS y prestador de este servicio.

A todo esto, se le deben sumar las condiciones en que son atendidos los usuarios, que a la hora de la verdad, llamarlos usuarios es solo un eufemismo, pues en realidad son clientes, clientes que están al día con sus pagos con la mencionada EPS, razón misma por la que es injustificada la falta de prestación del servicio por parte de esta cooperativa.

Entre dichas condiciones están las de tener que hacer larguísimas filas, muchas veces en la calle porque ni siquiera se proyectó el volumen de pacientes que tiene Sanitas en Boyacá, para así arrendar un local acorde a lo necesitado, más allá de que esta cooperativa quiera hacer creer a la opinión pública que los pacientes se duplicaron de la noche a la mañana (https://acortar.link/mk2cic). Tampoco hay baños, lo cual debería igualmente considerarse una falta gravísima teniendo en cuenta que se está prestando un servicio al público. A propósito del público al que atienden, cabe señalar que en buena proporción son adultos mayores, los cuales no contaban ni siquiera con una fila preferencial durante los primeros días de Cohan en Tunja, porque ni eso se pudo proyectar. Al final se implementó la fila preferencial para adultos mayores, obviamente después de que una indignada usuaria, cliente y paciente, se manifestara molesta por esta desconsiderada situación.

Ya son suficientes los casos de productos o servicios sobrevalorados en el mercado colombiano, en detrimento del consumidor, con el guiño de un Estado, ampliamente corrupto, que suele obviar este tipo de timos y abusos, pero no puede ser que como usuarios permitamos que este tipo de dolos se extiendan en quienes prestan servicios de salud en el departamento.

#Opinión

Lo políticamente correcto y la elección de Trump

Con las elecciones en EEUU se ratifica la tendencia decadente de occidente expresada en los liderazgos políticos más visibles en la opinión pública, pues, como ha sucedido en lo que va corrido del siglo XXI en varios países, la presidencia no la ganó el mejor sino el menos malo. Es que, sin entrar en lo judicial donde el cuadro es sombrío, en lo público Trump es una figura totalmente excéntrica, con un discurso lleno de exageraciones e imprecisiones o mentiras, con tonos racistas y misóginos. Es decir, independientemente de que dichos rasgos puedan ser solo retórica para lograr tener la atención del público centrada en él, Trump es un líder populista y si se quiere extremista, que con el partido republicano ganó las elecciones presidenciales y las del congreso en el país aún más poderoso de occidente.

Sin embargo, a Trump y a sus asesores más cercanos hay que reconocerles una sagacidad que les permitió catalizar las pulsiones más profundas de una buena parte de la población, incluyendo las necesidades básicas, como la comida sobre la mesa o el dinero en las billeteras. Esta población de clase baja y media urbana y rural se venía sintiendo relegada por la dirigencia demócrata obsesionada con lo “políticamente correcto” que en las últimas décadas se ha enfocado más en las ideas woke e identitarias. Es decir, en la guerra cultural gramsciana, que ha sustituido la lucha de clases por la lucha identitaria, creando conflictos inexistentes y sobre todo innecesarios (blanco-negro, hombre-mujer, heteros-homos, etc), para lograr la hegemonía cultural.

Lo cierto es que, a pesar de su retórica considerada xenófoba principalmente por su discurso anti inmigrantes, Trump logró un realineamiento electoral al aumentar el voto de las principales minorías: latinos y afroamericanos de todas las clases sociales. Al mismo tiempo, según informes, el desempeño de Harris entre votantes proaborto, gays, bisexuales, lesbianas y trans fue más amplio que el de cualquier candidato demócrata en las últimas cinco elecciones presidenciales. De esta manera, uno de los mensajes electorales que recibieron los demócratas fue el de que buena parte de la población no está dispuesta a seguir confundiendo el sano pluralismo con el relativismo moral.

Ahora bien, en lo atinente a las relaciones de Colombia con EE.UU. con el gobierno Trump (“América First”), el gobierno Petro puede esperar recortes en la asistencia antinarcóticos, un riesgo considerable de descertificación por el aumento de los cultivos de coca- y producción de cocaína - así se los quiera convertir en lícitos por decreto, amén de amenazas de aranceles o esfuerzos para renegociar el TLC. Además, es probable que surja una hostilidad abierta por la creciente migración ilegal, que, por la aparente consolidación de la dictadura de Nicolás Maduro, es previsible que aumente por el tapón del Darién. También, las posiciones del gobierno de Colombia contra el de Israel incrementarán la desconfianza de Trump, haciendo que la tradicional buena relación bilateral se enfríe o debilite, a no ser que para evitar que Colombia se acerque más a China, Trump decida dar un compás de espera y, al menos, no se meta con los aranceles del TLC favorables a Colombia.

De otra parte, aunque debido a las guerras Rusia-Ucrania e Israel-Palestina- Irán, con Trump América Latina continuará relativamente olvidada, la influencia del partido republicano desde el congreso podría presionar por el debido relevo en el régimen venezolano ganado en las elecciones del 28 de octubre. En esta cuestión el presidente Petro y su canciller tendrán que mirar con la óptica del interés nacional de mediano y largo plazo, la postura que asumirán el próximo 10 de enero (diez días antes de la posesión de Trump) cuando - como todo parece indicar-, Maduro pretenderá volver a posesionarse de manera por demás desafiante, al mismo tiempo en que González y María Corina Machado mantienen su postura de que en esa misma fecha llegarán al poder que ganaron legítimamente en las urnas.

#Editorial

¡Salven esos $3.000 millones!

Desde hace unas semanas se ha dado a conocer a la opinión pública sobre el propósito de la Administración Municipal por reasignar $3.000 millones sobrantes del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para el Aguinaldo Boyacense, propuesta que no ha caído bien entre la mayoría de la ciudadanía en Tunja.

No ha tenido buen recibo no solo por lo inoportuno de tal reasignación, siendo que la ciudad tiene cientos de necesidades por resolver; sino por la falta de estructuración de un plan de uso de estos $3.000 millones adicionales, sobre los cuales nadie puede detallar sobre el modo en que se utilizarían.

La ciudadanía pide a gritos inversiones para el mejoramiento de la malla vial, sin embargo, en manos de una Secretaría de Infraestructura que no tiene proyectos o avances por mostrar transcurridos más de 10 meses de gobierno, sería toda una irresponsabilidad dejar tal cantidad de dinero en tales manos.

No con esto se está diciendo que se reasignen los recursos para el Aguinaldo, tal y como pretende la Administración Krasnov, pues en manos de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio, ocurriría exactamente lo mismo, dado que esta dependencia es un calco de la de infraestructura en materia de falta de proyección y pobrísima ejecución.

Lo que realmente ha de hacerse con estos recursos es usarlos bien, y para ello lo primero que se requiere es priorizar la resolución de las más urgente de las necesidades por atender, cualquiera que sea; que además debería determinarse mediante la consulta a la ciudadanía.

Luego tendría que estructurarse un plan de uso de estos recursos, detallando cómo y en qué se va a gastar hasta el último centavo, pues Tunja no puede seguir permitiéndose despilfarrar el dinero en cuanto proyecto improvisado se aparece, como ha venido ocurriendo a lo largo del último par de décadas.

Y mucho menos puede permitirse el derroche en financiarle la parranda de fin de año a cualquier Silvestre de estos que cobran según la cara del cliente, que además no hace más que atraer un turismo barato, que viene y se va de la ciudad el mismo día, y que solo viene a embriagarse, si es que no vienen ya en ese estado desde sus propios municipios y ciudades.

Si esos $3.000 millones son para usarse en ese tipo de cosas, lo mejor es que se reasignen a intervenciones de mayor prioridad, como la finalización de la Torre Hospitalaria, o la terminación de la Calle 59, o reparar el Coliseo del barrio San Antonio, o en arreglar el Teatro Cultural, o simplemente reparar las vías, pero con intervenciones reales y plausibles, y no con los incomprobables y ciertamente incontrovertibles 27 kilómetros rehabilitados que dice haber conseguido la Secretaría de Infraestructura. El Concejo no puede ser complaciente con la idea de reasignar estos recursos de tan irresponsable manera.

Y si el dinero se destina finalmente como una adición al presupuesto del Aguinaldo, tendrá que ser para concebir un espectáculo de calidad, que atraiga verdaderos turistas de todo el país, obviamente fortaleciendo el tejido cultural local. Maravilloso habría sido destinar esos $3.000 millones a un concurso de carrozas que verdaderamente diera la talla para ser categorizado como “internacional”, que hubiese sido tan impresionante que hasta en el mismo Pasto hubiesen sentido envidia. Aunque ese tipo de cosas tienen que hacerse con tiempo, y en esta Tunja que conecta con la falta de proyección y de ambición, la oportunidad ya esfumó para este 2024.

#Opinión #Tunja

Ya ni una calle se puede hacer

Por: Daniel Triviño Bayona

La cereza del pastel del desastroso informe de gestión que presentó a mediados de esta semana la Secretaría de Infraestructura en el Concejo de Tunja, fue el anuncio de que supuestamente se contará con la Calle 59, con dos carriles, para mayo del próximo año.

Lo primero que habría que decir es que no existe ningún fundamento para ilusionarse con dicha fecha y creer en tal anuncio, pues no está basado en nada que lo sustente, solo en las suposiciones y divagaciones de un Secretario más interesado en adular a su jefe que en demostrar la auténtica planeación, ejecución y proyección de obras para la ciudad. Además de contar ya con pésimos antecedentes en eso de prometer públicamente y luego no salir con nada (https://fb.watch/vISn7EnTMs/).

Luego hay que entrar a analizar lo que viene ocurriendo con este proyecto, el de la Calle 59, que entrega un muy mal diagnóstico del funcionamiento de Tunja como ciudad, pues resulta que en la capital del departamento, en pleno siglo XXI es toda una osadía tratar de construir una calle que no alcanza siquiera el kilómetro de extensión.

Eso habla a la vez de la pobrísima capacidad para planear proyectos, y peor todavía, de la incapacidad de gestionarlos. Esto que ocurre hoy en Tunja, donde resulta imposible hacer una calle es una completa vergüenza, y obedece a un problema de fondo como lo es el altísimo grado de corrupción en los manejos administrativos.

Corrupción en forma de numerosas cuotas burocráticas, que supuestamente iban a desaparecer desde el 1 de enero de 2024, pero que hoy se acrecientan, dejando en el aire unos particulares acentos duitamenses, sogamoseños y llaneros. Descaradamente, el asunto del cuantioso “staff” de burócratas es el pretexto ideal de la administración municipal de turno, para justificar la nula o pobre inversión en obras, pues siempre es más importante garantizar los “gastos de funcionamiento” del municipio, más allá de que funcionen pocas cosas.

Las obras de la calle 59, conocida hoy por muchos como cincuenta y nunca, comenzaron el pasado 16 de agosto de 2023, quedando establecido en el contrato que la ejecución de las obras tendría un plazo de siete meses. A la fecha han transcurrido casi 14 meses, y todavía no se avizora cuándo será su entrega.

Dicho contrato se firmó por un valor de $9.031.645.699, es decir, algo más de cuatro mil millones por encima de los presupuestado cuando se “planeó” el proyecto. Ese monto adicional le fue sustraído al proyecto de la Calle 53, del que hoy no existe ni sombra. Se le trasladó bajo el supuesto de que se iba a construir una avenida a dos calzadas, cada una con doble carril, andenes, y ciclorruta, nada fuera de lo común, pero ese fue el pretexto para permitir ese traslado presupuestal. Luego resultó que la plata no alcanzó, y que se requiere adicionar cerca de 4.500 millones más.

Como quien dice, esta obra se alinea con todas las demás realizadas a lo largo de la última década: improvisadas, extensas en ejecución, pagadas al doble o al triple del valor, anacrónicas o incluso inútiles al momento de su puesta en funcionamiento.

Como buena sociedad carcomida por la putrefacta corrupción, no hay ni habrá ningún sancionado de este o del anterior gobierno, por esta obra tan típica y tan propia de nuestra capital boyacense, en la que hasta hacer una calle nos queda grande.

#Editorial

Ni conecta ni gestiona

Los resultados del Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, en su decimosexta edición, dejaron al desnudo, para Colombia entera, lo que desde hace rato se viene diciendo y sabiendo en la opinión pública tunjana: La “Tunja que conecta con el mundo” es un sello de falta de gestión.

El alcalde, Mikhail Krasnov, de acuerdo a esta medición, fue el que obtuvo la tercera peor calificación en materia de gestión entre 15 alcaldes que fueron calificados por los líderes de opinión del país. El puntaje fue de 41 sobre 100, indudablemente, se rajó el profe.

Sin embargo, ya con este mal resultado consumado, algo que ha de caer como un bálsamo para la Administración Krasnov es el hecho de no haber ocupado el último lugar, pues es loable que teniendo un Alcalde que no gusta de “andar rogando en los ministerios”, se haya gestionado algo. Habría que preguntarse qué fue eso que se gestionó que hace que Tunja sea la antepenúltima en esta medición y no la última, pues a ciencia cierta no hay nada ostensible más allá de 30 becas, un puñado de Oxxo y un buen catálogo de fotos y videos para redes sociales.

Por lo demás, no hay nada plausible de sus cuatro salidas internacionales, de las que solo se gestionaron unos anuncios gaseosos que se han ido disipando en el olvido de la memoria colectiva de los tunjanos, más allá de que la cohorte de aplausos digitales del alcalde diga otra cosa.

Es que tanta desidia por la labor de gestionar, en el sentido estricto de la palabra, es evidente en medio de una Administración que tuvo en el olvido y a su suerte a dependencias como la Unidad Administrativa Especial de Ciencias, Tecnología e Innovación (Umciti), que vino a encontrar un timonel transcurridos 10 meses del año, y que hasta ahora no tiene ni un solo proyecto o resultado para mostrar.

Eso se repite en varias dependencias, de las que hasta ahora se desconoce el anuncio de un gran proyecto, tanto en materia de empleabilidad como de infraestructura, o de movilidad, pues a esta altura es imposible seguir sacando pecho con proyectos heredados o gestionados por terceros, como fue el Módulo V (cuarto módulo) de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), la Estación de Policía de Tunja o el Punto de Abastecimiento Solidario (PAS).

Y así como no se ha gestionado nada trascendente en los ministerios colombianos o en las recurrentes salidas internacionales, tampoco se ha logrado conectar a Tunja con el mundo, al contrario, se le ha ido desconectando con decisiones como la de no renovar el contrato para el funcionamiento de las zonas wifi o con la de cerrar las puertas frecuentemente a talentos del deporte y del arte que buscan apoyos para representar a la ciudad ante el mundo.

Ya va siendo hora de que se ponga en marcha tanta idea que en tiempos de campaña sonó brillante para tantos, a pesar de las advertidas imposibilidades de muchas de estas, pero especialmente va siendo hora de que el Alcalde se dé a la tarea de escuchar a quienes ha delegado para conformar su gabinete, y permitirles asesorar en la tarea de gestionar, que parece no es su especialidad.

#Opinión #Boyacá #Nación

ANIquilados

Por: Daniel Triviño Bayona

La noticia del cierre de una calzada del puente del Sisga, específicamente la que conduce de Tunja a Bogotá, a partir de este martes 5 de noviembre, y hasta el próximo 29 de abril de 2025, más que un baldado de agua fría, ha sido un anuncio y sentencia de crisis para buena parte de las familias boyacenses, sino para todas.

Es que tal cierre no puede llegar en peor momento, justo en medio del Festival Internacional de la Cultura incluido, seguido de la temporada decembrina, y prolongándose más allá de la Semana Santa de 2025: toda una estocada a la ya malherida economía boyacense.

La decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del concesionario BTS Autovías, no solo se dio de forma unilateral, sorpresiva y arbitraría, sino que demuestra de paso un altísimo grado de desconexión con las problemáticas y las necesidades de las regiones, pues Boyacá, luego de padecer el paro de transportadores de carga, y el de campesinos parameros y de mineros, no puede permitirse un cierre con tan graves consecuencias para la economía y la productividad de quienes lo habitamos.

Tampoco puede obviarse la falta de empatía, camuflada y justificada bajo el mantra incuestionable de que “la prioridad es garantizar la seguridad de la infraestructura para los usuarios de la vía”, como dijo el gerente general de la BTS Autovías, Francisco Gnecco Roldán, en diálogo con Caracol Radio el pasado 30 de octubre. Si la prioridad hubiese sido la seguridad, no se habría dejado estos trabajos e intervenciones para última hora, sino que se tendría que haber hecho en su debido momento, permitiendo a la población saberlo a tiempo, preparándose para ello, y pudiendo así opinar y participar sobre el periodo adecuado para esto, como se supone que se hace en las democracias, y no a modo de imposición, como va a resultar siendo.

Más grave todavía es lo que relató el Periódico El Diario el pasado 31 de octubre en su artículo titulado “El puente de El Sisga está quebrado, ¿con qué lo Curaremos?" (https://acortar.link/89hyuH), dando a conocer que desde el Ministerio de Transporte advierten que la infraestructura está “seriamente deteriorada, mucho más de lo que oficialmente se ha revelado”.

De no ser así, tendría que salir la ANI y el mismo Ministerio a desmentir tal situación, y de paso permitir el aplazamiento de esta intervención, y de resultar cierto, dar la cara y explicar por qué se le ocultó esta información a los pobladores de Boyacá y Cundinamarca, sin duda, los más afectados con este intempestivo cierre.

Es que el grado de improvisación llegó, al parecer, al grado de instalar unos reductores de velocidad, no para disminuir la celeridad del tráfico, sino para evitar las vibraciones a esta infraestructura. Eso se dio en el primer trimestre de este año, siendo que la intervención pudo haber empezado en ese momento, en vez de ponerse a experimentar, arriesgando y poniendo en juego la economía de los boyacenses con un lapidario cierre en fin de año.

Es que esto es más lesivo de lo que se cree, pues Boyacá, además de carecer de infraestructura aérea a gran escala y asequible al bolsillo de la mayoría de los colombianos, es un departamento que logra buena parte de su atractivo gracias a sus paisajes, razón misma por lo que el viaje por carretera no puede convertirse en algo tortuoso.

No hay plan de manejo de tráfico que pueda resarcir el impacto que causaría tal cierre, que no solo afectaría el turismo en épocas de temporada alta, sino que también tendría impactos para el comercio, pues algo indudable es que se aumentarán los tiempos de viaje, incluidos los de quienes transportan mercancía, con las repercusiones que eso pueda tener para el costo operativo de ese servicio.

Tendría que unirse y actuar la clase política de Boyacá, no solo solicitando un aplazamiento de estos trabajos, sino una compensación al concesionario BTS Autovías, de propiedad del Grupo Financiero Macquarie Capital, en caso de que por materia de inminente colapso, no pueda darse tal aplazamiento a los trabajos. No puede ser que la irresponsabilidad de este concesionario termine siendo financiada también por el bolsillo de los boyacenses. Es hora de que los electos representantes de la ciudadanía en Boyacá: Gobernador, alcaldes, congresistas, diputados y concejales, se unan para reclamar un trato justo y digno para el pueblo boyacense. Que no exista el más mínimo temor a la hora de tasar y calcular el impacto económico que esto tiene para el departamento, y mucho menos a la hora de exigir la compensación que en franca lid tiene que recibir del departamento por la gravísima afectación que está causando un tercero que no se tomó en serio su compromiso adquirido de mantener en buenas condiciones la vía.

#Opinión

El negocio con las personas “transgénero”

Carlos A. Velásquez-Cr(r) del Ejército Nacional de Colombia

Mientras que en la COP16 se presentaron sesenta stands de “negocios verdes” caracterizados por ser amigables con el medio ambiente, es decir por respetar la naturaleza, en una muestra más de incoherencia, desde el Gobierno Nacional se toman decisiones que contrarían de manera flagrante la naturaleza humana, facilitando además un negocio redondo. Es el caso de la reciente circular del Superintendente de Servicios de Salud de Colombia, Luis Carlos Leal, con la pretensión de que los niños con problemas psicológicos de identidad sexual, puedan recibir tratamientos hormonales sin el consentimiento de sus padres. De esta manera, queda en evidencia la supina ignorancia y ausencia de criterio del superintendente, acompañado del silencio omisivo, tanto del ministro de salud como del presidente Petro.

Respecto al negocio redondo que se facilitaría, no es sino mirar hacia los EE.UU trayendo a colación unos elementos de juicio expuestos en un artículo publicado en “Mercatornet” por Michael Cook en agosto, donde se demuestra que la medicina transgénero convierte en obsoleto el juramento hipocrático, pues su primer principio no es “no hacer daño” sino obtener ingentes beneficios económicos.

Allí se lee que la defensa de las personas transgénero forma parte de la campaña de Kamala Harris a la presidencia de EE.UU. La escogencia de Tim Walz como fórmula vicepresidencial fue una fuerte señal para el movimiento LGBTQI+, porque hizo de Minnesota un refugio para las personas “trans”. En una reunión vía zoom convocada por “Trans Folks for Harris” la activista Charlotte Clymer declaró: “Tenemos mucho más poder del que creen, eso es seguro. Y cuando usamos ese poder, cuando nos organizamos juntos y nos apoyamos unos a otros, podemos hacer grandes cosas”.

Lo cierto es que, si efectivamente las personas “trans” tienen mucho poder, esto se debe, no a la cantidad de ellas sino al hecho, poco analizado, de que la medicina “trans” es una industria poderosa y en crecimiento con un valor de miles de millones de dólares. Por ende, no es solo el poco número de personas “trans” las que están involucradas, sino también una miríada de inversores, corporaciones, médicos, enfermeras y personal de apoyo.

Hablando de dicha industria, una emprendedora trans- Katherine Anthony- le describió a la revista Forbes en 2020 la dimensión del potencial mercado: “La tecnología trans es una industria en ciernes con una enorme oportunidad, nuestras estimaciones sitúan el costo promedio de la transición en USD$150,000 por persona. Multiplique eso por una población estimada de 1,4 millones de personas transgénero, estamos tomando un mercado de más de 200 mil millones de dólares. Eso es más grande que toda la industria del cine”.

Aún más, hace un par de meses, el American Principles Project publicó un estudio revelador de los hechos y cifras de la medicina “trans”. “El Complejo Industrial de Género” había encargado a una empresa de investigación de mercado, (Grand View Research) que estimara el costo de los medicamentos y procedimientos quirúrgicos involucrados en la transición, el crecimiento estimado de los ingresos actuales y futuros del mercado y los actores más importantes. Leído el informe, es difícil no concluir que “La prevención, el retraso o cualquier interrupción farmacológica y especialmente quirúrgica del proceso que llamamos pubertad es un crimen contra la humanidad. Es horrible lo que les hacemos a los niños”, dijo a los autores del informe un cirujano que solía trabajar en medicina “trans”. “Las cirugías, las revisiones y todas esas cosas, es un gran negocio”.

Otros hallazgos de dicho informe incluyen que los posibles efectos sobre la salud de someterse a una transición son numerosos, incluido un mayor riesgo de cáncer, daño a los nervios, dolor crónico, disfunción sexual, problemas de salud mental y la necesidad de cirugías adicionales, todo lo cual aumenta los costos. También se estimó que varios proveedores de cirugía transgénero, incluidos Cedars Sinai, los Regentes de la Universidad de Michigan, el Sistema de Salud Mount Sinai y varios otros, generaron más de USD$100 millones en ingresos por estas prácticas durante el 2022.

Más aún, las farmacéuticas Pfizer y AbbVie lideran la producción de hormonas, con unos ingresos en 2022 de 74 y 51 millones de dólares respectivamente, procedentes de esos productos. Se estimó que los ingresos totales de medicamentos y cirugías transgénero en 2023 superarían los 4.400 millones de dólares.

Es que la transición transgénero no es solo una cuestión de unas pocas visitas al médico y pocas inyecciones. Es un compromiso de por vida con la medicación regular y una larga serie de procedimientos quirúrgicos. Por esto, las personas “trans” están desembolsando enormes sumas para lidiar con su disforia de género, una condición psicológica que de todos modos probablemente no se puede resolver con hormonas y cirugía.

#Opinión #Boyacá

Mientras la violencia aumenta, llega la cortina del espectáculo

Por: Gina Rojas Hoyos

Si disfruta del resplandor de los espectáculos y prefiere mantener los ojos cubiertos por el brillo de los eventos, tal vez esta columna no es para usted. Estoy muy consciente de que hay quienes prefieren creer que las críticas provienen de “aguafiestas” que solo ven lo malo. Así que, le invito a seguir el desfile de encuestas sobre costosos artistas, juegos pirotécnicos y las storys de funcionarios ocupados en carrozas y comparsas, mientras la violencia devora la vida de niñas, niños y mujeres en nuestras ciudades.

Juego de cortinas

El concepto de “pan y circo” tiene raíces en el Imperio Romano, donde el Senado ofrecía alimentos y espectáculos gratuitos para mantener al pueblo distraído y evitar que se enfocara en los problemas de fondo que afectaban su calidad de vida. A lo largo de la historia, esta práctica se ha perfeccionado para distraer a la ciudadanía de las realidades políticas y sociales que merecen atención.

El pasado miércoles 16 de octubre, mientras Boyacá expresaba indignación por el abuso sexual de un menor de edad en Sogamoso, me llegó un mensaje: “Parece que la urgencia es coordinar el desfile del FIC (Festival Internacional de la Cultura) y no acompañar a la familia del niño de Sogamoso”. El escrito incluía un pantallazo de la story publicada por Luisa Martínez, secretaria de Integración Social departamental, en la que mostraba el duro trabajo que adelantaba su cartera para representar a la provincia de La Liberad en el festival. Carrozas, comparsas… ¿y el apoyo a las víctimas?

Ese mismo día, mientras el paro campesino bloqueaba las vías en Paipa y generaba dificultades para miles de personas en Boyacá, el gobernador Carlos Amaya publicaba en sus redes sociales una encuesta preguntando qué artista prefería el público para el FIC: Carlos Vives, Juanes, Marco Antonio Solís o Rubén Blades. La publicación se viralizó rápidamente, con la ayuda de los mismos funcionarios y seguidores que replicaron el contenido con fervor.

¿Desconexión, distracción, falta de empatía o, como bien se dice en la calle, “importaculismo” institucional? Horas más tarde, el gobernador, con su habitual populismo, finalmente se presentó a dialogar con los manifestantes en Paipa, mientras su administración guardaba completo silencio sobre el caso del menor de edad en Sogamoso. Ni siquiera los habituales comunicados de rechazo aparecieron en las redes de quienes deberían estar apoyando a las víctimas.

Sin respuestas

Es difícil reconocer si realmente hay algo más allá del calendario de eventos que sigue llenándose y absorbiendo los recursos. Las respuestas a temas serios son cada vez más evasivas y escuetas, acompañadas de una comunicación unidireccional que se reduce a mostrar una imagen idealizada. Los derechos de petición enviados por organizaciones sociales y medios, sobre políticas de seguridad y apoyo a víctimas, reciben respuestas mínimas, donde las preguntas son hábilmente esquivadas, dejando a las familias afectadas en una espera interminable. Cada festival se convierte en una excusa para no responder a una ciudadanía que merece algo más que entretenimiento.

Por ejemplo, con el reciente feminicidio ocurrido en Sogamoso, Boyacá acumula once casos en lo que va de 2024, una cifra alarmante que supera la de años anteriores. Pero mientras estas tragedias se acumulan, lo que se ve en redes sociales son publicaciones de gran espectáculo y farándula, donde se elogia a los funcionarios sin demostrar el cumplimiento de políticas públicas ni esfuerzos transversales de prevención y atención.

Quizás después de esta columna vendrá la moda impuesta por la Secretaría de Integración Social: las famosas velatones, como si con velas encendidas iluminaran las barreras institucionales que en Boyacá son muy evidentes. No queremos velas, queremos justicia.

¿Cuánto vale la vida?

La vida de las víctimas no puede posponerse ni ocultarse detrás de un espectáculo. Sin embargo, cada fiesta, cada festival, se usan como cortinas para desviar la atención de las verdaderas tragedias. Mientras los recursos se destinan a atraer multitudes con costosos conciertos, la violencia persiste y las víctimas, sus familias y comunidades quedan en el abandono.

La falta de políticas efectivas y respuestas responsables debilita la confianza en el gobierno y las instituciones. Para quienes necesitan apoyo y seguridad, denunciar se vuelve un acto de fe en un sistema que, cada vez más, parece valorar la cercanía aparente y el espectáculo por encima de la verdadera protección y dignidad de sus ciudadanos.

El pan y el circo deja un doloroso mensaje para las víctimas que siguen en alto riesgo, y a la sociedad en general: “no es para tanto, son más cifras y ya”.

#Editorial

¿Autocontrol?

De mal en peor van los controles políticos realizados por el Concejo de Tunja, que no entregan resultado plausible alguno, y que, por el contrario, están dando legitimidad a una serie de actuaciones más que cuestionables por parte de la Administración Municipal.

El caso más reciente es el del control político que se realizó a la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja, Luz Mila Acevedo Galán, que no concluyó en nada, y que dejó la sensación en el aire de que más que un control político fue un autocontrol por parte de dicha dependencia.

Es que el extensísimo cuestionario pareció elaborado por la misma funcionaria, quien dedicó más de tres horas a leer unas respuestas a unas preguntas sin mayor sentido, propiciando así el hartazgo de concejales y ciudadanos presentes en el recinto. Tanto así que durante la mayor parte de la sesión no podían contarse más de siete o cuando mucho ocho concejales, es decir, ni siquiera la mitad.

Ese simple detalle dejó en evidencia la escasa importancia que le dio la Corporación Edilicia al control político a la dependencia con más cuestionamientos en lo que va de este año.

Cuestionario en el que no se incluyeron preguntas sobre los mentados vínculos familiares de esta funcionaría con otros altos mandos de la Administración Krasnov, con los que incluso ha compaginado siendo alcaldesa encargada, lo que sería causal de incompatibilidad e inhabilidad.

Valga destacar a algunos concejales, como Román Quintero, Laura Silva y Andrés Duarte, que se atrevieron a romper el libreto, cuestionando sobre situaciones completamente válidas, advirtiendo irregularidades como las ya conocidas de los familiares de esta funcionaria contratados en puestos de mando de la Administración Municipal, o las de varias personas que estarían cumpliendo labores más allá de no tener contrato, o las de la contratación de fundaciones cuya especialidad es el suministro de alimentos y no la organización de eventos culturales.

El teatro del supuesto control político logró su mayor pico de cinismo en el momento en el que la concejal Sandra Estupiñán solicitó una moción de orden para pedir a otros concejales que no preguntaran por los vínculos conyugales o sentimentales de esta funcionaria con el Director del Irdet, bajo el supuesto de que el reglamento interno de la Corporación no permite que se hagan preguntas que no hayan sido establecidas en el cuestionario. Curiosamente la concejal no apeló al reglamento interno para referirse al excesivo ausentismo de sus compañeros, pues seguramente no sea válido que se lleven a cabo sesiones con siete cabildantes.

A eso se suma que las respuestas se entregaron de forma tardía a los concejales, buscando torpedear las intenciones que estos pudiesen tener de realizar un control político a la altura, que en manos de un Concejo decente y a la altura de una democracia tendría que haber llevado a una moción de censura contra una funcionaria que ha permitido la vinculación de sus familiares en puestos de mando, la contratación de ciudadanos de otras partes del departamento, del país y del mundo por sobre tunjanos más capacitados para los cargos solicitados, que ha dejado grandes contratos en manos de fundaciones o empresas que a todas luces no cuentan con la experticia para ejecutar las tareas establecidas en dichos contratos, entre tantas otras actuaciones cuestionables de una cartera por la que nadie, más allá de Sandra Estupiñán, puede meter las manos al fuego, ni siquiera los propios integrantes de dicha dependencia, que fueron llevados uniformados al recinto del Concejo para que actuaran como comité de aplausos, pero ni ellos se aguantaron la catajarria de diapositivas insulsas con las que Acevedo Galán desvió la atención del ejercicio de control político.

#Opinión #Tunja

Soluciones para todos

Por: Daniel Triviño Bayona

Después de la tormenta viene la calma, aunque en Tunja no se puede decir que vaya a ser del todo duradera. Lo ocurrido durante esta semana, que comenzó con la protesta de un grupo de vendedores informales, y que culminó con un forzado acuerdo entre Administración Municipal y vendedores, es solo el inicio de la solución a una problemática que desde hace tiempo se expandió y se arraigó en la ciudad, y que va más allá de una reubicación.

La creciente invasión del espacio público se desbordó como nunca antes en tiempos de mandato de Alejandro Fúneme, propiciando con ello una serie de problemáticas y de condiciones ideales para la competencia desleal, y con ello un caldo de cultivo para el malestar de la ciudadanía, especialmente del comercio formal.

Por eso cayó tan bien el ímpetu con el que la Administración Krasnov afrontó esta situación, pues tal deseo de despeje de las calles peatonales del Centro Histórico es el sentir mayoritario de quienes habitan Tunja.

Sin embargo, no puede decirse ni establecerse que por más mayoritario y popular, sea el sentir único, pues del otro lado está una población vulnerable, que requiere de acompañamiento y de estrategias que potencien sus posibilidades de subsistencia fuera de las calles peatonales del Centro Histórico.

Lo primero que ha de destacarse en medio de esta negociación es el hecho de que haya existido voluntad de ambas partes para acordar posibles escenarios de reubicación, comprendiendo así, de parte de los vendedores, que la ocupación excesiva y desordenada de las calles peatonales del Centro Histórico está propiciando unas condiciones de inseguridad, desaseo y difícil respuesta a la atención de emergencias.

Esto ha venido acompañado con la aceptación por parte del grupo de vendedores inconformes, del hecho de que su actividad tiene que avanzar hacia unas condiciones de semiformalización o incluso de formalización, obviamente apoyándose en una serie de condiciones que se faciliten desde lo público para hacer más viable tal propósito.

Será clave entonces el acompañamiento que se brinde a los comerciantes de la cooperativa Coovename en el proceso de reubicación que está próximo a darse en el inmueble que les fue adaptado para ello en la Carrera Novena, pues el éxito de dicha reubicación sentará los precedentes de todo intento que se haga a futuro con otros grupos de vendedores, que todavía permanecen reacios e incrédulos al éxito comercial que puedan tener en otros espacios diferentes a los que hoy ocupan.

Necesariamente habrá que impulsar espacios cerrados como este con la ubicación de servicios municipales, en aras de jalonar la presencia de personas hacia estos lugares, tal y como se está haciendo con el Centro Comercial Florida Shopping Center.

Igualmente será vital el aporte que se pueda hacer desde la Cámara de Comercio para consolidar espacios como este o como cualquier otro que se plantee al comercio informal en este proceso de reubicación.

La escogencia de las plazoletas de San Ignacio y San Francisco para la venta de artículos de tipo artesanía es otro acierto en medio de este primer paso que se ha dado en el despeje de las calles peatonales del Centro Histórico, pues dichas plazoletas tienen todo el potencial de ser ocupadas con este fin, en vez de las calles por donde tendría que poder movilizarse la ciudadanía sin obstáculo alguno.

Otro aspecto a resaltar es la negativa al comercio de productos de plaza, pues esto facilita el desaseo, y con ello condiciones insalubres e incluso la aparición de plagas. Sin embargo, la reubicación en las plazas de mercado para quienes hoy comercian productos agrícolas no parece ser una solución real, especialmente por el alto grado de competencia que ya existe entre quienes hoy ocupan espacios en las plazas de mercado. Habrá que contemplar entonces la posibilidad de plantearles a estas personas que cambien de producto a comercializar, de modo que no tengan que trasladarse necesariamente a cualquiera de las ya copadas y atiborradas plazas de mercado.

Una última reflexión tendría que centrarse en la responsabilidad que tenemos cada uno de los ciudadanos sobre la existencia y el auge del comercio informal, pues en cierta medida este existe porque hay quienes compran sus productos, es decir, porque hay demanda, y siendo así, quiere decir que hay gente que no está en contra de su existencia, solo que quizá no se ha pronunciado en medio de esta contingencia por el efecto espiral del silencio, obviamente bajo el temor a ser agredido o insultado por los más acérrimos detractores del comercio en espacio público. Igualmente necesario es recalcar que este proceso de reubicación tiene que darse por las vías del diálogo y la concertación, y no mediante la coacción o la violencia, como ocurrió en los últimas horas, pues esto último pude conllevar a un caos social que puede echar por la borda todo el rédito político conseguido hasta ahora.

Tendrá entonces la Administración Municipal que encontrar el punto de equilibrio para permitir la subsistencia de estas personas que prefirieron al comercio al crimen, a la vez que se garantiza la conservación del orden en los espacios públicos del municipio.

#Editorial

¡Qué descontrol!

El primero de los controles políticos adelantados en el actual periodo de sesiones del Concejo Municipal resultó tan ineficiente como los realizados en el anterior periodo. Es que más allá de no concluir con la moción de censura esperada por algunos, que como tal no es el objetivo de los controles políticos, necesariamente; este control fue puro descontrol y perdió su norte rápidamente.

El mencionado control, a la Gerencia Estratégica de Comunicaciones y Protocolo de la Alcaldía de Tunja, terminó siendo más bien una especie de “control social” a los medios de comunicación de la ciudad y del departamento.

Si bien es válido que exista malestar por parte de los concejales hacia los medios de comunicación por los manejos que se le hayan podido dar a una u otra información, y que es igualmente necesario que los medios de comunicación y quienes los integramos dejemos los egos a un lado y apelemos a la sensatez para aceptar la crítica y nutrir la autocrítica; lo cierto es que un espacio de control político, pago con los impuestos de la ciudadanía, no puede convertirse en un espacio de desahogo o incluso de “control social” hacia los medios de comunicación.

Si algún concejal considera que han existido manejos de informaciones que les involucren, que se hayan dado de forma anti ética, deshonrosa, tergiversada, malintencionada, o imprecisa, lo más coherente sería emitir un pronunciamiento que contrarreste o desmienta la información emitida por el medio, o dejar un comentario en la publicación que está generando la aparente desinformación, o recurrir a las herramientas legales para defender la honra y buen nombre, o contactar al periodista para reconvenir o aclarar el porqué de tal manejo, o incluso citar una sesión para charlar de estos temas, pero ad honorem, y no como se dio el pasado jueves, en el que el control que se le hizo a la Gerencia Estratégica de Comunicaciones y Protocolo fue mínimo, dejando pasar incluso situaciones gravísimas, fácilmente evidenciables.

Más lamentable todavía es que algunas de esas quejas de los cabildantes se hayan basado en tergiversaciones o asuntos de pura forma, como es el caso de la concejal Sandra Estupiñán, quien se mostró sumamente indignada por una publicación en la que supuestamente se habló de su “concubino”, palabra esta que le indignó sobremanera a la concejal, porque según ella es un vocablo que está en desuso, y que de alguna manera tiene una connotación negativa.

Más allá de esa insulsa discusión, es válido aclarar que fue este medio de comunicación el que realizó la publicación en referencia a la pareja de la Concejal (https://www.facebook.com/share/p/ERfBc2czy86jwFV5/), publicación en la que en ninguna parte se utilizó tal término, y que se centró en narrar que la pareja de la mencionada concejal ha ejercido labores como asesor de contratación del Concejo, que es el verdadero asunto de fondo, y el que como tal debe haber causado molestia a la cabildante, pero que no se atrevió a mencionar.

En todo caso, la sesión de control político se desdibujó en indirectazos, y en algunos casos en señalamientos concretos, hacia algunos medios de comunicación o periodistas del departamento, haciendo que el verdadero objetivo de la citación se haya dilucidado y perdido. Obviamente con contadas excepciones, pues sí hubo concejales que se dedicaron a cuestionar al controvertible plan de medios que la Administración Krasnov está próxima a contratar, así como determinados asuntos puntuales sobre los manejos comunicacionales que ha tenido este gobierno en 10 meses.

Incluso se cayó en el absurdo de cuestionar a los medios de comunicación por el manejo o cubrimiento que dieron a la contingencia de desabastecimiento de agua, cuestionamiento que los concejales no le hicieron a la Gerencia Estratégica de Comunicaciones, la cual se supone que, en la antesala a los trabajos que pretendía hacer Veolia, tendría que tener conocimiento sobre la posible ocurrencia de lo que terminó ocurriendo, ¿No habrá existido acaso una comunicación de Veolia hacia la Alcaldía por la posible ocurrencia de una contingencia al intervenir una infraestructura en un terreno complejo? ¿Protocolariamente no se hace el aviso de esto por parte de las empresas públicas? ¿No se enteró la Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos sobre la intervención que pensaba hacer Veolia? ¿Será que por normatividad las empresas de servicios públicos no avisan esto a las administraciones públicas? ¿Cómo es posible que reine el silencio entre los concejales ante la absurda respuesta del Alcalde que se vino a enterar de lo ocurrido por un comunicado de Veolia y que citó a Puesto de Mando Unificado el martes a las seis de la tarde, tres días después de iniciado el desabastecimiento?

Las gravísimas evidencias de un cartel de la prensa, enquistado desde hace mucho tiempo en el departamento, y hoy posiblemente arropado por la Gerencia Estratégica de Comunicaciones y Protocolo, se desvanecieron en una larguísima e insulsa sesión de la que poco y nada puede concluirse, más allá de unos compromisos de los que se espera que haya un auténtico seguimiento y control, para así no echar por el traste el último viso de credibilidad que pueda existir en el Concejo de Tunja.

Valga aclarar con esto que no se está negando la importancia de hacer controles políticos, ni de lo valioso y hasta osado de haber citado tal debate en medio de una ciudad en la que ahora fluyen las amenazas, pero no pueden desarrollarse de manera tan pobre como el del pasado jueves, en el que quedó la sensación de que lo importante era no incomodar, no incordiar y guardar un altísimo grado de diplomacia, como si en tiempos de campaña estuviéramos.

No puede ser que se les evidencie a los concejales una serie de mentiras u ocultamientos de informaciones y manejos erráticos por parte de esta Gerencia Estratégica, y se mire hacia otro lado, quien sabe por qué o con qué interés. No puede ser que se denuncie la cartelización del oficio periodístico y las degradantes consecuencias que eso implica para quienes ejercen a conciencia y verdaderamente este oficio, y se pase de agache y someramente tal situación. No puede ser que el argumento de esta dependencia y de algunos concejales es que hay que repartir la torta igualitariamente para no incomodar y porque existe necesidad, argumento que por demás tiene muchos aires de comunismo, y que suena además muy raro en boca de políticos tan conservadores como la ya mencionada concejal que tergiversa situaciones para quejarse de tergiversaciones; a quien valdría la pena invitar a que done parte de su salario, al igual que la CPS que hacen parte de la Gerencia Estratégica de Comunicaciones, ya que tanto les importa acabar con esa “necesidad”. Aunque seguramente, estipulado así el trato, ya no les suene tan “necesario”.

¿Por qué no se cuestionó la función que cumple un operador de plan de medios? ¿Por qué fue tan superflua la crítica hacia el monto que se destinaría a tal operador? ¿Por qué no se dijo nada ante las constantes negativas de información a los medios de comunicación locales por parte del Alcalde y en ocasiones de su Gerente Estratégico de Comunicaciones y Protocolo? Eso tenía mucho más mérito de cuestionamiento en medio de este ejercicio de control político, pero se optó por dedicar la mayor parte de la sesión a referirse a situaciones muy particulares con algunos medios o con algunos periodistas, que, como se ha dicho antes, no es que no podamos ser objeto de cuestionamientos, pero simplemente no era el momento idóneo para ello.

Solo resta esperar que el próximo control político, el citado a la Unidad Especial de Contratación Estatal, que es todavía más importante que este, se desarrolle de manera acorde a las gravísimas situaciones y manejos del recurso público que se han venido evidenciando a lo largo del año.

#Opinión #Tunja

Cuestión de terrícolas, y de sentido común…

Por: Daniel Triviño Bayona

La intervención que hizo el Alcalde, a comienzos de esta semana, en medio del informe de gestión que rindió la Gerencia Estratégica de Comunicaciones y Protocolo, no pasó desapercibido, y quedará en el recuerdo de la opinión pública de Tunja, por lo incongruente y absurdo de lo expuesto.

Resulta ahora que el hecho de cuestionar la contratación de ciudadanos rusos en Tunja es cosa de marcianos, de provincianos y xenófobos, según dijo delirantemente, en medio de la ofuscación, el alcalde Mikhail Krasnov.

Valga decir que el cuestionamiento no se hizo solamente desde el Periódico El Tunjano, como mal intencionadamente quiso hacer ver el Alcalde, sino que por el contrario fue un tema que trascendió entre buena parte de los medios de comunicación con presencia e impacto en la ciudad, y en buena parte de sus audiencias, que no escatimaron a la hora de manifestar su inconformismo, o sus cuestionamientos a unos contratos que no tienen pies ni cabeza.

El problema no es de xenofobia, como falazmente quiso hacer ver el señor Krasnov en medio de un discurso que no venía el caso para el asunto que se trataba en ese momento en el Concejo de Tunja, le pudo más la sed de revancha, o la simple ambición de querer justificar lo injustificable. Sería un caso de xenofobia si se estuviese rechazando la contratación de españoles, rumanos, japoneses y hondureños, pero en este caso se cuestiona la contratación de ciudadanos rusos, justo cuando el mandatario es ruso, y advirtiendo de paso que estos rusos ni siquiera cumplieron con ser el mejor perfil posible para el puesto que les fue otorgado.

El auténtico problema es que fue una contratación a dedo, injustificable más allá de que los expertos en contratación pública tengan decenas de borradores para rellenar los estudios previos en su apartado de justificación de la necesidad, o acaso, ¿Qué necesidad tiene el municipio de contratar un historiador sin experiencia? ¿Compitió contra alguien? ¿Cuál fue el criterio para seleccionar a este historiador y no a otro? ¿Es un ciudadano ruso el más indicado para contar la historia de la ciudad?

Habría que ver también que esta es una vinculación que se hace mediante contratación directa, es decir que ni siquiera hay oportunidad para que alguien compita por esta vacante, más allá de la necesidad de decenas de miles por conseguir un empleo.

Y a falta de un contrato más que cuestionable, apareció otro igualmente de absurdo y burdo en términos de manejo del recurso público, o acaso ¿Cuál es la necesidad de que el tallerista de cocina internacional sea ruso? ¿De verdad era el mejor? ¿Cómo se prueba eso? ¿Será obligación, como parte del “proceso de reconquista”, que los tunjanos aprendan a cocinar ‘Solyanka’ y ‘Borsch’?

Dicen desde la Administración Krasnov que la selección de este par de controversiales CPS obedece al proceso de selección de ‘conectemos con el mérito’, convocatoria de la cual no existe la más mínima trazabilidad, o en caso de existir, ¿Por qué no se le presenta a la opinión pública?

Este parece más bien el caballito de batalla de una Alcaldía que apela a tal convocatoria cada vez que necesita justificar una de tantas contrataciones a dedo, mañosas y absolutamente cuestionable.

Y hágase ahínco en aquello de ser cuestionable, pues fueron varios medios (https://www.facebook.com/share/p/4sSHjdwJdmXhxkVB/, https://acortar.link/4GIzGq, https://www.facebook.com/share/p/4sSHjdwJdmXhxkVB/), y miles, sino cientos de miles, de ciudadanos los que se preguntaron igualmente el porqué de tan absurdas contrataciones.

Sin embargo, para el Alcalde es cosa de marcianos que se pregunte por algo tan racionalmente cuestionable como eso. Va a resultar ahora que en la autocracia Krasnovista se prohíbe preguntar por asuntos controversiales.

O que es cosa de provincianos, pero no lo es ir a hacer mofa de la ciudad, en medios nacionales, para decir que Tunja es un barrio más de Bogotá, en vez de exaltarla por atractivos conocidos por cualquier tunjano, aunque evidentemente desconocidos para este Alcalde.

Si estos ciudadanos rusos son tan capaces y tan profesionales como para trabajar en cualquier otra entidad, ¿Cuál era la necesidad de enchufarlos en la Alcaldía?

Y no, tener esposa o hijos nacidos en Tunja no los hace merecedores de dichos cargos, como han querido instaurar algunos de los barra bravas digitales del Alcalde, pues de ser así, muchos tunjanos también tendrían que ser tenidos en cuenta; más allá de lo absurdo de este intento de justificación.

Es toda una ironía que quien califica a los tunjanos de ser una sociedad arcaica, entre en cólera y estigmatice a quienes cuestionamos hechos completamente cuestionables. Ya va siendo hora de que el señor Krasnov deje de pisotear a los tunjanos y gobierne con la transparencia que prometió y que no ha podido evidenciar ni un solo día de los 291 que lleva “gobernando”.

#Opinión

Ironías del antihispanismo

Por: Carlos A. Velásquez-Cr(r) del Ejército Nacional de Colombia

En estos días celebramos el tradicional Día de la Raza, el mismo que los hispanos de EE.UU. celebran durante un mes con variadas actividades exteriorizando el orgullo por su raza mestiza, mientras que en países hispanoamericanos gobernados por la izquierda como México y Colombia irónicamente se “celebra” con decisiones gubernamentales que denotan, en el primer caso torpeza diplomática y en el segundo un reconocimiento a los movimientos identitarios: Claudia Sheinbaum decide no invitar al Rey de España a su posesión y Petro hace más de un año quiso renombrar el 12 de octubre como el “Día de la Diversidad Étnica y Cultural”, como si nuestro mestizaje étnico y, en menor medida, cultural, nunca hubiera ocurrido. En otras palabras, con ese cambio de nombre Petro, una vez más, promueve la fragmentación social que tanto le agrada y no la unidad nacional. En fin, pareciera que los líderes “progresistas” no han leído la abundante literatura que en las últimas décadas ha desenmascarado la “leyenda negra” construida contra la hispanidad.

Dicha distorsión de la historia se sustenta en tres pilares. En primer lugar, hay quienes sostienen que en la América descubierta por España ya existían estados nación prehispánicos como el de los Aztecas, los Incas o los Chibchas, los cuales fueron destruidos. La realidad historiográfica es que dichas conformaciones políticas indígenas no existían como proyecto o ideal nacional. El Reino de Castilla presidido por la Reina Isabel la católica, descubrió América y emprendió la conquista para extenderse, evangelizar y civilizar estas tierras. Y, durante los tres siglos de unión en el período de la colonia, gran parte de América fue la porción más extensa de la monarquía. Nuestros estados nacionales solo nacieron como tales por el colapso en América de la monarquía española.

Consecuente con lo anterior hay otro pilar de la “leyenda negra”. Aquel que muestra a España como una potencia de ocupación. Aquí la falsedad salta a la vista porque como quedo dicho no pudo haber ocupación de un estado nacional sobre otro. El concepto de ocupación proviene del imperialismo decimonónico de extracción y explotación al estilo británico, francés, belga u holandés que se dio en África e Indochina mediante coerción e imposición militar. En cambio, el Reino de Castilla dilata su naturaleza política, jurídica, religiosa y militar a los territorios de las indias, convirtiendo estos en unas nuevas castillas. Tanto así que la mayoría de los españoles que vinieron a colonizar estas tierras jamás regresaron a la península, razón por la cual se dio un enriquecedor proceso de mestizaje entre peninsulares, indios y negros cuya sustancia subyace en nuestra identidad nacional que, aunque soslayada, existe.

El tercer pilar es el que recurrentemente atribuye la causa de nuestros males a la “violenta y arbitraria culturización española sobre los indígenas”. Independientemente de los errores y aciertos de España durante tres siglos, el atribuirle la responsabilidad por nuestros males no deja de ser un facilismo ideológico convertido en pretexto para que los que han estado y están a cargo de los estados hispanoamericanos se hayan tratado de lavar las manos durante dos siglos de vida independiente, negándose a aceptar que los errores y aciertos que hemos tenido son nuestros y no de los españoles.

Aún más, hoy día hay suficiente argumentación documentada convertida en tesis que coloca en entredicho el discurso de “la opresión indígena” realizada por los españoles. Sintetizándola, la mayoría indígena luchó al lado de los realistas durante la Guerra de Independencia pues querían defender las leyes y derechos que les había otorgado la Corona Española y sabían que si se imponía la voluntad de los independentistas los privilegios serían abolidos, como efectivamente ocurrió. Así pues ¿Cómo es posible que si España los oprimía los indígenas lucharan a su lado? La respuesta es irónica: no estaban realmente oprimidos, sino que además tenían leyes y derechos que excluían a los demás ciudadanos en estas tierras.

Lo cierto es que en uno y otro bando se alinearon gentes de las distintas capas de la sociedad colonial: hubo españoles patriotas y criollos realistas; y hubo indígenas, negros y mulatos patriotas y realistas. Pero los miembros de los grupos étnicos, más activos políticamente, fueron propensos a alinearse con los realistas. Preferían seguir sujetos a un rey lejano y paternalista que desde el comienzo los había declarado "vasallos libres". Las “Reales Audiencias” tenían como uno de sus principales deberes la protección de los indios.

En contraste, la alternativa ofrecida por nuestros independentistas resultaba no solo incierta sino también amenazante para los indígenas puesto que aquellos habían promovido la abolición de los resguardos, los cabildos y los pueblos de indios bajo el argumento de la “igualdad ciudadana” proveniente de la Revolución Francesa.

#Opinión

Genocidio en palestina

Por: Carlos Julio Castro Espinosa

http://pazquinar.blogspot.com

El 2 de noviembre de 1917 la corona inglesa hizo pública la siguiente declaración:

“El Gobierno de Su Majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de este objetivo, quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no-judías existentes en Palestina, o los derechos y estatus político de que gozan los judíos en cualquier otro país. Le agradeceré que lleve esta declaración a conocimiento de la Federación Sionista. Suyo Arthur James Balfour.”

La Declaración Balfour es sin lugar a dudas el comienzo de la tragedia que acompaña desde entonces al Pueblo Palestino, y que desembocaría por conveniencia política de las potencias mundiales de la época, en la Resolución de la ONU No 181 del 29 de noviembre de 1947, que señala:

“La Asamblea General recomienda al Reino Unido, en calidad de potencia mandataria en Palestina, así como a todos los demás Estados miembros de la ONU, la aprobación y la puesta en práctica, en lo concerniente al futuro gobierno de Palestina, del Plan de Reparto con Unión Económica expuesto más adelante (…).

El mandatario sobre Palestina finalizará lo antes posible y, en cualquier caso, el 1 de agosto de 1948 como muy tarde. Las fuerzas armadas de la potencia mandataria evacuarán progresivamente Palestina (…)

Los Estados independientes árabe y judío, así como el régimen internacional particular previsto para la ciudad de Jerusalén (…), empezarán a existir en Palestina dos meses después de la evacuación de las fuerzas armadas de la potencia mandataria haya acabado y en cualquier caso, el 1 de octubre de 1.948 como muy tarde”.

La ONU decidió arbitrariamente la partición de la Palestina Histórica, para cederle al sionismo internacional, el 57 por ciento de su territorio, con el propósito de radicar inicialmente allí, a los judíos residentes en Europa oriental conforme al Acuerdo Haavara, suscrito por la Federación Sionista Alemana con el gobierno nazi de Adolf Hitler.

A los 1.764.520 palestinos residentes en aquel territorio, ignorados al adoptar tal decisión, les correspondió el 43 por ciento restante; quedando virtualmente arrinconados y dispersos en la Franja de Gaza, una pequeña zona del Neguev limítrofe con la península del Sinaí, parte de Galilea con más de la mitad del curso del Jordán y una porción de terreno junto a las fronteras con el Líbano.

El 10 de marzo de 1948, cinco meses después de aprobada la Resolución de la ONU, el sionismo planificó y ejecutó con la adopción del Plan Dalet, la destrucción de aldeas palestinas y el desalojo de barrios urbanos previamente identificados.

La historia señala, que entre 1948 y 1949, el ejército sionista, apoyándose en grupos paramilitares, forzó el éxodo de 750.000 palestinos; de los cuales 350.000 fueron desalojados de la zona demarcada por la ONU para el Estado Israelí y otros 400.000 expulsados de tierras que le arrebataron, a lo que aún hoy se espera sea el Estado de Palestina.

Es ahí donde nace hace 76 años la Nakba Palestina y el genocidio del que es víctima su pueblo, y no como lo quiere vender el lobby sionista, a través de los medios de comunicación internacionales, en “…la reacción normal del ejército de Israel, por el atentado perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023”.

La Franja de Gaza hasta ese día considerada la cárcel a cielo abierto más grande del planeta, es hoy un cementerio sepultado bajo 23 millones de toneladas de escombros y bombas sin explotar, gracias a las 70.000 toneladas de explosivos lanzados por Israel.

La historia no podrá ocultar, que Israel bajo los gobiernos sionistas se ha convertido en un peligro para la paz y la convivencia mundial, sin ningún atenuante, así lo ratifican las siguientes cifras en el último año de su bárbara ocupación de Palestina (Ver tabla1).

En Gaza, el 64 por ciento de los palestinos asesinados son mujeres y niños, un porcentaje que para vergüenza de los gobiernos que financian el sionismo o que por conveniencia guardan silencio y de los medios que por dinero ocultan la verdad, se traduce así (tabla2).

Una vergüenza que ahoga la existencia de la ONU por su lentitud e ineficacia y exige de la Corte Internacional de Justicia obrar con imparcialidad; porque el genocida y su gabinete de guerra, no pueden pavonearse impunes por la Asamblea de las Naciones Unidas, en Europa o los Estados Unidos, profiriendo amenazas a los cuatro vientos.

#Editorial

Más que un letrero, la voluntad del territorio

Un grandísimo debate se suscitó durante esta semana luego de que se diera a conocer el proyecto mediante el cual el municipio pretende situar un letrero de la palabra “Tunja”, de 40 metros de ancho por 18 de alto, en cercanías a la Piedra de Bolívar, puesto que se encontraron las posiciones de quienes advierten otras prioridades de inversión para la ciudad, y las de los que encuentran en esta iniciativa una gran oportunidad para potenciar el turismo y el desarrollo social y económico del occidente de la ciudad.

Si bien es cierto que las vías de la ciudad, en su gran mayoría, se encuentran en condiciones precarias, hay que advertir también que con 290 millones de pesos no se logra remendar ni un 0,1% de la malla vial, agregando que la mayoría de estos remiendos no son ni siquiera duraderos. El arreglo de la malla vial requiere de gestión ante el Gobierno Nacional, y de grandes inversiones.

Valga aclarar de paso que este proyecto ha sido ideado y concebido por iniciativa de los habitantes de este sector de la ciudad, que desde unos años vienen trabajando en la consolidación de una ruta turística del occidente de la capital boyacense, quienes además se han anotado grandes triunfos para dicho propósito con el mosaico en homenaje a Jorge Velosa, la reubicación de la Locomotora del Carare, el Mirador Ecoturístico Casa Grande, la realización de una infinidad de murales en barrios como Altamira, Gaitán, Cojines Bajo; el mosaico del observatorio astronómico de Cojines del Zaque, entre otros avances de este gran proyecto de ‘La Ruta del Zaque’, que no obedece a ningún interés de figuración del Alcalde o de su Administración, como erróneamente se ha interpretado el proyecto del letrero de Tunja, y a quien por el contrario hay que enaltecer en esta ocasión, puesto que es de las pocas veces que un Alcalde se muestra tan condescendiente con un proyecto de origen popular y comunitario como este de la ‘ruta del Zaque’ (https://fb.watch/vadBeXGjd7/).

Puede parecer intrascendente y banal, pero realmente el potencial de este proyecto es más grande de lo que se cree, pues la sola ubicación de este provocará que la población local quiera ir a este lugar a tomarse la respectiva fotografía. Cuando eso ocurra, más de uno notará que no es cierto que no exista vía de acceso a este sector, ni que es extremadamente peligroso, como suele decirse al turista que, cuando llega a la ciudad, descarta la idea de conocer el lugar por la prejuciosa recomendación de buena parte de los pobladores locales.

Situar este letrero allí puede conllevar a despertar el interés de propios y visitantes por subir a este sector tan desconocido por la mayoría de los nacidos en Tunja. A su vez obligará a la Administración Municipal a disponer de mayor fuerza pública y estrategias de seguridad para garantizar la tranquilidad de todos los que quieran visitar el sitio.

Esto a su vez podría significar una oportunidad inmejorable para los habitantes de este sector de la ciudad, quienes podrían desarrollar una infinidad de ideas de negocio, aprovechando el creciente tráfico de visitantes que podría generarse y el mejoramiento de las condiciones de seguridad que tendría que garantizarse. Habría que pensar por ejemplo en consolidar rutas de turismo peatonal, al igual que el acceso vehicular, y en ambos accesos aprovechar los espacios para el comercio del souvenir o el recuerdo de la ciudad, que puede ser un llavero de la Ermita de San Lázaro, del mismo Letrero, de la Catedral, o un ‘mug’, o una sombrilla, o cualquier otro objeto que pueda ser comercializado y que evoque el recuerdo de la ciudad.

Cabe señalar que entre las voces críticas a esta iniciativa se han dicho algunas cosas que podrían resultar ciertas, especialmente aquellas relacionadas al abandono que podría sufrir este letrero, pues es algo que suele verse con la Piedra de Bolívar, que tiene una trascendencia mayor a la de este letrero, aunque sobre la que hay que decir que la Administración Pública no puede hacerse cargo porque está situada en un predio privado. Habría entonces que establecer también unos compromisos de mantenimiento, que, en aras de ser garantizado, debería ser contratado y dejado en manos de quienes habitan el sector.

A propósito de esto, también tendría que hacerse una gran socialización con los habitantes de los barrios del centro occidente de la capital boyacense, pues así como pueden encontrar oportunidades alrededor de esta iniciativa, también se tendrán que tener en cuenta las contrariedades o potenciales desventajas que pueda conllevar un proyecto de esta índole.

Determinar a esta altura si es un monto excesivo de inversión, es imposible, puesto que la proyección del impacto económico para la ciudad no ha sido presentada. Tampoco es posible saber si estos 290 millones son mucho o poco para un letrero de tales dimensiones, sin conocer siquiera los materiales en que será elaborado, ni las dificultades o condiciones para subirlo y fijarlo en aquel lugar. Lo que sí es un hecho es que es una inversión con un potencial enorme, que ha de destacarse en medio de una Administración Municipal que ha despilfarrado los recursos en viajes nacionales e internacionales que no se han capitalizado en nada, o peor todavía, en historiadores de origen ruso para contar la historia de la ciudad, cuando deberían ser los mismos tunjanos, y especialmente quienes habitan determinados territorios, quienes tendrían que ser tenidos en cuenta para narrar la historia de la ciudad.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Méritos para los de afuera

#Opinión #Tunja

Hora de reformular el Sistema Estratégico de Transporte Público

Por: Daniel Triviño Bayona

Algo que quedó en evidencia durante el informe de gestión que rindió el secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos Leguizamón González, es que el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), tal y como se lo presentó la administración de Alejandro Fúneme a los tunjanos, no va a poder ser.

El Secretario contó que la resolución mediante la cual se establecían los lineamientos para los sistemas estratégicos de transporte público, ha cambiado, y con ello también las reglas de juego que plantea el Gobierno Nacional para la cofinanciación de estos sistemas, así como los compromisos a establecer en materia medio ambiental.

Obviamente también han cambiado los costos para la implementación del SETP que en algún momento se proyectó por unos 700 mil millones de pesos. Hoy esa cifra podría ascender hasta el billón de pesos, lo que hace prácticamente imposible su implementación, pues Tunja no está en capacidad de aportar su 30%, equivalente a 300 mil millones.

Explicó Leguizamón González que una de las condiciones que plantea el Gobierno Nacional para cofinanciar los SETP es que su operación sea plena desde un comienzo, lo cual resulta imposible para una ciudad como Tunja. Tanto así que el monto que podría invertir hoy por hoy el municipio para dicho fin es de 10 mil millones, según dijo Leguizamón González en dicha oportunidad.

Como quien dice, el proyecto del Sistema Estratégico de Transporte Público que se le presentó a la ciudad hace un par de años es simplemente utópico. No existe la más mínima posibilidad de que se implemente tal sistema. Pero eso, al fin de cuentas, va a resultar siendo positivo para la ciudad, pues ahora se podrá plantear un proyecto más aterrizado y acorde a las necesidades y realidades de la ciudadanía, y no al capricho de figuración de un ególatra de tantos que han pasado por el Despacho de la Alcaldía de Tunja.

Ha dicho el Secretario que la ciudad podría invertir de inmediato 10 mil millones para ello. Lastimosamente, los planes que ha socializado Leguizamón González para esos 10 mil millones no parecen costar todo eso, y no evidencian ningún cambio significativo y sustancial en materia de movilidad. Según dijo el Secretario en aquella sesión, lo que se haría es dar prioridad al transporte público y cambiar el sentido de algunas vías en el Centro Histórico, así como implementar paraderos desde la Glorieta Aquiminzaque (Norte) hasta el Centro Histórico. Evidentemente eso no cuesta los 10 mil millones que plantea Leguizamón González., ni tampoco va a cambiar ostensiblemente para bien las condiciones de movilidad en la ciudad.

Algo en lo que sí acertó por completo fue en su diagnóstico sobre las fases de implementación del proyecto tal y como está planteado hasta hoy, en el que se prioriza la construcción de unos patio-talleres a las afueras del perímetro urbano de la ciudad. Esto además de resultar sumamente costoso, sería también inoficioso y poco acertado en cuanto a solucionar problemáticas de movilidad.

Por donde habría que iniciar es por la creación del ente gestor, el cual parece ser un obstáculo para el Secretario, que en su exposición minimizó la creación de este operador bajo el supuesto de que le costaría a la ciudad. Valga decir que eso no tiene que ser necesariamente así. Simplemente es cuestión de que sea bien administrado. Por eso es un ente gestor, porque tendrá que gestionar, más allá de administrar.

Una de las primeras tareas a ejecutar una vez creado el ente gestor tendría que ser la implementación de una tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, acreditadas así por algún ente del Estado. Y esa tarifa diferencial tendría que venir acompañada de la implementación y transición del sistema de pago actual, por uno electrónico.

Tanto la implementación de la tarifa diferencial como la de un sistema de pago electrónico cuestan mucho menos de 10 mil millones de pesos, y de paso solucionan un pedido que a gritos ha hecho la ciudadanía desde hace una década cuando menos. Además, podrían generar un mayor grado de utilización del transporte público, lo que a su vez significaría un mayor ingreso operacional para el ente gestor, que administrando bien los recursos, podría reinvertir parte de estos para continuar con la implementación de un sistema estratégico de transporte que realmente solucione necesidades ciudadanas y no caprichos de mandatarios de turno. A todas estas, valga recordar que la creación del ente gestor ya fue autorizada por el Concejo Municipal.

También podrían implementarse medidas desde la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial que propendan por promover una transitabilidad sostenible, y que a su vez pueda significarle recaudo al municipio. Por ejemplo políticas de coche compartido, pico y placa solidario, estímulos monetarios, sociales o culturales para aquellas personas que utilicen bicicletas o patinetas eléctricas, lo que a su vez podría derivar en la creación de zonas de parqueo y vigilancia para estas, siendo esta una nueva oportunidad de negocio para algunos. En fin, medidas económicas y simples, de fácil implementación, que son una gran alternativa para mejorar las condiciones de movilidad y conseguir mayor cantidad de recursos para mejorar la misma.

Pero más allá de lo que pueda plantearse en estas líneas, y de lo que pueda haber pensado el Secretario de Movilidad, lo que habría que hacer es replantear el proyecto concertando soluciones con la comunidad tunjana, advirtiendo el monto total de recursos que podría invertir el municipio, y con ello proyectando la cofinanciación que haría el Gobierno Nacional, para plasmar un proyecto real y posible para Tunja, en vez de la venta de humo a todo motor que dejó engendrada Alejandro Fúneme en uno de tantos sorbos de esa sed de idolatría que nunca pudo saciar.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Alistando la Navidad

#Editorial

Más que un simple uso

Aún sin salir del asombro por la inesperada evanescencia del conocido café ‘Taboré’, los habitantes de la capital boyacense siguen preguntándose cuál podría ser el mejor uso que podría darse a este local con tan particulares características.

Si bien es cierto que hay quienes defienden la postura de que sea utilizado para la ubicación de dependencias de la Administración Municipal, que hoy no cuentan con espacios propios y deben funcionar en inmuebles de terceros; existe otra postura de parte de quienes perciben a este local como incuestionablemente comercial, no solo por su privilegiada ubicación, sino por los enormes ventanales que permiten una vista inmejorable, de uno y otro lado.

Se rumora por los pasillos de la Alcaldía, como tantas otras cosas en este mandato en el que es difícil enterarse por fuentes oficiales, que la Administración Municipal ya tendría decidido qué se va a hacer con este local, más allá de que públicamente se haya dicho que no se tiene ningún compromiso puntual para entregar este espacio.

Pero, más allá de rumores, lo que habría que analizar es la oportunidad que ahora tiene el municipio con un local de tales características en sus manos.

El éxito de este espacio como cafetería está más que comprobado, más allá de las situaciones de impagos sobre las que rumoró, sin precisar en mayor detalle, alguno de los medios de comunicación de la región, y que en ningún momento confirmó la Administración Krasnov. Es que allí funcionó la ya mencionada cafetería ‘Taboré’ por varias décadas, logrando un récord de visitas y de clientes quizás envidiable para muchas de las cafeterías situadas en el Centro Histórico y en cualquier otra parte de la ciudad, consolidando una clientela, y generando recuerdos y apegos para cientos o incluso miles de ciudadanos.

Darle otra destinación no tendría mayor sentido, solo que hay que asegurarse de que se pague lo justo y lo debido por ello. Y además, ha de contemplarse la idea de que sea un rotundo negocio para el municipio.

No basta solo con alquilar el local, sino que tendrían que establecerse cláusulas con el arrendatario, que le insten a tener que comercializar los cafés que se producen en el departamento, así como una serie de souvenirs que propendan por impulsar la marca ‘Tunja Ciudad de Origen’, y permitirle al turista llevarse diferentes tipos de objetos que le generen recordación, aprecio y ganas de volver a la ciudad.

#Opinión #Tunja #Nación

Justicia a cuentagotas

Por: Daniel Triviño Bayona

El pronunciamiento de la Sala Dual de Decisión No.2 del Tribunal Administrativo de Boyacá, conocido a comienzos de esta semana, en referencia a la demanda de nulidad electoral en contra de Mikhail Krasnov como Alcalde de Tunja, más allá de las reacciones de regocijo o de indignación por lo decidido, puso en evidencia el pobrísimo actuar de la justicia que se imparte en el país, y deja muy golpeada la credibilidad del derecho a la administración de justicia que tenemos los colombianos.

Al ya cuestionadísimo hecho de que la admisión de la demanda se haya producido 10 meses después de haberse presentado, se suma ahora la indeterminación y la incertidumbre que generó este Tribunal con eso de que se tomará el tiempo suficiente para comprender la posible inhabilidad en la que habría incurrido Mikhail Krasnov, ¿No habrán sido suficientes esos 10 meses para comprender el caso? ¿Cuánto tiempo se necesita para eso? ¿No será más bien que existen otras motivaciones para esta maniobra dilatoria por tiempo indefinido?

Eso de justificar la necesidad de estudiar a profundidad la inhabilidad se convierte más bien en un enorme paraguas que abre el Tribunal para eludir la responsabilidad que ha venido evadiendo a lo largo de 10 meses.

No se está diciendo que se tiene que fallar en contra de Krasnov y que tiene que ser removido del cargo, aclaración que resulta necesaria realizar en medio del clima de tensión y de acoso que ha promovido el Alcalde en contra de todos aquellos que no se alinean con sus intereses.

Lo que se está diciendo es que los habitantes de Tunja tienen todo el derecho a que este caso sea tramitado con la celeridad que requiere por tratarse de un asunto que genera incertidumbre y que propicia el estancamiento de una ciudad, sea que se falle a favor o en contra del Alcalde, pero que haya certeza sobre el futuro administrativo de la ciudad, lo que a su vez determina políticas públicas y posibles inversiones que de momento no van a materializarse a causa de la incertidumbre de saber si el Alcalde continúa o no.

Lo que no puede ser es que esta demanda haya sido admitida simplemente porque una acción de tutela así encaminó las cosas, pues ni siquiera bastó el contundente jalón de orejas que le dio el Consejo de Estado al Tribunal Administrativo de Boyacá, luego de que este rechazara la demanda bajo unas causales absurdas, ridículas e impropias del derecho.

«Bajo esta perspectiva, es claro que el rasero expuesto por el tribunal de instancia al momento de rechazar la demanda no corresponde con la amplia legitimación que la norma procesal consagra respecto del medio de control de nulidad electoral, dado que no se requiere acreditar la condición de ciudadano colombiano, sino simplemente, tener la condición de sujeto de derechos, es decir, ser persona (…) Ahora bien, lo dicho hasta el momento, permite a esta instancia concluir, como lo señala el apelante, que el Tribunal Administrativo de Boyacá tuvo como fundamento para el rechazo del medio de control de la referencia una ritualidad que no es propia ni se acompasa con la naturaleza del medio de control en comento y, por lo tanto, se impuso con ello una barrera de acceso a la administración de justicia (…) Se evidencia, que se exigió carga procesal que no se corresponde con la legitimación en la causa para la interposición del medio de control de nulidad electoral. De otra parte, resulta extraño a esta judicatura que, de una revisión del expediente, lo relacionado con la copia del documento de identidad del señor David Alejandro Ávila, no fue objeto de reproche desde el momento de radicación del escrito inicial, aspecto que era evidenciable y pudo ser informado a su vez a dicha parte», señaló el Consejo de Estado a comienzos de junio, cuando le dio la instrucción al Tribunal de admitir la demanda, la cual fue omitida hasta finales de septiembre.

Pero la maniobra dilatoria no ocurrió únicamente como respuesta al Consejo de Estado, sino que ha sido la moneda corriente de este caso, en el que se ha recurrido a las más rebuscadas estratagemas y sofismas para extender en el tiempo una decisión que parecería evidente, pero que el Tribunal no se anima a emitir, quien sabe bajo qué motivaciones.

Para evidenciarlo, y eliminar de paso las justificaciones o señalamientos que puedan generarse contra quien hoy escribe estas líneas, contra los demandantes, o contra el mismísimo Consejo de Estado, se resumirá a continuación cada una de las actuaciones de este proceso, cuyo ingreso al Despacho se produjo el pasado 6 de diciembre de 2023.

Curiosamente el pronunciamiento de inadmisión que se dio inicialmente pudo producirse en cuestión de una semana, pues el 13 de diciembre de ese mismo año, el Tribunal emitió un auto en el que establecía la inadmisión de la demanda, bajo unos criterios que luego serían desechados.

Entre notificaciones, aceptación o denegación de solicitudes de coadyuvancia, traslado de medidas a las partes involucradas, concesión de plazo de comparecencia al Alcalde, errores de digitación, entre otros tejemanejes propios del repertorio leguleyo colombiano, se fueron más de dos meses, siendo el 23 de febrero el día elegido por el Tribunal para inadmitir nuevamente la demanda, otra vez bajo el más absurdo de los argumentos.

La parte demandante actuó diligentemente e hizo regresar el caso al Tribunal, pero este, buscando poner fin, irregular y abruptamente, decidió rechazar la demanda por motivos luego descartados por el Consejo de Estado, a través del auto anteriormente citado, que además se convierte en un documento histórico y para el análisis de la crisis de la administración de justicia en Boyacá.

A partir de ahí fue que empezó su transitar el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante ante el Consejo de Estado, para dictaminar la validez de ese rechazo que irresponsablemente declaró el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Obviamente fue un trámite lento, aunque mucho más ágil de lo que podría esperarse, pues el Consejo e Estado, más allá de tener que resolver asuntos de diversa índole para todo el país, emitió su pronunciamiento a comienzos de junio, instando al Tribunal a admitir la demanda.

Sin embargo, esto no significó mayor cosa para el Tribunal, cuyos magistrados, o cuando menos algunos de ellos, siguieron ejecutando maniobras encaminadas a retrasar el normal curso de este proceso, que hasta hoy sigue generando desasosiego entre quienes habitan y trabajan en la capital boyacense.

Recién desempolvado el pronunciamiento del Consejo de Estado, no tardó en llegar la declaratoria de impedimento del magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, la cual terminó siendo aceptada, obviamente días después, por motivaciones justas y comprobables. Y esa misma “maniobra” trató de repetirla el magistrado Diego Higuera Jiménez, a quien le terminaron negando tal solicitud a mediados de septiembre. Es decir que, entre uno y otro recurso, se terminaron dilapidando 10 meses para admitir una demanda que tendría que haber sido admitida desde el comienzo, pero que no lo fue bajo uno y otro argumento sin piso jurídico, legal y normativo; haciendo de paso que haya sido el mismo Tribunal Administrativo de Boyacá quien se haya encargado de pisotear la escasísima credibilidad que podía restar entre la ciudadanía acerca de quienes ejercen como autoridades judiciales en el departamento.

Durante esta semana también se dio la visita de la ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, a quien se le consultó por su opinión sobre este caso en específico. La Ministra explicó, antes de cualquier cosa, que nunca se refiere a situaciones específicas, para luego dar paso un discurso de respaldo a las actuaciones de los entes de la rama judicial de todo el país. Esta declaración es simplemente comprensible desde el punto de vista de que una Ministra de Justicia difícilmente va a cuestionar la administración de justicia en el país, básicamente porque estaría poniendo en tela de juicio lo que se supone que a diario defiende, y además porque podría ser considerado como una intromisión en el actuar de otra de las ramas del poder público.

Sin embargo, tal respaldo entregado por la Ministra al actuar de este Tribunal, que entre una y otra actuación terminó desconociendo al mismísimo Consejo de Estado, deja entrever que lo que reina en Boyacá y en Colombia es la ausencia de justicia, y como consecuencia de ello la nula credibilidad de los colombianos de izquierda, centro o derecha sobre el funcionamiento de la rama judicial en el país, cuyo proceder hoy se acerca mucho más al de una república bananera que al de un verdadero Estado Social de Derecho. Y así como ocurre con esa demanda, y todo el, aparentemente, truculento actuar que se esconde tras cada una de las actuaciones del Tribunal, ocurre igual con el resto de las situaciones relacionadas a la administración de justicia, razón misma por la que existe la percepción generalizada de que en Colombia tiene más garantías un asesino o un violador, que un ciudadano trabajador y sin ningún tipo de antecedentes.

Lo que ocurre con este caso debería ser de especial estudio para el ya mencionado Ministerio, y para cada una de las entidades que administran justicia en Colombia, pues no puede ser que se ponga en entredicho la democracia y las garantías legales y constitucionales de todo el pueblo colombiano, por la corrupción que desde hace años carcome al aparato judicial de nuestro país. En Colombia no es que la justicia cojee, sino que más bien se asemeja a un gusano que se arrastra en una sucia charca de la que nunca ha podido salir.

Como colofón de esta columna quisiera remarcar que de llegar a retractarme de lo hoy publicado, será simplemente producto de la coacción que podrían ejecutar los magistrados que no gusten de lo aquí expuesto, pero jamás será un acto auténticamente voluntario, si es que eso llega a ocurrir.

#Opinión #Nación

¿Eutanasia o cuidados paliativos?

Por: Carlos A. Velásquez—Cr (r) del Ejército Nacional de Colombia

En el Congreso se tramita un proyecto de ley estatutaria que busca regular la eutanasia en Colombia. Es de anotar que desde 1998 ha habido 14 propuestas en esa dirección y ninguna ha sido aprobada. Y esto es comprensible, puesto que legalizar la eutanasia en realidad significa introducir en el corazón de la sociedad la transgresión de la prohibición de matar, así el asunto se edulcore declarando que el objetivo del proyecto es “proteger el derecho individual a decidir y juzgar”.

Aún más, La prohibición de matar es fundamento de nuestra civilización. Aunque solo fuera por el principio básico de cautela, se debería rechazar un “matarás a veces” o “bajo ciertas condiciones”. Nuestra civilización ha progresado eliminando las excepciones a la prohibición de matar (venganzas, duelos, pena de muerte). Legalizar la eutanasia significaría volver atrás.

En Francia, donde también se tramita un proyecto similar bajo el título de la “ayuda a morir” ha habido una fuerte oposición en especial por la lentitud con que el Estado afronta la mejora y universalización de los cuidados paliativos. Por esto más de 175 asociaciones especializadas en atención paliativa emitieron un manifiesto en el que resumen su postura a favor del cuidado de las personas en la etapa final de la vida, del cual extraigo en esta columna los puntos más relevantes, empezando por la afirmación en el sentido de que la experiencia europea demuestra que la legalización va llevando las limitaciones jurídicas iniciales hacia prácticas cada vez más extremas e inhumanas.

Es que la eutanasia y el suicidio asistido son incompatibles con los cuidados paliativos. Se trata de dos enfoques basados en filosofías radicalmente opuestas. La legalización de la eutanasia y del suicidio asistido deriva de la exigencia de autonomía. Los cuidados paliativos combinan la ética de la autonomía con la ética de la vulnerabilidad y de la solidaridad colectiva. Los cuidados paliativos previenen y alivian el sufrimiento, mientras que la eutanasia se dirige a acelerar la muerte intencionalmente. Los cuidados paliativos son tratamientos, la eutanasia es un acto mortal.

Los partidarios de la eutanasia soslayan el hecho de que todos deben vivir con dignidad hasta el final de su vida, puesto que toda persona, con independencia de su estado de salud, tiene una dignidad intrínseca. Incluso en las situaciones más difíciles y menos deseables, los equipos de cuidados paliativos ponen todo su corazón y su experiencia para salvaguardar la dignidad de los pacientes. Al contrario, optar por la muerte no garantiza esa dignidad y supone una renuncia a la condición humana.

“La legalización de la eutanasia no protege a los más vulnerables. Las decisiones personales tienen siempre una dimensión colectiva, especialmente cuando requieren la intervención de terceros, como en la eutanasia o la asistencia al suicidio. Enfrentarse a la muerte y acelerarla es un comportamiento raro y solitario, que reivindican unas pocas personas decididas, pero que sería un peso para las más frágiles: personas aisladas, ancianas o inmigrantes, sometidas a todo tipo de presiones (familiares, sociales, incluso médicas), en una sociedad que prima la eficacia y puede valorar como carga a una parte significativa de su población”.

“Pedir la muerte no siempre significa desear morir. Muy pocos pacientes nos dicen que quieren morir, menos aun cuando están debidamente atendidos y acompañados. Además, cuando piden la muerte, muchos quieren significar una cosa muy distinta de la voluntad de morir. Pedir la muerte significa casi siempre no querer vivir en condiciones tan difíciles. ¿Pedir la muerte porque se sufre es realmente una elección libre? En cambio, los cuidados paliativos restauran la libertad del paciente al final de su vida al controlar tanto el dolor como el sufrimiento mental. En última instancia, la ley francesa les permite solicitar la suspensión de los tratamientos extraordinarios y, en su caso, la llamada sedación profunda y continua hasta la muerte cuando se encuentran al final de sus vidas y consideran que el sufrimiento es insoportable”.

“El fin de la vida sigue siendo vida. Nadie puede saber lo que nos depararán los últimos días. Incluso en esas situaciones difíciles, hemos visto a los pacientes vivir momentos esenciales, hasta el punto de descubrir algunos que la bondad existe, así como valorar la despedida a sus seres queridos. Acelerar la muerte privaría de estos instantes últimos e impredecibles de la condición humana”.

“Los cuidadores están para cuidar, no para matar. La vocación específica de los cuidadores es proporcionar cuidados, dentro de una relación de confianza con la persona enferma. Matar destruye este contrato de confianza y deroga el código de deontología médica. Los cuidadores muestran que son capaces de superar la tentación de la ‘omnipotencia’ a través del encarnizamiento terapéutico o la eutanasia”.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Noche de Museos

#Editorial

La Noche de los Museos, una fiesta popular que no desentona

Luego de las dos jornadas de Noche de los Museos es imposible negar el éxito y la gran acogida que estas tuvieron. Sin duda fue un evento a la altura de lo que representa Tunja, de su riqueza cultural, histórica y narrativa. Y siendo un evento tan exitoso, va siendo hora de pensar en establecerlo con cierta periodicidad, hasta convertirlo en un sello de identidad de la ciudad.

Es que la Noche de los Museos no es solo un espacio de manifestaciones culturales. Es una oportunidad de aprendizaje y divertimento para personas de todas las edades, sin distingo alguno; una oportunidad para los comerciantes, que en jornadas como estas logran fácilmente el doble o hasta el triple de lo que normalmente venderían; una oportunidad de aprender y conocer mucho más de la ciudad que no en vano llaman como la de “los tesoros escondidos”, pues siempre tiene una historia o un dato para ofrecer; una oportunidad de encuentro y convivencia entre la ciudadanía.

No es descabellado proponer que Tunja cuente con una Noche de los Museos cuando menos por trimestre, no necesariamente dos jornadas continuas, sino más bien una muy nutrida cada tres meses, pues eso significaría cuatro oportunidades al año para revitalizar e impulsar el comercio, para brindar chances a los cientos o miles de artistas que existen en la ciudad y que muchas veces no encuentran espacios o apoyo para poder expresar su arte, para mostrar a Tunja a diversos grupos de turistas de todo el país y por qué no de otras latitudes del planeta.

Si Tunja lograse consolidar la Noche de los Museos como una marca propia, atraería también a grandes artistas provenientes de todas partes del mundo, deseosos de mostrar su obra, su gracia, su canción o su narración, a cambio de unos pesos y el caluroso aplauso del público.

Espacios como estos son los que hacen que un ciudadano considere que vale la pena pagar impuestos, pues no salen tan costosos, los disfruta tanto el que reside en la ciudad y como otra buena cantidad de personas provenientes de otros municipios; y tienen un enorme beneficio para la ciudad, no solo por lo económico, sino por el legado en el aprendizaje y la cultura.

Valga mencionar que si bien el evento fue realmente exitoso, no fue perfecto, pues hubo baches como la falta de divulgación oportuna de los eventos programados, o las de las mimas convocatorias de artistas. Igualmente negativo fue el alto grado de claridad, transparencia y seriedad en la organización, pues el desplante hecho a los artesanos fue un grandísimo lunar para un evento que causa tanta aceptación y acogida entre los tunjanos.

#Opinión #Tunja

Consejos para los consejos

Por: Daniel Triviño Bayona

El pasado jueves se estrenaron en Tunja los consejos de gobierno descentralizados con un balance agridulce puesto que la intención de hacer partícipe a las comunidades no se logró del todo, aunque sería injusto desestimar este tipo de iniciativas que, aparentemente, tienen por fin lograr soluciones inmediatas para algunas problemáticas, y establecer compromisos para el caso de asuntos más complejos.

Indudablemente es un valeroso ejercicio que busca acercar el gobierno al habitante de a pie, sin embargo, el modo en que se ha ejecutado este consejo de gobierno, ha puesto en entredicho tales intenciones, puesto que la Administración Municipal estimó conveniente dejar para el final la escucha de los participantes del evento.

Este piloto de consejo de gobierno descentralizado estuvo marcado por el hecho de ser una especie de rendición de cuentas, aunque sectorizada y mucho más fugaz. La Administración consideró dar prelación a la exposición de sus cifras y balances, como respuesta a 131 cuestionarios que fueron diligenciados por habitantes de los barrios El Consuelo, El Rodeo, San Ignacio y Los Lanceros.

Esa prioridad que se le dio a la exposición de las cifras del gobierno caldeó los ánimos entre los presentes, que entendían este ejercicio como una oportunidad de manifestar situaciones puntuales para conseguir soluciones específicas. Por más insistencia de los habitantes del sector para que se les dejara hablar, la postura de la Administración fue mantener el orden del día y dejar para el final las manifestaciones y proposiciones de la comunidad.

Ese error logístico y comunicacional conllevó a que la comunidad estuviese siempre a la defensiva, con el ánimo de corregir, confrontar o poner en evidencia a la Administración. Debería entonces, para una próxima oportunidad, contemplarse la posibilidad de dejar como primer punto del día, la participación de las comunidades involucradas para luego dar paso a la búsqueda de soluciones conjuntas, y así evitar convertir esta interesante iniciativa en uno de tantos ejercicios de rendición de cuentas que pasan desapercibidos y son minimizados por las comunidades, puesto que no suelen gozar de la más mínima credibilidad.

Otro aspecto que debería contemplar la Administración Municipal, para las siguientes oportunidades, es llevar a cabo estos consejos de gobierno descentralizados en horarios más acordes a las realidades de los ciudadanos. Es potencialmente más factible una mayor concurrencia si este tipo de eventos se realizan un sábado o un domingo, y con ello evitar cruces con agendas laborales o académicas y permitir así que sean espacios mucho más participativos y representativos, además de poder permitirse la extensión que sea necesaria.

Un último consejo, aunque no menos importante, es el de hacer un mayor trabajo de difusión y publicidad de este tipo de eventos, pues de seguro hay muchos más ciudadanos interesados en participar, pero que no lo han hecho simplemente porque no se han enterado. No puede ser que solo se responda a los que por azares del destino encuentran el formulario de inscripción en las redes sociales de la Alcaldía, tendría que hacerse un verdadero trabajo de promoción para que en verdad sea un evento indudablemente democrático y participativo.

#Opinión #Boyacá

El efímero valor de la vida

Por: Gina Rojas Hoyos

El afán por reducir los problemas de inseguridad en Tunja y Boyacá ha llevado a la banalización de la pérdida de vidas humanas. Se justifican los recientes homicidios bajo preceptos que sostienen que las víctimas eran delincuentes con largos historiales, afirmaciones que, acompañadas de tonos y gestos, transmiten lo que pareciera una normalización de la violencia e incluso dan la impresión de validar la eliminación de personas con antecedentes penales.

Dentro de lo lamentable está que, como país, parece que no terminamos de aprender de nuestros errores. Es fundamental recordar el surgimiento del paramilitarismo en Colombia, una estrategia que, bajo la premisa de que "el fin justifica los medios", buscaba inicialmente acabar con la delincuencia y la insurgencia, pero terminó desencadenando masacres y crímenes sistemáticos.

Este oscuro capítulo no puede desvincularse de otro igualmente trágico: los mal llamados "falsos positivos" o ejecuciones extrajudiciales. A raíz de la presión estatal por mostrar resultados rápidos en la lucha contra la guerrilla, sectores del ejército asesinaron a civiles inocentes, haciéndolos pasar por combatientes caídos en combate. En medio de esta barbarie, las vidas en Colombia se redujeron a simples cifras en reportes oficiales, con escasa consideración hacia las madres y familias que quedaron sumidas en el dolor y la injusticia, tanto de inocentes como de quienes, con o sin razón, fueron acusados.

Es fundamental recordar que la delincuencia en nuestro país no es la causa, sino la consecuencia de problemas más profundos que han llevado a que portar un arma sea más fácil que llevar útiles escolares.

Indiferencia

Antes de escribir esta columna, realicé un ejercicio social publicando en Facebook la pregunta: "O sea que, si asesinan a alguien con antecedentes penales, ¿es menos grave?" Las respuestas, como esperaba, estuvieron divididas entre quienes defendían el respeto por los derechos humanos y quienes opinaban que cada quien se labra su propio destino. Sin embargo, el mensaje más impactante fue el de una familia que, mientras lloraba la pérdida de dos seres queridos asesinados en días recientes, agradeció lo expresado en mi publicación. Al mismo tiempo, me advertían sobre la presunta información imprecisa en los antecedentes que mencionan las autoridades —un tema que esperamos abordar y ampliar más adelante—, lo cual, aunque no es nuevo, sigue siendo profundamente preocupante.

Vivimos en una sociedad que normaliza la violencia y clasifica a las personas como "buenas" o "malas", dejando de lado el respeto por la vida y permitiendo que posibles crímenes queden sin investigar. Asumir que unas vidas valen más que otras, nos conduce a un camino de indiferencia que perpetúa la injusticia.

¿Y la seguridad?

En nuestro entorno, se habla de seguridad en términos estadísticos, mientras que se deslegitima lo que los mandatarios llaman "percepción". Y aunque las estadísticas son importantes, no debemos perder de vista que la falta de confianza en la justicia disuade a muchos de denunciar delitos. Además, la falta de una adecuada clasificación de los delitos contribuye a la subestimación de los registros, lo que a su vez invisibiliza los problemas ante las autoridades.

La verdadera seguridad no se puede medir únicamente en números; implica abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad, la falta de oportunidades y la impunidad. Partiendo de esta base, debemos preguntarnos: ¿Realmente estamos en las ciudades y el departamento más seguro del país?

Cada vez que se justifica la muerte de alguien bajo el pretexto de "ajustes de cuentas" o "limpieza social," se alimenta un ciclo interminable de violencia que deshumaniza a todos los involucrados. Al justificar los asesinatos, las autoridades no solo fallan en su deber de proteger a los ciudadanos, sino que promueven una peligrosa mentalidad de destrucción y dolor. En lugar de construir una sociedad más justa y pacífica, nos encaminamos hacia un ciclo de muerte y venganza que deja de lado nuestra humanidad.

#Caricatura #Opinión #Boyacá

Una licencia, licenciado

#Editorial

Cuestión de gestionar, no de rogar

Una de las frases con las que el hoy mandatario de la capital boyacense, Mikhail Krasnov, quiso resaltar, pero logró todo lo contrario, fue con aquella de “a mí no me gusta andar rogando en ministerios”, para luego recalcar que toda obra o inversión que pretenda para la ciudad piensa conseguirla a través de capital privado. Eso no solo es fantasioso y engañoso, sino surrealista y hasta regresivo para la ciudad.

Lo primero sobre lo que habría que hacer hincapié es que destinar toda posibilidad de progreso de la ciudad a la voluntad de inversión de un privado, es inconveniente por el mismo hecho de subyugar a la ciudad a la dependencia de ese inversor, que al final de cuentas lo único que estará buscando es una retribución, una ganancia, no el progreso del territorio ni el bienestar de quienes lo habitamos.

Luego habría que analizar si es viable eso de depender exclusivamente de inversiones privadas para los proyectos de la ciudad, pues hoy ninguna, en todo el planeta, puede darse tal lujo, no existe ni una sola que no recurra a su respectivo Estado para lograr proyectos de inversión.

Cosa que además hace parte del normal actuar de cualquier mandatario en cualquier parte del mundo: recurrir al o los entes estatales superiores en jerarquía para gestionar recursos. Y mientras el Alcalde de acá se niega a hacerlo, simplemente por conservar y vender su imagen de “antisistema”, los demás municipios del país sí están aprovechando para tramitar esos recursos a los que ciudades como Tunja no piensan acceder.

No se trata de rogar en los ministerios, como torpemente dijo el Alcalde en presencia de un exministro que bien sabe que se trata de gestionar, no de rogar, se trata de presentar proyectos para conseguir inversiones. Proyectos que, ante un privado o ante el Estado son necesarios, pues nadie quiere invertir dinero si no puede asegurarse que será bien usado.

Nadie dice que no se busque la inversión del capital privado, lo que se cuestiona es el hecho de que se quiera recurrir exclusivamente a esta y siempre fuera del país, ¿No habrá grandes capitales colombianos que quieran invertir en la ciudad? ¿No es acaso más sencillo y viable presentar proyectos en Bogotá ante entidades del Estado que tienen por fin el progreso de todos los territorios en el país?

Ese pronunciamiento, aparentemente inocente, proyecta el pobrísimo desarrollo y devenir de la capital boyacense mientras esté en manos de alguien a quien no le gusta gestionar, y que aparte de ello tiene un absoluto desprecio por el ordenamiento y funcionamiento del Estado colombiano.

#Opinión #Tunja

Hora de conectar con la democracia y la legalidad

Por: Daniel Triviño Bayona

Una malsana costumbre de la “Tunja que conecta con el mundo” es su trato despótico, grosero y majadero con la prensa local y regional, a la que ha decidido ignorar por completo, sin salvedades y distingos, pues posiblemente todos los miembros de la prensa boyacense le resultemos incómodos a sus propósitos de embaucar a la ciudadanía.

Cosa que no ocurre con la prensa nacional e internacional, pues como no conocen los pormenores de sus acciones como mandatario, y como solo vienen detrás de la historia macondiana de un ruso alcalde en Colombia; son fáciles de someter a su manipulación y a sus intereses proselitistas.

Podrían resumirse los casi 10 meses de mandato de Mikhail Krasnov y su relación con la prensa de esta manera, sin embargo, el asunto es mucho más complejo, pues tal actitud está conllevando a una flagrante violación de los derechos de la ciudadanía en Tunja.

“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social”, establece el artículo 20 de la Constitución Política de 1991.

Lo de permitirle a la ciudadanía recibir información veraz e imparcial también le corresponde al sector público, no solo a los medios de comunicación, pues del sector público se desprende una infinidad de informaciones que repercuten en el día a día de los ciudadanos.

Resulta toda una ironía que el Alcalde recurra a interponer acciones de tutela porque supuestamente le violan sus derechos fundamentales, pero él sí puede violarle este derecho fundamental a cerca de 200 mil personas.

El martes pasado, recién llegado a la ciudad tras su viaje a Corea del Sur, el Alcalde fue abordado por un grupo de periodistas que queríamos ahondar en los detalles de su viaje. El Alcalde se negó a hablar con nosotros bajo el entendido de que tenía mucho sueño, pues todavía no había logrado recuperarse de la descompensación horaria que sufre el cuerpo humano al emprender viajes extensos y con cambios de horarios.

Eso sería completamente comprensible de no ser porque el Alcalde, luego de ningunear a la prensa local, permaneció en el teatro hablando con otras personas, prolongando su estancia en aquel lugar, más allá de que no había obligación o compromiso para ello. Además, si fuese así, entonces, ¿Para qué fue a ese evento si estaba en esas condiciones? ¿No habría tenido que pedir dentro de su permiso un día más para recargar energías? ¿No sería más sensato eso? Sería más sensato, todavía, el hecho de asumir que hacer este tipo de viajes generan estas consecuencias y este desgaste para el cuerpo, pero ese es un precio que debe pagarse por su obsesión de impulsar o vender la idea de que el progreso de una ciudad se consigue estableciendo acuerdos con socios internacionales, más allá de que hasta ahora no haya conseguido nada de nada.

Luego, en una actitud retadora, el Alcalde sentenció su negativa a dialogar con los medios de comunicación del departamento bajo el entendido de que la información sobre su viaje a Corea ya había sido relatada por medio de un comunicado. Es decir, tenemos que resignarnos, los periodistas y la ciudadanía a una información limitada y sobre la cual no se puede hacer cuestionamientos.

Que bueno sería explicarle a la gente de la ciudad los programas culturales que se plantean alrededor del taekwondo, que supuestamente van a fomentarse en Tunja. Igualmente valioso habría sido pormenorizar sobre la existencia de algún pacto o apoyo económico para ello. Y ni hablar de la necesidad de explicar hasta el más mínimo detalle de las intenciones de hacer un mundial de esa disciplina deportiva en la ciudad ¿Será que ya hubo acercamientos con la Federación Colombiana de Taekwondo y con el Ministerio del Deporte? ¿O se tratará nada más de una venta de humo?

El comunicado tampoco da cuentas sobre las tecnologías de aprendizaje que pudo conocer el Alcalde y que podrían llegar a implementarse en las instituciones educativas del municipio, ni si son compatibles estructural, presupuestal y culturalmente con las realidades de la ciudad; ni tampoco explica cuáles serían los proyectos que promoverían el aprendizaje a largo plazo, con enfoque en sostenibilidad y desarrollo económico.

Hablando de explicar, sería bueno de paso que se nos explique a todos los que habitamos esta ciudad, cuál es el impacto o el alcance de ese comunicado, pues es muy dudoso que haya llegado siquiera al 5% de los habitantes de la ciudad, ¿Qué le hace creer al Alcalde que un comunicado publicado en las redes sociales de la Alcaldía es suficiente para informar al grueso de la población?

Lo que establece el artículo 20 de la Constitución Política de 1991 respecto al derecho de recibir información veraz e imparcial, no es capricho, sino que tiene por fin proveer a la ciudadanía de mayores herramientas y conocimientos para la toma de decisiones, tanto individuales como colectivas, que luego repercutirán en el devenir social, político, económico y cultural de los que vivimos en Colombia.

Cuando un funcionario, un servidor o un empleado público se niega a brindar información de interés general, no solamente está contrariando lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, sino que a su vez está sometiendo a sus conciudadanos a una situación típica de los regímenes totalitarios.

Puede que el trabajo de los medios de comunicación le resulte incómodo y molesto al Alcalde, pero es indispensable para el sano desarrollo de la sociedad, esa que pretenden conectar con absolutamente todo pero que hasta ahora solo ha logrado desprenderse de cosas tan esenciales como obtener información desde distintos puntos de vista.

#Opinión

Falacias para justificar el aborto

Por: Carlos A. Velásquez-Cr(r) del Ejército Nacional de Colombia

Al cierre del debate por la presidencia de EE.UU. Kamala Harris afirmó sin titubear respecto al aborto: “voy a ser la presidenta que defenderá los derechos fundamentales y que la mujer tenga derecho sobre su propio cuerpo”. De esta manera mostró ser una persona que también entró en la “ola de la posverdad”, pues la realidad dicta que un bebé en gestación (o feto) no pertenece a “su propio cuerpo” (el de la mujer), como si ocurre, por ejemplo, con un ojo o una pierna.

Aún más, sendas investigaciones han demostrado que el hombre es ya un ser humano desde el momento de su concepción, que se desarrolla con el paso del tiempo sin necesidad de elementos externos para darle forma. Por esto, no se puede comparar el proceso de desarrollo del ser humano al de fabricación, por ejemplo, de un automóvil ¿En qué momento de la cadena de montaje hay un carro? Algunos dirán que existe desde que se reconoce su forma. Otros mirarán lo funcional sosteniendo que hay carro solo cuando se instalan el motor y las ruedas. Y también habrá quienes piensen que sólo existe el vehículo cuando empiece a circular. Pero seguramente todos coincidiremos en algo: nadie va a decir que el carro existe cuando el primer tornillo se une a la primera tuerca. En fin, a diferencia del automóvil, a los organismos vivos, como el feto, no se les forma ni se les define desde fuera. Se definen y se forman a sí mismos. La naturaleza o forma de un ser vivo está en sus genes desde el principio, y esa forma empieza a manifestarse desde el primer momento de su existencia. Los embriones no necesitan ser modelados según un tipo de ser. Ya son un tipo de ser, el principio vital (el alma) está desde el principio.

Lo cierto es que en los debates atinentes al aborto abunda la manipulación del lenguaje produciendo falacias para evadir la realidad. Por esta razón, la muerte premeditada de seres humanos prenatales mediante el aborto trata de justificarse no solo por el “derecho sobre su propio cuerpo”, sino también por la “libertad reproductiva”, los “derechos reproductivos” o la “salud reproductiva”. Manipulaciones del lenguaje que también suelen emplearse en la ONU. Veamos.

La “libertad reproductiva”. La reproducción, es decir, la creación de un niño (ser humano/persona prenatal) concebido mediante la unión sexual, ocurre antes de producirse el aborto. Es decir, en propiedad la “libertad reproductiva” se ejerce antes de que se produzca el aborto. Al respecto, Michael Bauman, profesor en el Hillsdale College, observa: “Cuando los que están a favor del aborto tienen relaciones sexuales no forzadas, están eligiendo. Eso es libertad de elección. Cuando deciden matar al niño concebido durante ese encuentro sexual, eso es libertad de elección. Ellos eligieron; ahora quieren estar libres de las consecuencias de esa elección, incluso si alguien tiene que morir”. En otras palabras, justificar el aborto arguyendo la libertad reproductiva es una falacia.

¿Los “derechos reproductivos” justifican el aborto? Todo adulto tiene derecho a reproducirse a través de relaciones sexuales consentidas si es biológicamente capaz y, preferiblemente si está casado. Esto último por el bien de los niños. Pero, nuevamente una falacia: la reproducción ocurre antes de que ocurra el aborto, o sea que el ejercicio del derecho a reproducirse también se realiza antes de que se produzca el aborto. Por lo tanto, justificar el aborto mediante los “derechos reproductivos” también es manipular el lenguaje para ocultar la realidad. Es más, junto con los “derechos reproductivos” vienen las responsabilidades reproductivas. Los padres tienen deberes para con sus hijos. El primero es cuidarlos, no matarlos. Otros deberes incluyen la provisión de alimentos, ropa, educación y mucho amor.

Respecto a la “salud reproductiva” para justificar el aborto, la Dra. Kendra Kolb, neonatóloga, afirma lo siguiente: “No hay ninguna razón médica por la que la vida del niño deba terminarse directa e intencionalmente con un procedimiento de aborto”. Y añade: “Sí, los tratamientos para los embarazos ectópicos ocurren, pero no son abortos per se, si usamos el lenguaje con precisión. Sí, los tratamientos para las enfermedades cardíacas o el cáncer pueden implicar partos prematuros que podrían resultar en la muerte de un niño, pero no son abortos per se, si usamos el lenguaje con precisión…”. El aborto, entonces, no es atención de “salud reproductiva”.

Afortunadamente y gracias a la bancada provida, con la radicación del Proyecto de Acto Legislativo 011 de 2024 Senado, que busca precisar el alcance del Artículo 11 de la Constitución, para defender la vida desde la concepción, el Congreso tiene la oportunidad de llevar al país a retomar un camino de verdadero desarrollo humano.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Viaticando por el mundo

#Editorial

¿Y en la Gobernación qué dicen?

En el trayecto de la semana se dio a conocer una noticia sobre la solicitud realizada por un ciudadano para que el alcalde, Mikhail Krasnov, rinda cuentas sobre cada uno de sus viajes al exterior, detallando en asuntos como resultados y acuerdos conseguidos, objetivos planteados antes de la realización del viaje, gastos asociados a estos, entre otros pormenores relacionados a estas salidas internacionales que tanta controversia han desatado en la ciudad.

Dicha solicitud fue vista con buenos ojos y aplaudida por un sector ciudadano, que ante el letargo y la impericia del Concejo de Tunja, entiende tales acciones como las que por norma y deber corresponden a esa Corporación tan caracterizado por la pasividad y la inacción.

Pero el Concejo no ha sido la única entidad que ha fallado en su ejercicio de control sobre los viajes del Alcalde, también lo ha hecho la Gobernación de Boyacá, que ha sido la entidad encargada de conceder los últimos dos permisos, y al igual Concejo, no ha entregado ni un solo reporte o balance de tales viajes que autorizó al Alcalde, posiblemente, porque ni siquiera le ha importado solicitarle a Krasnov tales detalles, omitiendo que son los resultados plausibles lo que daría legitimidad a la actuación administrativa de conceder permisos.

Sin embargo, acá, en Colombia, y especialmente en Boyacá, lo que hoy es evidenciable es que la vociferada democracia y el Estado Social de Derecho son simplemente un saludo a la bandera. Empezando por la mencionada carencia de resultados evidenciables de los viajes del Alcalde por parte de las dos entidades que se los han autorizado, y continuando con situaciones como el también clandestino permiso del que gozó el gobernador, Carlos Amaya Rodríguez, durante buena parte de esta semana, permiso del que hay que advertir no fue autorizado por nadie, ni tampoco dado a conocer de forma efectiva y oportuna.

De esta ausencia solo vino a conocerse por el interés de uno de los medios de comunicación del departamento, que terminó descubriendo esta incidencia al revisar la firma del decreto por medio del cual se citó a la Asamblea unas sesiones extraordinarias; y no por el genuino interés y cumplimiento del principio de publicidad administrativa, que desconoció el Gobierno Departamental al no dar a conocer a la opinión pública sobre esta ausencia del Gobernador, y al no haber publicado oportunamente el decreto por medio del cual se hacía el encargo de funciones como gobernador encargado a Fabio Medrano, decreto que, hasta el momento de la publicación de esta editorial, no ha sido publicado en el sitio web de la Gobernación de Boyacá.

Por eso mismo resulta tan ineficiente, irrisorio e iluso el hecho de pedirle a la Gobernación de Boyacá un informe sobre los acuerdos o resultados de los viajes del Alcalde, pues en dicha entidad, tampoco existe un genuino interés por dar validez e importancia a los actos administrativos que legitiman a un verdadero Estado Social de Derecho, que garantizan el derecho de los ciudadanos por conocer las informaciones de interés público, y que dan soporte a una democracia de la cual suele abusarse discursivamente, pero pisotearse con actos como este.

#Opinión #Tunja

¿Dónde está el Alcalde?

Por: Daniel Triviño Bayona

Esa es la pregunta que muchos se hicieron a lo largo del pasado lunes, cuando la ciudad amaneció con la noticia, basada hasta ese momento en el rumor, de que el alcalde, Mikhail Krasnov, estaba una vez más fuera del país.

El rumor se propagó y se acrecentó con el pasar de las horas, y no pudo ser despejado, desmentido ni confirmado por ninguno de sus funcionarios, que parecían tan atónitos, como el resto de la ciudadanía, con la noticia de un nuevo viaje al exterior por parte del Alcalde.

La noticia vino a confirmarse ya entrada la noche, luego de todo un día de especulaciones en el que reinó el silencio institucional, la Gerencia Estratégica de Comunicaciones decidió emitir un comunicado para relatar que el Alcalde se encontraba en Corea del Sur participando del foro ‘Iniciativas Sostenibles del Aprendizaje’.

Este pronunciamiento no solo fue dado a conocer de forma tardía, sino que incurrió en imprecisiones y dejó muchísimos vacíos e inquietudes entre una ciudadanía que todavía no termina de comprender el porqué del sigilo extremo del Alcalde cada vez que hace un viaje al exterior, como si se tratara de algo clandestino e indebido.

Se dijo en aquel comunicado que el Alcalde de Tunja iba como único representante de América Latina a este foro, lo cual no es cierto, pues también asistió Milena Paola Quiroga Romero, alcaldesa de la ciudad de La Paz, capital del estado de Baja California Sur, en México.

Pero más allá de esta irrelevante imprecisión, lo que sí resulta totalmente cuestionable es el hecho de que desde una entidad del Estado, en este caso la Alcaldía de Tunja, se viole el derecho a recibir información veraz e imparcial, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de 1991. Sí, ocultar información de interés público implica negarle a la ciudadanía la posibilidad de recibir información veraz.

También se habría afectado ese mismo derecho, de forma masiva, con la tardanza para publicar el decreto por medio del cual se hizo el encargo de funciones como alcaldesa a Luz Mila Acevedo, directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal; decreto que solo vino a darse a conocer a la opinión pública en la mañana del 10 de septiembre, más allá de que el mismo decreto da cuenta de que la ausencia de Krasnov iba a producirse desde el 6 de este mes.

Ese comunicado, el que se emitió a comienzo de semana fue el único pronunciamiento de la Administración Municipal relacionado al viaje del Alcalde a Corea del Sur. Luego no hubo ni el más mínimo pronunciamiento sobre los alcances o resultados de ese viaje que, aparentemente, tuvo por fin “impulsar nuevos proyectos para mejorar la calidad del aire, la gestión de residuos y el desarrollo urbano sostenible en Tunja”.

Así como tampoco hubo balance ni conclusiones de sus tres anteriores viajes, de los cuales puede deducirse hasta ahora que del primero, el que hizo a Inglaterra, aprendió que la solución es TransMilenio para las ciudades en vías de desarrollo, no mucho más que eso. Del segundo, a España, el resultado fue la consecución de 30 becas con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR), acuerdo sobre el que se desconocen todos los pormenores: bajo qué condiciones se estableció ese acuerdo, quiénes serán los beneficiarios de estas, entre otros detalles, incluyendo la convocatoria para ser beneficiario de dichas becas, la cual es imposible de encontrar tanto en el sitio web del municipio como en sus redes sociales. A propósito de becas con la UNIR, valga recordar que Pablo Cepeda logró un acuerdo similar sin la necesidad de tener que viajar fuera de la ciudad, pues advirtiendo que la UNIR es una institución de educación superior abierta al intercambio y extensión académica, encontró viable gestionar la visita de miembros de dicha universidad a la capital boyacense (https://acortar.link/9eLy54). Logro que también se permitió la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja (https://acortar.link/6fslPq).

Sobre su salida a Rusia tampoco se conoció mayor detalle, solo el aparente establecimiento de un acuerdo de voluntades con un socio desconocido para construir una planta de generación de energía que aproveche residuos sólidos, y un convenio de colaboración académica con el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, en el que se establece que “el presente convenio no deberá interpretarse como una obligación financiera para ninguna de las partes, las cuales se comprometen a identificar fuentes de financiación externa para llevar a cabo las distintas formas de cooperación académica y cultural”, es decir, un acuerdo timorato en el que ninguna de las partes quiere comprometerse a nada.

Mucho más que eso no se ha conocido de sus recurrentes salidas al exterior, que puede que no le cuesten dinero al municipio, aunque tampoco hay claridades sobre eso, pero que más allá de que los viáticos sean asumidos por la organización que invita, habría que medir el impacto que tiene el hecho de que un Alcalde que devenga más de 20 millones de pesos al mes, pase más de media semana entre buses, aeropuertos y aviones, siendo que ese tiempo podría ser aprovechado para gestiones regionales y nacionales, o incluso internacionales, pero ayudándose de las herramientas tecnológicas que hoy se lo permiten al resto de alcaldes de América Latina, a los que seguramente también les interesa resolver e innovar en materia de educación y sostenibilidad, pero que no hallan sentido a cruzar el planeta entero para buscar soluciones que pueden encontrarse fácilmente con el simple conocimiento del territorio y con el diálogo con quienes lo habitamos.

#Opinión #Boyacá #Política

Divino arrodillamiento y las voces del silencio

Por: Gina Rojas Hoyos

Históricamente, el mundo ha buscado salvadores, figuras que, en ocasiones, son elevados al estatus de héroes o incluso de dioses. Adolfo Hitler en Alemania, Benito Mussolini en Italia, y ciertos "innombrables" en Colombia han sido enaltecidos, vistos como Mesías por quienes, cegados por el fanatismo, no solo justifican sus errores, sino que facilitan sus vidas con lujos, mansiones, y hasta sacrifican sus propias vidas por ellos.

Estos adoradores, sumidos en el letargo, han perdido la capacidad de cuestionar, mientras otros han sufrido la amarga decepción de descubrir los métodos atroces que esos líderes emplearon para perpetuarse en el poder: persecuciones y asesinatos masivos de inocentes.

Imaginen la desilusión de Jesucristo al ver hordas de hombres y mujeres adorando a miserables que se dedican a lo contrario de lo que Él predicó: amor, respeto, y liberación para los más vulnerables.

En la modernidad cambian los nombres y mutan las circunstancias.

De pocos sabios discípulos modernos

¡Oh, benignísimo Mesías, elegido tras derrochar miles de millones en campañas! Pulcrísimo mandatario, que cambiaste la ruana por contratos. Alabado seas, oh Señor, por tus ocho horas de trabajo, dedicadas con esmero a este suelo. ¡Qué generosidad la tuya, que a veces recuerdas darle la mano al necesitado! Y aquí estamos, tus discípulos, serviles y poco inquietos, dispuestos a ejecutar tu santísima voluntad sin cuestionar costos ni desaciertos.

La adoración excesiva adormece la razón. Somete a los pueblos, que terminan perdiendo su voz, alabando el mero cumplimiento de obligaciones. Aquellos llamados a representar a los ciudadanos ya no son los creadores de letras, los sanadores, ni los guerreros que alguna vez lucharon por los oprimidos. Ahora, son máquinas cegadas por su propia adoración, placeres y egos.

De pregoneros con voces apagadas

Las voces de los que antes pregonaban justicia fueron silenciadas. No por miedo, sino por la ambición de llenar sus bolsillos. Ya no levantan sus megáfonos, y el régimen avanza con su cabeza en alto. Mientras tanto, las pocas voces que se atreven a hablar son desoídas, tachadas de vengativas o de carentes de criterio.

El ruido ensordecedor de la alabanza al héroe lo cubre todo. Incluso agradecen por tareas que ni siquiera eran suyas, en vez de exigir lo que verdaderamente les corresponde.

El opio del pueblo

Los pueblos que se han rebelado contra las grandes dictaduras han encontrado varios destinos: el exilio, la muerte, la persecución, el encierro o el silencio. Y para aquellos que saben que algo está mal pero no actúan, les queda el opio. Un opio que hoy se presenta como eliminatorias de fútbol, precedidas de goleadas predecibles. Nos han goleado en todos los frentes, mientras los jueces —advertidos pero complacientes— observan en silencio.

Epílogo

A pesar de todo, los dictadores se mantienen en pie. Argumentan una persecución excesiva, distrayendo la atención mientras perpetúan su dominio. El desafío sigue siendo romper el círculo de la sumisión y las falsas idolatrías, levantar la voz frente al poder y, finalmente, liberarnos de esa adoración que solo siembra ceguera y silencio. Las voces que aún resisten, aunque en muchos casos han sido apagadas, son las semillas de una esperanza que tarde o temprano florecerá.

#Caricatura #Opinión #Boyacá

Las cuentas del "Gober"

#Editorial

¿Para qué alcanza la plata?

Hoy más que nunca se hace pertinente y necesario analizar esa frase icónica de la campaña y del mandato de Mikhail Krasnov: “la plata alcanza cuando no se la roban”. Más allá de los réditos electorales y demagógicos que este eslogan representa para el Alcalde, vale la pena preguntarse ¿Para qué cosas está alcanzando la plata?

Evidentemente para las causas de los tunjanos, la plata no está alcanzando. Dan fe de ello líderes comunales y organizadores de diferentes tipos de eventos, ya sean deportivos, culturales, artísticos o académicos; así como pueden confirmarlo aquellos ciudadanos que, por orgullo de su tierra, de sus costumbres y de sus historias, se han empeñado en impulsar el turismo, así esto no les represente ingreso alguno, a quienes también se les ignora constante y permanentemente.

La plata no está alcanzando, no necesariamente porque se la estén robando, cosa de la que por ahora nadie puede dar fe; sino porque casi no se invierte, y en lo poco que se invierte parece poco provechoso para la ciudad y quienes la habitamos.

Ejemplo de ello es el proceso contractual, que salió a la luz esta semana, con el que la Alcaldía pretende organizar un evento tipo rendición de cuentas sobre las acciones ejecutadas para la implementación del Plan de Desarrollo Municipal (PDM). Aquí vale insistir en que este tipo de eventos suelen ser altamente ignorados por la ciudadanía, por lo que lo más seguro es que allí, donde sea que se vaya a organizar, se verá a una multitud de funcionarios obligados a ir, un par de ciudadanos auténticamente interesados en su ciudad y aún creyentes en este tipo de dinámicas, los cinco militantes incondicionales de la causa Krasnovista, y no mucho más que eso. Valdría la pena preguntar por qué no se hace dicha rendición en el Concejo, lo cual le ahorra 50 millones de pesos al municipio, le permite conocer a los concejales las acciones realizadas para la implementación del PDM, del cual no tienen hasta ahora mayor idea; y permite de paso la participación pasiva y activa de la ciudadanía.

O qué decir del “asesor personal para comunicaciones y relaciones exteriores” contratado, entre otras cosas, para “desarrollar estrategias de comunicación para la difusión de los resultados y buenas prácticas de los proyectos de cooperación internacional”; asesor que tras una semana de regreso del Alcalde de su viaje a Rusia, no ha pronunciado palabra sobre ello, mucho menos rendido un informe sobre los supuestos acuerdos y convenios que se mencionaron de forma superflua y escueta ¿Acaso la ciudadanía no tiene derecho a saber con quién se estableció ese acuerdo de voluntades para la planta de generación de energía? ¿O cuál es el alcance, impacto, tiempos establecidos y recursos proyectados para ejecutar el convenio de colaboración académica con el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia? ¿No sería esta una de las funciones de ese “asesor”? ¿No tendría que contarle a la ciudadanía cuál fue el resultado de ese viaje? ¿Será que no se enteró? ¿Será que no habla ruso?

Tampoco se sabe mayor cosa sobre los convenios solidarios, sobre los cuales, antes que nada, ha de advertirse que son un acierto, pues se alinean con la visión que tiene el Gobierno Nacional, lo cual puede significar a futuro cofinanciación, obviamente, argumentada sobre los buenos resultados de los convenios ya ejecutados. Sin embargo, no deja de causar incertidumbre el hecho de que no se sepa nada sobre esta iniciativa. Por ejemplo, no se conoce cuántos barrios se terminarán beneficiando de estos convenios, con cuántos recursos se cuenta, a quién están subcontratando las Juntas de Acción Comunal para la realización de las obras, o si estas las están llevando a cabo las comunidades; tampoco los criterios de selección de los barrios, en fin, no se tiene un manejo claro, transparente y sensato, con la ciudadanía, sobre todo lo que rodea esta iniciativa.

Lo cierto es que para las propuestas de los líderes sociales y de las comunidades locales no han existido recursos, la plata no ha alcanzado, a pesar de que se dijo, se repitió y se insistió en que iba a alcanzar porque no se la iban a robar.

#Opinión

Muñecos y muñecas

Por: Daniel Triviño Bayona

La indignación que manifestaron las “muñecas y muñecos” se vino a pique antes de que pudiese armarse un escándalo en torno a ello, pues a pesar de los intentos por imponer una narrativa de la victimización, afloraron detallados análisis y remembranzas del sustento de tan pertinente caracterización hacia este grupo de propagandistas que han degradado el periodismo colombiano al más bajísimo grado de decadencia.

De nada valió la victimización de la “muñeca” que se sintió más aludida por aquellas contundentes y acertadas palabras del Presidente de la República. «Así se refiere Petro a las mujeres periodistas: “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia”», escribió la irritada marioneta pretendiendo manipular el discurso del Presidente para tratar de hacer creer que se trataba de un ataque generalizado contra las mujeres que ejercen el periodismo en Colombia, a la vez que una afrenta a la libertad de expresión.

Pero ni lo uno ni lo otro, pues el mensaje fue directo y contundente hacia un grupo de propagandistas y activistas, disfrazadas de periodistas, cuyo actuar evidentemente está al servicio, en ocasiones, de grandes emporios, y en otras tantas de intereses mucho más oscuros, pero nunca en favor de la ciudadanía, como se supone que ha de ser el oficio periodístico.

En ese asqueante ejercicio de desinformación y manipulación, han pululado paparruchas y patrañas como las del desabastecimiento de combustible para aviones, el dólar disparado y alcanzando los 8 mil o 10 mil pesos, la expropiación de las pensiones y de los ahorros, el pago por no matar, entre un sinfín de informaciones que han sido desmentidas y que han evidenciado la premeditada y pervertida intención de generar crisis sociales y económicas donde no las hay.

Ese indebido actuar más cercano al terrorismo que al periodismo, no solo causa vergüenza ajena entre los periodistas que buscamos ejercer este oficio de la manera más digna y transparente posible, honrado la libertad de expresión y no el libertinaje; sino también el deseo del surgir de una ley de medios que limite el actuar de unos “muñecos” inescrupulosos, cuyo deseo no es el de entregarle información veraz a sus audiencias, como reza la Constitución Política del 91, sino operar para ocultos intereses, obviamente violando el derecho que tienen los colombianos de recibir información real, oportuna y veraz.

Entre el variopinto grupo de “muñecas” de la ‘cosa nostra’ de la información hay todo tipo de ejemplares. Está, por ejemplo, aquella vinculada con un clan corrupto de la costa, en cuyo caso también es reconocida por el espontáneo hijueputazo que pegó al enterarse que el exembajador Sanclemente sí sabía de las actividades ilícitas que se ejercían en su finca, situación en la que no rompió la ‘omertà’ (https://x.com/nometiente2/status/1830019791785963964).

Otra, famosa por contar secretos, muchas veces de escasísima contrastación pero habitualmente de excesiva saña; es aquella casada con el zar de los servicios públicos, al que suele guardarle muy bien sus secretos relacionados a sus prácticas anticompetitivas y desleales con la comercialización de la energía eléctrica en buena parte del caribe colombiano (https://x.com/nometiente2/status/1830019822685659157).

Tampoco podía faltar ‘la figlia’ de uno de los, presuntos, integrantes del cartel de la contratación, a la vez que posible implicado en el escándalo de corrupción de Odebretch, cuyo control obviamente no tiene ojos para este tipo de desangres al erario (https://x.com/nometiente2/status/1830020503274447237).

Y cómo olvidar a las íntimas confidentes del comandante Carlos Castaño, a quien en sus espacios informativos le concedieron el gustico de obviar informaciones que dieran cuenta del narcotráfico como fuente de financiación de sus actividades paramilitares (https://x.com/nometiente2/status/1830020411909705753 - https://x.com/nometiente2/status/1830020456956526614).

Sin embargo, no faltará quien a pesar de la abundante evidencia se niegue a aceptar la contundencia de tal caracterización, por lo que no sobra recordar las palabras de Salvatore Mancuso durante la tercera sesión de la Audiencia Única de Aporte a la Verdad de la JEP, en la que no habló exclusivamente de estas “muñecas”, sino de “muñecos y muñecas” de toda índole, pues el virus de la corrupción viene permeando a los grandes medios de comunicación desde tiempos inmemoriales. “No había que buscarlos, los medios nos buscaban a nosotros. Querían noticias y querían que privilegiáramos con un medio, que ese fuese el medio que, digamos, fuera el exclusivo, el que saliera primero con la exclusiva de la noticia que se iba a dar, de un comunicado, de cualquier situación por la prominencia que tuvimos dentro del conflicto armado como actor (sic), y eso por supuesto que generaba un interés permanente de la prensa” (https://x.com/FCBosque/status/1830275012206440780).

Pero como bien se dijo antes, esto no se trata solo de “muñecas”, sino de “muñecos”, pues el grado de descomposición en el antiético periodismo colombiano no discrimina a nadie por género. Está por ejemplo el “sepulturero” de los índices de sintonía de RCN, ese que humilla y denigra a sus subordinados cuando no se someten a sus opiniones presentadas como información, al que además le resulta fácil y práctico hacer retos rockeros o recurrir a cualquier otro sofisma de distracción cuando de encubrir a cuestionables personajes se trata.

Tampoco podía faltar el pupilo de Darío, ese que se rasga las vestiduras hablando de la libertad de expresión, pero que no escatima en correr a patadas a sus periodistas cuando realizan investigaciones incómodas para sus intereses, como le ocurrió en su momento a Juan Pablo Barrientos. Y a propósito de semejante ejemplar de la ‘Cosa Nostra’ periodística colombiana, me es imposible omitir este audio que se negó a pasar al aire, por obvias razones en el habitual actuar de los “muñecos y muñecas de la mafia” (https://x.com/juanda158392211/status/1830458608758186473).

Valga decir que este modus operandi, el de cobrar por posicionar la imagen de un político, así sea el más corrupto, o incluso la de algún criminal; así como el de cobrar para guardar silencio ante lo incómodo, o incluso encubrir el proceder delincuencial, es algo naturalizado entre la gran mayoría de los medios de comunicación en Colombia, especialmente los más grandes, que descaradamente se escandalizan cuando alguien llámese como se llame, lo expone. Razón misma por la que su credibilidad es puesta en tela de juicio por la gran mayoría de las audiencias en el país, que no les creen ni la hora.

Esto quedó en evidencia con las decenas de pronunciamientos que hicieron periodistas desde medios de comunicación tradicionales luego del discurso del Presidente, pronunciamientos que solo recibieron risas y la incredulidad de un pueblo colombiano que está harto de las mentiras y manipulaciones que desde los medios se han hecho, en detrimento del bienestar social del país.

La opereta para desestimar todo señalamiento o denuncia del actuar corrupto por parte de “muñecos y muñecas”, o el de sus subordinados a las malas; está respaldado en un amplio grupo de organizaciones y agremiaciones cuyo fin es supuestamente el de la defensa del oficio periodístico, aunque valga decir que tal defensa solo procede cuando se trata de determinado medio o determinado periodista. Por lo demás, estas organizaciones solo son un instrumento para la estigmatización y para el amedrentamiento de quienes valientemente se atrevan a exponer el corrupto actuar de los periodistas en Colombia.

Va a resultar ahora que en una sociedad ampliamente permeada por la corrupción los únicos que no son corruptos son los periodistas, aunque solamente los que obedezcan a los intereses de grandes poderes económicos, los “muñequitos de las élites”, porque los pequeños, los que valientemente se atreven a denunciar lo que nadie más, esos no, esos son incluso enemigos a los que hay que estigmatizar, señalar y destruir de una u otra manera.

Afortunadamente el pueblo colombiano está cada vez más consciente de la podredumbre que ha corroído a la prensa y que la ha llevado al más decadente grado de inmoralidad, al averno de la infamia gracias al actuar torcido, puerco y mafioso de los hoy indignados “muñecos”, a quienes seguramente les resulte incómodo empezar a hablar de una ley de medios, a la que seguramente señalarían de ser un intento de coartar la libertad de expresión, pero que en cuyo caso no pasa de ser un libertinaje desinformativo.

Ley que, por demás, tendría que poner freno a la cartelización del oficio periodístico tan invisibilizada por los propios medios que hoy se benefician de esta. Ley que como primera medida, y en aras de garantizar la libertad de expresión, no debería centrarse en limitar las actuaciones de los periodistas, sino en castigar con ausencia de dineros públicos para pauta publicitaria a aquellos medios que incurran en desinformaciones, especialmente a aquellos que lo hacen con premeditación.

Si bien cualquier empresa privada puede optar por publicar anuncios con el medio que desee, no debería ocurrir igual con las entidades del Estado, que hacen uso de dineros públicos para tal fin. Dichos dineros no tendrían por que usarse en beneficio de periodistas o medios que engañan a sus audiencias y ocultan o tergiversan informaciones mal intencionadamente, conducta que además es contraria a lo establecido en la Constitución. Todo lo contrario, debería crearse un sistema de castigos y penalizaciones de ausencia de entrega de dineros públicos a todo medio que incurra en tan desleales prácticas. Pues además estos ya tienen a sus ‘capos’, a sus ‘consiglieris’ y a sus ‘dones’ para que les financien sus artimañas libertinas de la desinformación.

#Opinión #Nación #VidaDeHoy

¡Salud por la copa menstrual!

Por: Gina Rojas Hoyos

Toallas, tampones, protectores... ¿lujos menstruales? Sí. Entre mayo de 2021 y mayo de 2022, 566.000 mujeres en Colombia no pudieron acceder a productos básicos de gestión menstrual como toallas, tampones, copas menstruales o ropa interior adecuada. Al menos 45.000 de ellas se vieron obligadas a utilizar trapos, calcetines, servilletas, telas, e incluso ropa vieja para atender sus necesidades, al no contar con los recursos económicos ni con las condiciones materiales necesarias, como agua limpia y saneamiento, para menstruar con dignidad, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

En esta misma encuesta se destaca que en Tunja, el 17.2% de las mujeres encuestadas experimentaron dificultades económicas para adquirir los productos necesarios para su periodo menstrual, posicionando a la ciudad como la quinta en el país con mayor incidencia de esta problemática.

Hagamos cuentas

En promedio, una mujer en Colombia gasta 210 mil pesos anuales en productos desechables de salud menstrual, y eso solo considerando un flujo “normal”. Este es un monto significativo en un país donde las brechas de género en el ámbito laboral siguen siendo abismales.

Además, el impacto ambiental y en la salud de las mujeres es considerable, debido a los químicos altamente tóxicos utilizados en estos productos. Si hacemos cuentas, las mujeres menstrúan en promedio durante 40 años, y en cada ciclo pueden llegar a utilizar aproximadamente 20 tampones o toallas, lo que suma un total de alrededor de 9.600 de estos elementos a lo largo de su vida. Multipliquemos esto por el número de mujeres, y obtendremos una cifra lo suficientemente alarmante como para que este tema sea parte de un debate público urgente.

Ante esta realidad, han surgido alternativas como la copa menstrual y la ropa interior reutilizable, que no solo benefician la salud de las mujeres, sino también al medio ambiente. Sin embargo, estas innovaciones han sido objeto de controversia en ciertos sectores conservadores, que las consideran antinaturales o contrarias a códigos morales hegemónicos.

El debate local

En 2019, Margarita Velásquez, periodista y activista por los derechos de las mujeres, abrió el debate en Tunja y Boyacá sobre la copa menstrual como una necesidad pública que debía ser incluida en la agenda política, desde espacios como el Concejo de la ciudad, al que aspiraba llegar como candidata en esas fechas.

No obstante, al igual que en la inquisición, cuando ciertos temas eran vetados para las mujeres, Margarita fue ridiculizada, señalada y castigada por hablar de un tema que algunos consideraban innecesario y otros polémico. Quizás en nuestra parroquia aún no estábamos listos para el futuro que ya estamos presenciando.

Bienvenidos al futuro

Cinco años después de los extensos debates que Margarita impulsó en Tunja, desde el Congreso se le ha dado la razón con la aprobación del Proyecto de Ley 215 de 2023 Cámara. Esta ley busca dignificar la condición de las mujeres y personas menstruantes, incluyendo dentro del plan de beneficios en salud la entrega gratuita de copas menstruales a través del sistema de salud a mujeres y personas menstruantes de estratos 1 y 2, o que por condiciones de salud no puedan utilizar otro tipo de producto de higiene menstrual.

La iniciativa contempla la entrega gratuita a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, utilizando la identificación proporcionada por el Sisbén. También se garantiza la orientación médica necesaria para evitar riesgos en la salud y la renovación de la copa cada cinco años.

A su salud

Para muchas personas, esto puede no representar un triunfo, sino un gasto innecesario o poco práctico, como ya se ha visto en redes sociales. Sin embargo, para quienes hemos dedicado parte de nuestra vida y esfuerzo a hacer lo que el Estado debería hacer en atención a mujeres y poblaciones vulnerables, este es un gran paso hacia la garantía de condiciones de vida digna y la reducción de brechas sociales. Por eso, celebramos este avance y anunciamos nuestra vigilancia y control sobre la implementación de esta medida, que deberá comenzar después de la sanción presidencial.

Un paso adelante en Boyacá

En Boyacá, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, Comfaboy, ha anunciado beneficios para la adquisición de la copa y el panty menstrual. El programa ‘Vive tu ciclo en Armonía’ es un paso significativo para la salud menstrual de las afiliadas y beneficiarias de Comfaboy, donde se gestionarán más de 1.000 kits (copa y panty) en los 123 municipios del Departamento de Boyacá, llegando a niñas, jóvenes y adultas tanto en zonas urbanas como rurales. Este subsidio cubre el 90% del costo para la categoría A y el 80% para la categoría B, según indicó la entidad.

Esto demuestra que finalmente hemos llegado al futuro, y cada vez son más las personas que comprenden que garantizar los derechos de las mujeres es garantizar los derechos de toda la sociedad.

#Opinión #Nación

Escenario estratégico crítico

Por: Coronel (Rva) Carlos A. Velásquez R.
X: @CarlosAlfonsoVR

Durante la semana anterior al mismo tiempo en que aumentó el rechazo internacional y del pueblo venezolano al régimen de Maduro, este se mostró cada vez más aferrado al poder. Pero se sigue apretando la soga al cuello y el ahorcamiento se acerca de manera irreversible. Mientras tanto las cabezas del ELN, en su obsesión de hacer juicios sobre la realidad colombiana desde una anacrónica perspectiva insurreccional violenta, totalmente extraña al sentir de las mayorías nacionales, deben estar pensando en si actúan o no en concordancia con aquel adagio que reza: “uno acompaña al amigo hasta la puerta del cementerio, pero no se entierra con él”. Veamos.

Casi al mismo tiempo en que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano convalidaba el espurio triunfo de Nicolás Maduro, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Roberta Clarke, criticaba esa decisión sosteniendo que es una sentencia "cuestionable, fuera de su jurisdicción", de un organismo que carece de autonomía y está controlado por el régimen. Y esto lo argumentó como parte de un contundente informe que presentó en el pleno de la OEA en el cual destacó gravísimas violaciones a los derechos humanos, represión rampante, impunidad absoluta y actos de terrorismo de Estado después de las elecciones del 28 de julio, afirmando además que "La democracia y el Estado de derecho deben ser restaurados”. De esta manera la OEA reafirmó la decisión de su secretario general de pedir a la CPI orden de arresto contra Maduro y reforzó las posturas que a mediados de agosto asumieron tanto la ONU como la CPI, que desde hace siete años abrió un proceso contra Maduro al que se han allegado múltiples demandas con pruebas. No es pues aventurado afirmar que se avecina una orden de captura de la CPI contra Maduro, y que a falta de una entidad policial internacional que la haga cumplir, tanto la ONU como la OEA tendrán que diseñar una decisión creativa para proteger la población venezolana evitando la impunidad de Maduro y sus más cercanos colaboradores.

¿Cuál fue la respuesta de Maduro a lo anterior? Además de continuar con sus discursos agresivos, incluyendo el anuncio de la posible detención de Edmundo González, reorganizó su gabinete, designando como ministro del “interior, justicia y paz” a Diosdado Cabello, el hombre largo en palabras insultantes y corto en realizaciones de paz, que en los años ochenta del siglo pasado fue uno de los cadetes que liderados por el capitán Hugo Chávez se comprometieron con la utopía que desembocó en la “revolución bolivariana” estrechamente apoyada por Fidel Castro y con este cargo queda a la cabeza de todo el aparato de justicia, inteligencia y seguridad interiores. En otras palabras, la respuesta de Maduro fue inequívocamente retadora, diciendo algo así como “me tienen sin cuidado las posturas y denuncias internas y externas respecto al robo de las elecciones y me posesionaré legalmente como presidente el próximo 10 de enero de 2025”.

Ahora bien, las negociaciones con el ELN están congeladas hace más de un mes al mismo tiempo en que esta organización desecha públicamente una propuesta “confidencial” del presidente Petro para continuar dialogando y, por el contrario, trata de imponerle un “ultimátum” si no cumple con unos “compromisos”. Además, las cabezas del ELN dejan sin argumentos a los defensores del proceso de paz con los paros armados en el Chocó, el reinicio de las voladuras de los oleoductos en Arauca y su torpe terquedad en considerar el secuestro como una especie de derecho legítimo.

Lo cierto es que entre los años 2000 y 2003 cuando Chávez iniciaba su mandato, el comando del ELN, que estaba ubicado al sur de Bolívar, decidió mover sus campamentos primero hacia una zona fronteriza, en El Catatumbo, y luego al otro lado de la misma frontera, en Venezuela. Y hoy podría afirmarse que el 60 o 70 por ciento de la conducción estratégica del ELN se encuentra en territorio venezolano. Además, no hay que olvidar que, en 2016, en su “segunda conferencia nacional militar”, incorporó como uno de sus objetivos estratégicos la “defensa de la revolución bolivariana”. ¿Será que con su reciente terrorismo están actuando indirecta, pero calculadamente en esa dirección?

Así las cosas, el escenario binacional para la pacificación de nuestro país es crítico, con unas características que demandan del gobierno Petro unas decisiones de Estado de dimensiones que hasta ahora no parecen haber sido sopesadas con el necesario criterio derivado de una visión estratégica comprehensiva. Por de pronto, es esencial verificar si el nivel de alistamiento de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional está acorde con las tensiones que pueden resultar en un conflicto armado de expresiones binacionales.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Los fallos del Alcalde

#Editorial

El que nada debe, nada teme

Una conducta que ha marcado a la Administración Krasnov, y que con el paso de los meses se ha ido acentuando cada vez más, es la del ocultamiento de información a la opinión pública.

Ocurrió con la destitución de Germán Mora, sobre la que nunca se aclaró nada; ocurrió hace meses con la pretensión de modificar el presupuesto, que se quiso hacer sin avisar al Concejo; ocurrió con cada una de las salidas internacionales del Alcalde, incluida la más reciente, sobre las cuales la ciudadanía solo vino a enterarse días después; ocurrió con la convocatoria de artistas para el cumpleaños de la ciudad; ocurrió con la designación del Director (e) del Establecimiento Público Colegio de Boyacá, entre un sinfín de situaciones sobre las cuales la Administración Municipal ha ponderado el hermetismo por sobre todas las cosas.

En la “Tunja que conecta con el mundo” el silencio institucional se ha hecho evidente y cada vez más sólido, a tal punto que la principal forma en que la ciudadanía está teniendo la posibilidad de enterarse de asuntos de interés público, es por las informaciones que se filtran a medios de comunicación, incluidas aquellas en las que la Alcaldía tienen interés para su difusión, como fue por ejemplo la convocatoria para la cronoescalada de un par de semanas atrás, de la que no se enteraron ni siquiera los líderes comunales de los sectores por donde se pretendía realizar, lo que evidencia una falta de conexión y articulación con las comunidades y con los habitantes de la ciudad en general.

Esta forma de actuar, más allá de pretender poner piedras en el camino a quienes se interesan por conocer los asuntos de interés público de la ciudad, es un claro y evidente comportamiento violatorio del derecho que tienen las personas en Tunja a recibir información veraz y oportuna. Con el agregado de que las filtraciones de información, a medios de comunicación, generan inmensa molestia en algunos funcionarios de la Alcaldía, que incluso con tutelas pretenden que esto deje de ocurrir.

Es momento de que esta situación anárquica del manejo de las informaciones llegue a su fin, por bien de la ciudadanía en general, la que votó y la que no lo hizo por Mikhail Krasnov. Y una muestra clara de voluntad por cambiar tal situación tendría que ser la rendición de cuentas sobre el reciente viaje realizado a Rusia, pues no puede ocurrir lo de los dos anteriores viajes, de los cuales no se conoce resultado o impacto alguno, dejando así una sensación de malestar entre un amplio grupo ciudadano.

#Opinión #Nación #Boyacá

Hacia una regulación de las pautas publicitarias estatales

Por: Daniel Triviño Bayona

En las últimas semanas uno de los temas que ha estado en el tintero de los colombianos es el de la destinación de dineros públicos para el financiamiento de influenciadores y de medios de comunicación. Primero surgió la narrativa del “batallón de los influenciadores del Presidente”, y como respuesta a ello vino la revelación de un sinfín de contratos de algunos de los medios de comunicación tradicionales con diferentes entidades del Estado, casi todas del orden territorial.

Pero más allá de querer tomar partido, lo que hay que analizar en medio de toda esta coyuntura es la carencia de una ley, en Colombia, que regule las asignaciones de presupuestos que desde el Estado se hace a medios de comunicación, influenciadores y generadores de contenidos.

Es tal el vacío que hoy ningún funcionario o servidor público es capaz de explicar el porqué de determinadas asignaciones a ciertos generadores de contenidos. Es más, este es un asunto que suele incordiar, molestar o poner en aprietos a mandatarios y funcionarios de toda índole cuando suele tratarse públicamente.

En aquel fuego cruzado entre influenciadores y medios de comunicación tradicionales, salió a la luz un listado de contratos de entidades estatales con la Revista Semana, que superaban los 950 millones de pesos entre 2022 y 2024 (https://x.com/ZurdosDeCorazon/status/1824855438476660940).

Desde la región, y sin conocer la minucia de cada uno de estos contratos, me es difícil juzgar si hubo efectividad y buen provecho de los recursos públicos para el fin para el que fueron destinados, pero en cambio, si me es posible saberlo con uno de los contratos asignados a ese mismo medio de comunicación por una entidad estatal de Boyacá, que no ha sido tenido en cuenta en el listado anteriormente mencionado.

Se trata del proceso PDO-139-2023, celebrado entre la Revista Semana y la Nueva Licorera de Boyacá (NLB) el pasado 30 de diciembre de 2023. En aquella oportunidad se contrató la “vinculación con la Revista Semana como estrategia de promoción y posicionamiento de la NLB y su portafolio de productos”. Esta vinculación tuvo un costo de 25 millones de pesos, con los que se consiguió específicamente una “publicación de una página con información institucional de la entidad en una edición impresa de Revista Semana; una publicación de una réplica digital del contenido impreso en www.semana.com en la sección ‘Mejor Colombia’; una publicación de un post en Facebook, un post en X y una historia de Instagram, que mediante link direccionen a la réplica digital en www.semana.com, conforme al punto b del objeto de esta propuesta; publicación de un banner robapágina, tamaño 300x250 de 150.000 impresiones”.

Lo pactado en dicha vinculación publicitaria parece costoso para el resultado obtenido, especialmente por aquello de contratar una publicación impresa, que tiene una base de 70.000 suscriptores, más allá de que el tiraje contratado fuese de un aproximado de 130.000,o acaso ¿Quién puede comprobar si esos 130 mil ejemplares fueron adquiridos? ¿De los que se adquirieron, cuántos habrán generado impacto en el lector? Es decir, ¿cuántas botellas de Aguardiente Líder y cuántas de Ron Boyacá se vendieron a partir de esta promoción? ¿Son los suscriptores de la publicación impresa de Revista Semana el auténtico público objetivo de la NLB? ¿Cuántos de estos ejemplares fueron adquiridos en departamentos en que no está permitida la comercialización de productos de la NLB? ¿Cuántas de esas revistas no reposarán en anaqueles de la NLB entre el polvo y el olvido?

De todas formas, suponiendo que la totalidad de los 130 mil ejemplares se hayan vendido, y que todos los lectores se han detenido a leer el publirreportaje de la NLB, parece un alcance demasiado corto para el monto pagado. Incluso con el añadido de la publicación en el sitio web y las redes sociales, sigue pareciendo costoso, pues tal publicación no es visible y mucho menos fácil de encontrar para el usuario (https://www.facebook.com/profile/100064480882550/search?q=Nueva%20Licorera%20de%20Boyac%C3%A1 - https://x.com/search...), y su impacto es de imposible comprobación.

Pero este contrato es solo la punta del ‘iceberg’ de un extenso reparto de dineros públicos sin el más mínimo criterio, incluyendo a medios como la Revista del Congreso, que vaya uno a saber por qué ha de financiarse una revista del Congreso con dineros de los boyacenses. Habría que preguntarse cuáles son los parámetros técnicos para dar tal uso a los recursos públicos en un contrato de pauta publicitaria.

Entre la ciudadanía reina la idea de que destinar dinero a medios de comunicación es una malversación, una afrenta al uso de los dineros públicos, y tal idea prospera justamente por la relación Estado-medios que se ha consolidado en medio de una sociedad drásticamente permeada por la corrupción. Desde siempre y hasta nuestros días se ha entendido, erróneamente, que los gobiernos, ya sean municipales, departamentales o nacionales, pagan a los medios de comunicación para que guarden silencio sobre lo incómodo, o para que adulen y laven imágenes de mandatarios o de funcionarios cuando así se requiera. Tristemente para quienes han cooptado los recursos públicos bajo esta sucia manguala, el surgir de las redes sociales ha puesto en evidencia este y otros comportamientos corruptos y lesivos socialmente ejercidos desde los medios de comunicación, habitualmente los más grandes y tradicionales, y desde las entidades del Estado.

Sin embargo, es necesario aclarar que lo que está equivocado es este modelo de relacionamiento entre el Estado y la prensa, no la asignación de los recursos públicos para el correcto funcionar de los medios de comunicación.

El Estado, en procura de la democracia, la pluralidad, la libertad y la independencia, ha de garantizar el derecho de las personas a recibir información veraz e imparcial, lo cual está consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de 1991, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para ello ha de reconocer que la información, más allá de ser un derecho fundamental, es un bien esencial indispensable, y por lo tanto ha de tomar medidas que tiendan a mantener la estabilidad económica y operativa de los medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Solo unos medios de comunicación sólidos, robustos, sanos e independientes, pueden contribuir a la formación de una sociedad mejor informada sobre el devenir económico, social, político y cultural.

Pero tal garantía y respaldo de funcionamiento hacia los medios de comunicación, por parte del Estado, ha de basarse en la legitimidad de los mismos. Y dicha legitimidad podría hallar sustento en principios como los que planteó y definió un proyecto de ley (https://www.periodicoeltunjano.com/proyecto-de-ley-para...) que pretendió tramitar el anterior Congreso en el año 2021, pero que finalmente terminó en el olvido. Entre dichos principios están:

Veracidad: la actividad desempeñada por los medios de información es el principal mecanismo de difusión de información y su ejercicio responsable impide la proliferación de noticias falsas que dificultan la toma de decisiones más acertadas por parte de la ciudadanía.

Libertad de prensa: la expresión de ideas, opiniones e información es libre y no puede ser censurada. Cualquier persona tiene derecho a fundar medios de comunicación masiva. El Estado podrá participar en esta actividad, mientras su actuación se guíe por criterios de interés público respaldados por la Constitución Nacional o la ley.

Transparencia: toda la información relativa a la destinación de recursos públicos para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley deberá estar a disposición de la ciudadanía en todo momento.

Objetividad: la nación y las entidades territoriales al contratar servicios de comunicación y/o pauta publicitaria con los medios de información, encargarán la difusión de mensajes e información estrictamente relacionada con los servicios públicos que ponen a disposición de la ciudadanía, las políticas públicas que impulsan e información ajustada a la realidad.

Igualdad: en la aplicación de las normas de la presente ley, especialmente en los aspectos tratados por los artículos 8 y 9, el Estado actuará sin aplicar tratamientos diferenciados injustificados a los medios de información destinatarios de los recursos públicos, y atendiendo criterios de equidad y de efectividad de la comunicación y/o pauta contratada.

Autonomía de los medios de información: En ningún caso, la contratación de los medios de información podrá condicionarse a la adopción por parte de estos, de posiciones que interfieran con su libertad de conciencia, expresión y de prensa, y de sus políticas editoriales.

Tales principios hoy son obviados y hasta pisoteados por la mayoría de entidades del Estado, y por los mismos medios de comunicación, especialmente los más grandes, a los que resulta fácilmente demostrable su incurrimiento en noticias falsas; de los que además se desconoce en buena medida las asignaciones de recursos públicos que obtienen, contrariando los principios de publicidad del Estado; que no se apegan a criterios de objetividad para la divulgación de las informaciones contratadas por el las entidades estatales, entre otra serie de conductas contrarias a la ética periodística y al derecho que tienen los ciudadanos de obtener información veraz.

Para citar un ejemplo de fácil asimilación para el público en Boyacá, basta con traer a colación artículos como este: https://caracol.com.co/.../este-fue-el-balance-que-dejo.../, en el que con dineros públicos, se le miente descaradamente a la ciudadanía y se le viola expresamente su derecho consagrado en el artículo 20 de la Constitución. Y como este, existen ejemplos por montones.

Por eso, hoy más que nunca resulta urgente y necesario el trámite de una ley que rija la manera cómo se dan las asignaciones presupuestales para pautas publicitarias, para evitar que los recursos de los contribuyentes queden a disposición de mandatarios inescrupulosos y acomplejados, que buscan invisibilizar lo que todos tenemos derecho a conocer.

No pueden seguir presentándose situaciones aberrantes e impúdicas como la de financiar medios de comunicación que denigran continuamente del uso del dinero del Estado, pero que al final del día son los más beneficiados con ello, como suele hacer cierta revista que ya fue anteriormente mencionada. Ni puede seguir despilfarrándose el recurso aportado por los ciudadanos para acallar lo que resulta incómodo o para comprar complacencias.

A nuestros representantes y senadores solo resta decirles que es momento de abanderar luchas como esta, en aras de garantizar una sociedad mejor informada, más libre e independiente, y de desmantelar la cartelización de los medios de comunicación en Colombia; en vez de estar en búsqueda de figuración pescando en río revuelto, como han tratado de hacer algunos con la situación del desfinanciamiento del deporte, más allá de que era algo que venía siendo anunciado desde hace varias semanas atrás. El proyecto de ley ya existe, ya está hecho, faltaría apenas la voluntad política de quienes se dicen que sirven al pueblo, para retomarlo. Y una vez se dé trámite a aspectos como el de la regulación de la asignación e las pautas, habría que estudiar la necesidad de actualizar la Ley 29 de 1944, por medio de la cual se rige el oficio de la prensa, puesto que las coyunturas han cambiado drásticamente, y especialmente para limitar los excesos y los abusos de unos medios de comunicación que hoy están ebrios de poder.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Avenida del Río

#Editorial

Con la credibilidad embolatada

Pasaron más de dos meses desde que el Consejo de Estado revocó la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, en la que rechazó indebidamente la demanda de nulidad electoral presentada por Grup Colombia en contra de Mikhail Krasnov.

Más allá del papelón por el indebido proceder en la administración justicia, el Tribunal Administrativo de Boyacá hizo oídos sordos al jalón de orejas que le hizo el Consejo de Estado, y hoy es la hora en que la demanda, 10 meses después de haberse presentado, sigue en el limbo.

Las maniobras dilatorias, más conocidas coloquialmente como “jugaditas”, han sido parte esencial de este proceso que sigue generando gran incertidumbre para la ciudad.

Tanto así que ha tenido que entrar a mediar el Consejo Superior de la Judicatura ante la sospechosa actuación del Despacho No. 006 del Tribunal Administrativo de Boyacá, que, a pesar de indicaciones del Consejo de Estado y de la inminente necesidad de pronunciamiento sobre medidas cautelares de urgencia, sigue obviando su deber de emitir un pronunciamiento, en uno u otro sentido, en referencia al mencionado caso de nulidad electoral.

Este tipo de requerimientos hechos por el Consejo Superior de la Judicatura, pocas veces conocidos por la población en general, aunque seguramente más frecuentes de lo que se cree; evidencian una grandísima crisis de administración de justicia, lo que a su vez deriva en la pérdida de credibilidad en la misma.

Es difícil que alguien hoy en Boyacá crea en la legitimidad de buena parte de las actuaciones judiciales que se dan en el departamento, pues ha quedado expuesto que la administración de justicia se da con cierta proporcionalidad y con cierto apuro, dependiendo del demandado.

Lo más grave para los boyacenses es que este caso es simplemente el más mediático, pero seguramente no el único en el que puedan evidenciarse actuaciones tan sospechosamente parcializadas. No con esto se están minimizando las actuaciones judiciales que cursan en el departamento, pues seguramente hay jueces muy éticos, honorables y profesionales, pero a decir verdad no son la mayoría. En Boyacá lo que más abunda son los represamientos de procesos, empezando por la admisión de los mismos, que en ocasiones puede tardar meses o años, y ni hablar de los fallos, que no solo es que tarden años, sino que muchas veces obedecen a criterios sesgados, o peor todavía, al deseo de minimizar lo punible en aras de “descongestionar” centros penitenciarios, o fallos que atañen a los derechos colectivos que nunca son verificados, entre tantas otras conductas que hoy más que nunca ponen dejan sin el más mínimo de credibilidad a la justicia en el departamento.

#Opinión #Boyacá #Política

En Boyacá, descontrol político total

Por: Daniel Triviño Bayona

Hace unos días, uno de los medios de comunicación con mayor repercusión en el departamento, publicó una nota en la que relataba que, según la percepción de su audiencia, la labor de oposición ejercida por Rodrigo Rojas Lara en la Asamblea de Boyacá ha sido estéril, apreciación con la que, a nivel personal, estoy de acuerdo.

A favor de Rojas Lara, y sin que esto implique una acérrima defensa de mi parte hacia su labor, he de decir que si bien su oposición ha resultado estéril y escasísimamente sustanciosa, no hay punto de comparación con el insulso ejercicio realizado por sus colegas en la Duma departamental, que poco y nada cumple con el objetivo de fortalecimiento institucional del que habla la normatividad colombiana (https://www.funcionpublica.gov.co/.../gestor.../norma.php...).

Esa incapacidad, falta de efectividad o incluso mediocridad no es cosa exclusiva de la Asamblea de Boyacá, sino que es mara registrada del Concejo de Tunja, del que existe hoy una pésima percepción entre la ciudadanía. Resulta difícil, quizá imposible, encontrar una postura favorable hacia su labor de control político, puesto que ha sido insignificante, o incluso nula.

Basta recordar que antes de que se terminara el segundo periodo de sesiones se citó a un debate de control político al secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos, Gustavo López Avella, en el que por poco y lo terminan sacando en hombros por el simple hecho de que el Secretario tuvo la gallardía de reconocer que casi todo lo que se ha hecho desde esa dependencia ha salido mal.

Absurdamente, los concejales decidieron aplaudirle esta actitud y omitir todas las flaquezas y las inconsistencias del pobrísimo balance rendido minutos atrás. Es decir, para el actual Concejo de Tunja la realización de un debate de control político parece tener más el fin de sacar pecho por la realización del mismo, que por sus resultados, que en el caso de este y del otro que se ha hecho a lo largo de este año, no ha arrojado conclusión o resultado alguno.

Pero la inutilidad de estas corporaciones va más allá de los debates de control político de nula repercusión, básicamente porque concejales y diputados han entendido su labor de control político como un asunto excluyente a realizar al interior de las cuatro paredes de las corporaciones que respectivamente integran, cuyo resultado apunta más a la producción de un video en redes sociales propias.

La figura del control político es un acto soberano y propio de las democracias participativas, que en Colombia se enriqueció y se llenó de herramientas a partir de la Constitución Política de 1991. Si bien normativamente se ha establecido como “control político” actividades como las citaciones y debates, el nombramiento de comisiones investigadoras, el requerimiento de informes, la moción de censura, las mociones de observaciones; los recursos que los colombianos tenemos como ciudadanos para hacer valer el mandato constitucional van mucho más allá, especialmente en manos de un concejal o un diputado: acciones de tutela, acciones populares, entre otros.

Hace un par de semanas tuve la oportunidad de intervenir en la Asamblea de Boyacá por un asunto que nos atañe a los periodistas. Allí revelé una gravísima situación de corrupción, ofreciéndole de paso a los diputados todo material probatorio recolectado a lo largo de varios meses de investigación, para así dar trámite a las acciones sancionatorias de tipo disciplinario, fiscal y penal a que haya lugar. Lastimosamente la mayoría de los diputados obvió la denuncia conocida en aquella sesión, y el único que se animó a responder al respecto fue el diputado Felipe Puente Vela, quien señaló que eso a quien le atañe es al ciudadano que tiene conocimiento de la irregularidad, lavándose así las manos para cumplir con su deber constitucional de control político, que tendría que ir más allá de decir sí o no en los debates al interior del recinto de la Asamblea.

Endilgar esa responsabilidad al ciudadano, no solo representa un desobligante actuar por parte de un servidor público, sino que a la vez implica exponer a ese ciudadano a una serie de repercusiones que está en incapacidad de afrontar por no contar con la experticia y los recursos con los que si cuenta un diputado, entre estos el altísimo salario que le permitiría pagar cuanta asesoría jurídica resultase necesaria, así como unidades de apoyo, y el respaldo que da el pertenecer a partidos o grupos políticos que le pueden garantizar seguridad en varios sentidos.

La respuesta del diputado Puentes Vela encarna el espíritu y el sentir mediocre, cómodo y desobligante de estos servidores públicos que poco y nada le sirven a la sociedad, por más que le cuesten un ojo de la cara.

Establece la Ley 2200 de 2022, en su título II, que el objetivo principal de estas corporaciones es “fortalecer la institucionalidad y promover el progreso en la región”. Pero resulta muy dudoso que se logre dicho objetivo cuando la actitud de quienes integran dichas corporaciones es la de negarse a asumir un rol protagónico de control para el mejoramiento institucional, seguramente motivados por el facilismo de no incomodar a quien tarde o temprano repartirá la mermelada.

Eso se refleja de igual o peor manera en el Concejo de Tunja, que más allá de controles políticos insulsos e inútiles, no ha hecho el más mínimo seguimiento a la desaparición de 93 mil millones de pesos durante la administración de Alejandro Fúneme González.

Pasaron varios meses desde que se conoció que la ejecución de los recursos del crédito solicitado ha sido total, aunque no se refleje en las obras propuestas, sobre las cuales hay que decir que hay algunas que ni siquiera han empezado. Pero a pesar de eso no se ha propuesto ninguna sesión para que se dé a la ciudadanía las explicaciones del caso sobre estos multimillonarios recursos que se esfumaron. Y si no se ha dado sesión de control político alguno para ello, mucho menos se ha requerido a los órganos de control, de manera oral o escrita para que actúen en pro de castigar a los malversadores del erario tunjano, o mejor todavía, para recuperar los recursos perdidos.

Pedirle acciones como esta a los integrantes del anterior Concejo que hoy repiten escaño es tan absurdo como el final de la sesión de control político al Secretario de Fomento Económico y Servicios Públicos, pero los que llegaron por vez primera al Concejo, y que se precian de querer hacer lo debido, se les está haciendo tarde para presentar las acciones legales del caso, que permitan a los tunjanos recuperar estos recursos y no repetir la historia del Parque Biblioteca, del que no se hizo biblioteca, no se devolvieron los recursos, no hubo multa para los responsables, ni mucho menos sanciones penales.

Al final los inescrupulosos se salieron con la suya, pues en medio de tanto descontrol y complicidad es difícil no hacerlo.

#Opinión

¿Opción militar contra el régimen maduro?

Por: Carlos A. Velásquez-Cr(r) del Ejército Nacional de Colombia

No es aventurado afirmar que la situación política en Venezuela alcanzó un nivel extremo de crisis política, porque el régimen Maduro sumió al país en un conflicto de soberanías- la gubernamental contra la popular- con dimensiones internacionales. Tanto así que se puede sostener que el hermano país llegó a una especie de “nudo gordiano”, que con el paso del tiempo se ha ido estrechando y cerrando, mucho más por las actitudes y posturas de Maduro que por las de los opositores liderados por María Corina Machado. Aún más, la crisis venezolana está a punto de convertirse en un conflicto irresoluble por los medios convencionales tanto constitucionales como del Derecho Internacional, hasta el punto de que hoy día es necesario considerar seriamente el empleo de una fuerza policial y/o militar internacional principalmente para proveer de un escudo protector a la población civil.

En un hecho que no ha podido ser desmentido el régimen persiste en robarse las elecciones. Por esta razón es importante, como han insistido los presidentes Lula y Petro, promover o presionar una negociación entre el gobierno y la oposición venezolana. Pero dadas las reacciones que ha tenido Maduro, se le han cerrado las puertas a un pacto de coexistencia política, lo que implica que la única negociación posible sea la de una transición pacífica y democrática en la que se concrete el ascenso de la oposición y la salida de Maduro, sin que esto quiera decir que la izquierda y su proyecto político desaparezca del ámbito político e incluso del gubernamental.

Dicho lo anterior Lula y Petro tienen una responsabilidad histórica enorme y el mundo observa. No pueden terminar siendo los que legitiman al régimen después del burdo fraude. El grueso de la comunidad internacional sabe que lo que hubo el pasado 28 de julio fue una elección en la que, a pesar de todas las circunstancias adversas previas y del momento, los venezolanos salieron masivamente a votar y lo hicieron en contra del gobierno, lo cual no ocurría en Venezuela hace mucho tiempo.

Le queda muy difícil a la comunidad internacional, por lo menos a la democrática, apoyar a Maduro bajo dichas circunstancias. El autócrata está solo en el laberinto que él mismo se labró y solamente le quedan gobiernos como los de Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán y China con los que irresponsablemente podría tratar de calentar una guerra fría tropical sin realmente lograrlo. En América Latina tenemos gobiernos, en especial los de izquierda, que no son coherentes porque sus decisiones en política exterior y derechos humanos están teñidas por una visión ideológica con la notable excepción de Boric en Chile. De cualquier manera, los gobiernos de Lula y Petro tienen la enorme responsabilidad de llamar las cosas por su nombre y dejar de hablar sobre el régimen en Venezuela con eufemismos. En las relaciones exteriores debe primar el lenguaje prudente y elocuente, y hasta elegante, pero esto es diferente al lenguaje cargado de eufemismos que se acerca más bien a lo pusilánime.

Ahora bien, al momento de escribir estas líneas se registran 2.200 personas detenidas, 45 desaparecidas y cerca de 25 asesinadas en poco más de una semana de protestas. La represión pues ha sido constante y brutal y no hacer nada efectivo para detenerla es ya inmoral. Lo cierto es que como la ONU ya asumió una postura de no aceptación del fraude, debe ir más adelante y, en concurso con la OEA, diseñar una decisión creativa. Por ejemplo, las “boinas azules” podrían intervenir para evitar más violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como los ya denunciados ante la CPI cuyo fiscal declaró estar investigando diligentemente.

Y si el régimen Maduro insiste en encapsularse y no permitir la acción de las boinas azules, inevitablemente tiene que considerarse la opción de una operación policial internacional respaldada con una orden de comparecencia ante la CPI, la cual contaría con apoyo militar creíble de una fuerza combinada organizada con países latinoamericanos, destinada a realizar, de ser necesario, una operación de extracción de determinados personajes encabezados por Maduro, momento en el cual la “lealtad” de los altos mandos militares, encabezados por el Ministro de Defensa, se tornaría en distanciamiento de la complicidad. Es decir, se verían presionados a decidir entre la complicidad con el régimen y la lealtad con el pueblo que se expresó inequívocamente en las urnas incluyendo a sus propios familiares, y esto antes del hundimiento del barco.

#Caricatura #Opinión #Política

Verdes del susto

#Editorial

Ni hacen ni dejan hacer

A mediados de esta semana se generó una controversia por la instalación de unos pompeyanos en el costado occidental de la Glorieta Aquiminzaque (Norte) para así garantizar el paso seguro de los peatones por este lugar. Curiosamente la controversia no se formó por un descontento manifiesto por parte de la ciudadanía, sino de la misma Alcaldía de Tunja, que salió a rechazar la situación.

Más allá del absurdo de demostrar sorpresa por la realización de estos trabajos, a pesar de ser resultado de un proceso de acción popular, lo más escandaloso de toda esta controversia es el hecho mismo de que sea el municipio quien se oponga a garantizar la seguridad de los actores viales más frágiles: los peatones.

Los peatones no son solo el actor vial más frágil, sino también el más numeroso y representativo en ciudades como Tunja. De acuerdo al diagnóstico realizado para la elaboración del Plan Maestro de Movilidad, en la actualidad, de los 337 mil viajes totales que realizan los tunjanos en un día, son cerca de 115 mil viajes los que se hacen a pie, eso equivale al 34% del total de los viajes, convirtiendo así al peatón como el principal actor vial de la ciudad.

Así las cosas, no tendría por qué oponerse la Alcaldía de Tunja a una medida que busca proteger y salvaguardar a su principal actor vial. Más cuando viene por parte de una entidad del orden nacional, que está poniendo los recursos y el trabajo que la Administración Municipal se niega a proveer.

Valga recordar que en medio de esta controversia la Alcaldía de Tunja, a través de su Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, que de vida tiene poco; relató que su sugerencia para garantizar la seguridad de los peatones fue la demarcación de pasos peatonales tipo cebra, señal que es fácilmente obviada y que según criterios técnicos en materia de movilidad y seguridad es mucho menos segura que un pompeyano o un puente peatonal. Si hubiese sido de interés salvaguardar a los peatones, se habría propuesto un puente peatonal, y se habría hecho una la típica propuesta de aporte del 30% del valor de la obra, para así animar la cofinanciación del Gobierno Nacional.

El sustento de tal descontento por parte de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial se fundamentaba en el supuesto de que la instalación de estos pompeyanos afectará el flujo vehicular por este sector, argumento que no está sustentado en ningún criterio técnico. Es más, desde este medio de comunicación buscamos hacer un ejercicio de comprobación de la afectación de la movilidad en este lugar, razón por la que el pasado jueves 15 de agosto grabamos la pieza audiovisual que acompaña esta publicación, cuyo tiempo real es de 20 minutos (Vea el original aquí: https://youtu.be/W1qJ55_i-zU). Concretamente se realizó entre las 6:01 P.M y las 6:21 P.M., es decir, en hora pico. Durante los 20 minutos no hubo un solo instante en que el atasco generado por el paso de peatones en el costado occidental de la glorieta durara más de 35 segundos. La fluidez fue absoluta, aunque habría que ver qué ocurre cuando se instalen los del costado oriental.

Más allá de atascos e inconvenientes de movilidad vehicular, la ciudad ha de contemplarse bajo la óptica de una verdadera secretaría de movilidad y vida territorial, para que sea verdadero y congruente el mensaje de realizar días sin carro con el ánimo de descontaminar, y no una simple pantomima. Una ciudad que se digne de decir que le está apostando a buscar una movilidad más sana y sostenible, tendría que comprometerse con construir infraestructuras para el uso de medios de transporte limpios: andenes, ciclorrutas, carriles exclusivos para patinetas y coches eléctricos, etcétera.

Es más, las teorías de la ocupación y la movilidad del espacio público señalan que, a mayor cantidad de infraestructura dispuesta, la gente tenderá a ocuparla. Es decir, si se realizan más carreteras, las personas tenderán a comprar más vehículos y a hacer uso de esas carreteras, pues para eso están. En cambio, si la ciudad se llena de ciclorrutas, habrá cada vez más gente que le apueste a movilizarse en bicicleta.

Tampoco puede seguir padeciendo la ciudadanía tunjana con la espera del fantasioso proyecto del deprimido de la glorieta, tan vociferado como insustancial en estos tiempos en los que más allá de su inclusión en el Plan Departamental de Desarrollo, no existe certeza alguna sobre su realización.

Para la “Tunja que conecta con el mundo”, la movilidad es entendida como el reino supremo de los automóviles, en el que los agentes de tránsito no hacen mayor trabajo por garantizar una movilidad efectiva, sino que tienen instalado el chip de realizar operativos de levantamiento de vehículos, pues ahí es donde está el negocio, y al concesionario lo que le importa es el negocio, no la movilidad. Seguramente ha de ser por esto la molestia de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, que no hace, ni deja hacer, ni siquiera cuando es por orden de un juzgado y cuando es la Nación la que está aportando los recursos y el trabajo por salvaguardar la vida de los peatones.

#Opinión #Tunja

La Unidad de Ciencias Oxidadas del Deporte

Por: Daniel Triviño Bayona

Como si no fuese suficiente con el daño que sufre la ciudad con cada una de las obras que no se culminan a tiempo y que terminan costando más de lo que se proyecta, en Tunja tenemos que padecer también la incapacidad administrativa sobre algunos de los inmuebles con los que se cuenta.

Es el caso de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, la cual fue terminada y entregada, con ceremonia y espectáculo incluido, a finales de 2023. Sin embargo, tal inauguración no implicó jamás la apertura y puesta en funcionamiento de tal infraestructura, sino que solo sirvió para el discurso y para la foto de quienes se colgaron la medalla de ser los grandes artífices de este nuevo equipamiento urbano, que supuestamente iba a generar toda una transformación para la ciudad.

Lo cierto es que ocho meses después de “inaugurada”, la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte continúa cerrada y sin funcionar, y no hay señal alguna que haga pensar que ese panorama cambiará en el corto o en el mediano plazo.

Es más, recientemente la Contraloría Municipal advirtió un hallazgo con presunta incidencia fiscal en el contrato que se realizó para dotar de equipos a la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deportes, puesto que esta tiene como principal público objetivo a los deportistas de alto rendimiento, sin embargo, el Irdet no cuenta con escuelas de formación deportiva de alto rendimiento. Es decir, esta obra se concibió y ejecutó sin saber concretamente quien sería el beneficiario de la misma.

Y a eso se suma la incapacidad presupuestal del municipio para hacerla funcionar, pues según explicó el exdirector del Irdet, Jorge Luis Rodríguez, días antes de dejar abruptamente el cargo; la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte necesita de 14 profesionales de la salud, lo que al mes tendría un costo cercano a los 300 millones de pesos, recursos con los que no cuenta el Irdet, según dijo en esa oportunidad.

Pero valga decir que no tienen por qué ser necesariamente recursos del Irdet, podrían ser directamente del municipio, claro está, si se digna a dejar de despilfarrar en traductores oficiales y ciclopaseos a medianoche, y se destinan bien los recursos. Y entre esos buenos destinos está la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, la cual puede convertirse no solo en una herramienta para el impulso del deporte local y departamental, sino en una fuente de ingresos adicional para el municipio, porque el atractivo de Tunja como ciudad para el entrenamiento en condiciones de hipoxia es indudable.

Poner a funcionar este equipamiento urbano como se debe no solo es una oportunidad de negocio para la ciudad, sino que implicaría un paso enorme en aquella meta de conectar a Tunja con el mundo, pues al estar a 2.782 metros sobre el nivel del mar y con un centro de diagnóstico y preparación deportiva como este, no habrá deportista de alto rendimiento en el planeta que no anhele venir a prepararse acá.

No hay necesidad de embarcar a la ciudad en proyectos a la deriva como el del megacentro de eventos o el del complejo acuático, que seguramente implicarían grandes inversiones y hasta adquisición de deuda por parte del municipio. La Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte ya existe y cuenta con los equipos necesarios para funcionar. Solo es cuestión de saberse organizar para ponerla a funcionar y sacarle provecho.

De ser necesario, que se creen convenios con Indeportes o con cualquier otra entidad del orden departamental que pueda inyectar los recursos económicos para garantizar el funcionamiento de los primeros meses, y con ello dar un buen empujón a los procesos de formación deportiva y una mejor preparación a los deportistas de nuestro departamento.

La ciudad no necesita embarcarse en proyectos a la deriva como el del megacentro para eventos o un complejo acuático, Tunja lo que requiere es sacar provecho a las inversiones que ya ha hecho y a la infraestructura con la que ya cuenta, en vez de dejarla perder entre polvo y óxido bajo el simple pretexto de la incapacidad presupuestal.

#Opinión

Cinco centímetros por debajo de la rodilla

Por: Gina Rojas Hoyos

"Siéntate derecha, no abras las piernas, no pelees, usa jardinera, mantente correcta, no malinterpretes...". Sentada en el pupitre, contenía la respiración, tratando de llevar mis piernas hacia atrás, cruzándolas y apretándolas. Bajaba mi falda hasta que cubriera más de cinco centímetros por debajo de la rodilla, y subía mis medias hasta sentir cómo cortaban la circulación en los dedos de los pies, todo para no dejar ni un centímetro de piel expuesta. El sudor corría por debajo de mi bicicletero, y no alzaba la mirada, solo esperaba que la clase terminara para poder descansar durante una semana.

Capítulo 3: Clases en sombras

“El profesor sacó del salón a todos los estudiantes, dejando solo a la niña de 11 años... según relata la menor, logró liberarse del profesor como pudo y salió corriendo; empezó a gritar, encontrando a una docente que la ayudó a encerrarlo y llamó a la Policía, que capturó al docente”. Este es un resumen del desgarrador relato sobre la denuncia de presunto abuso en la Escuela Normal Superior Santiago de Tunja.

Aunque este caso sacudió recientemente a la capital boyacense, estudiantes y organizaciones sociales afirman que no es el único en ese colegio ni en otras instituciones educativas de la ciudad. De hecho, varias voces que me han contactado hablan de acoso sexual y abusos reiterados. “Todos sabíamos cómo era él y la protección que tenía en el colegio. Ya había denuncias, eso se sabía, pero lo cambiaron de jornada para evitar que se encontrara con quienes se declararon víctimas”.

Más allá de lo repugnante de estos casos que exponen aulas inseguras, es lamentable que se conocieran antecedentes de estos abusos, y que las directivas hayan preferido mantenerlos en secreto para "proteger la reputación" de docentes y del establecimiento.

Desde pequeña, he pensado que las aulas no nos enseñan a cuidarnos ni nos protegen; más bien, imponen exigencias que con el tiempo resultan absurdas: la falda obligatoria para las niñas, los cinco centímetros de jardinera por debajo de la rodilla, el no opinar y casi dejar de pensar, todo en el marco de manuales de convivencia desactualizados que poco reconocen peligros como el que ahora se expone, y mucho menos contemplan protocolos de denuncia.

“Normalicé que fuera el profesor todo bien, que me pusiera sus manos en mis piernas para hablarme, que halara mi falda cuando estaba con la banda. No abría las piernas, no peleaba, no alegaba, me mantenía correcta y evitaba sobrepensar para no malinterpretar el cariño del docente. Jamás me imaginé que esto pasara, y siendo sinceros, a nosotras nunca se nos habló de acoso. Si alguien se quejaba, lo miraban con malos ojos, así que para qué nos desgastábamos. Hoy creo que tuve un silencio cómplice y solo espero que más niñas no hayan sido ni sean abusadas”, escribió una exalumna.

Las más grandecitas

“Las chicas de la facultad están asustadas, el tipo las cita en otros sitios y dicen que él venía con antecedentes de otros lugares. Ellas no quieren hablar con nadie porque reciben amenazas, y en la universidad temen un escándalo, por eso están tratando de conciliar”, nos contó un integrante de una prestigiosa universidad católica de Tunja.

Esta denuncia data de meses atrás. Nos contaron cómo a las estudiantes les pedían ropa insinuante, las chantajeaban con notas y hacían otras proposiciones alejadas de lo académico y cercanas a vulnerar sus cuerpos.

Su suplicio pasó por voces que decían que ya estaban grandecitas y podían defenderse, hasta influencers que obligaron a la universidad a tomar medidas, bajo la amenaza de hacer virales los hechos, que terminaron siendo de conocimiento de la Personería Municipal y del Ministerio de Educación.

Solo hace una semana se me informó que dos docentes y un decano fueron retirados de sus cargos por estar involucrados. Pero también sacaron a otras personas de la universidad que ayudaron y acompañaron el proceso de las víctimas.

No se laven las manos

En estos casos, como en otros que he expuesto aquí, se ha mencionado que no se puede afectar el derecho al trabajo de cualquier persona acusada de acoso. Sin embargo, la Ley 2365 de 2024, que adopta medidas de prevención, protección y atención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior en Colombia, obliga a las entidades, especialmente si son públicas, a dar seguimiento a los casos en el contexto laboral, bajo la propia definición de acoso sexual:

"Todo acto de persecución, hostigamiento o asedio, de carácter o connotación sexual, lasciva o libidinosa, que se manifieste por relaciones de poder de orden vertical u horizontal, mediadas por la edad, el sexo, el género, orientación e identidad sexual, la posición laboral, social, o económica, que se dé una o varias veces en contra de otra persona en el contexto laboral y en las Instituciones de Educación Superior en Colombia".

Responsabilidades compartidas: todo puede empeorar

Hablar de violencia de género, como he hecho en esta serie de columnas, no es un capricho ni un ataque contra los hombres. Los casos aumentan día a día. La Procuraduría misma reconoce que es un problema estructural "que implica un desequilibrio con graves consecuencias para ellas en los ámbitos social, familiar, laboral, político y cultural, entre otros". Es una cuestión de responsabilidades compartidas entre la sociedad y la administración pública.

¿Puede ser peor? Sí, lamentablemente sí. De un acoso a un abuso hay una delgada línea que se cruza con la oportunidad que los agresores puedan tener.

Según cifras publicadas por el docente e investigador Jacinto Pineda, "en Boyacá, de enero a mayo de 2024, 269 personas han sido víctimas de presunto delito sexual, de las cuales el 89,2% son mujeres. El 49,6% de las mujeres violentadas son niñas entre 10 y 14 años, y el 64,3% están en el rango de edad de 0 a 14 años", según Medicina Legal.

¿Quién las cuidará?

#Caricatura #Opinión #Tunja

Amistades y regalos

#Editorial

Un acierto con mucha altura

La cronoescalada recientemente anunciada por la Alcaldía de Tunja, con punto de partida en el barrio Libertador y con llegada en la Ermita de San Lázaro, es sin duda un acierto grandísimo de una Administración Municipal que no ha tenido muchos, es más, que se ha excedido en “dar palos de ciego”.

Empezando por aquello de entender, por fin, el potencial que tiene una ciudad como Tunja para los eventos deportivos que explotan una topografía excesivamente montañosa. Además de aplicarlo para el deporte insignia de la región y de la ciudad.

Realizar una cronoescalada como la propuesta en esta ocasión, no solo promueve el deporte y el ocio entre la ciudadanía, sino que se convierte en una oportunidad única para promocionar a nuestra amada ‘noble y leal’ ciudad de diferentes maneras.

Empezando por el trazado escogido, que es supremamente exigente, lo que seguramente atraerá a los más osados amantes del deporte de las bielas.

Pero además de difícil, este recorrido permitirá, a los participantes y a los ciudadanos que decidan presenciar el evento, que se disfrute de un bellísimo paisaje solamente apreciable subiendo por la Calle 4 desde el Libertador hacia la vereda El Porvenir, para desembocar en otra zona que da una panorámica sin igual desde el Alto de San Lázaro.

A eso se añade la participación de un invitado sorpresa, que aunque desconocido, seguramente sea un ciclista de renombre, lo que indudablemente atraería a curiosos y grandes aficionados, más allá del nivel de cada quien.

Y si bien todo lo anteriormente mencionado es importante, quizá el componente más valioso de este evento recreo-deportivo es que se convierte en una oportunidad inédita para muchos tunjanos de ir a conocer y apropiarse de un sector habitualmente estigmatizado, pero que representa en gran medida la historia y la esencia de Tunja.

En medio de esta gran cronoescalada los tunjanos no solo podrán participar o apreciar una competencia ciclística con mucho reto, sino que podrán realizar diversas actividades en familia, como volar cometa o como hacer un picnic, aprovechando el paisaje y los fuertes vientos que ofrece “La Gran Loma Sagrada”, seguramente desconocida para buena parte de los tunjanos.

Lastimosamente la organización de este evento tiene lunares, como el hecho de anunciarlo solamente ocho días antes de su realización, incurriendo una vez más en errores como el ya cometido en la convocatoria de artistas para el cumpleaños 485 de la ciudad. Igualmente pecó la Administración Municipal en aquello de no haber involucrado a las comunidades en la realización de este evento, pues estas, como habitantes del territorio, podrían haber aportado ideas que hubiesen potencializado aún más esta grandiosa idea.

Con dicha exclusión se negó la oportunidad de organizarse para promocionar mejor al sector, y también la de sacar un beneficio económico para unas comunidades altamente afectadas por la crisis de la empleabilidad que tanto aqueja a Tunja.

Pero más allá de errores de exclusión comunitaria y de pobre promoción, la idea de la gran cronoescalada es maravillosa, especialmente en la tierra del gran Nairo Quintana, que en su época de más brillo supo ser el mejor escalador del mundo. Tendría que pensarse que en una próxima oportunidad, debería rendirse tributo, en medio del recorrido, a grandes pedalistas representativos de la ciudad y del departamento.

#Opinión #Tunja

Más que regalos, problemas

Por: Daniel Triviño Bayona

Los regalos anunciados por el gobernador, Carlos Amaya, y por el alcalde, Mikhail Krasnov, durante la reciente celebración del cumpleaños de la ciudad, más que ilusión y gratitud, despertaron en la ciudadanía un sentir generalizado de malestar y desconfianza por la ya conocida tradición de abrir mil frentes de obra y no culminar ninguno.

Más que tradición es maldición, pues tan detestable práctica es la que ha sumergido a la ciudad en un profundo letargo. En Tunja nos hemos habituado a invertir y reinvertir miles de millones para llevar a cabo un sinfín de proyectos que puede que sean necesarios, pero que no pueden ejecutarse todos a la vez.

La experiencia más reciente es la de la administración Fúneme, que con su famoso empréstito quiso abarcar 18 proyectos, de los que al final puede decirse que no entregó ninguno, o por lo menos ninguno de los relevantes, y en cambio si dejó a la ciudad endeudada, y además embarcada en la construcción de unas obras mal planeadas y para las que no hay recursos.

Eso mismo parece ocurrirá con lo anunciado durante el cumpleaños de la ciudad. No precisamente con las inversiones para el polideportivo de Runta o para el mejoramiento de malla vial, pues son proyectos en los que la inversión puede hacerse de inmediato, sino con el puñado de estudios y diseños sobre unos proyectos que no parecen necesariamente ser los de más urgente atención.

No se está diciendo que no se deba construir algún día la Calle 53 o la Avenida del Río, solo que habiendo otros proyectos iniciados aunque suspendidos por falta de recursos, no suena muy alentador pensar que pronto el listado pueda aumentar simplemente por el capricho de figuración de un par de mandatarios, que poco y nada comprenden de las necesidades de la ciudad, sea porque ignoran y minimizan a quienes les aconsejan, o porque no suelen escuchar tampoco el clamor ciudadano que pide otro tipo de acciones para mejorar las condiciones en que se habita la ciudad.

Aunque no se haya hablado del costo, hacer estudios y diseños, aunque suene a costo cero, no lo es, por más que los haga la UPTC. Y mucho menos lo es por la repercusión que esto tiene en las futuras obligaciones de inversión de la ciudad, que al contar con estudios y diseños sobre determinado proyecto, se ve obligada a llevarlo a cabo a pesar de que no sea lo más urgente.

De tal afán suelen nacer obras incompletas o con sobrecostos como lo fueron la remodelación de la Plaza de Bolívar, el puente de Las Quintas, la peatonalización de la Carrera Décima, la remodelación de la Plazoleta San Francisco, el Parque Biblioteca, la piscina semiolímpica, la Terminal Juana Velasco de Gallo, Torres del Parque y Estancia del Roble, el polideportivo del barrio Libertador, las sedes del SENA, el Distrito Biocultural, entre un larguísimo etcétera que ha de generar dolor de cabeza en más de uno.

¿No habría sido más coherente, por ejemplo, alargarse dos mil millones más y así concluir la torre hospitalaria? La carencia de recursos para la culminación de este proyecto es conocida por la Administración Krasnov, por los concejales, incluidos los del partido del Gobernador, ¿Será que a nadie se le ocurrió proponerle esto y priorizar las auténticas prioridades? ¿O será que a sus copartidarios y asesores les da miedo hablarle porque es imposible aconsejarle? Hasta en eso se parecen Krasnov y Amaya en estos tiempos.

¿En el caso de Tunja, no habría sido mejor utilizar esos 250 millones en tapar huecos que en una programación 24 horas a la que prácticamente nadie fue? Con esos recursos se habría tapado fácilmente unos 400 huecos, y ese reparo habría durado más que los cinco minutos que duró el sobrevalorado show de mapping, cuya realización valió poco más de 37 millones de pesos.

El anunciar estudios y diseños como regalo es un hecho que más que orgullo debería generar vergüenza entre nuestros mandatarios. Especialmente por el hecho de que en varios casos ni siquiera es la realización de estudios y diseños, sino la retoma de otros que ya se hicieron, pero cuya obra no se pudo ejecutar justamente por una pésima planeación.

Es completamente absurdo e inverosímil el hecho de que el gobernador haya querido exaltar a John Carrero por ser el artífice de los estudios del deprimido de la Glorieta Aquiminzaque (Norte), estudios que hoy toca rehacer y en los que se ha de reinvertir dinero público porque hoy están obsoletos, no sirven, porque son producto de la mala planeación. Eso no debería ser motivo de orgullo ni de alegría para nadie, sino de una gran preocupación para la ciudadanía, que ahora más que nunca ha de estar vigilante y con la mirada puesta sobre estos “regalos” anunciados, que parecen más el producto de querer hacer crecer la figura de un posible futuro alcalde, o quizá sacar provecho de futuros procesos de contratación, o la simple figuración de mandatarios sedientos de adulación; que una verdadera oportunidad de progreso para una ciudad que se estanca cada vez más por estas cuestionables decisiones.

#Opinión

¿Chávez vive?

Al mismo tiempo en que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen de Nicolás Maduro, lo declaraba ganador con un 51,2% de los votos frente al 44,2% de Edmundo González, se publicaron en las redes sociales las actas que en un audaz control María Corina Machado y otros líderes opositores habían recopilado: “Tenemos todas las actas, no sé de dónde sacaron ellos esos números, pero nuestras actas dicen que Edmundo González sacó el 70% de los votos”. Es que, según datos de los centros de votación recogidos por la oposición y puestos a disposición del público, Maduro obtuvo 3,2 millones de votos frente a 7,1 millones de González.

Sin embargo, cinco días después de las elecciones y con la credibilidad por el suelo. el CNE venezolano ratificó ganador a Maduro con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % obtenidos por el candidato González. En otras palabras, pese a todos los indicadores creíbles de fraude que se conocieron la semana anterior, el régimen insiste en que Maduro ganó -aunque no ha publicado las actas, como exige la ley electoral y lo han pedido casi todos los países de la región incluyendo el nuestro- y se ha dedicado a lanzar diatribas y amenazas a la oposición ordenando además una represión que, según el “Foro Penal”, hasta la fecha ha producido unos 711 arrestos verificados e identificados de los cuales 74 son adolescentes, y 11 asesinados.

Hay que recordar que el autócrata venezolano llegó a afirmar durante la campaña que se quedaría en el poder “por las buenas o por las malas”, afirmando incluso que si no ganaba habría “un baño de sangre”. Y hasta el momento ha cumplido su palabra ante sus connacionales y ante la comunidad internacional, que salvo contadas excepciones -como Rusia, China, Irán, Vietnam, Cuba, Nicaragua y Bolivia- ha observado el simulacro de elecciones, la abierta represión del régimen madurista y su poder de cartel mafioso, como un espectáculo indignante.

No obstante, el heredero de Chávez, Maduro, que ha empobrecido, perseguido y desterrado a su gente como nunca antes, cada vez que se le cuestionan los resultados responde denunciando ataques de “el imperialismo estadounidense, la derecha internacional, el narcotráfico colombiano y Elon Musk”. Es decir, responde con una enceguecida actitud ideologizada de un gobernante que se siente cada vez más acorralado por la realidad de sus mentiras acumuladas durante décadas.

Lo cierto es que los venezolanos que han resistido una crisis humanitaria y una situación precaria durante años, fruto de la cual siete millones abandonaron el país, hoy día le dicen al Gobierno ¡que se vaya! Es tan honda la ira popular contra el zarpazo de las elecciones, que el pueblo venezolano está perdiendo el miedo a enfrentarse a la brutal represión: muchos sostienen que “el pueblo venezolano ha aguantado tanta hambre que se está comiendo el miedo”. Tanto así, que, en hechos impensables, en Guarataro, de los pueblos más pobres del estado Bolívar, donde el chavismo ganaba siempre con más del 70% de la votación, fue derribada públicamente una estatua de Chávez. Y no ha sido la única. De esta manera la contundencia simbólica fue evidente. A mi mente vino la imagen del derribamiento de la estatua de Sadam Hussein en el Irak de comienzos de este siglo, pero el caso venezolano tiene más fuerza simbólica demostrando la superación del miedo a la represión, pues se produjo sin que hubiera ocupación militar de las tropas estadounidenses.

Aún más, la magnitud y la persistencia de las movilizaciones opositoras parece estar provocando deserciones al interior de las fuerzas armadas resquebrajando su lealtad al régimen. La caída de este dependerá de que miles de venezolanos persistan en movilizarse coordinadamente en las calles hasta paralizar el país estimulando una división irreversible de las fuerzas armadas entre quienes, en gesto patriótico, se pasen al lado del pueblo, y los que decidan seguir sosteniendo la dictadura: los dirigidos por el general ministro Vladimir Padrino quien, después de declarar la lealtad a Maduro y rodeado por algunos generales en traje de combate gritó: “Chávez Vive”.

#Opinión

Fantasmas de Bata Blanca

Por: Gina Rojas Hoyos

Los casos de acoso al interior de los hospitales podrían describirse como historias de terror que recorren los fríos pasillos, sin causar mayor resquemor que un temporal escalofrío.

Capítulo 2: Nadie se Escapa

Cuando se habla de violencia hacia las mujeres, generalmente se asocia a poblaciones vulnerables, pero la realidad es que nadie se escapa y, en medio del silencio social, muchas sufren en silencio.

En un reciente y alarmante caso, una médica del Hospital San Rafael de Tunja, Laura Andrea Salinas Quinchanegua, denunció acoso sexual por parte de uno de sus superiores mientras realizaba su internado. Laura decidió, valientemente, contar públicamente su caso, pero a un día de graduarse para evitar retaliaciones. Su narración refleja el asco, la incomodidad y el miedo con los que tuvo que sobrevivir uno de los momentos más importantes de su vida profesional.

“Esta persona, al no corresponder sus insinuaciones, me trataba mal frente a cualquier persona, me hacía comentarios verdes, e incluso en una ocasión cerró un consultorio en el que estábamos los dos y le pareció una buena idea entrar al baño, bajarse los pantalones y empezar a orinar sin cerrar la puerta mientras me decía cosas como “es que así le gusta a usted, que la griten, le gusta todo por la fuerza”, y posteriormente poner sus manos en mi espalda mientras me encontraba sentada transcribiendo en el computador”.

¿Pueden imaginar la angustia de esta mujer al tener que verlo a diario? Pensando en que era su superior, que la palabra de él seguro iba a estar por encima de la suya, y que esas frases desafiantes en el peor de los casos pudieran haber terminado en algo peor. Este acto, lejos de ser un incidente aislado, revela un problema estructural en nuestras instituciones de salud, que viene teniendo más fuerza en el debate nacional a raíz de casos de suicidio cometidos por trabajadores del sector que no pudieron con el acoso al que eran sometidos.

La denuncia no solo pone en evidencia el acto de acoso en sí, sino también la cultura de silencio y normalización que rodea a estos eventos. La médica rompió ese silencio, enfrentando un sistema que a menudo protege a los agresores en lugar de a las víctimas, como incluso se evidencia en su relato y la respuesta del hospital.

“Al final, tantos malos tratos lograron lo que tantos meses me ha costado trabajar: mi salud mental. De nada sirvió redactar al hospital una queja denunciando todo lo que estaba pasando. Fueron meses de impotencia, de ver cómo quedó impune, de cómo mientras yo trataba de superar todo lo que pasó, él seguía ahí como si nada, porque la respuesta de la oficina jurídica fue: ‘Lo que pasa es que al llamarlo a realizar descargos lo negó todo y quiere saber quién se está quejando’”, indicó Laura Salinas.

A esto, entre otras cosas, en un incipiente comunicado el hospital indicó que “a la médica Laura Salinas se le brindó la protección inmediata y, por lo tanto, dejó de rotar por la especialidad con posterior reubicación”. Adicional a que Laura Andrea asegura que esto es falso, quedan otras dudas, ¿por qué la medida no fue cambiar al especialista sino a la víctima? ¿Y si otras personas quedan expuestas?

Además de este caso puntual, varios otros incidentes de acoso laboral han salido a la luz. Como en el Hospital del Valle de Tenza, donde médicas han reportado ser objeto de sobrenombres denigrantes y comportamientos humillantes por parte del gerente del centro asistencial, Jesús Salamanca Torres. Allí, se han quejado, entre otras cosas, porque aseguran que les dice "la Amazonas", "la del café con tinto", "dioses", "supradioses", entre otros. Estas situaciones no solo afectan la dignidad de las profesionales, sino que tienen serias consecuencias para su salud mental, generando estrés, ansiedad y, en muchos casos, depresión, tal como narraron mujeres que valientemente han asumido esas denuncias.

Esto no es un tema de “comunicación” ni de “arreglar un ambiente laboral”, sino que realmente es un asunto que requiere intervención a la salud pública y sanciones donde haya lugar, pues va muy por encima de “tener que sacrificar cabezas políticas”. La carga emocional y psicológica de trabajar en un ambiente hostil puede ser devastadora, afectando tanto la vida personal como profesional de las víctimas, especialmente mujeres.

¿Por qué le ponemos género? Las cifras y las historias. Según la revista ‘Volcánicas’, las mujeres en el sector salud tienen un 7.5% mayor riesgo de suicidio. Lo quieran admitir o no, las denuncias registradas son violencia de género, por lo cual deberían estar en el foco de vigilancia de más autoridades, pues esta situación perpetúa la desigualdad y mina la confianza y el bienestar de las profesionales de la salud.

La necesidad de tomar medidas urgentes no puede ser subestimada. Las políticas de cero tolerancia al acoso deben ser implementadas y aplicadas rigurosamente. Es esencial crear canales seguros y confidenciales para que las víctimas puedan denunciar sin miedo a represalias. La formación y sensibilización sobre el acoso con enfoque de género deben ser parte integral de la cultura organizacional de los hospitales y centros de salud.

Hoy, ellas lo dicen públicamente, pero seguro hay muchas otras trabajadoras de entidades públicas en supuestos espacios de privilegio que sufren en la penumbra, mientras son expectantes de casos donde se juzga a las denunciantes y no a los agresores; no se toman medidas, sino que se minimiza y normaliza. Esto redunda en que día a día encontramos más lugares inseguros para mujeres. Ojalá a los indolentes no les toque, porque estas cosas pesan más cuando es a un familiar o una familiar quien lo sufre.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Conservación histórica

#Editorial

En Tunja, el desarrollo y el fomento económico en veremos

Una de las dependencias de la Administración Krasnov que venía pasando sin pena ni gloria era la de Fomento Económico y Servicios Públicos, anteriormente conocida como de desarrollo, y próximamente, de continuar por esta senda, como la de subdesarrollo.

Del control político que se le hizo en el Concejo, se puede concluir que hay un grandísimo desconocimiento por parte de quien lidera la dependencia, Gustavo López Avella, a tal punto de llegar a afirmar, por ejemplo, que los recursos de aprovechamiento, es decir, el dinero que percibe la ciudad por recibir las basuras de otros municipios; no han de usarse obligatoriamente en la zona en la que se genera el impacto ambiental. Según López Avella, la Administración Krasnov los va a invertir allí por decisión y voluntad propia, aunque de momento eso ha sido imposible porque, supuestamente, con la comunidad es imposible concertar.

Al comienzo de su intervención, López Avella manifestó estar agradecido por la oportunidad de dar a conocer el trabajo que se ha venido haciendo desde la cartera que lidera, pero poco a poco fue dejando al desnudo que el trabajo no ha sido cuando menos efectivo.

Empezando por aquello de que el Centro de Emprendimiento, Desarrollo Empresarial y Atracción de la Inversión-Activa-T, lleva meses sin tener a alguien a cargo, situación imperdonable en una ciudad en la que conseguir empleo o emprender es una osadía, una hazaña digna de verdaderos valientes.

La falta de rumbo en Activa-T repercute en aspectos como que la ciudad no tenga un plan de acción para impactar significativamente en la reducción del desempleo. No existen, por ejemplo, convenios o estrategias colaborativos con agencias de empleo como la de Comfaboy, o una vinculación con las universidades para satisfacer el mismo fin. Y con las empresas privadas o entidades con las que sí existen tales convenios, se terminan desperdiciando porque no hay quien gestione la vinculación de las personas, ni quien le haga seguimiento a tal labor, ni nada que impulse auténticamente la satisfacción de esa gran demanda tan histórica y tan tunjana como la escasez de las oportunidades laborales. El único de aquellos convenios que existe y que en realidad funciona es el que existe con el SENA, básicamente por el empeño y el interés de dicha entidad.

La ausencia de un director o coordinador de Activa-T a su vez demuestra una desidia hacia el buen funcionamiento de lo que compete a la Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos, que sustenta buena parte de su existir en esta dependencia que hoy está descabezada. Un líder comprometido con el fomento económico tendría que estar buscando respuesta constantemente por parte del Alcalde, para dar solución a ese sinsentido de tener a Activa-T sin rumbo alguno, especialmente en una ciudad cuya mayor necesidad social es la empleabilidad. O es desidia o es temor de pedir al Alcalde por un funcionario que permita el correcto actuar de una dependencia que no es que esté marchando mal, sino que ni siquiera está en marcha.

Igualmente grave fue que el Secretario mintió sobre muchos de los asuntos que le fueron requeridos y cuestionados durante aquel control político. Lo hizo cuando habló de la reducción de la tasa de desempleo, de la que dijo que ha venido disminuyendo, siendo que aumentó durante todo el año y solo vino a decrecer, levemente, en los dos últimos registros. Mentira que López Avella dijo en medio del recinto con la desfachatez de pensar que nadie iba a controvertir una información tan fácilmente verificable. También mintió con las supuestas estrategias, programas o servicios prestados para el impulso proyectos productivos agropecuarios, de los cuales no pudo nombrar ni uno solo.

Y así como mintió en algunas de las respuestas, en otras simplemente se limitó a contestar verdades a medias, que además generan absoluta preocupación, como lo relacionado a la construcción del alcantarillado de Runta, cuyo avance de ejecución de obra es del 49,1%, pero que ha estado suspendida desde 2021. Hoy a ciencia cierta sobre dicho proyecto apenas se sabe que se hizo una adición en tiempo pero no económica, y no mucho más que eso.

Las vaguedades y los sofismas de distracción se hicieron muy evidentes en muchas de sus respuestas, lo que terminó convirtiendo la sesión en una pérdida de tiempo. Aunque no tan nefasta como lo fue el despilfarro de tiempo y esfuerzos de quienes participaron de la iniciativa denominada como “conectemos con el mérito”, a la cual se le dio, por parte del Secretario, el rimbombante calificativo de “estrategia”, a pesar de que poco y nada tuvo de estratégico una convocatoria de la cual no se conoce el más mínimo resultado, comprobable y sustentable. Cosa que también quedó en evidencia en la exposición de López Avella, a quien le fue imposible entregar datos sobre el total de participantes, el número o el porcentaje de beneficiados, los criterios utilizados para la selección del personal, o la trazabilidad de los procesos de selección que supuestamente se hicieron a raíz de una iniciativa que simplemente consistió en crear un correo con un nombre pomposo para adornar una narrativa del mérito que se ha venido derrumbando entre escándalo y escándalo de presuntos casos de nepotismo y tráficos de influencias.

Para fortuna de este Secretario, la dependencia que lidera dejó de llevar en su nombre la palabra desarrollo, porque de eso se ha visto muy poco en estos siete meses. Aunque más afortunado es eso de estar bajo el mando de un Alcalde que considera que dirige una ciudad cuya sociedad es arcaica, pues bajo esa mirada jamás logrará el desarrollo, y lo que seguramente piensa que le corresponde es una Secretaría de Subdesarrollo.

#Opinión #Tunja

Medidas tibias

Por: Daniel Triviño Bayona

El pasado jueves Tunja vivió una nueva jornada de día sin carro, de hecho, la séptima desde que se ideó y se decidió implementar esta iniciativa. Lamentablemente para la ciudad, las jornadas de día sin carro se han ido desdibujando y cada vez representan algo menos valioso y significativo, más allá del rimbombante decoro con el que la Administración Municipal presenta sus resultados.

Es que ni siquiera el más plausible de los beneficios, el de mermar el impacto ambiental, se ha explotado de forma eficiente. Sí bien es indiscutiblemente valioso el hecho de reducir la cantidad de emisiones de CO2, el resultado es mínimo si se tiene en cuenta que los principales contaminantes siguen activos durante jornadas como esta, así la Administración Krasnov trate de ocultarlo al presentar unas cifras incomprobables, que no han sido entregadas por autoridad ambiental, y que difícilmente queden sustentadas en un registro público, como suele ser habitual en las jornadas de día sin carro en Tunja.

No se está pidiendo desde esta columna que las jornadas de día sin carro se apliquen también al transporte público, pues eso implicaría la imposible transitabilidad para grupos poblacionales que, por diversas condiciones físicas, no pueden recurrir a alternativas como la bicicleta o la caminata. Sin embargo, si lo que se pretende es regalarle un día verde y limpio a la ciudad, la iniciativa del día sin carro tendría que ser mucho más ambiciosa en ese sentido.

Empezando por plantear, por ejemplo, el día sin cocinas de ladrillo, que a pesar de no ser tantas, contaminan más que los cerca de 30 mil vehículos que salen de circulación en jornadas como esta. Al igual que debería aprovecharse para realizar campañas de siembra y arborización, y así causar un verdadero beneficio ambiental a mediano y largo plazo. A propósito de esto, vale la pena recordar que, en tiempos de campaña, Mikhail Krasnov le vendía a la ciudadanía que una de sus primeras acciones como alcalde sería reforestar los límites del perímetro urbano. Finalmente decidió dedicar esos primeros días a la realización y divulgación de videos populacheros y a manosear conciencias de abogados incómodos. De todas formas, nunca es tarde para cumplir objetivos sencillos y de baja inversión como el de arborizar, especialmente en estos tiempos en los que la sequía no es extrema, en el que los fuertes vientos pueden contribuir a la diseminación de semillas, y en los que se vislumbra una cercana temporada de lluvias que favorecería la germinación de plántulas y árboles.

Otra oportunidad que se desaprovechó en el más reciente día sin carro fue la de tener las vías vacías para tapar algunos baches, situación que sí fue aprovechada por estaciones de servicio, la comunidad del barrio Maldonado y empresas de servicios públicos, que hicieron adecuaciones, entendiendo que esta era una oportunidad inmejorable para llevar a cabo los trabajos sin trastornar la movilidad.

Pero, dejando de lado las oportunidades dilapidadas por la Administración Municipal, es necesario retomar el asunto de la involución que ha tenido el día sin carro, porque de seguir siendo como el último, no vale la pena repetirlo.

Más allá de que la Administración Krasnov diga que esta jornada fomenta la actividad física y mejora la calidad de vida, lo cierto es que no hubo ni una sola actividad organizada y promovida por el municipio para darle sustento a este supuesto beneficio. A diferencia de la primera vez que se implementó un día sin carro en Tunja, pues en aquella oportunidad, el 30 de mayo de 2007, se hicieron diversas actividades orientadas a la promoción de hábitos de vida saludables, porque además de hacerse un día sin carro se estaba conmemorando el día de la actividad física.

Y así como hubo un retroceso en lo que refiere a la promoción de la actividad física, lo ha habido en muchos sentidos, pues se supone que si la idea es hacer que la ciudadanía se familiarice y se apasione por el uso de medios de transporte alternativos, tendrían que planearse recorridos, beneficios o estímulos para para quienes hagan uso de dichos medios de transporte; incluidos beneficios para quienes se convierten en peatones en medio de este tipo de jornadas. Pero, por el contrario, ni andenes en buen estado existen en la ciudad, como para decir que con los días sin carro se consigue una mayor apropiación o apego por parte del ciudadano de a pie, por el método de ir a pie.

La más reciente edición del día sin carro ha sido sin duda la más pobre de todos los tiempos, pues más allá de la restricción para la circulación, no hubo las vitoreadas actividades culturales que promoverían una jornada de “Tunja despierta”, en aras de ir puliendo el modelo de ciudad 24 horas con el que tanto fantasea esta administración. No se pavimentaron vías, ni se arreglaron andenes, ni se construyeron ciclorrutas, ni se promovió actividad alguna que estimulara hábitos de vida sanos, ni se idearon estrategias para mermar el impacto económico sobre el comercio, situación que fue criticada por el Alcalde durante el más reciente paro de taxistas, pero que fue invisibilizada durante este día sin carro, a pesar de que fueron días con similares características.

Dar a entender que el día sin carro fue algo negativo sería erróneo, pero indudablemente no ha tenido un impacto tan espléndido como fracasadamente lo quiso hacer ver la Administración Municipal.

#Opinión

La violencia no es ropa sucia que se lave en casa

El quinto caso de feminicidio registrado este año en Boyacá, junto con los diversos actos de violencia de género contra mujeres en este departamento, vuelve a encender las alarmas. Es hora de dejar de normalizar esta situación y asumir acciones contundentes.

Detrás de las cifras hay cientos de historias que reflejan la gravedad del problema y el inmenso dolor de las familias que sobreviven en zozobra a los maltratos y muertes.

Capítulo 1: Una sobreviviente

Francy Borda es una mujer que habla desde la valentía que le dejó estar al filo de la muerte. Entre 2004 y 2005, vivió el peor de los infiernos al lado de quien fuera el amor de su vida y el padre de su hijo, pero también el verdugo que se acostumbró a golpearla desde que tenía dos meses de embarazo.

“Era extremadamente celoso, no permitía que me vistiera con mi ropa normal ni que me maquillara. En ese momento no lo vi como una bandera roja, sino que lo normalicé”, relata Francy. Recuerda que el primer día que recibió una golpiza fue porque quiso viajar y usar su ropa, lo que molestó a su pareja a tal punto que la lanzó al suelo, le rompió el pantalón y lo tiró a la basura. “Ahí me di cuenta de que la situación era bastante grave”.

Los días siguientes fueron como los de muchas mujeres que pasan por estas situaciones. La negación para reconocerse víctima de violencia, el temor de estar en su propia casa, el horror de enfrentar la realidad del monstruo con el que convivía y la vergüenza de exponerse ante una sociedad que frecuentemente juzga a las víctimas y protege a los agresores.

“Lo denuncié ante la Policía y la Comisaría de Paipa, donde vivíamos, pero nunca hicieron mucho. Lo máximo fue ponernos en terapia de pareja. Mi temor de contar lo que estaba sucediendo seguía ahí, en medio de los golpes y del embarazo. Todo esto terminó afectando el crecimiento de mi bebé”, agrega.

Cuando tenía siete meses y medio de embarazo, Francy se llenó de valor y decidió marcharse. Tomó una bolsa, empacó una muda de ropa y 50 pesos. Débil y maltratada, caminó durante horas en busca de ayuda hacia Tunja. “Con apenas dos paradas para tomar agua, fui alcanzada por un señor de acarreos que me recogió y me regaló 2 mil pesos para seguir”.

La historia de terror afectó la vida de su hijo, quien nació a los ocho meses de gestación con varios problemas de salud. Los médicos indicaron que no se podía hacer mucho por salvarlo.

Como madre, guiada por la necesidad de encontrar especialistas y cubrir los gastos del bebé, Francy volvió a hablar con el padre de su hijo, quien aprovechó la situación para hacerla ir a Paipa y entregarle dinero. En cambio, la encerró y la golpeó sin descanso. “Hubo un momento en el que perdí el conocimiento y él no se detenía. Luego volví a despertar y decidí aguantar la respiración para que pensara que había muerto”.

Enloquecido, el hombre creyó que ella había muerto y le puso al bebé en el pecho. Le pidió perdón y lloró como si no fuera culpable. Minutos después notó que estaba viva, la levantó, le quitó la ropa y la acostó para intentar obligarla a tener relaciones sexuales con él, como lo hizo otras veces.

Al tercer o cuarto día de estar encerrada, una visita permitió que ella aprovechara un descuido para buscar un celular y pedir ayuda a su mamá. Por su bebé tuvo que regresar y esperar a que llegaran a rescatarla, lo cual ocurrió cuando una patrulla de la policía acudió al llamado de auxilio.

“Cuando vio a la Policía, me tomó del cuello y me alzó, advirtiéndome que me haría más daño si me encontraba con otra persona o si decía que él me había maltratado”.

Su agresor no fue capturado. Ella fue conducida a una Comisaría, donde no la atendieron porque solo trabajaban hasta las 6:00 p.m., “así que me mandaron a dormir a la casa de él para hacer una audiencia al día siguiente”.

El sujeto huyó esa misma noche, y el proceso en su contra nunca avanzó. Francy no vivió más en Paipa y tuvo que empezar su vida de cero, esperando una justicia que nunca llegó. “Llamaba y me decían que tranquila, que no fuera. Luego, cuando había citaciones, él no se presentaba y no pasaba nada. Hasta que un día decidí dejarlo hasta ahí”.

Ni la Policía, ni la Comisaría de Familia, ni ninguna autoridad hizo algo por salvarla cuando acudió a buscar ayuda. Como muchas otras mujeres que denuncian, encontró una barrera revictimizante y desprotección absoluta.

Se podría decir que Francy hace parte del porcentaje de mujeres que cuentan con suerte en este tipo de hechos, protegida más por Dios que por los hombres. Han pasado casi 19 años desde aquellos episodios de violencia, y la familia ha sido su soporte para sobrevivir y convertirse en una profesional en psicología.

“El paso del tiempo ha hecho que recobre mi autoestima y decida hablar para que no se repitan estas historias. Ver a diario noticias de mujeres maltratadas que son juzgadas me impulsa a dar mi testimonio y ayudar a otras a salir adelante”, dice Francy.

Ella reconoce que la institucionalidad le dio la espalda y por eso lucha para que se tomen medidas ejemplarizantes que detengan las agresiones que sufren muchas mujeres en el seno de su hogar.

La historia de Francy es una que se repite con más frecuencia de lo que pensamos, pero que queda en el silencio de la ropa sucia que se lava en casa y en la falta de efectividad de las autoridades indolentes, o en los peores casos terminan en más cifras de feminicidios.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Negociando con taxistas

#Editorial

En Tunja, ni rastro de confianza en las instituciones

A la ya mermada confianza que suele existir hacia quienes administran el poder, hoy en Tunja viene acrecentándose el malestar y la desconfianza hacia los organismos de control, y no sería descabellado que una próxima manifestación de malestar popular se dé contra estas entidades.

Es que quienes supuestamente ejercen vigilancia y control sobre quienes administran el poder y los recursos públicos, desde tiempos inmemoriales vienen haciendo todo lo contrario, es decir, la vista gorda ante magnánimas actuaciones indebidas, inmorales e ilegales.

Un ejemplo a la mano de ello es la solicitud de impedimento que presentó durante esta semana el magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, que seguramente prospere bajo el antecedente de que ya se le ha declarado impedido en otro proceso cuyo demandante es la misma persona, pero más allá de su procedencia, lo evidentemente absurdo en medio de toda esta situación es que el mencionado Magistrado venga a pronunciarse en referencia a este proceso casi dos años después de que le fue radicado ante su despacho, y para colmo de males que ese pronunciamiento sea para declararse impedido.

Sin duda alguna, actuaciones como esta evidencian intenciones de dilatar los procesos, siempre bajo el pretexto de la congestión de la justicia, supuestamente incomprensible para el ciudadano de a pie, al cual también le resulta incomprensible la tal “vacancia judicial”, especialmente en tiempos de congestión de la justicia. El crimen no descansa, ni siquiera el de cuello blanco, que es el que se beneficia de esa mal llamada vacancia.

En Tunja los ejemplos pululan por montones, porque al sinfín de escándalos por actuaciones controvertibles no es algo que ataña exclusivamente a la Administración Krasnov, sino que ha abundado en gobiernos como el de Alejandro Fúneme González, o el de Pablo Cepeda Novoa, o el de Fernando Flórez Espinosa, y en el de cualquier otro que les haya precedido, pero de sanciones nunca se ha conocido.

La manguala entre quienes administran el poder y quienes les vigilan es legendaria, pues no ha habido época en que el manoseo y la infiltración de las instituciones no haya estado presente, obviamente en detrimento de los intereses del pueblo.

Para infortunio de estas entidades solapadamente cómplices, hoy existe una sociedad informada como nunca antes, e igualmente indignada como pocas veces se ha visto. Hoy los escándalos de corrupción se ventilan sin mayores complejos, el pueblo se hartó por completo del abuso de los corruptos, y está evidenciando como nunca antes la inutilidad, inoperancia e ineficacia de los entes de vigilancia y control, lo que a su vez se está constituyendo en el caldo de cultivo para un malestar social generalizado, que más temprano que tarde será manifestado ante estos entes de control que nada controlan.

#Opinión #Política

El “Rey de los Mantenidos”

Por: Daniel Triviño Bayona

Solamente en el país del sagrado corazón un completo parásito es capaz de adueñarse del discurso de “producir y trabajar”, y además lograr que haya gente que se lo compre. Pero del dicho al hecho, hay mucho trecho, pues Miguel Abraham Polo Polo, lo último que ha hecho en su vida es trabajar. Los reportes de asistencia del último periodo legislativo le han significado ser coronado como “el rey de los vagos”, “el rey del ausentismo”, y ahora como “el rey de los mantenidos”.

Más allá de que Miguel Polo Polo acuse y estigmatice de vago, mamerto, mantenido y parásito a quien no se alinea con sus narrativas del odio, lo cierto es que el vago más costoso del país es este personaje, al que se le contabilizaron 18 ausencias en sesiones de comisión (primera), siendo así el Representante a la Cámara que más veces faltó en el último periodo legislativo.

A partir del Decreto 550 de 2024 se aumentó el salario a los congresistas a $48.142.046, eso equivale a 37 salarios mínimos mensuales vigentes. Con ese monto, un solo día de trabajo de un congresista vale $300.000 más que todo el mes de un trabajador que gana el mínimo. Eso quiere decir que cuando un congresista falta un día al trabajo, es como si una persona del común se ausentara por 37 días, razón completamente válida para prescindir de sus servicios.

En el último periodo legislativo Polo Polo presentó 16 excusas, que equivalen a $25.675.000. Difícilmente un colombiano del común pueda ausentarse con excusas más de una vez al mes, todos los meses, y que estas le sean validadas. Pero suponiendo que a un ciudadano de pie le permitieran semejante vagabundería, tendría que ausentarse por 19 meses para representar una pérdida equivalente a la que le representó Miguel Polo Polo a los colombianos durante el último periodo legislativo. Periodo en el que no fue ponente y mucho menos autor de ley alguna, tampoco de algún acto legislativo, y en el que tres de los cinco proyectos le fueron archivados, mientras que los dos restantes los retiró.

A todo esto se suma que de 88 plenarias dejó de asistir a 22, pero más grave fue que muchas de las veces que fue, lo hizo para terminar saliéndose del recinto porque según este mal llamado representante, la democracia se construye así, omitiendo el debate y las posiciones del otro. Polo Polo, “el rey de los mantenidos”, hoy solo representa el odio, la guerra, la muerte y especialmente la malversación o despilfarro del erario. Personajes como este, vacíos de aportes democráticos, por más juventud física que ostenten, no representan más que una reencarnación del parasitismo que en su momento encarnaron Roberto Gerlein o Arturo Char.

¿Y el más vago de Boyacá?

El representante a la Cámara por Boyacá que más se habría ausentado sería Eduar Triana, sin embargo, la estadística está viciada en varios sentidos, puesto que la Cámara de Representantes, hasta el momento de elaboración de esta columna, no ha hecho pública la información de ausentismo de las sesiones plenarias realizadas en 2024. Tampoco se cuenta con datos de asistencia de la Comisión Séptima, que es a la que pertenece Héctor David Chaparro Chaparro, e igualmente se omiten algunos meses de otras de las comisiones, como todos los de 2024 en relación a la Comisión Tercera, a la que está adscrito Wilmer Castellanos.

Este es el informe al detalle de cada uno de los representantes por Boyacá:

- Wilmer Castellanos: 2 ausencias en sesiones de comisión (1 de agosto de 2023, 14 de noviembre de 2023) (*La comisión tercera no presenta reportes de asistencia de 2024). No faltó a plenarias de Cámara en 2023.

- Héctor Chaparro: Sin información sobre ausentismo en sesiones de comisión *La Comisión Séptima de la Cámara no presentó reporte de ausentismo para ninguno de los meses que comprendieron el periodo legislativo 2023-2024. Héctor David Chaparro Chaparro faltó a sesión plenaria del 16 de marzo de 2023 y a la del 13 de septiembre de 2023.

- Jaime Raúl Salamanca: 2 ausencias en sesiones de comisión (16 y 17 de abril de 2024). No se ausentó de sesiones plenarias en 2023.

- Íngrid Sogamoso: 3 ausencias en sesiones de comisión (23 de agosto de 2023, 13 de diciembre de 2023, 27 de febrero de 2024) (*la ausencia del 13 de diciembre de 2023 ni siquiera fue justificada con excusa). Faltó a la sesión plenaria del 24 de abril de 2023, a la del 13 de diciembre de 2023 (*Para la ausencia del 13 de diciembre no presentó excusa).

- Pedro Suárez Vacca: 4 ausencias en sesiones de comisión (2 y 29 de agosto de 2023, 6 de diciembre de 2023, 7 de marzo de 2024). No se ausentó de sesiones plenarias en 2023.

- Eduar Triana: 5 en sesiones de comisión (29 de agosto de 2023, 7 de noviembre de 2023, 16 y 17 de abril de 2024, 29 de mayo de 2024). Faltó a la sesión plenaria del 15 de noviembre de 2023.

#Opinión #Nación

Auscultando en el trasfondo de la corrupción

Por: Carlos A. Velásquez-Cr(r) del Ejército Nacional de Colombia

X: @CarlosAlfonsoVR

Debido a los escándalos de corrupción que hemos presenciado durante el gobierno Petro, asimilable en este sentido a una olla de presión que periódicamente expulsa chorros de vapor - el último el de la UNGRD- es oportuno hacer un corto pero sentido homenaje a Jorge Yarce – quien falleció la semana anterior- trayendo a colación un breve pero sustancioso fragmento de su obra intelectual. Yarce fue un periodista y doctor en filosofía que dedicó gran parte de su tiempo a promover la superación de la corrupción desde la academia y la consultoría. Fundador y director de Colprensa, autor de 26 libros sobre persona, educación, familia, comunicación y sociedad, liderazgo, ética y valores, todos ellos reseñados en su última obra: ‘Las olas y el mar’. Se trata del 5º apartado del capítulo 10 ‘Ética pública’ (Tomo III).

El Estado debe dar ejemplo de ética

“La lucha ética contra la corrupción la debe promover ante todo el Estado. En principio tiene que hacer que su gente sea ética. Al mismo tiempo, no hay por qué oponer la ética privada a la pública. La cercanía es cada vez mayor, en la medida en que consideramos que las entidades públicas, si bien tienen que orientarse fundamentalmente por las directrices constitucionales y legales en su acción, al fin y al cabo, son organizaciones cuya estructura tiene muchas cosas comunes con una corporación empresarial.

Las estructuras y estrategias del Estado reciben un influjo positivo de las organizaciones privadas, y también debe suceder lo contrario. Aunque hay aspectos fundamentales que las distinguen, por ejemplo, la ausencia de lucro en las del Estado – en algunas públicas los beneficios económicos son indispensables -, su finalidad está subordinada a la prestación de un servicio a la ciudadanía y al bien común.

Cuando se trata de la moral pública se piensa que es obligatorio vivir la ética, porque se contiene en normas que la prescriben. Lo que no se debe olvidar es que los individuos no la deben vivir por temor al castigo, sino como un precepto que requiere voluntad libre y entusiasmo, no una simple amenaza por incumplimiento.

Recordemos la distinción que hace Gómez Pérez: “Es verdad que la ley no tiene como fin hacer realidad la moral, porque tiene una alteridad y una repercusión social que no son propias de la moral, que toca temas tan interiores y personales como un mal deseo, la envidia, el odio, la intención de causar un mal o el mal ejemplo. Y, desde otro ángulo el derecho, a veces, convierte en lícitas, acciones con una trascendencia social innegable, como el aborto o la eutanasia. Despenalizar esas acciones no significa nunca que queden moralizadas”.

La grandeza de la función pública es deberse al bien común a través del servicio a los ciudadanos. No debemos olvidar que no todo lo que permiten las leyes es lícito moralmente, ni todo lo que las leyes permiten es aceptado éticamente.

De no ser así, los funcionarios públicos podrían hacer cosas que no contemplan las leyes, como maltratar al público de palabra y obra, expresar indiferencia ante su deber, realizar un trabajo mediocre o cumplir lo que manda el manual de funciones sin prestar un servicio que ayude a resolver los problemas.

La ética pública abarca un conjunto de orientaciones, criterios, principios y valores que deben guiar al servidor público para cumplir adecuadamente su tarea, acorde con lo que está ordenado por la ley, pero no limitándose estrictamente a su letra. Por ejemplo, no es lo mismo la obligación ética de un buen padre de familia que su obligación legal de dar manutención a los hijos.

Los deberes éticos de un servidor público no se limitan a sus deberes legales contenidos en el manual de funciones. Sabe bien que debe procurar hacer realidad valores no ordenados por la ley, sino propuestos por la cultura de la entidad y por la conveniencia del bien común. O simplemente porque el servidor público tiene esos valores, así nadie se los haya ordenado por escrito”.

#Caricatura #Opinión #Nación

Deuda patria

#Editorial

Aún se está a tiempo de salvar al Colegio de Boyacá

Hace unos días, cuando las directivas del Establecimiento Público Colegio de Boyacá fueron invitadas al Concejo para socializar los estados financieros y para explicar el porqué de varios asuntos cuestionables en el manejo de esa institución. Estas se trataron de escudar en la complejidad de hacer valer el presupuesto con el que se cuenta, que a pesar de ser de 19 mil millones al año, supuestamente no alcanza.

Lo que no se explicó, en lo absoluto, es la forma en que se usan los recursos de esa institución, seguramente para no delatar el despilfarro que allí se comete, que además es producto de manejos politiqueros y clientelistas.

A finales de esta semana un ápice de esos manejos quedó a la vista cuando el veedor ciudadano Yesid Figueroa, más allá de la coerción sufrida por parte de los directivos del colegio, reveló lo costoso que es para esa institución contar con Jairo Cabana Fonseca entre su nómina, personaje que llegó al Colegio de Boyacá de la mano de Alejandro Fúneme González; es más, este último lo hizo rector durante alguna época, aunque eso no duró mucho tiempo.

Lo cierto es que el señor Cabana Fonseca, con un salario de más de 11 millones mensuales y con una infinidad de bonos y estímulos, devenga al año algo más de 164 millones de pesos a costillas del Colegio de Boyacá por sus servicios como Subdirector Administrativo y Financiero, más allá de que cuando tiene que exponer las situaciones financieras que atañen a ese establecimiento público, tiene que depender de unas diapositivas que a leguas es evidente que alguien más le elaboró.

Es decir que el señor Cabana Fonseca, que llegó a dicho cargo por la influencia de Alejandro Fúneme González y del exconcejal Wilson Ruiz Lara, percibe un salario superior al de 119 alcaldes de los 123 que tiene el departamento de Boyacá, incluidos los de Paipa y Chiquinquirá.

Claro que el problema va más allá del salario percibido por Cabana Fonseca, que para ser de tal magnitud debería implicar un mejor manejo administrativo y financiero de esa institución, por lo menos uno en el que 19 mil millones alcancen de sobra, como debería ser.

Es que en tiempos de antaño, cuando el colegio era administrado por la Nación, el pago de matrícula era una décima parte de lo que hoy se le cobra a quienes hoy estudian allí, igual que las pensiones; y los resultados a nivel académico y deportivo eran ejemplares, eran el ejemplo a seguir de todas las instituciones educativas del departamento. Hoy tales resultados se pierden entre el montón.

Que el Establecimiento Público Colegio de Boyacá entregué más de 164 millones al año a una persona que llegó allí por simple "palancazo" y que no tiene unos resultados notables, es simplemente un desangre, justamente en tiempos en los que la misma institución reconoce dificultades para llegar a fin de año.

Por eso, desde la Administración Municipal que tiene como eslogan que la plata alcanza cuando no se la roban, deberían emprender todo tipo de acciones legales para acabar con ese contubernio clientelista que está llevando al colegio a vivir sus peores épocas. Todavía se está a tiempo de evitar esa catástrofe.

#Opinión #Tunja

Desde que se inventaron las excusas, todos los secretarios de movilidad quedan bien

Por: Daniel Triviño Bayona

Atónitos, e incluso indignados, terminamos algunos ciudadanos luego de conocer la respuesta que le dio el secretario de Movilidad y Vida Territorial, Juan Carlos Leguizamón, a una situación que salió a la luz pocos días atrás, en la que se reveló una presunta corruptela cometida por algunos funcionarios del municipio.

Antes de entrar en materia, me veo en la obligación de aclarar que dicha información es producto de una labor de indagación que realiza la Procuraduría General de la Nación (https://acortar.link/NeMSaj), y no de un simple rumor de medios de comunicación y de redes sociales, como mal intencionadamente lo quiso hacer ver la Alcaldía de Tunja (https://acortar.link/MzlOYI) y el mismo consorcio Tránsito Tunja, que se atrevió a calificar dichas informaciones como “injurias y calumnias”. De ser así, tendrán que proceder contra la misma Procuraduría General de la Nación, que fue la que emitió la información, en vez de sacar un comunicado pendenciero buscando justificar una situación que requiere de todas las claridades.

Esos comunicados iban a ser el abrebocas del absurdo proceder que iba a resultar teniendo la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial ante dicha situación. Resulta que cuando al Secretario le consultaron por esta coyuntura, contestó que es el ciudadano quien está obligado a verificar que la grúa que está haciendo o que ha hecho el procedimiento de recoger el vehículo mal estacionado, sea legal y autorizada.

La respuesta causó mella entre un sector de la ciudadanía, que con indignación recibió esa respuesta tan vaga y tan cómoda de quien está omitiendo realizar su trabajo. Es que es la Secretaría de Movilidad la encargada de supervisar el correcto proceder del consorcio al que le delegó los servicios de tránsito, más allá de que lo haya hecho la anterior administración, pues el espejo retrovisor no puede seguir siendo el caballito de batalla de una Administración que se está acostumbrando a evadir responsabilidades culpando a terceros.

¿Cómo puede ser que la respuesta ante la posible operación de un cartel de las grúas y de un patio pirata, sea que el ciudadano es quien debe estar pendiente? ¿Acaso no tiene herramientas la Administración Municipal para vigilar la existencia de un inmenso lote lleno de carros y motos? ¿Se sale de las posibilidades de la Secretaría de Movilidad ir a constatar lo que ocurre en el patio denominado como “La Nueva María”? ¿No es acaso esa una de sus responsabilidades?

Lo cierto es que aquí, en la Tunja que conecta con el mundo, quien debe estar pendiente de que los inescrupulosos no se salgan con la suya, son los ciudadanos, y no las autoridades, que se limitan a decir que las grúas de verdad son las blancas y que por lo demás todo está bien.

Es que según la Secretaría de Movilidad en la ciudad se está trabajando por la seguridad vial, más allá de que las cifras de accidentalidad en mayo, que es el último mes del que hay referencia sobre la materia; se hayan triplicado los accidentes en comparativa con mayo del año pasado. Pero de acuerdo a la Secretaría de Movilidad la ciudad es más segura en materia vial porque se suministraron unas cámaras de reconocimiento de matrículas, que hasta ahora no han servido para esclarecer ningún accidente, o por lo menos no públicamente.

Y mientras en la Secretaría de Movilidad alardean de estos falsos resultados, en la ciudad los motociclistas andan por los andenes, muchos de ellos en contravía; se encuentran vehículos mal parqueados por todo lado, no hay calle en la que falten, muchas veces con la complicidad de los agentes que parecen mirar para otro lado, como también lo hacen algunas señales de tránsito, inexplicablemente.

La implementación de los paraderos del transporte público también se está convirtiendo en un rotundo fracaso, pues los paraderos que son referencia por su correcto uso, no pasan de ser un puñado, mientras que la mayoría de estos son usados como bahías de parqueo de taxis, particulares, y en alguna ocasión de unas carpas para una campaña de donación de sangre, que seguramente no encontró mejor sitio que un paradero de transporte público, obviamente con el visto bueno de una Secretaría de Movilidad que tiene pretextos en abundancia, pero en la que las explicaciones, claridades y acciones efectivas escasean.

#Opinión #Política #Deportes

Que no nos metan más goles

Por: Gina Rojas Hoyos

Con el guayabo de la derrota futbolera, pensé que era absolutamente necesario hacer un rápido cambio de planes en mi columna de la semana y unirme a las voces Fifas. Durante casi un mes de Copa América, Colombia vivió una esperanza y un ambiente diferente, que rompió momentáneamente la polarización y unió a las almas distintas en un tono tricolor que se hacía cada vez más radiante gracias a la fuerza del corazón de once jugadores en la cancha y la necesidad de sentir una victoria para un país que vive golpeado.

Previo a la final contra Argentina, quise dar una vuelta por la historia y ver qué pasó en el 2001, cuando Colombia fue campeón de este certamen. Encontré varias coincidencias, entre ellas el movimiento de Pedro el Escamoso en el aire y la buena racha de 10 goles marcados por el equipo Cafetero. Incluso hallé un dato emocionante para mí, ya que ese año el glorioso América de Cali fue el campeón del Fútbol Profesional Colombiano, cuando aún era un solo torneo al año.

Pero mirando más allá, llegué a un vergonzoso punto: el fútbol siempre ha sido directamente proporcional a la política, siendo objeto de manoseo y cortina de humo para ocultar acciones que se convierten en goles o autogoles para los colombianos.

En el 2001, era una época de bajísima popularidad para el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien encontró en la Copa, que rescató, una forma de lavarse la cara, mientras el territorio colombiano estaba sumergido en una profunda desolación por cuenta de la oleada de violencia, secuestros y una zona de distensión que se convirtió en centro de operaciones para acciones ilegales por parte de la guerrilla de las Farc.

El espectáculo del fútbol llevado a diferentes escenarios del país como anfitrión, logró adormecer temporalmente los dolores de una patria que no encontraba el camino a la paz, pero al mismo tiempo, en la clandestinidad, fue aprovechada para movidas políticas y armadas que fortalecieron diferentes sectores y actores como el paramilitarismo, que al año siguiente sería crucial en el inicio de la dolorosa temporada de ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos).

Mientras escudriñaba en la historia, me encontré con una entrevista de Diana Uribe diciendo que “hay que tener la memoria de las cosas que han pasado para evitar la amnesia colectiva”.

En medio del partido, pensaba en las historias de los jugadores, romantizadas por la prensa que exaltaba el primer millón de cada seleccionado para transformar sus vidas, ya que en medio de la falta de oportunidades y la guerra, cada uno encontró en el fútbol una forma de salir adelante y llevar más que un pan a la mesa de sus familias.

Con el dolor de la derrota, pues pese a no jugar de la mejor manera, de no entender cambios del director técnico y en medio de insultar varias veces a los jueces, igual que el resto del país, esperaba que mis hijas tuvieran una historia de victoria que contar cuando tengan mi edad; decidí que iba a madrugar a escribir esta columna, con un mensaje adicional y es decirles que nos guste o no, es momento de despertar, volver a la realidad, ponernos la camiseta y ondear la bandera, pero para seguir defendiendo al país y en nuestro caso a Boyacá.

Es ahora que toca aprovechar que a ciertos avispados del poder en el país y en nuestro departamento no les llegó la Copa de la selección para hacer sus jugaditas y meternos una goleada.

Viene un nuevo tiempo de juego, tanto en lo legislativo como en lo administrativo, y seguro los técnicos políticos ya están maquinando cómo anotar. Así que nos toca estar en la jugada. Necesitamos convertirnos en un Lerma del medio campo resguardando y asegurando; un Ríos moviendo la pelota para ganar sin trampa, un James concentrado en anotar y por supuesto un Dávinson Sánchez cuidando el arco; mientras esperamos que el arbitraje despierte y pida el apoyo del VAR para sancionar donde haya lugar, incluso con tarjetas rojas inmediatas.

Se acabó la distracción, no más goles por favor.

#Caricatura #Boyacá #Tunja

Promesas futboleras

#Editorial

Colombia a un paso del triunfo futbolístico más grande de su historia

No solo por tratarse de una final continental en territorio ajeno y con invicto en mano, sino por confrontar al mayor símbolo de la mafia organizada en el fútbol moderno: la selección Argentina de Lionel Messi.

No porque Lionel Messi no haya sido un gran jugador de fútbol, de hecho, podría ser considerado el mejor de la historia sin mayor discusión, pero eso mismo lo ha convertido en un ícono del marketing y los negocios, y al final, el fútbol es un negocio más.

El amaño de Conmebol para servirle el título a Messi y sus amigos ha sido grosero y evidente. Desde el mismísimo “sorteo” de los grupos que hoy no se cree nadie. Sorteo que dejó a Argentina en un cómodo grupo entre selecciones baladí, y con un fácil camino a recorrer enfrentando a cualquiera que resultara ganador de un grupo B que era todavía más mediocre que el de la misma Argentina. No contentos con eso, algo nunca antes visto, que el rival de semifinal fuese el de la primera fase, obviamente para facilitar más las cosas al decadente pero siempre rentable Lionel Messi.

Y ni hablar del trámite de los partidos, en el que favorecimiento se hizo indiscutible en acciones como la criminal patada que le pegó Gonzalo Montiel a Alphonso Davies en el partido de semifinal ante Canadá. Situación que luego fue complementada con la patética actuación de Rodrigo De Paul tras recibir un pequeño toque del balón por la espalda pateado por Eustaquio, lo que le valió la amonestación a este último. O qué decir del pisotón de Rodrigo De Paul a Suazo en el partido contra Chile, otra expulsión que el juez y el VAR no quisieron ver, y a eso se añade, en ese mismo juego, un gol del que hoy todavía se duda, con justísima razón, sobre su legitimidad. Caso similar al de la indecente infracción de De Paul anteriormente mencionada, es la patada que “Cuti” Romero le pega a Moisés Caicedo, que tampoco ameritó castigo por parte de los jueces, VAR incluido.

A todo esto hay que agregarle condimentos como la mayor cantidad de días de descanso que de antemano se sabía iban a tener los clasificados del grupo A, grupo que encabezó Argentina a pesar de no ser el anfitrión del torneo, algo tan inédito como cuestionable; y la decisión de jugar la final en Miami, ciudad donde actualmente reside del emblema de las ventas en esta Copa América: Lionel Messi.

No es secreto para nadie en el continente que Argentina, desde tiempos de Julio Grondona, ha sido experta en este tipo de tretas y arreglos mafiosos, perfeccionados en los últimos tiempos por Claudio “Chiqui” Tapia, al que buena parte del mismo pueblo argentino denomina como “Chiqui Mafia”. A propósito de este cuestionable personaje, es válido rememorar que el pasado 1 de julio, en medio de la disputa de la Copa América, se le entregaron las llaves de la ciudad de Miami, casualmente.

Colombia se enfrenta hoy contra todo ese contubernio mafioso. Por eso mismo es que hoy más que nunca recibe el apoyo de todas partes del continente, exceptuando quizá a buena parte del pueblo uruguayo que, todavía con sangre en el ojo por la reciente derrota, está sediento de revancha. Pero por lo demás no hay quien no desee el triunfo colombiano, porque sería la victoria de América Latina unida contra la corrosiva corrupción que invade a todos los países de la región, hoy tan manifiesta en el fútbol por medio del equipo de “Lio y sus amigos”.

La posibilidad de hacer historia está latente hoy más que nunca. No solo por vencer a este seleccionado argentino inflado a punta de artificios, que además es el vigente campeón de la Copa América y de la Copa del Mundo; sino por conservar y ampliar el mayor invicto en la historia de las selecciones Colombia de mayores, habiendo dejado en el camino con solvencia a rivales como Brasil y Uruguay; con el líder de asistencias y máxima figura del torneo, y siendo además el equipo más goleador del campeonato, además del más vistoso, pues hoy en el continente americano no hay nadie que pueda decir que no ha disfrutado de ver jugar a la selección Colombia de Néstor Lorenzo.

Adenda: Desde este medio de comunicación celebramos y aplaudimos la decisión de los gobiernos Municipal y Departamental por instalar pantallas gigantes para el disfrute de este partido histórico, evento que además será complementado con actos culturales y que repercutirá de manera favorable para los comerciantes de la ciudad. Se invita a la ciudadanía a mantener un comportamiento ejemplar, propio del civismo que siempre ha caracterizado a esta ciudad.

#Opinión #Tunja #Educación

El ya no tan glorioso Colegio de Boyacá

Por: Daniel Triviño Bayona

Cada vez más lejano en el tiempo resulta el recuerdo del “Glorioso Colegio de Boyacá”, no solo porque los resultados que hoy consigue el colegio no se asemejen a los que en antaño lo consolidaron como el mejor del departamento, sino por los escándalos de presunta corrupción que vienen salpicando a esa institución en los últimos tiempos.

Al Concejo de Tunja fueron las directivas de este establecimiento público a rendir cuentas sobre aquellos escándalos. Osada y descaradamente dijeron que lo hacían mirando a los ojos a la ciudadanía, más allá de que hayan dilapidado más de una hora con sofismas de distracción para evitar explicar los asuntos sobre los que todo el mundo pide explicaciones.

Al final fueron pocas las claridades que se dieron sobre los diversos cuestionamientos que hoy se posan sobre una institución que actualmente está lejos de producir el orgullo que en otros tiempos provocaba en quienes estudiaban allí o tenían a alguno de sus familiares formándose académicamente.

El Colegio de Boyacá, que en 2005 pasó a ser de manejo municipal, dejó de ocupar ese primer lugar a nivel departamental que supo ocupar de manera hegemónica durante varias décadas. Hoy cuando mucho le alcanza para ser el mejor entre los oficiales, siendo superado por varios colegios del orden privado que a duras penas alcanzan la década de existencia, y que no cuentan ni con una décima parte de los recursos con los que cuenta el Colegio de Boyacá para su funcionamiento.

Los cuestionamientos de los concejales y de algunos ciudadanos no fueron despejados en lo más mínimo en esta sesión que las directivas del colegio utilizaron para sacar pecho con cifras y resultados de difícil comprobación, y en la que además demostraron una muy mala preparación para presentar, exponer y explicar los cuestionamientos que se les realizaban y por los cuales fueron citados. La parte más pobre de dicha socialización estuvo a cargo del subdirector administrativo, Jairo Cabana, que a duras penas se dedicó a leer unas diapositivas que a leguas se notaba no conocía.

Al Colegio de Boyacá hoy lo rondan los señalamientos alrededor de la contratación, que ha tenido como principales beneficiarios a Fernando Bohórquez y CIA SAS., Constructora ZOE, entre otro cerrado círculo que tiene a su cargo los jugosos contratos de una entidad que maneja al año un presupuesto que ronda los 19 mil millones de pesos.

Algunos concejales dijeron sentirse burlados con esta exposición, en la que, por mencionar un ejemplo de la pobrísima presentación, se dijo que las cafeterías se arrendaban, pero no se dijo a quién, en qué condiciones y por cual monto, y mucho menos se explicó por qué hoy se arriendan por un valor menor del que se hacía en años anteriores.

Y así ocurrió con los informes de auditoría fiscal, de los cuales hay que decir que solo se abordó uno, de manera superflua y hasta altanera, pues para las actuales directivas del Colegio de Boyacá lo que está mal es que se les audite.

Al final de tan pobre exposición, siguieron vigentes las preguntas que motivaron la citación: ¿Por qué el director académico ostenta esa posición si tiene menos formación que varios de los docentes? ¿Quiénes conforman el comité de contratación del Colegio de Boyacá? ¿Qué hay de cierto que el jefe de control interno del Colegio de Boyacá era el mismo secretario de control interno de Alejandro Fúneme González? ¿Por qué el Colegio de Boyacá, manejando tan grandes presupuestos, sigue llevando a cabo la contratación mediante una plataforma obsoleta como el Secop I?

Los cuestionamientos son muchísimos más, pero las respuestas nulas, inexistentes, al mismo nivel de las de aquel alumno que no se ha preparado, que suda frío y pasa saliva mientras improvisa en frente de toda la clase demostrando su falta de preparación, compromiso y disciplina, aquel alumno que está condenado a perder el año, como lo viene perdiendo el Colegio de Boyacá desde hace unos cuantos.

#Opinión #Nación

Petro y el retroceso del perdón social

Por: Gina Rojas Hoyos

La pasión puede describirse como un sentimiento intenso, profundo y abrumador que impulsa a las personas hacia actividades, conceptos o personas específicas. En el argot popular, suele conocerse como un sentimiento que puede desenfrenarse y llevar a las personas a niveles alejados de la lógica y la razón, e incluso a cometer traición.

Fue la pasión la que pudo haber llevado al presidente Gustavo Petro a “olvidarse” de su posición pública y “presuntamente” pasearse de la mano con una mujer que no era su esposa, por calles de Panamá. Esta misma pasión desvió la atención del país hacia el chisme y el morbo, dejando pasar la tensión real durante la posesión del presidente José Raúl Mulino. El nuevo mandatario de Panamá, en su discurso, afirmó: "No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país", lo que generó reacciones en el público, aludiendo a Petro, cuyas intenciones son completamente diferentes. En el medio, la población queda atrapada entre los conflictos de la selva del Darién y las dudas sobre las relaciones bilaterales, pero esto no fue motivo de análisis.

Pasión es lo que se ha desbordado con el fútbol colombiano: 'La Sele' y el Tigre Falcao llegando a Millonarios. Más allá de las camisetas, este deporte ha logrado revivir la esperanza en los corazones colombianos, que vienen de estar inmersos en la angustia, desolación, y muchos más sentimientos y situaciones que, aunque el fútbol no resuelve, sí termina siendo antídoto para calmar y aislar la realidad, el fastidio de la oleada de negativismo y escándalos en el país. Luego el fútbol no es una causa sino una consecuencia.

¿Y en Boyacá, podría decirse que hay un apasionamiento selectivo? Mientras en los primeros seis meses de nuevos gobiernos, los ojos han estado puestos en alcaldías y ciertos funcionarios, el gobierno de Boyacá va pasando de ladito, sin mayores tropiezos ni cuestionamientos. Incluso en la discusión del plan de desarrollo, mientras muchos gremios exigían en múltiples espacios, lo departamental fue abandonado.

Algo más reciente puede ser la noticia de Playa Blanca en la que ganó la pasión por la oportunidad de visitarla después de cuatro años, y no la revisión de ciertos ‘detallitos’ que denuncian veedores de la zona, como la falta de licencias, el problemático suministro de agua a las baterías de baño y la carencia de PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), lo que podría redundar en nuevos problemas en la zona. ¿Por qué hoy nadie dice nada sobre cómo opera Corpoboyacá? ¿Qué pasa con todas las denuncias que tiene encima y que se han incrementado en los últimos ocho años?

O qué decir de los apasionados pronunciamientos y casi rasgaduras de vestiduras de quienes rechazaron la bandera arcoiris en el edificio administrativo de Duitama, en contraste con el silencio frente a las banderas del ELN encontradas en Sogamoso, Soatá y Chita. Claro, ese silencio solo se rompe con los partes de tranquilidad que se entregan “porque no hay explosiones”. Esos mismos partes de tranquilidad que han dejado pasar alertas de reclutamiento forzado e índices de inseguridad disparados, entre otros problemas que tiene el “departamento más seguro del país” y que luego abordaremos.

Y ni hablar del apasionamiento de las organizaciones de Libertad de Prensa que incluso están reuniendo firmas por las presuntas agresiones de Petro a grandes medios (lo cual es valioso, importante y necesario), pero dejan pasar lo que ocurre en regiones como Boyacá, donde se niegan entrevistas, se oculta información y se estigmatiza a la prensa local, tal como lo han denunciado algunos medios de comunicación incluso este mismo fin de semana. O la misma autocensura por pasión hacia conservar intereses en el interior, que mantiene estos asuntos en silencio.

Obvio esta columna es pasión, pues la pasión es algo supremamente subjetivo como la mayor parte de cosas que suceden a nuestro alrededor. La pasión debe ser un motor que nos impulse hacia verdaderas revoluciones y a tomar mejores decisiones. No es un demonio que tengamos que ocultar porque estoy convencida de que lo que se hace con pasión y amor tiene mayor trascendencia.

Hay más bien una necesidad de aprender a canalizarla hacia el entendimiento, la sinceridad y el reconocimiento de que en nuestra diversidad reside nuestra verdadera fortaleza como sociedad.

Solo así, la pasión dejará de ser un demonio que nos ciega y se convertirá en la fuerza que nos impulsa hacia un futuro más justo y equitativo.

#Opinión #Boyacá #Tunja

Pasión y Otros Demonios

Por: Gina Rojas Hoyos

La pasión puede describirse como un sentimiento intenso, profundo y abrumador que impulsa a las personas hacia actividades, conceptos o personas específicas. En el argot popular, suele conocerse como un sentimiento que puede desenfrenarse y llevar a las personas a niveles alejados de la lógica y la razón, e incluso a cometer traición.

Fue la pasión la que pudo haber llevado al presidente Gustavo Petro a “olvidarse” de su posición pública y “presuntamente” pasearse de la mano con una mujer que no era su esposa, por calles de Panamá. Esta misma pasión desvió la atención del país hacia el chisme y el morbo, dejando pasar la tensión real durante la posesión del presidente José Raúl Mulino. El nuevo mandatario de Panamá, en su discurso, afirmó: "No permitiré que Panamá sea un camino abierto a miles de personas que ingresan ilegalmente a nuestro país", lo que generó reacciones en el público, aludiendo a Petro, cuyas intenciones son completamente diferentes. En el medio, la población queda atrapada entre los conflictos de la selva del Darién y las dudas sobre las relaciones bilaterales, pero esto no fue motivo de análisis.

Pasión es lo que se ha desbordado con el fútbol colombiano: 'La Sele' y el Tigre Falcao llegando a Millonarios. Más allá de las camisetas, este deporte ha logrado revivir la esperanza en los corazones colombianos, que vienen de estar inmersos en la angustia, desolación, y muchos más sentimientos y situaciones que, aunque el fútbol no resuelve, sí termina siendo antídoto para calmar y aislar la realidad, el fastidio de la oleada de negativismo y escándalos en el país. Luego el fútbol no es una causa sino una consecuencia.

¿Y en Boyacá, podría decirse que hay un apasionamiento selectivo? Mientras en los primeros seis meses de nuevos gobiernos, los ojos han estado puestos en alcaldías y ciertos funcionarios, el gobierno de Boyacá va pasando de ladito, sin mayores tropiezos ni cuestionamientos. Incluso en la discusión del plan de desarrollo, mientras muchos gremios exigían en múltiples espacios, lo departamental fue abandonado.

Algo más reciente puede ser la noticia de Playa Blanca en la que ganó la pasión por la oportunidad de visitarla después de cuatro años, y no la revisión de ciertos ‘detallitos’ que denuncian veedores de la zona, como la falta de licencias, el problemático suministro de agua a las baterías de baño y la carencia de PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales), lo que podría redundar en nuevos problemas en la zona. ¿Por qué hoy nadie dice nada sobre cómo opera Corpoboyacá? ¿Qué pasa con todas las denuncias que tiene encima y que se han incrementado en los últimos ocho años?

O qué decir de los apasionados pronunciamientos y casi rasgaduras de vestiduras de quienes rechazaron la bandera arcoiris en el edificio administrativo de Duitama, en contraste con el silencio frente a las banderas del ELN encontradas en Sogamoso, Soatá y Chita. Claro, ese silencio solo se rompe con los partes de tranquilidad que se entregan “porque no hay explosiones”. Esos mismos partes de tranquilidad que han dejado pasar alertas de reclutamiento forzado e índices de inseguridad disparados, entre otros problemas que tiene el “departamento más seguro del país” y que luego abordaremos.

Y ni hablar del apasionamiento de las organizaciones de Libertad de Prensa que incluso están reuniendo firmas por las presuntas agresiones de Petro a grandes medios (lo cual es valioso, importante y necesario), pero dejan pasar lo que ocurre en regiones como Boyacá, donde se niegan entrevistas, se oculta información y se estigmatiza a la prensa local, tal como lo han denunciado algunos medios de comunicación incluso este mismo fin de semana. O la misma autocensura por pasión hacia conservar intereses en el interior, que mantiene estos asuntos en silencio.

Obvio esta columna es pasión, pues la pasión es algo supremamente subjetivo como la mayor parte de cosas que suceden a nuestro alrededor. La pasión debe ser un motor que nos impulse hacia verdaderas revoluciones y a tomar mejores decisiones. No es un demonio que tengamos que ocultar porque estoy convencida de que lo que se hace con pasión y amor tiene mayor trascendencia.

Hay más bien una necesidad de aprender a canalizarla hacia el entendimiento, la sinceridad y el reconocimiento de que en nuestra diversidad reside nuestra verdadera fortaleza como sociedad.

Solo así, la pasión dejará de ser un demonio que nos ciega y se convertirá en la fuerza que nos impulsa hacia un futuro más justo y equitativo.

#Caricatura #Opinión

Sacando alcaldes

#Editorial

Entes de control, es hora de dejar de hacer la vista gorda con la corrupción

La desconfianza e incredulidad que tiene gran parte, sino toda la ciudadanía en Tunja hacia los entes de control (Fiscalía, Contraloría, Personería), no es a título gratuito, sino que se fundamentan en años y años de escasos o nulos resultados, propiciados ya sea por la complicidad o simplemente la incompetencia.

Hace unos meses, el pretexto que se dio desde la Contraloría Municipal para advertir que se vencerían los términos del proceso de responsabilidad fiscal, y con ello el municipio perdería la posibilidad de recuperar los recursos del mal llamado Parque Biblioteca; fue que el Contralor Municipal llevaba apenas 14 meses en el cargo, y que antes de eso se desperdiciaron cuatro años del proceso, como quien dice, era culpa de su predecesor (https://acortar.link/WgPCUb).

Y en ese caso, en el del infame y a la vez célebre Parque Biblioteca que no tiene biblioteca, no hubo condena fiscal, disciplinaria y mucho menos penal en contra de nadie. Los $3.700 millones de pesos invertidos hace ya 14 años, se esfumaron en frente de los ojos de todos los tunjanos en un parque que no vale ni la mitad de esa cifra en valor presente. Pero a ese asunto no hay que prestarle más atención, simplemente hay que resignarse y aceptar que no hubo ni habrá condena por ello.

Lo que debería preocupar en tiempo presente es la exigencia de resultados ante el mayor desfalco que ha sufrido esta ciudad, que es el dichoso empréstito de Alejandro Fúneme González. Ahí sí que se desapareció dinero, y hasta ahora las acciones en contra de tales malversaciones son prácticamente inexistentes.

Lo más grave de todo es que el desfalco está a la vista de manera grosera, pues prácticamente ninguno de los 18 proyectos, concebidos a través de la famosa operación de crédito, se concretó.

La Veeduría Integral Tunja Capital expuso recientemente los hallazgos de una investigación construida contra viento y marea, puesto que tanto el Tribunal Administrativo de Boyacá como la Procuraduría Regional de Boyacá hicieron caso omiso a las acciones que esta Veeduría presentó con el ánimo de frenar el despilfarro de Fúneme González.

En una primera revelación, esta Veeduría se centra en los dos primeros proyectos del cuantioso listado de 18, que le costaron al municipio 93.848 millones de pesos, dinero que ya se gastó en su totalidad según la respuesta que dieron a un derecho de petición presentado por la Veeduría Integral Tunja Capital, la cual advierte que tras analizar y contrastar la información obtenida, han notado que no es del todo cierta (https://www.facebook.com/share/v/vvu6yH6hvteD1pe1/).

Estos dos primeros proyectos estaban orientados a brindar soluciones de vivienda. El primero tenía por fin la construcción de 80 viviendas en sitio propio en área rural de Tunja por valor 1.302 millones, y el segundo proyecto consistía en la construcción de más de 1.300 viviendas VIP y VIS, por valor de 5.950 millones. Es decir que entre los dos proyectos se le entregó a Ecovivienda un total de 7.252 millones de pesos, los cuales se pagaron en su totalidad a los contratistas de estos proyectos. Sin embargo, a la fecha, entre los dos proyectos se han construido algo más de 100 viviendas, y no se ha entregado ni siquiera la mitad de estas. Pero los contratistas ya recibieron el cien por ciento del pago, algo que deberían encender las alarmas de todos los entes de control, pues un pago por anticipado de un proyecto que no está terminado, es simplemente anómalo e inédito en la contratación pública colombiana.

Esto es solo la punta del ‘iceberg’, pues otros proyectos mucho más vociferados y utilizados en su momento por Fúneme González para sacar pecho con una supuesta gestión, han sido expuestos por sus grandes y rotundos fracasos en materia de planeación, lo que a su vez está repercutiendo de manera gravísima para el municipio, puesto que proyectos como el de la Calle 59, la Torre Hospitalaria y el Centro de Bienestar Animal presentan miles de millones en déficit, lo que a su vez los perfila como una numerosa y regordeta familia de elefantes blancos.

De este magnánimo y aberrante desfalco no hay mayor pronunciamiento por parte de las acciones emprendidas por Fiscalía, Contraloría y Personería.

Sobre esta última valdría la pena solicitarles que tengan el mismo nivel de compromiso y diligencia que han tenido sobre la Administración Krasnov, y con ello despejar todos aquellos rumores de supuestos favorecimientos y favores existentes entre el exalcalde y el reelecto Personero.

Es tiempo de actuar, es momento de recuperar la confianza que alguna vez, en tiempos muy, muy lejanos, tuvo el pueblo colombiano sobre los entes de control. Aún se está a tiempo de recuperar los recurso de los tunjanos y hacer pagar a quienes deshonrosamente han dilapidado el dinero que de buena fe entrega la ciudadanía para alcanzar el anhelado desarrollo de la ciudad.

#Opinión #Tunja

“Periodismo de perseguidera”

Por: Daniel Triviño Bayona

A mediados de noviembre del año pasado, una vez consumado el triunfo electoral de Mikhail Krasnov, y en aras de sentar las bases de una buena relación con la prensa local, el entonces electo Alcalde decidió reunirse con varios de los periodistas de la ciudad. La idea era escuchar las necesidades o sugerencias que como gremio tiene la prensa de Tunja.

Una vez escuchadas las problemáticas de varios de los representantes de los medios de comunicación de la ciudad, Krasnov tomó la palabra para decir que a él le gustaría que los periodistas de la ciudad hiciéramos más investigación, y citó como ejemplo a sus compatriotas de la prensa rusa, que según él, vuelan drones sobre la casa de Vladimir Putin para averiguar cosas, incluso arriesgando la vida propia.

El deseo de Krasnov por promover el periodismo de investigación en la ciudad se desvaneció por completo a partir del mismo día de su posesión, y contrario a lo dicho en aquel encuentro, lo que resultó promoviéndose en la ciudad fue el ocultamiento de las informaciones de interés público, y la estigmatización de los medios y de los periodistas que investigan situaciones que al hoy al Alcalde incomodan. Como quien dice, periodismo de investigación si, pero no contra él.

Ocurrió el pasado 28 de mayo en el Concejo Municipal, día en el que, como cosa rara, Krasnov asistió y hasta hizo uso de la palabra.

Lastimosamente aquella intervención quedará en el registro histórico como un lamentable episodio de acoso y señalamientos infundados en contra de quienes no permiten, por ética profesional, ser subyugados por el Alcalde.

Krasnov, públicamente, se mostró como un mandatario diplomático y respetuoso del oficio periodístico, ocultando un gravísimo episodio de acoso ocurrido minutos antes en un pasillo que comunica el recinto del Concejo con su secretaría. En aquel lugar se cruzaron el Alcalde, el entonces secretario de Infraestructura, Germán Mora Pérez; y el periodista que ese día iba a hablar en representación de la Corporación Boyacense de Periodistas (CBP), en condición de vicepresidente, Julián Carreño Mejía, quien además dirige el medio de comunicación Letra Certera.

El Alcalde interrumpió la conversación e increpó al periodista de forma aireada, a tal punto que el hoy exsecretario de infraestructura tuvo que intervenir para calmar al Alcalde. El reclamo contra este periodista se dio en buena medida por una investigación sobre estafas inmobiliarias que este se encontraba haciendo en aquel entonces. El Alcalde cerró el episodio ordenando a su funcionario negar entrevistas e información a ese periodista, o a cualquier otro que pudiese relacionarse con él. “A él no le des entrevistas”, dijo Krasnov a Mora Pérez.

Luego, cuando subió al atril y tomó la palabra, Krasnov manifestó su supuesto apoyo y respeto hacia el trabajo de la prensa, eso sí, solamente contra los periodistas que no hacen “periodismo de perseguidera”, pues según él, el hecho de que un periodista busque con insistencia a un funcionario público para conocer la información que este pueda brindar como fuente oficial de una coyuntura, es un hecho que irrestrictamente implica la pérdida de la objetividad del periodista. Ese pronunciamiento, carente de todo sustento, y basado en una opinión formada desde la más supina ignorancia, no fue el único exabrupto de aquella intervención pública del Alcalde.

Pero antes de entrar a detallar las restantes salidas en falso de Krasnov en dicha sesión, me tomaré el atrevimiento de explicarle al Alcalde el porqué de tal “perseguidera”.

Es deber ético, moral y profesional de todo periodista el hecho de contrastar las informaciones, y cuando un funcionario público se niega a explicar las situaciones de interés público, al periodista no le quedará más opción que la de buscar con insistencia la versión de aquella contraparte de una historia.

El pronunciamiento del “periodismo de perseguidera” fue hecho por el Alcalde en referencia a un episodio ocurrido días atrás, en el que el periodista de Letra Certera, mencionado líneas atrás; y quien hoy escribe esta columna, tuvimos que correr tras Krasnov por los pasillos del Centro Comercial Viva Tunja, luego de que, a pesar de la insistencia , se negara a concedernos una entrevista en la que queríamos abordar el tema de las estafas inmobiliarias, que, por cierto, están teniendo auge en la ciudad, y por ende es un asunto de interés público.

Es cierto que lo perseguimos hasta que llegó a su camioneta oficial, allí se detuvo para decirnos “con ustedes no voy a hablar”. Más allá de que nuestra intención era construir un relato enriquecido con la mayor cantidad de testimonios y puntos de vista, nos fue imposible, porque según el Alcalde, buscar su versión de las situaciones de interés público, es un acto que hace perder la objetividad. Seguramente esta solo puede conservarse cuando se hace una entrevista basada en el borsch, en su concepto sobre la guerra Ucrania-Rusia, y su opinión sobre Petro, Uribe y Putin.

Su intervención en el Concejo no fue lamentable solo por ese señalamiento absurdo, aunque comprensible partiendo de la base de que es normal que se emitan opiniones insulsas, vacías, atrevidas y plenamente ignorantes, sobre un oficio que jamás ha ejercido, y que por ende desconoce.

Krasnov cuestionó la independencia de la prensa cuando esta tiene contratos de pauta publicitaria con entidades del Estado. “Un tal periodismo independiente, pero de pronto me perdonan la demagogia, pero después de apoyar en sentido de pautas al periodismo independiente por parte de la Alcaldía, el periodismo pierde la independencia”.

Habría que aclararle al Alcalde que los dineros que el Estado dispone para lo que él llama “pautas publicitarias”, realmente tienen por fin la difusión de informaciones de interés público: campañas de vacunación, divulgación de líneas de atención, publicidad de estrategias para la promoción del pago de impuestos; campañas de adopción y esterilización de mascotas; conformación de comités públicos, entre otro tipo de informaciones que son de necesario conocimiento de la población, independientemente de la relación que tenga el medio de comunicación con el gobernante de turno.

Pensar que un vínculo contractual entre una entidad del Estado y un medio de comunicación ha de tener como condición exclusiva y necesaria el sometimiento del medio al contratante, es decir, al gobernante de turno; es contrario al fin de la normativa y las regulaciones legales para la publicidad pública, cuyo fin no es enaltecer la imagen de gobernantes acomplejados ni ocultarles sus pecados, sino difundir informaciones de interés general.

Ese precepto de que la independencia de un medio termina cuando una entidad del Estado lo contrata, es perpetuar ese modelo tan asqueante del contubernio que han tenido y hoy todavía tienen los medios tradicionales con los corruptos de este país. Se supone que Krasnov, en concordancia con sus discursos, tendría que apostar por cambiar aquellas malas prácticas entre quienes ejercen conductas corruptas, en vez de dar por sentado y por hecho algo que supuestamente debería considerar aberrante.

El “periodismo de perseguidera” extendió sus tentáculos el pasado 25 de junio, día en que un grupo de periodistas le montaron guardia para obtener respuesta a un cuestionamiento que toda la ciudad se hacía tras escuchar el escandaloso audio de la Gestora Social hablando de repartijas de cuotas. Los periodistas que previamente fuimos estigmatizados por el Alcalde, no estuvimos ese día en aquella rueda de prensa en la que varios medios de la ciudad le montaron la “perseguidera”, en búsqueda de las respuestas que se ha acostumbrado a ocultar, contrariando un deber por excelencia de todo funcionario público: dar la cara, y más cuando se trata de un Alcalde.

#Opinión #Boyacá

Los alcaldes de Boyacá y José Luis Bohórquez

Por: Ricardo Rodríguez Puerto

¿Cómo les ha ido a los alcaldes de las principales ciudades de Boyacá que acaban de cumplir los primeros seis meses en sus cargos?

En general mal; ya se acabó la luna de miel con los electores y la gran mayoría de ellos se encontró con la fría y triste realidad de que los presupuestos estaban agotados y de que no hay la manera de cumplir con tantas promesas de campaña.

Las miradas de todo el departamento e incluso del país se han centrado de Mikhail Krasnov, el ciudadano colombo ruso que derrotó a las maquinarias liberales, conservadoras y verdes y se convirtió en el alcalde de Tunja.

La verdad es que el comienzo del Gobierno para Krasnov no puede haber sido más desafortunado. En seis meses se han producido toda clase de denuncias contra el Profesor, como lo llaman todos, por posibles irregularidades en contratación, nepotismo, nombramiento de funcionarios sin el cumplimiento de los requisitos legales y hasta acoso laboral.

Basta resumir que el Alcalde de Tunja contrató en su gobierno a un abogado que había presentado una demanda contra él por supuestamente estar inhabilitado y al familiar de un magistrado que lo investigaba. Igualmente, que su compañera sentimental, quien funge como primera dama, fue grabada refiriéndose al entramado de cuotas burocráticas para los concejales.

De manera que en este primer semestre el Alcalde ha mostrado su alto grado de desconocimiento, su ignorancia del manejo dela cosa pública, con una alta posibilidad de que termine suspendido, destituido o incluso en la cárcel. Para decirlo en pocas palabras, si el Ruso no corrige y no se asesora bien, este gobierno va a terminar en desastre, en desastre para Tunja y para él y se va a arrepentir hasta de haber venido a Colombia.

El alcalde de Paipa, Germán Ricardo Camacho, todavía tiene la enorme ventaja de que desde hace décadas gran parte de los habitantes de esa ciudad querían verlo como su mandatario. De manera que conserva alguna popularidad pero comienza a verse diezmada por el bajo perfil de algunos de los integrantes del gabinete y su inactividad en algunos frentes.

Camacho es un hombre de carácter, es serio, amable, conciliador, pero ya le empiezan a exigir resultados. Experiencias como la que acaba de ocurrir, con un Festival del Lago que atrajo a miles de turistas, pero que tenía una muy pobre programación, no pueden repetirse. A la agenda del Festival del Lago le faltó presupuesto pero, sobre todo, creatividad e imaginación. No puede ser que un pequeño municipio, con un muy pobre presupuesto como Pesca, sí tenga la posibilidad de contratar artistas para su Festival del Retorno y Paipa haga un Festival del Lago como si fuera un municipio de sexta categoría.

El alcalde de Sogamoso, Mauricio Barón Granados, definitivamente es el mejor entre las ciudades importantes de Boyacá y es que tiene la experiencia. Barón es abogado y ha ocupado diferentes cargos, como Personero, en la rama judicial, en el Gobierno nacional y entidades de control.

Trabaja, tiene sentido común, es práctico en el manejo de los asuntos públicos, es mediático, conoce la administración pública y, aunque lo atacaron en campaña por sus supuestas malas relaciones con el Gobierno Petro, es el que más ha logrado y concretado recursos con el Gobierno nacional. El Alcalde de Sogamoso tiene un buen equipo, él es el líder, quien responde, pero asigna tareas que sigue de manera permanente. Su lema es se hace o se hace.

Y, de las ciudades más grandes de Boyacá, dejo de último el Alcalde de Duitama, José Luis Bohórquez, a quien el Consejo de Estado acaba de ordenar la suspensión del cargo. Esta semana el Gobernador, Carlos Amaya, designará alcalde o alcaldesa encargada de Duitama.

Bohórquez es otro inexperto en administración pública y, aunque es el único alcalde de Boyacá del mismo partido político del presidente Petro, no ha hecho mayor gestión o casi no ha logrado concretar recursos del Gobierno Nacional.

Su balance como alcalde es pobre, su administración iba mal pero tiene la ventaja de que los duitamenses ya se acostumbraron a que esa ciudad sea tierra de nadie. Todos sus alcaldes o alcaldesas en más de 20 años han sido malos, nadie responde por nada y el Gobierno de Boyacá tampoco ha hecho nada por Duitama, pero nadie reclama.

De manera que, con episodios como el del monumento de César Rincón o el cuasi enfrentamiento entre católicos y la comunidad LGTB a la que el Alcalde acompañaba, que seguramente apresuraron la decisión de algunos magistrados contra el mandatario, el Consejo de Estado pudo haber terminado haciéndole un favor.

Ahora, como ya ocurrió con Gustavo Petro hace unos años, José Luis Bohórquez, defensor de los toros, contradictor de los taurinos, simpatizante de los movimientos por la libertad, puede terminar como un mártir y alguien que realmente se puede proyectar en política. Incluso puede ser el candidato alternativo para la Gobernación de Boyacá, si el Consejo de Estado también falla contra Carlos Amaya, como es previsible.

Con su discurso reivindicatorio, José Luis Bohórquez sigue siendo una figura nueva y el único candidato alternativo de la política de Boyacá. Hay dos cosas malas que le pueden ocurrir en su carrera política a mediano plazo: 1. También como es previsible, que dentro de un año aproximadamente el Consejo de Estado falle de fondo y declare que efectivamente incurrió en doble militancia, con lo cual lo dejará por fuera de la política regional y nacional en momentos en que el gobierno Petro esté llegando a su fin; y 2. que lo reintegren al cargo y que termine haciendo una alcaldía sin pena ni gloria, como ha pasado con todos los alcaldes y alcaldesas de Duitama en 30 años. La Alcaldía de Duitama es el mayor quemadero de la política regional, solo comparable con la Alcaldía de Tunja.

Lo más aconsejable para Bohórquez, que muy seguramente no lo hará, es renunciar al cargo de una vez y no esperar la decisión de fondo del Consejo de Estado.

Quedará como un perseguido, ‘no lo dejaron trabajar’; y seguramente será nombrado en un alto cargo del Gobierno nacional. Pero si eso no ocurriera, con su estilo, con su discurso, con su forma de ser, Bohórquez se convertirá en una figura de la política regional e incluso alguien que a mediano plazo podría llegar al Congreso, a la Gobernación o a otras instancias del poder.

Pregúntenle a los jóvenes, a esa generación que hizo a Petro presidente de Colombia, qué opinan de que Bohórquez haya derribado la estatua de César Rincón como si fuera la de Hitler o de Gadafi, de que le haya salido a responder y a contraatacar en redes a la periodista Salud Hernández, a la senadora María Fernanda Cabal, al ganadero José Felix Lafaurie, al periodista Luis Carlos Vélez y al expresidente Álvaro Uribe o qué opina de que le hubiera dado la razón a la Comunidad LGTB en su derecho a manifestarse y a colocar su bandera en el edificio de la Plaza de los Libertadores, por encima de lo que piensen los católicos de esa ciudad tradicionalmente goda.

Si hace esa consulta o si alguien hiciera por estos días una encuesta en Boyacá sobre la popularidad de José Luis Bohórquez se sorprendería con los resultados.

#Opinión

Rosarios VS Arcoiris: una reflexión social en Duitama

Por: Gina Rojas Hoyos

¿Creen que el tiempo se puede detener en la vida real, mientras se presencia una escalada de escenas que parecen sin sentido, pero que al final nos retratan como sociedad?

Pasaban las 4:00 p.m. del jueves 27 de junio, cuando la Plaza de Los Libertadores de Duitama se llenó de colores y plegarias. Dos grupos, que parecían coincidir solo en el espacio, se encontraron cara a cara.

Por un lado, se cumplía con la convocatoria de la comunidad LGBTIQ+/OSIGD (personas con orientación sexual e identidad de género diversas), reunida con motivo del Día Internacional del Orgullo. Por otro, un grupo de devotos católicos se escudaba tras un Cristo y la bandera de la Virgen, orando y protestando frente a la manifestación y la bandera arcoíris izada en el edificio administrativo de la Alcaldía municipal.

Memoria y reivindicación

Históricamente, la comunidad diversa ha sido una minoría perseguida por sectores sociales con mayores privilegios. Por eso, cada 28 de junio se conmemora la memoria y la reivindicación. Es un día para evocar la lucha histórica por los derechos y la visibilidad de la comunidad OSIGD.

La bandera arcoíris ondeando en la Alcaldía de Duitama se convirtió en un símbolo de inclusión y reconocimiento a la diversidad, más allá de la impopularidad del alcalde aprovechada por muchos de los presentes que incluso le gritaban marica, refleja la intención de forjar una sociedad con mayor equidad y justicia. "Estamos viviendo y tratando de vivir en este mundo donde la sociedad nos odia y nos excluye simplemente por amar o por ser libres. No nos afecta lo que diga la gente, pero sí nos importa que nos respeten y nos brinden seguridad. En Boyacá, pareciera imposible existir desde la diferencia", dijo Sabrina, líder de la comunidad en Duitama, mientras al fondo se coreaba un Avemaría que pretendía opacar su voz.

Acción con daño

En algo más de diez años haciendo trabajo social con enfoque de género, he visto este tipo de escenas repetirse una y otra vez. La religión, como guardiana de la moral, invade el espacio previamente anunciado para luego comunicar que fue al contrario. En esta oportunidad, la angustia de los católicos era mayúscula. Sus voces se esforzaban por hacerse cada vez más fuertes, invocando oraciones mientras extendían una bandera de Colombia y algunos de ellos batían rosarios, evocando una especie de exorcismo al aire.

La población diversa cantaba y danzaba himnos de libertad y amor, encendían velas y dejaban mensajes en honor a sus luchas y a quienes han perdido la vida por vivir desde la diversidad. Las lágrimas de varios manifestantes reflejaban el dolor profundo de la marginación que aún persiste. El lanzamiento de improperios por parte de algunos católicos lastimó profundamente a varias personas, quienes no reaccionaron pero recordaron que estos hechos son los que obligan a salir a las calles.

¿Cuál es la reflexión detrás de los rosarios?

Vengo de una familia católica, apostólica y romana. Amo y creo profundamente en la Virgen. Pero también he estado en contra de muchos actos de odio que se cometen en el nombre de Dios. Para mí, Jesús es el ser que vino a enseñarnos que estamos en un mundo injusto, pero que se vale luchar e incluso estar en contra de lo heteronormativo. Fue el mensajero de amor, justicia y respeto, como lo expresa el "no hagáis lo que no queréis que os hagan".

El encuentro en Duitama es un reflejo de una sociedad convenientemente polarizada que busca reprimir desde el más fuerte, que huye al diálogo y que espera ganar desde los gritos y no desde las ideas. Como mamá, espero que mis hijas jamás encuentren un crucifijo en su frente para ser juzgadas y que ojalá, al crecer, convivan en un país que cumpla con su Constitución: "Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente".

Consideraciones Importantes

El Día del Orgullo, 28 de junio de cada año, “se conmemora tras un caso de abuso policial que ocurrió en el club ‘Stonewall de Nueva York’. Las personas trans, gays, lesbianas, afrodescendientes e inmigrantes que allí se encontraban terminaron envueltas en disturbios con la policía y ciudadanos. Esta persecución causó que, por primera vez, la población se movilizara en las calles y decidiera dejar de esconderse. A partir de ese día, la inconformidad de una minoría logró generar consciencia sobre sus derechos y esta fecha se convirtió en un día para celebrar el orgullo de ser”, señala Colombia Diversa.

En nuestro país, ha tomado fuerza porque su visibilidad también ha aumentado al mismo tiempo que se reconocen más casos de violencia contra esta población. Según reveló la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2024, atendió 286 casos de violencia contra población OSIGD en distintas regiones del país, con un 55% de violencia psicológica, mientras que los casos de violencia física constituyeron el 27%. Aclarando que este es el registro de denuncias y que aún persiste el silencio justamente por el miedo y discriminación que vive a diario la comunidad.

Boyacá no es un departamento ajeno a los actos de violencia contra esta población. De hecho, justo en la madrugada del 28 de junio del año 2021 falleció Adriana Díaz, la Biopo, una mujer trans que fue víctima de una golpiza por parte de un grupo de taxistas. (Este caso continúa impune, pero esa es otra historia).

De acuerdo con la encuesta realizada en el marco de la construcción de la Política Pública LGBTIQ+ de Boyacá, casi el 80% de esta población ha sufrido algún tipo de discriminación en la sociedad, lo que en muchos casos se traduce en agresión de diferentes formas. En Duitama, según la Caracterización Sociocultural y el estado de salud de la Comunidad LGBTI y disidencias sexuales y diversidad sexual y de género, plan de intervenciones colectivas departamental - PIC 2022, el mayor porcentaje de hechos discriminatorios se da en o por parte de comunidades religiosas.

#Opinión #Tunja

Frases krasnovianas del bufón de la corte

Por: Julio Medrano
X: @JCMedrano3

Enciendo el celular y en las noticias nacionales está Krasnov, pero no por sus logros, sino por los escándalos que lo rodean, y porque sus gestos furibundos y frases de jocoso morbo, son ambrosía para los medios.

El rusoalcalde también ‘moja prensa’ porque el gobernador Carlos Amaya lo lleva con él a todo evento de ámbito nacional. Lo presenta como el bufón de la corte para que, con frases krasnovianas hedientas a vodka y morcilla, entretenga a ministros, congresistas, a la prensa y a invitados en general. Porque al jefe pluma-verde le gusta poner ese folclore de sobremesa. Krasnov solo le ha servido como diversión mediática, o, ¿cuál ha sido el desembolso desde la Gobernación para Tunja durante estos seis meses de mandato?

Intervención del rusoalcalde durante reunión de la UNGRD, en Paipa, que se suponía era para alcaldes del Valle de Tenza por las afectaciones del invierno en esa región

A continuación, algunas frases krasnovianas merecedoras de ser grafiteadas en el Pasaje de Vargas.

Deslizo el dedo por la pantalla del celular. Cliqueo sobre un video que muestra la cara hinchada del alcalde de Tunja.

“Sara está dedicada a la labor social”

Es lo que dice el alcalde Krasnov en entrevista a la prensa nacional por una denuncia contra su pareja, Sara Pedraza. El ciudadano Yesid Figueroa la señala de dar puestos de trabajo en la alcaldía a familiares de concejales. Pues de ser eso cierto, el rusoalcalde no mentiría al afirmar que Sara hace una labor social por ayudar a esas pobres familias.

“No le alcanzó para estudiar derecho”

En la video entrevista, el ruso suelta una bofetada contra el denunciante Yesid Figueroa: “No le alcanzó para estudiar derecho, entonces creo que no es abogado como para definir qué es corrupción”, dice, con los labios fruncidos, dolido porque hay un audio que involucraría a Sara recitando nombres de concejales como quien lee una lista de mercado, o mejor, una lista de espera. Según el ruso, uno debe ser abogado para saber la definición de corrupto.

La denuncia salpica a la concejala Laura Silva, del partido Unión Patriótica, quien también expresó una frase memorable en el mes de mayo, cuando en pleno recinto dijo que al alcalde Krasnov la cultura “le vale tres hectáreas de popó”; sin embargo, días después, supongo que luego de que le aseguraran una silla en la alcaldía para algún familiar, ella aprobó el plan de desarrollo con el vergonzoso presupuesto designado para el sector cultural para este cuatrienio.

“Hay demasiado abogado por metro cuadrado”

Deslizo el dedo sobre la pantalla del celular mientras caliento un café. Encuentro otra entrevista al rusoalcalde, esta vez cercado por la prensa regional frente a la puerta de la alcaldía (ese macabro paisaje copypage de los medios regionales, que son como cincuenta o quinientos, da igual porque todos dicen lo mismo, todos cobran su cheque en la ventanilla de la gobernación y/o de la alcaldía). Cliqueo nuevamente en la cara de Krasnov.

Con tinto en mano, el ruso dice que no sabe cuántas demandas tiene en contra, y suelta otra frase que sería la envidia de Slavoj Žižek: “Hay demasiado abogado por metro cuadrado, y la gente está acostumbrada a demandar”. Quizá en Sarátov, antigua Unión Soviética, de donde es oriundo Mikhail, los empleados trabajan sin pestañear, firman contratos sin leer la letra chiquita, aguantan el madrazo y el golpe al escritorio.

Eso sí, Tunja está plagada de tinterillos, que no digo que estoy en contra de lo que afirma el ruso. Pero, es que en esta ciudad no hay negocio más rentable que el político.

“Si matan a uno, pues pongo a otro”

Apago el celular. Bebo el café. Recuerdo cuando el alcalde Mikhail se refirió a las supuestas amenazas de muerte contra los trabajadores de la Alcaldía, aquella frase de “si matan a uno, pues pongo a otro”, ni Rojas Pinilla ni Álvaro Uribe habrían dicho lo mismo, al menos no en público. Esta última frase no es para el Pasaje de Vargas, sino para enmarcar en la entrada del del recinto de la alcaldía.

#Opinión #Deportes

A 20 años de la más grande hazaña de un club de fútbol colombiano

Por: Daniel Triviño Bayona

Esa esperada noche del 1 de julio de 2004 por fin llegó. El Once Caldas recibía en Manizales al por entonces encopetado Boca de Carlos Bianchi, y toda Colombia se unía deseando un triunfo del equipo manizaleño. Fue quizá la única vez que hinchas de todos los clubes colombianos quisieron que ganara uno concretamente, como si de la selección se tratase. No pasó igual con Nacional o con Santa Fe en sus triunfos continentales. El título del Once fue algo que festejó todo el país.

Aquel equipo formó sus bases en el Apertura 2003: Juan Carlos Henao, Samuel Vanegas, Édgar Cataño, Rubén Darío Velásquez, Diego Arango, Arnulfo Valentierra, Dayro Moreno y Sergio Galván Rey. Tras un Torneo Finalización más bien lamentable, el ‘blanco-blanco’ sumó a Miguel Rojas, Herly Alcázar y Jhonathan Fabbro para su periplo copero.

El Once Caldas quedó en el grupo 2 junto a Fénix, Vélez Sarsfield y Maracaibo. En esta fase se vio un equipo con gran artillería. Contaba con Valentierra, que venía de ser goleador en el Apertura 2003 con 13 goles, y quien deslumbraba por aquella época a la afición del Palogrande con la exquisitez de su pegada. A él se sumaba el altamente letal Sergio Galván Rey, que en su momento supo ser el máximo goleador del fútbol en Colombia. Como alternativa se contaba con Jeffrey Díaz, Fabbro, Alcázar y una joven versión de Dayro Moreno, quien apenas rompía el cascarón, sin saber que 20 años después sería el sucesor de Sergio Galván en el trono de máximos anotadores del FPC.

Galván Rey, al terminar la fase de grupos en la que supo brillar, cambió los pesos por los dólares, las lomas de Manizales por los rascacielos de Nueva York y la gloria eterna por un frívolo paso por el Metro Stars, decisión que seguramente ha de seguir lamentando.

A la partida del “killer”, se sumó la de Fabbro, lo que hizo que en esa era post-Galván Rey ser delantero en el Once Caldas fuera una labor compleja e ingrata. El profe Montoya reconstruyó su Once en una versión mucho más defensiva.

El plan fue claro desde el primer partido de los octavos hasta la final: una línea de cuatro en el fondo con un par de centrales rocosos y espigados como Vanegas y Cataño, los laterales habituales eran Miguel Rojas y Edwin García, vagamente recordados por su aporte en ataque, pero que como marcadores de punta cumplían. En el medio cambiaron las cosas en comparativa con la primera fase, pues Rubén Darío Velásquez se sumó a Viáfara en la primera línea de volantes, lo que de pasó liberó a este último, que con su copiosa zancada era un grandísimo jugador de área a área. Por la banda izquierda se consolidó Elkin Soto, mientras que por la derecha rotaron Arango y Dayro Moreno. Valentierra indiscutidamente era el media punta, y como único delantero rotaban entre Jeffrey Díaz, Herly Alcázar y Jorge Agudelo, este último gratamente recordado por sus agónicos y decisivos goles.

Valga aclarar que Juan Carlos Henao, no fue nombrado hasta aquí, pues merece un párrafo aparte y exclusivo en la conmemoración de esta gesta deportiva. El arquero antioqueño de buzo rojo y pantaloneta ochentera se hizo imbatible por aquellos tiempos, en que los postes y el travesaño también se convirtieron en sus milagrosos aliados.

La mística del Once del profe Montoya relució por primera vez en el agónico empate contra Barcelona en Manizales, conseguido a siete minutos del final con un exquisito taco de Agudelo. En la tanda de penales Henao se vistió de héroe atajando el cobro a “Pepe” Chatruc, logrando así el paso a los cuartos de final.

Fue justamente la llave de cuartos de final la que marcó el punto de quiebre para un Once Caldas que llegó a la Libertadores con el objetivo de competir, sin imaginarse que realmente podrían ganar el trofeo. En esa instancia se cruzó con el Santos de Robinho, Elano y Diego. El ‘blanco blanco’ se trajo un empate de Vila Belmiro, en un partido en el que entre Henao y los postes consolidaron el milagro.

En la vuelta, en Manizales, el desarrollo del partido fue similar: Robinho, Paulo César y compañía, impusieron condiciones y llevaron pánico al arco de Henao, que de nuevo puso un cerrojo enorme y le negó el gol a este descollante Santos, que venía de ser subcampeón en la edición anterior.

Valentierra, con un zurdazo para sacarse el sombrero, abrió el marcador, puso al Once en ventaja en la llave, y desató el delirio de la afición del manizaleña, que a partir de aquella noche a finales de mayo empezó a ilusionarse con el título copero.

En semifinales el rival iba a ser el Sao Paulo de Cicinho, Grafite, Diego Tardelli y Luis Fabiano. Pero esta tromba, aparentemente imparable, iba a encontrarse enfrente con un Juan Carlos Henao decidido a consolidar su leyenda. En tierras paulistas Henao fue figura, y en Manizales lo volvería a ser, aunque esta vez iba a compartir la plaqueta de jugador del partido con Jorge Agudelo, que con un enganche magistral iba a dejar desparramado y en el camino a Rogerio Ceni, para anotar a escasos minutos del final y así meter al humilde Once Caldas a una final continental.

El 23 de junio de ese año, el Once Caldas, de negro, llevó el luto a la mítica Bombonera, donde reinaba el triunfalismo en la antesala por parte de un equipo que en ese entonces se pavoneaba de ser el amo del continente. El Once le sacó un empate a punta de personalidad y orden, y aunque apretó y sufrió de más, este resultado consolidó la idea de que no era descabellado destronar al Boca del “Virrey”.

En la vuelta, en Manizales, el Palogrande miró de tú a tú a La Bombonera en lo que refiere al juego de bengalas, pólvora y ambiente de jolgorio. En el resto del país también existía expectación por lo que sería un mítico triunfo de un equipo de ciudad intermedia, una hazaña digna y propia solamente de la Copa Libertadores. El apoyo era incondicional desde La Guajira hasta el Amazonas, el Once Caldas de Luis Fernando Montoya estaba a 90 minutos de una de las más grandes hazañas del fútbol colombiano.

Es temprano. Van apenas siete minutos. Rubén Darío Velásquez transporta la pelota con paciencia. Fabián Vargas huele su prudencia y ve a cazarlo fiel a su estilo, con sangre en la mirada. Velásquez, sin más opción, le entrega la responsabilidad a John Viáfara, que cuando recibe, queda de frente al arco rival, aunque muy lejos.

Viáfara controló la pelota hacia adelante, se sacó a Vargas de encima y sacó un zapatazo endiablado, potente, rabioso, y certero, un disparo propio de aquel que se ha imaginado y está convencido de que va a salir campeón de América. Es el gol de la Copa.

Las cosas se torcieron en el inicio del complemento. Boca sin haber inquietado jamás a Henao empataba a través de Burdisso, que anticipándose en el cabezazo, iba a conseguir el empate para los argentinos. Y entonces empezó la desconfianza y el nerviosismo entre la afición, rondaban los fantasmas de la supuesta épica y jerarquía de ese Boca, aunque el partido no dio para mucho más.

Henao, el guardián de la hazaña del ‘blanco blanco’, se encargó de concretar el triunfo que esa noche no fue del Once Caldas de Manizales, sino del Once Caldas de Colombia. Le patearon cuatro penales, no le convirtieron ni uno. Claro que no los atajó todos, pero en el registro queda la estadística de un arco invicto, no su circunstancia.

Suena a que fue sencillo, pero no lo fue. El Once también erró un par de disparos en la tanda de penales, esa vez le tocó el infortunio a Valentierra y a Wilmer Ortegón. Los aciertos los lograron dos de los tipos que quizá más afecto despertaban entre la afición. Elkin Soto, hijo de la tierra, manizaleño de pura cepa, del barrio La Sultana: ‘El Sultán’, o el ‘poeta de la zurda’ como lo denominó su padre, Javier Soto, que también jugó en el onceno del ‘blanco blanco’. Y Jorge Agudelo que se había vestido de héroe ante Barcelona y ante Sao Paulo con sendos golazos.

Más allá del paso de estos 20 años, en la retina de la afición colombiana sigue fresco el recuerdo de Henao arrodillado al borde del área, tras atajar el cobro a Cángele, seguida del tumulto de compañeros que eufóricos celebraron esta hazaña futbolera colombiana.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Puestos para concejales

#Editorial

Seis meses bastaron para conectar a Tunja con la incertidumbre

Al completarse los seis primeros meses del gobierno de Mikhail Krasnov son escasos los logros o gestiones a resaltar, y en cambio son abundantes los escándalos de presunta corrupción, así como el creciente número de ciudadanos descontentos con una Administración Municipal en absoluto caos, y que cada vez se aleja más del paraíso anticorrupción prometido.

La muestra más visible de ello es lo que ocurre con la Secretaría de Infraestructura, que, para quien no lo sepa, es la que tiene a cargo la realización de obras públicas en el municipio. Hoy la incertidumbre con esa dependencia es total, no se sabe quien está cargo, ni mucho menos el futuro de muchos proyectos prometidos, o peor todavía, el desarrollo y culminación de algunos que fueron iniciados y que han quedado a medio camino y en abandono, como el de la construcción de la cubierta del polideportivo en el barrio Libertador.

A mediados de esta semana encontramos por casualidad a Germán Darío Mora Pérez al interior del edificio municipal, a quien se le consultó sí seguía siendo el Secretario de Infraestructura, a lo que respondió que sí, pues su carta no ha sido aceptada. “El Alcalde no me ha querido dar la cara”, dijo a este medio de comunicación fuera de micrófonos.

Curiosamente, mientras Mora Pérez asegura que sigue siendo la cabeza de dicha dependencia, la Administración Krasnov realiza comités de gestión del riesgo, en los que se supone que participa la Secretaría de Infraestructura, aunque a Mora Pérez no se le ve por allí. Al término de estos no hay conclusiones, ni hay a quien consultárselas, porque como bien dice el Secretario que 15 días después sigue esperando por la aceptación de su renuncia, el Alcalde no da la cara. Y a quien han puesto a cargo de manera momentánea, es a otro de los integrantes del gabinete, que ya tiene a su cargo dos dependencias más, por lo que es muy dudoso el desempeño y el correcto y debido proceder que pueda tener la cartera de infraestructura de aquí en adelante.

Krasnov no solo no da la cara a sus funcionarios o exfuncionarios, sino que tampoco se la da a la ciudadanía. Esa conducta propia de autócratas ha quedado en evidencia varias veces a lo largo de este primer semestre, pero quedó especialmente expuesta el día que a regañadientes decidió dar una entrevista a W Radio, a quienes en medio de esta conversación les dijo que tenía que colgar porque le estaba entrando otra llamada, luego de verse acorralado por un audio del que todavía no ha dado la más mínima explicación, y que compromete gravemente su legitimidad, su gobernabilidad, y que pone fácilmente en entredicho su bandera discursiva, esa de la lucha anticorrupción.

A lo largo de estos seis meses Mikhail Krasnov ha descabezado buena parte de su gabinete, ha ignorado a la ciudadanía y sus necesidades, ha obviado las inquietudes de la prensa y la ha estigmatizado, y ha dejado una sensación desesperanzadora con un Plan de Desarrollo carente de ambición y sin un horizonte claro.

#Opinión #Justicia #Boyacá

Un Grito de Justicia desde el Séptimo Piso

La madrugada del 2 de junio de 2023, cuando Laura Juliana Pérez Pedraza cayó del séptimo piso del edificio Torres de Alcalá en Sogamoso, Boyacá, comenzó la tortuosa cruzada de su familia por encontrar la verdad y la justicia.

Esta columna espera traducir un año de su muerte, el dolor y la angustia que cargan sus hermanos, padres, amigas y amigos. Todos coinciden en que ella amaba la vida y jamás se hubiera lanzado por sus propios medios.

La última conversación: "Nos dijo que se quería ir del apartamento que compartía con su novio, Víctor Vianchá. Su relación no le hacía bien. Yo estuve enferma y le decía que era por la angustia de que estuviera con ese tipo. Luego de su muerte encontraron una carta en la que ella decía que se iba de la casa y le pedía a él que entendiera su decisión”, recuerda María Isabel Pedraza, madre de Laura Juliana, mientras su voz se entrecorta de dolor.

Su hija siempre fue la luz de la familia, una joven llena de vida y sabiduría, como dicen sus dos hermanos; que amaba su carrera y cada cosa que hacía, como dice su mamá; y que nunca tuvo ideación suicida, como afirma la psicóloga que la atendió cuando ella y su novio acudieron a terapia de pareja, donde se evidenciaron las actitudes violentas de Víctor y sus problemas de consumo de alcohol.

Un año antes, el 11 de junio de 2022, cuando Laura Juliana celebró su cumpleaños número 30, sus allegados comenzaron a notar que su pareja no era lo que ella esperaba, pues solía dejarla sola y “violentarla emocional y psicológicamente”, como describe su hermano Diego Pérez.

"Nunca pensamos que llegaría a esto, pero estamos convencidos de que estamos frente a un feminicidio, como se supone que se tipificó el caso, y lo mínimo que podemos pedir es que la Fiscalía actúe y deje de evadir la investigación", añade su hermano.

Argumenta además que tienen pruebas suficientes, como declaraciones de vecinos que no han sido tenidas en cuenta por el ente de investigación y el análisis de un físico que determinó que pudo haber una fuerza externa que arrojó a Laura Juliana, por la posición en la que quedó su cuerpo en el suelo; además, la sospechosa actitud del novio, quien puso abogado desde el primer momento y desapareció de Sogamoso hace varios meses.

La frustración de Diego es enorme: además de tener que vivir con la ausencia de su hermana, tiene que lidiar con la falta de acción de las autoridades, especialmente de la Fiscalía, que “no avanza en la investigación, no nos pone la cara y parece dilatar e ignorar el proceso. Incluso, el cuerpo de mi hermana tenía golpes que no coinciden con los hechos conocidos sino que parecen indicar graves agresiones que sufrió antes de caer”.

Silencio y sospechas: Para la familia de Laura Juliana, el silencio de las autoridades es ensordecedor. ¿Cómo puede ser que en un departamento que se jacta de ser el más seguro del país, una mujer caiga del séptimo piso y nadie haga preguntas? ¿Cómo es posible que la familia quede sola pidiendo justicia? ¿Por qué se ignoran las señales de advertencia que Laura Juliana había compartido con sus seres queridos?

Estas son preguntas que no solo su familia se hace, sino también una comunidad cansada de ver cómo la violencia de género es tratada con indiferencia y se queda en el discurso de "estamos cumpliendo y haciendo nuestro mejor esfuerzo".

Realizando esta columna, contacté a la oficina de prensa de la Dirección Seccional de Fiscalías en Boyacá para una entrevista sobre el avance de la investigación. La respuesta fue: “para que pueda dar la entrevista necesita autorización de Bogotá. Sin embargo, el proceso está en etapa de indagación y en espera de un informe de medicina legal”.

Busqué a Víctor y a su familia. Las versiones de sogamoseños coinciden en que se mudó a Yopal poco tiempo después de la muerte de Laura Juliana y que su familia ha decidido apartarse de dar entrevistas o tener apariciones públicas. Sin embargo, en redes sociales encontré a una de sus familiares a quien le pedí apoyo en la localización pues es vital conocer su versión, pero su reacción fue enviar un emoticón de carcajada sobre mi mensaje, como si se tratara de cualquier cosa.

Conocí la declaración del señor Víctor Vianchá a la Fiscalía en la que dijo: “ella le pegó con una palmada a la puerta y ya. Yo me quedé detrás de la puerta, no sé cuánto me demoré, pero salí y no la escuché. Lo primero que hice fue buscarla en la habitación principal, no la vi. No estaba en la sala. Al ver la puerta del balcón abierta, vi hacia abajo y vi la silueta de una persona acostada. Yo grité: Laura, qué hiciste. Me devolví y volví a entrar a las habitaciones, yo no creí que ella hubiera hecho eso”.

Esto parece no coincidir con lo que quedó registrado en cámaras de seguridad y lo que dicen los vecinos del edificio, pues ella llegó en un taxi a las 4:40 a.m. y cerca de 15 minutos después cayó desde el séptimo piso, a dos metros de distancia de la edificación, impactando primero contra las cuerdas de luz y luego contra el suelo.

En el lapso de tiempo en el que la pareja estuvo en el apartamento, algunos habitantes dicen que escucharon groserías y gritos por parte de Víctor a tal punto que uno de ellos le envió un mensaje de voz a la administradora para que llamara a la Policía y atendieran los hechos.

“Él se demoró en bajar y desde que se asomó por el balcón hasta que llegó al lado de mi hermana estuvo hablando por teléfono, no dejaba de hacerlo y su comportamiento no era el de una persona sorprendida, sino más bien asustada. No sabemos con quién hablaba, pues él nunca nos avisó lo sucedido, nunca nos contestó. Fue un amigo quien me llamó a decirme que mi hermana estaba muy grave, pues ella alcanzó a quedar viva y cuando vio Víctor le dio la espalda”, cuenta Diego.

El dolor de la indiferencia: Durante los doce meses siguientes a la muerte de Laura Juliana, la familia ha tocado todas las puertas posibles en busca de justicia.

"Nos sentimos como si estuviéramos luchando contra un muro invisible", comentan sus familiares. "Nos tratan como si estuviéramos locos, pero sabemos que algo no está bien".

La verdad y la reconstrucción de los hechos es lo mínimo que cualquier sobreviviente a una tragedia podría esperar, y no recibirlo abre más brechas de dudas y aumenta la incredulidad en la justicia en un país donde, según el observatorio de Feminicidios Colombia, cerca del 90% de los casos de feminicidio quedan impunes.

Este caso se hace aún más complejo cuando, según Diego Pérez, la escena de los hechos habría sido manipulada antes de que las autoridades realizaran los actos urgentes correspondientes. Asegura que hicieron aseo y que la Fiscalía tardó en llegar al apartamento, donde encontraron gran parte de las pertenencias de Laura Juliana empacadas en bolsas y la carta de despedida, como preámbulo de que ya era un hecho la separación con su pareja.

Prohibido olvidar: Boyacá no puede permitirse olvidar a Laura Juliana. Cada vez que las autoridades fallan en investigar adecuadamente, le fallan a miles de mujeres que siguen viviendo en la violencia y reducen la posibilidad de que ellas busquen la manera de salir de ese círculo.

La historia de Laura Juliana y el doloroso camino que ha tenido que recorrer su familia es un recordatorio de que la justicia no siempre está del lado de las víctimas.

Hasta que no se reconstruyan los hechos, se llegue a la verdad y se haga justicia, ninguna de nosotras estará verdaderamente a salvo.

#Caricatura #Opinión #Tunja

El ruso en seis meses

#Editorial

Madurar como sociedad

Los recientes escándalos que han sacudido a la opinión pública y que han puesto en entredicho el actuar de la Administración Municipal, han develado a su vez la gran necesidad que tenemos los tunjanos de madurar como sociedad, pues la revelación de estas cuestionables situaciones más que conducir a una sana reflexión y autocrítica, lo que ha ocasionado es un altísimo grado de polarización.

Pareciera ser que en Tunja ha arraigado una pútrida costumbre de justificar actos, cuando menos cuestionables, siempre y cuando sean cometidos por alguien de nuestro agrado. Bajo esa premisa se ha venido mirando para otro lado, no solo durante la Administración Krasnov, sino desde todas aquellas que le precedieron. Y eso ha llevado a unos grandísimos grados de cinismo para justificar lo injustificable en muchas de las ocasiones.

No es que no se quiera dejar trabajar al señor Mikhail Krasnov, como alegan sus más acérrimos defensores para justificarle el hecho de que asuma con evasivas y absoluto silencio todas aquellas situaciones escandalosas en las que se está viendo inmersa su administración, y por las que un significativo grupo de ciudadanos, incluidos varios de los que votaron por él, piden explicaciones.

Como toda persona, se presume inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero eso no quiere decir que tenga justificado el “silencio estampa” como estrategia cuando la ciudad se desmorona y se hunde en la incertidumbre a causa de la crisis de credibilidad institucional.

Si como sociedad estamos tan molestos y cansados de los actos corruptos, ¿Por qué se convierte en algo negativo el hecho de que ahora se hagan cuestionamientos? ¿Está prohibido cuestionar o requerir explicaciones a quienes ejercen el poder conseguido a través del voto popular? ¿No es ese acaso un deber que tenemos todos como ciudadanos en el marco de una democracia?

Por estos días un férreo sector de sus adeptos ha buscado justificar todo tipo de situaciones controvertibles bajo los supuestos de que quienes cuestionan es porque están motivados por intereses corruptos o por hambre de poder, sin embargo, tales señalamientos, además de falaces y carentes de sustento demostrable, no han podido desvirtuar el estado de consternación que se evidencia en otro amplio sector de la población, que clama por la transparencia prometida en campaña.

Este tipo de coyunturas debería llevarnos a un debate sano en el que el bien supremo sea el bien de la ciudad, y para que eso ocurra tenemos que asumir el debate público con altura y gallardía, entendiendo que todos deberíamos estar en la capacidad de aceptar la posible equivocación. Para el caso de Tunja en concreto esto quiere decir que si el señor Alcalde da explicaciones creíbles, sustentables en hechos, pruebas, documentos, presentados de la manera más transparente y abierta posible; quienes hemos ejercido una crítica hacia su administración tendremos que aceptar y reconocer lo que allí se prueba. Como del otro lado tendrán que aceptar que se hagan cuestionamientos cada vez que se destape una situación sospechosamente contraria a lo legal o a lo ético.

No podemos mirar hacia otro lado, o querer justificar lo injustificable, como ocurrió con Germán Darío Mora Pérez, que antes del sábado 15 de junio era el mejor y más eficiente Secretario de Infraestructura en el mundo, dicho por los adeptos del Alcalde, a quienes les cambió esa percepción desde ese sábado, día en que Mora Pérez pasó a ser el mayor inepto y corrupto de la historia de la ciudad, para este grupo político. Actitudes como esa demuestran un altísimo grado de fanatismo, más cercano al de una secta, al de una barra brava o al de una religión, y no se corresponden con el actuar de una sociedad que supuestamente pide a gritos transparencia en el manejo de lo público.

Tunja no alcanzará la prosperidad ni el desarrollo anhelados mientras quienes la habitamos no seamos capaces de asumir una postura sensata y reflexiva sobre el actuar que tenemos como sociedad, incluidas nuestras decisiones.

#Opinión #Tunja

Malicia eslava

Por: Daniel Triviño Bayona

Atónitos estamos quedando algunos al ver que la astucia, perspicacia y picardía de la que algunos suelen alardear cuando se habla de “malicia indígena”, están quedando ridiculizadas y minimizadas por el sutil arte de la “malicia eslava”, esa que por estos días está quedando tan expuesta ante todos los habitantes de nuestra ciudad, y por supuesto, causando indignación entre muchos de nosotros.

La “malicia eslava” está varias escalas por arriba en materia de socarronería, o por lo menos esa es la impresión que está quedando cuando estamos cerca de cumplir los primeros seis meses de este gobierno de escándalo.

La esencia para el dominio de este marrullero arte es, en primera medida, la escucha activa, seguida de un discurso orientado a la satisfacción del deseo ajeno, o en términos más coloquiales, decirle al otro lo que quiere oír. Una vez se logre la complacencia del interlocutor, será mucho más fácil manipularle.

Entendiendo este dogma de la manipulación, se procede a utilizar a una sociedad que ha sido estudiada y analizada por cerca de 20 años, tanto individual como colectivamente, para luego aprovecharse de sus deseos más profundos, pero especialmente del enquistado cáncer de la corrupción que se ha diseminado cuantiosamente en buena parte de nuestra sociedad.

A la luz ha quedado expuesta con la renuncia de Germán Darío Mora Pérez, que ha sido el detonante para que hierva la olla podrida que se ha venido cocinando en la Alcaldía de Tunja, y cuyo único ingrediente faltante para su cocción es el regreso del Alcalde, quien a esta altura de la semana debe cientos de explicaciones a un numeroso y creciente sector ciudadano que se siente defraudado con alguien que está haciendo todo lo contrario que dijo que iba a hacer.

Hoy el discurso anticorrupción de Mikhail Krasnov está más devaluado que Bolívar en dictadura madurista. En menos de seis meses quedaron expuestas situaciones de presunta corrupción como la de la contratación de Juan Sebastián Ramírez, que no fue aberrante únicamente por el manoseo de una conciencia, sino que tampoco se ciñó al lleno de requisitos legales; o el sonado caso de la demanda rechazada de forma descarada por un Magistrado que habría sido favorecido por el sujeto al que juzgaba; o los muy conocidos casos de parentesco o vínculo por parte de varios de los funcionarios de su gabinete; o el desapercibido caso del presunto pago de arriendos por sobre el valor de los cánones establecidos legalmente; o el del supernumerario al que señalan de haber incurrido en acoso sexual, sobre el cual se hizo oídos sordos desde la Administración Municipal; o el de la Secretaria de la Mujer que habría falsificado su título para poder acceder al cargo, caso en el que además terminarían extraviándose “curiosamente” unos documentos, situación dada a conocer a la opinión pública con su respectiva pantomima para así tratar de desviar la atención y ocultar la gravedad de los hechos. Cosas muy propias de la “malicia eslava”.

El listado de presuntos hechos de corrupción es larguísimo, pues como puede notarse, en lo anteriormente narrado no se mencionó nada de lo descubierto en el lapso de la última semana, advirtiendo de paso que lo que se destapó fue muchísimo: feria artesanal de Las Nievas adjudicada de forma clandestina y amañada; funcionarios contratados sin el lleno de requisitos y aparentemente como cuotas burocráticas; funcionarios despedidos de forma abusiva, grotesca, improcedente e ilegal; denuncias de acoso laboral; ejecución de contratos por interpuesta persona; y otros por ahora no tan conocidos por la opinión pública como el del presunto favorecimiento a la Fundación Somos Humanos y Cooperamos para la organización de eventos como la Semana Santa, la Noche de los Museos y Tunja en Anato. La olla empezó a regarse, y salpicó a media Alcaldía.

No se culpen si han sido víctimas de la “malicia eslava”. En Tunja prácticamente todos los hemos sido. En mi caso particular sucumbí a la estratagema de oír lo que quería oír, que en mi caso era un Alcalde abierto y dispuesto a contarme absolutamente todas las situaciones de corrupción que la ciudadanía merece conocer. Al final no solo no me contó absolutamente ninguna situación de las corruptelas que se suponía iba a destapar, sino que dejó de responder a los cuestionamientos que le suelo hacer como parte de mi oficio, seguramente porque le resultan incómodos.

Afortunadamente en nuestra sociedad persisten ciudadanos infranqueables ante las tentaciones que bien ha sabido ofrecer esta Administración para conseguir sus fines por el camino del todo vale, ese que se suponía que iban a confrontar, pero en el que han incurrido de manera tan grotesca que hasta los más pícaros han de estar tomando nota.

#Opinión

¿Qué está ocurriendo con el “progresismo”?

Por: Carlos A. Velásquez-Cr(r) del Ejército Nacional de Colombia

Varios de los artículos de prensa donde, en primera instancia, se analizan los recientes resultados de las elecciones del Parlamento Europeo (PE), coinciden en que los dos principales grupos del PE –democristianos y socialdemócratas–, es decir los moderados, se mantienen con holgadas mayorías. También hay coincidencia en que bajaron sensiblemente los liberales, los ecologistas y el partido de Emmanuel Macron, Renaissance, que, en coalición con otros, fue segundo con menos de la mitad de votos de la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, lo que movió al presidente a convocar elecciones legislativas para amortiguar el golpe. Y si a lo que ocurrió con Macron se suma la barrida de Meloni en Italia y el comportamiento electoral de Alemania y Austria, queda claro que distintas tendencias de la derecha aumentaron sus votaciones y que los partidos de matiz “progresista” tendieron a la baja en sus votaciones. Por esto, pero exagerando, se escucharon algunas élites izquierdistas mundiales, incluyendo la colombiana, afirmando que hubo un triunfo descomunal de la “ultra derecha”, pero el resultado total muestra que la que se mantuvo avante fue la moderación: 401 de las 720 curules.

El punto a destacar es que, entre los partidos favorecidos y los moderados, los analistas observan un cierto europeísmo, compatible con “la Europa de las naciones” que no consiste en reforzar la integración entre los Estados miembros de la UE, ni en promover ningún federalismo, sino en la defensa de la “civilización europea”, que consideran amenazada por la inmigración descontrolada (principalmente la musulmana) y el tipo de “progresismo” que socava los valores judeocristianos. Ahora la idea es –en palabras de Marlène Laruelle, profesora de la Universidad George Washington– “no ya ir contra el proyecto europeo, sino tomar el control de la UE y cambiarla desde dentro”.

Ahora bien, la realidad es que el “progresismo”, cuya última deriva se identifica no tanto con la equidad sino con la exacerbación de la libertad individualista – expresada en el dominio de la naturaleza humana, la ideología de género y el transhumanismo- está decepcionando a muchos que no perciben un avance real con sus prácticas.

Al respecto cabe recordar que desde la publicación de su libro “Historia de la idea de progreso”, (1980) el sociólogo Robert Nisbet sostuvo que “…la fe occidental en el progreso se va marchitando rápidamente”. Y acertó, pues hoy día lo que avanza es la convicción –compartida por algunos progresistas y conservadores– de que la humanidad va de mal en peor. Una sensación de que los cambios socioculturales están erosionando valores medulares de la civilización occidental cimentada en el triángulo Grecia, Roma y Jerusalén.

No es entonces extraño que hayan venido surgiendo propuestas que buscan reescribir las premisas de lo que se ha solido entender por progreso entre las que está la del “crecimiento verde”. Aquel que confía en los avances tecnológicos y la innovación en infraestructuras, para usar de forma más eficiente los recursos disponibles buscando aumentar la riqueza material con el menor impacto posible al medio ambiente, recurriendo también a otras herramientas típicas del “desarrollo sostenible”: los incentivos a las energías renovables, los impuestos a las más contaminantes, los nuevos modelos de negocio, etc.

También hay propuestas de progreso identificadas con una filosofía de vida que invita a cambiar el deseo de consumir por la aspiración a vivir con más sentido, aumentando el espacio para disfrutar los bienes inmateriales. Pero en ocasiones este núcleo básico tiende a mezclarse con planteamientos más o menos utópicos o extremos que se pueden evitar buscando el crecimiento en humanidad. ¿Cómo? Conectándola con la visión de quienes subrayan la necesidad de equilibrar el tiempo que dedicamos a producir y consumir con el tiempo de cuidado familiar y descanso. Aquí la idea básica es que no somos unidades de producción autónomas sino seres familiares que han de compaginar las obligaciones profesionales con las responsabilidades de crianza y cuidado. Es decir, se trata de introducir cada vez más la perspectiva de familia en las políticas públicas.

#Caricatura #Opinión #Nación

¿Pensiones para todos?

#Editorial

Deporte y recreación, un “lujo” que la Tunja que conecta con el mundo no puede permitirse

A medida que Tunja se adentra en el cuatrienio en el que conectarse con el mundo es el objetivo, empieza a acrecentarse más la desconexión con las auténticas necesidades de quienes habitan la ciudad. El manejo que se está dando al tema del deporte y la recreación es el ejemplo perfecto de ello.

A mediados de semana el gerente del Irdet, Ricardo Caro Guevara, le contó a los concejales, y de paso a la ciudadanía, que en esta mitad de año no habrá vacaciones recreativas, decisión que se tomó básicamente por la falta de planificación de estas.

Si bien es cierto que Caro Guevara asumió de manera tardía como gerente del Irdet, luego de la abrupta salida de Jorge Luis Rodríguez, también es cierto que el hoy Director se venía desempañando como asesor jurídico del Instituto, razón por la que conocía de situaciones vinculadas al manejo administrativo.

Este desplante a los niños y jóvenes de la ciudad va de la mano con la suspensión de la ciclovía por un par de domingos, más allá de que Ricardo Caro haya dicho en el Concejo que se ha venido realizando “de forma permanente”. Suspensión que obedeció a pretextos nunca antes vistos en la ciudad, como el hecho de coincidir con la celebración de la Fiesta de la Virgen del Milagro, decisión que además va en contravía de un Estado laico.

Situaciones como las anteriormente descritas, obedecen más al obsesivo deseo de ahorro de la Administración Municipal que a los pretextos entregados a la opinión pública.

La falta de presupuesto para el Irdet se ha convertido en el caballito de batalla para justificar la falta de acompañamiento o incluso el abandono de procesos deportivos y de programas recreativos, que son indispensables para el bienestar social de los tunjanos. Especialmente cuando se habla de graves problemas de salud mental en la sociedad, pero a la vez se recortan o limitan algunas de las formas de combatirlos, como son el deporte y la recreación.

Si el problema es la falta de presupuesto, es hora de pensar en que ese Instituto debería contar con una mayor asignación presupuestal, o mejor todavía, es momento de hacer realidad esas amistades con empresarios de todas partes del mundo, para entregarles el manejo de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, que sigue cerrada bajo el pretexto de la imposibilidad de administrarla sin que eso represente un detrimento para el municipio, mientras los costosos equipos con que fue dotada se llenan de polvo y de óxido sin que nadie los use.

#Opinión #Boyacá #Justicia

La crisis de credibilidad de la justicia en Boyacá

Por: Daniel Triviño Bayona

El más reciente episodio en el caso de la demanda de nulidad electoral en contra de Mikhail Krasnov, en la que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, dejó en entredicho la credibilidad de este último, por cuanto emitió un fallo que difícilmente se ajustaba al derecho.

Es que fue tan grosero el yerro del Tribunal, que desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-246 del 2015, a la vez que la Ley 1437 de 2011, que es donde se consagra el dictamen de que una acción pública en defensa de la democracia y del interés general puede ser presentada por cualquier persona y no necesariamente por un ciudadano.

El auto mediante el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revocó el pronunciamiento de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá está plagado de reconvenciones por el incorrecto y errático proceder del Tribunal. No se puede decir ni siquiera que le hayan jalado las orejas, sino que casi se las arrancan.

Dice, por ejemplo, el Consejo de Estado en su explicación del caso, y en referencia a la norma bajo la que se amparó el Tribunal para rechazar la demanda que «bajo esta perspectiva, es claro que el rasero expuesto por el tribunal de instancia al momento de rechazar la demanda no corresponde con la amplia legitimación que la norma procesal consagra respecto del medio de control de nulidad electoral, dado que no se requiere acreditar la condición de ciudadano colombiano, sino simplemente, tener la condición de sujeto de derechos, es decir, ser persona (…) Ahora bien, lo dicho hasta el momento, permite a esta instancia concluir, como lo señala el apelante, que el Tribunal Administrativo de Boyacá tuvo como fundamento para el rechazo del medio de control de la referencia una ritualidad que no es propia ni se acompasa con la naturaleza del medio de control en comento y, por lo tanto, se impuso con ello una barrera de acceso a la administración de justicia».

Eso último, el hecho de que un Tribunal que imparte justicia, se oponga al acceso a la administración de la misma, lo deja muy mal parado ante la opinión pública, pues ha quedado en el aire la sensación de que su proceder obedeció más a un criterio parcializado, cercano quizá a la necesidad de satisfacer el sentir popular, pero lejano a lo consagrado en las normas constitucionales del país.

La reprimenda, más allá de la formalidad que exige un pronunciamiento jurisprudencial, fue categórica y muy diciente, pues su proceder le resultó sospechoso al mismísimo Consejo de Estado. “Se evidencia, que se exigió carga procesal que no se corresponde con la legitimación en la causa para la interposición del medio de control de nulidad electoral. De otra parte, resulta extraño a esta judicatura que, de una revisión del expediente, lo relacionado con la copia del documento de identidad del señor David Alejandro Ávila, no fue objeto de reproche desde el momento de radicación del escrito inicial, aspecto que era evidenciable y pudo ser informado a su vez a dicha parte”.

Resultó tan extraño esto a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, como le pareció extraño a la gran mayoría de la sociedad tunjana el empeño que ha puesto este Tribunal en inadmitir esta demanda y posteriormente rechazarla.

Es que según lo que explicó el Consejo de Estado en su pronunciamiento es que ni la falta de presentación de la cédula, ni la caducidad alegada con su correspondiente interpretación de “una nueva demanda”, correspondían con lo que en derecho debía actuarse.

Lo más grave para los boyacenses es que este caso es simplemente el más mediático, pero seguramente no el único en el que puedan evidenciarse actuaciones tan sospechosamente parcializadas. No con esto se está echando al trasto las actuaciones judiciales que cursan en el departamento, pues seguramente hay jueces muy éticos, honorables y profesionales, pero a decir verdad no son la mayoría. En Boyacá lo que más abunda son los represamientos de procesos, empezando por la admisión de los mismos, que en ocasiones puede tardar meses o años, y ni hablar de los fallos, que no solo es que tarden años, sino que muchas veces obedecen a criterios sesgados, o peor todavía, al deseo de minimizar lo punible en aras de “descongestionar” centros penitenciarios, o fallos que atañen a los derechos colectivos que nunca son verificados, entre tantas otras conductas que hoy más que nunca ponen en entredicho la credibilidad de la justicia en el departamento.

#Caricatura #Opinión #Boyacá

El vuelo de Amaya

#Editorial

El deprimente panorama del mercado laboral de Tunja

El panorama de la empleabilidad y el mercado laboral de Tunja es absolutamente deprimente. No solo porque la desocupación esté en crecimiento, sino por la elevada informalidad, que por más que esté entre las más bajas del país, no deja de ser elevada, representando habitualmente más del 40% de la población en edad de trabajar; también por la maquillada manera en que el DANE oculta otra gran parte de la informalidad, bajo el eufemismo aquel de la “subocupación”; pero especialmente porque la principal “industria” de la capital boyacense es la de la burocracia.

Es que según el más reciente informe del DANE, de las 78.111 personas que hay ocupadas en la capital boyacense, 22.945 lo están en el sector de Administración Pública y Defensa, Educación y Salud. Lastimosamente el DANE no discrimina este sector, en el que incluye rubros como salud y educación, en los que existen entidades privadas que generan algunas plazas laborales, aunque valga advertir que ha de ser un porcentaje muy pequeño.

Eso, en términos de industrialización y de competitividad comercial y empresarial, habla muy mal de Tunja, pues en pleno siglo XXI la ciudad es incapaz de generar un volumen considerable de empleos en actividades diferentes a las que tengan que ver con la Administración Pública. En ese reporte, el de abril, existe otra situación supremamente preocupante, que es la del balance negativo en lo que refiere a la variación de plazas laborales generadas por sector; es decir, en casi todos los sectores productivos de la ciudad se han venido perdiendo puestos de trabajo en lo que va de este año.

Esto revela, en primera medida, que el supuesto éxito del que hablaba la administración de Alejandro Fúneme en materia de empleabilidad ha sido un espejismo, pues su política de estímulo del empleo se sustentó en bases muy blandas, débiles y efímeras, como el hecho de haber recurrido a un crédito para poder llevar a cabo las convocatorias del fondo emprender. Una vez agotados dichos recursos, llegó a su final tal política, de la cual tampoco puede comprobarse la sostenibilidad en el tiempo de los empleos generados.

Revela también las grandes dificultades por las que atraviesa todo aquel que se arriesga a hacer empresa en la ciudad, quien solo parece ser útil para la administración pública a la hora de ser exprimido pagando impuestos, pero jamás recibe estímulo o beneficio alguno por la generación de puestos de trabajo; impuestos absolutamente necesarios para el funcionamiento de la “industria de la burocracia”…

Retomando el apartado del informe del DANE que discrimina la población ocupada por cada uno de los sectores productivos, es también perceptible y alarmante el hecho de que la segunda actividad productiva que más puestos genera es la de comercio y reparación de vehículos, y en un cuarto lugar aparezca la construcción; actividades que en su mayoría generan plazas laborales que no necesitan de mayor capacitación, lo que a su vez habla de una ciudad en la que se generan muy pocos puestos de trabajo atractivos para los profesionales altamente cualificados, y se corresponde con el altísimo porcentaje de fuga de cerebros que ha sufrido Tunja históricamente.

Quizá, de las pocas situaciones positivas observables de este informe es el hecho de que el sector de las actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos, es el tercero que más plazas laborales genera (7.887), y es uno de los pocos que tiene un balance positivo en la variación de número de ocupados en lo corrido de 2024. Lamentablemente su aporte sigue siendo pequeño para una ciudad que le apunta a ser atractiva y competitiva por la calidad de vida que puede tener una persona altamente cualificada.

Así las cosas, es momento de que la Administración Municipal se plantee la posibilidad de modificar estatutos tributarios, sacrificando parte del recaudo a cambio de resultar siendo una ciudad más atractiva y competitiva para la inversión y para la creación de empresas de toda índole y tamaño. Pero especialmente es momento de empezar a materializar, en negocios e inversiones, los encuentros con empresarios y embajadores chinos, coreanos, japoneses, entre otros, que en los últimos tiempos han figurado en las redes sociales de la Administración Municipal, sin que se sepa mayor detalle del producto y resultado de tales encuentros.

#Opinión #Boyacá #Política

La invisible Asamblea de Boyacá

Por: Daniel Triviño Bayona

Quienes alguna vez hayan tenido la oportunidad de ser jurados de votación en unas elecciones territoriales, y los grandes memoriosos de la política, podrán dar fe de que las votaciones por la Asamblea de Boyacá suelen ser dominadas por los votos de protesta. En las más recientes elecciones territoriales fue ese el caso de Boyacá, en las que entre voto en blanco (13,29%), nulo (3,09%) y no marcado (9,25%), se obtuvo un resultado mayor al de cualquier partido, incluido el “todopoderoso” Partido Verde.

Esa apatía hacia esta Corporación por parte de los boyacenses se sustenta en su falta de visibilidad, trascendencia y credibilidad, pues son pocas, casi que inexistentes las personas que saben de su proceder, que creen y valoran su actuar, o que cuando menos se enteran de este. La “Bagatela de Boyacá”, la llama uno que otro despreocupado en el Pasaje de Vargas.

Esa intrascendencia se corresponde con el total desinterés e incapacidad comunicacional de esa entidad, y especialmente de quienes hoy hacen parte de su mesa directiva, que a su vez son los ordenadores del gasto. La Asamblea de Boyacá se ha pasado casi medio año sin alguien, en propiedad, que maneje las comunicaciones de la Corporación, que convoque a los medios, que cuente a la ciudadanía el proceder, que se interese por visibilizar el trabajo de una entidad que tiene más responsabilidad de la que todos creen.

Debo confesar que a lo largo de las discusiones que hubo para el Plan de Desarrollo Departamental, no pude asistir a hacer todos los cubrimientos informativos que me hubiese gustado realizar, pero con lo que pude apreciar a lo largo de un par de sesiones, me ha sido suficiente para constatar por cuenta propia el circo que allí se tiene montado para que pocos se enteren de lo que allí se debate y se decide.

A la falta de un encargado del manejo de las comunicaciones, se suma el hecho de que se hagan unas transmisiones de las sesiones con toda la intencionalidad de que nadie las pueda ver. Primero por la paupérrima calidad del sonido, que raya con lo inaudible, y segundo por la red social escogida para ello, que a simple vista no es la más popular entre los habitantes de Boyacá.

Da toda la sensación de que la intención con esa pobrísima transmisión es ahuyentar al público a como dé lugar, seguramente porque no quieren que vean que los diputados difícilmente permanecen más de cinco minutos sentados en sus puestos, prestando atención y aportando al debate; o porque no quieren poner en evidencia su falta de preparación o interés en el mismo, salvo contadas excepciones, como la de Maryory Ortiz, que no solo permanece en su puesto, sino que propone, controvierte, y advierte sobre situaciones que aparentemente serían irregulares.

Situaciones que también son comentadas, incluso a mayor grado de detalle, por el diputado Rodrigo Rojas, que a pesar de ser quien más las conoce, prefiere dejar en manos de la ciudadanía las acciones legales a que haya lugar contra un Plan de Desarrollo que advierte como lleno de presuntas ilegalidades.

Pero volviendo al actuar de la mesa directiva plagada de intereses del oficialismo, seguramente el pretexto para tan pobre manejo de las comunicaciones sea la falta de presupuesto, que, a decir verdad, y en caso de ser ese; no es más que un subterfugio mediocre y un vulgar embuste. Es que quien se tome el trabajo de revisar la contratación de la Asamblea en el Secop II durante 2024, podrá notar que han feriado la plata del mundo en contratación de UTL (Unidad de Trabajo Legislativo).

Contrario a lo que dispuso el Gobierno Nacional en referencia al despilfarro y malversaciones de recursos para la promoción de marcas o eslóganes personales, en la Asamblea lo que pulula es eso. Un ejército de UTL para hacer el video a cada uno de los diputados para que puedan aparentar en redes sociales la supuesta gestión y liderazgo que ostentan, ante el ejército de bots y CPS en las que se sustenta su supuesta popularidad. Un diputado en Boyacá difícilmente pueda alegar respeto y honorabilidad por haber sido electo por el pueblo, pues no fue el pueblo quien lo eligió, sino su cochina maquinaria, pero fuera de su círculo de opresión y condicionamientos no son más que una burla para el pueblo, salvo contadas excepciones.

Una décima parte de lo que se ha usado en UTLs podría haberse destinado para contratar a alguien que le diese un manejo decente y a la altura a las comunicaciones de una entidad que tiene a cargo decisiones importantísimas, así como labores de control político de las que hoy se duda que se hagan con sensatez y responsabilidad, justamente por ese manejo tan furtivo que le han dado a la discusión del Plan de Desarrollo. Plan del que se sabía desde un comienzo que iba a ser aprobado, así como lo será el empréstito que pedirá el gobierno Amaya, y del que su director de planeación duda públicamente por aparentar democracia.

Quizá lo que les preocupe no sea el costo de contratar a alguien para comunicar lo que la sociedad tiene por derecho a conocer, sino más bien el costo político de poner en evidencia una pantomima de la que casi todos los boyacenses son conscientes, pero sin pruebas a la mano. Pantomima en la que dicha Corporación funcionará mayoritariamente como un comité de aplausos a lo que proponga el Gobierno Departamental, en vez de hacer un riguroso papel de control político, que es para lo que se desembolsa una cuantiosa suma, del bolsillo de los contribuyentes, para su funcionamiento.

#Opinión

La justicia social

Por: Carlos A. Velásquez-Cr(r) del Ejército Nacional de Colombia

Algunos se escandalizan cuando escuchan críticas como las que suele hacer el presidente Milei a la bandera de la justicia social del socialismo. Críticas estas que generan rechazo más por la forma torpe y desabrochada con que las hace, que por el contenido en sí mismo. De cualquier manera, conviene analizar por aproximación una definición de justicia social, pues, aunque el concepto clásico de justicia quedó definido por Ulpiano y después por Santo Tomás de Aquino, como “dar a cada uno lo que le corresponde”, la justicia “social” nunca ha sido definida concretamente.

La justicia social está muy relacionada con el igualitarismo, una ideología moderna que, entre otras, surge por el dominio de la propaganda y la adulación de las masas consustanciales al voto universal. El mismo que se ha extendido a ámbitos diferentes al político- como lo estamos viendo en la Universidad Nacional-, olvidando que la igualdad del hombre se circunscribe a su dignidad como ser humano y a la deseable igualdad de todos ante la ley. Toda igualdad que trascienda estos dos conceptos desemboca en el igualitarismo y suele ir contra el orden natural de las cosas, siendo por esto injusta. Nos ilustra al respecto, la contundente frase de Platón: “La peor forma de injusticia es la justicia simulada con la igualdad”.

En efecto, Dios no repartió los talentos por igual, ni los atributos físicos, ni la salud, ni la inteligencia, ni la virtud, y los resultados diferentes que proceden de talentos diferentes sólo pueden ser calificados de justos. Por ejemplo, resulta justo que el adulto trabajador y frugal obtenga unos resultados mejores que el zángano derrochador, o que quien arriesga su patrimonio para montar un negocio obtenga más recompensas económicas que el empleado, directivo o funcionario que valora la seguridad en el empleo y una jornada laboral corta.

Lo cierto es que las diferencias en capacidades físicas, intelectuales o morales, y las diferentes circunstancias de cada uno, pertenecen al orden natural de las cosas y no a las ideologías. Es más, esas diferencias son enriquecedoras, pues motivando a las personas a salir del individualismo egoísta o del colectivismo despersonalizador, las alienta a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación, es decir, al servicio a los demás. Naturalmente, en ciertas ocasiones la diferencia de resultados proviene de condiciones apriorísticas contrarias a la justicia, pero eso es otro asunto.

Una concreción del igualitarismo es la corrección de la desigualdad económica mediante la redistribución de la riqueza, que se equipara a la justicia social e incluso a la justicia distributiva. Pero tachar de injusta la desigualdad económica es contraevidente. Resulta patente que en las democracias actuales la redistribución de la riqueza tiene poco que ver con una actitud benéfica o virtuosa del Estado – aplicando los principios de solidaridad y subsidiariedad-, y mucho con la compra indirecta de votos por parte de los políticos que incentivan las masas a la codicia de los bienes ajenos y a la envidia que promueven los agitadores de la lucha social. En este sentido, conviene constatar que el Estado de Bienestar no se ocupa primordialmente de los pobres o indigentes, cuyos votos cuentan poco, sino de la población en su conjunto, cuyos votos sí cuentan.

El punto a destacar es que ni el igualitarismo ni la redistribución de la riqueza desde el Estado parecen responder a la definición clásica de justicia. Sin embargo, existe una equivalencia que propone relacionar la justicia social con el bien común, entendido como el conjunto de principios, valores, instituciones, normas y estructuras que facilitan que cada individuo – interactuando en sus comunidades- pueda realizarse plenamente y hacer florecer sus talentos, que no sólo le beneficiarán a él, sino también a los demás. Siendo, por ejemplo, un bien común por excelencia la preservación de la paz, entendida no sólo como ausencia de guerra, sino como concordia entre los ciudadanos desde el respeto a las diferencias. Lo contrario, como provocar la discordia y el enfrentamiento civil, cae en la injusticia social.

#Opinión #Nación

Antonio José de Sucre “Gran Mariscal de Ayacucho”: Homenaje al Héroe Libertador a 194 años de su partida

Por: Eduardo Malagón Bravo-Delegado Cultural del Puente de Boyacá

Nace en Cumaná, estado Sucre; Venezuela, 3 de febrero de 1795 – Muere, asesinado, en las Montañas de Berruecos, La Unión Dpto. de Nariño; Colombia, 4 de junio de 1830), fue un político, estadista y militar venezolano, prócer de la independencia, así como Presidente de Bolivia, Gobernador de Perú, General en Jefe del Ejército de la Gran Colombia y Comandante del Ejército del Sur. Era hijo de una familia acomodada de tradición militar, siendo su padre coronel del Ejército realista. Es considerado como uno de los militares más completos entre los próceres de la independencia suramericana.

Al lado de Bolívar, lidera la Campaña del Sur con los triunfos de Pichincha, Junín y Ayacucho, que consolidaron el proceso de independencia de Ecuador, Perú y buena parte de nuestra América.

Gobernador del Perú del 23 de junio de 1823 al 17 de julio de 1823.

Nombrado Presidente de Bolivia el 29 de diciembre de 1825 y renuncia el 18 de abril de 1828.

Hoy al cumplir 194 años de su asesinato, rendimos tributo de veneración a nuestro Héroe Libertador, que es referente de valor, lealtad, caballerosidad y gallardía, que refrenda la majestad y grandeza de nuestro siempre glorioso Ejército de Colombia, que se consolida como la proyección de aquel también glorioso Ejercito Libertador, que derrotó al imperio español en gran parte de nuestra América. También exaltar a nuestro Batallón de Infantería No. 2 que lleva su nombre, en este año de 2024, consagrado a conmemorar el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, por la libertad del Perú.

¡Loor al Gran Mariscal de Ayacucho!

COMO SOLDADO LA VICTORIA COMO VENCEDOR LA CLEMENCIA COMO MAGISTRADO LA JUSTICIA COMO CIUDADANO EL PATRIOTISMO COMO AMIGO LA LEALTAD.

SIMON BOLIVAR

Ceremonia de develación de la placa en honor al Mariscal Antonio José de Sucre, otorgada en ofrenda al Batallón de Infantería No. 2 de Chiquinquirá por el maestro Eduardo Malagón Bravo, escultor chiquinquireño. 22 de octubre de 2009.

El comandante del Batallón de Infantería No. 2 Antonio José de Sucre, hace entrega del Escudo Institucional al maestro Eduardo Malagón Bravo, en correspondencia.

#Caricatura #Opinión #Tunja

Listo el Plan de Desarrollo

#Editorial

Lo barato sale caro

Una de las principales banderas discursivas de la Administración Krasnov ha sido la de la “austeridad y el ahorro”, pero estos no necesariamente han implicado una optimización o un mayor aprovechamiento de los recursos. La austeridad, en estos primero cinco meses de gobierno, ha sido llevada a tal extremo, que está resultando lesiva para los intereses de la ciudad.

Los ejemplos de esta dañina forma de ahorro están a la vista y por montones. Para empezar está el caso de los encargos eternos, como ha sido el de Carlos Gabriel Hernández, director del Departamento Administrativo de Planeación, quien también está a cargo de Umciti; o el de Yesenia Benítez que tuvo que asumir la dirección del Departamento Administrativo de Hacienda, sin dejar de ser la jefe de presupuesto.

Y así las cosas, de encargo en encargo, se va descuidado uno u otro de los frentes de trabajo. Especialmente cuando quienes tienen que asumir estos encargos son dos de los directores de las dependencias con más trabajo y responsabilidad en esta época del año, como lo es el Director de Planeación, quien tuvo a su cargo liderar la construcción y concertación del Plan de Desarrollo, y próximamente del Plan de Ordenamiento Territorial. Esto evidentemente le ha implicado descuidar a Umciti, o por lo menos esa es la percepción que se tiene hoy en la opinión pública, pues de aquella unidad no se conoce proyecto, iniciativa o pronunciamiento alguno en lo que va del año. Igualmente tortuoso tendrá que ser para Yesenia Benítez, quien tiene a cargo ni más ni menos que las finanzas del municipio, y a quien se le suelen encargar labores adicionales, pero a precio de un solo salario.

Situaciones como esas no solo son perjudiciales para el buen funcionamiento de las dependencias municipales, sino que resultan denigrantes y extremadamente desgastantes para quienes son sometidos a ejercer esa doble función, lo que a su vez podría repercutir en el desempeño de estos funcionarios, que, por el nivel de carga y estrés laboral, podrían verse afectados.

Lo más grave de todo es que esta situación se repite entre muchos otros funcionarios de la administración municipal, que han tenido que doblar o triplicar su productividad a causa de una planta de personal pequeña y muchas veces insuficiente, como fue en su momento el conocido caso de la oficina del Sisbén.

Esa austeridad extrema y lesiva se ve reflejada también en el manejo que está teniendo el Irdet, que ha decidido suspender la ciclovía dos fines de semana consecutivos bajo los más absurdos de los pretextos, aunque en las calles lo que se rumora es que esa suspensión se debe a la falta de contratación de personal para la organización y supervisión de las ciclovías.

Y se ha visto también en la incapacidad del municipio para propiciar la conformación del Consejo Territorial de Planeación (CPT), que tuvo que emitir concepto para el Plan de Desarrollo sin contar con todos sus integrantes. Descaradamente la Administración Municipal ha querido venderle la idea a la ciudadanía de que “todavía está a tiempo de conformar este organismo”, cuando la realidad no es que se esté a tiempo o no, sino que a Tunja se le hizo tarde para conformarlo, pues ad portas de debatir un Plan de Ordenamiento Territorial, no se cuenta con un organismo e instancia de participación y representación ciudadana como el CPT. Esa imposibilidad de conformarlo obedece a la tacañería extrema de la Administración Municipal para hacer una campaña de promoción acorde a la necesidad, sin embustes y lo suficientemente masiva.

Es cierto que el contribuyente detesta el despilfarro y la malversación, pero peor que esto es no ejecutar los recursos, pues eso terminaría significando un retroceso, pues ahora la ciudad cuenta con menos servicios y necesidades resueltas, en comparación con lo que tenía hace no mucho tiempo.