Durante la más reciente sesión de la Asamblea de Boyacá, el diputado Rodrigo Rojas lanzó fuertes cuestionamientos contra el gerente de Tierrasúa, John Carrero, a quien señaló de haber dejado en entredicho al propio gobernador Carlos Amaya.
Rojas aseguró que Carrero contradijo lo dicho por la Gobernación en relación con un convenio que, según documentos citados por el personero de Cuítiva, sería el mecanismo para dar cumplimiento a una sentencia judicial. “Lo que me queda en la conclusión acá, la primera conclusión, es que por salvarse el pellejo Carrero, en otras palabras dijo que el Gobernador era un mentiroso”, afirmó.
El diputado insistió en que la contradicción debe aclararse, pues mientras la Gobernación de Boyacá había señalado en respuestas oficiales que ese convenio serviría para cumplir el fallo del Tribunal Administrativo, Carrero sostuvo que no tenía ese propósito. “Entonces, está diciendo mentiras o el doctor Carrero, que de acuerdo a lo que leí, yo entiendo que no, o el Gobernador. Y aquí no importa quién esté diciendo mentiras, el derecho es que le cumplan a la justicia colombiana, pero además a la comunidad de Cuítiva”, expresó.
Además de ese señalamiento, Rojas destacó la gravedad de una denuncia mencionada por el personero en el mismo debate: el presunto uso de maquinaria amarilla en predios privados. “Coincido con quien me antecedió que es muy grave las denuncias que hizo el personero y citó a la comunidad en lo que refiere a la utilización de maquinaria para temas privados. Eso tiene que investigarse”, manifestó, añadiendo que tanto la Asamblea como el propio personero deben avanzar en las averiguaciones.
Durante una tensa sesión en la Asamblea Departamental, las declaraciones del personero municipal de Cuítiva, Guillermo Araque Álvarez; el gerente de Tierrasúa S.A.S., John Carrero Villamil; y el diputado de oposición Rodrigo Rojas Lara dejaron al descubierto contradicciones profundas sobre el cumplimiento de una sentencia judicial y el alcance real del convenio interadministrativo 0657 de 2025. Lejos de aclarar responsabilidades, el debate generó más incertidumbre sobre quién debe ejecutar las obras viales ordenadas por la justicia.
La sesión ordinaria del 24 de julio de 2025, reanudada el pasado 1 de octubre tras una acción de tutela que ordenó retomarla, se convirtió en un escenario de enfrentamiento institucional en torno a la falta de obras en un tramo crítico de la vía que conecta los municipios de Aquitania, Tota, Cuítiva e Iza. El personero municipal de Cuítiva, Guillermo Araque Álvarez, denunció que, pese a haber transcurrido un año desde la firmeza de una sentencia de acción popular (proferida en septiembre de 2024), no se habrían ejecutado las obras civiles ordenadas, a pesar de que la Gobernación de Boyacá habría asegurado por escrito, en un oficio del 11 de junio de 2025, que dichas obras sí estaban incluidas en el convenio 0657 de 2025 con Tierrasúa S.A.S.
Araque Álvarez presentó como prueba el numeral 81 del convenio, donde aparecería explícitamente la vía con código 62BGT07, identificada como “Cruce Ruta 6211 – Crucero, Aquitania, Suce, Tota, Cuítiva, Iza – Cruce Ruta 61”, con una longitud afirmada de 1,3 kilómetros en la provincia de Sugamuxi. Según el personero, esto demostraría que la Gobernación vinculó directamente el cumplimiento del fallo judicial a ese convenio.
Sin embargo, John Carrero Villamil, gerente de Tierrasúa S.A.S., negó categóricamente que su empresa tuviera la obligación de realizar estudios técnicos ni obras civiles. Afirmó que el objeto del convenio sería exclusivamente el mantenimiento rutinario y periódico de la red vial secundaria y terciaria, mediante la provisión de maquinaria y combustible. Leyó las 18 obligaciones contractuales de su empresa y destacó que en ninguna se mencionaría la ejecución de diseños, estudios de suelos, geotecnia, hidrología ni construcción de obras estructurales.
Carrero insistió en que la maquinaria de su empresa solo habría intervenido 5,2 kilómetros del corredor para “mantener la transitabilidad”, con un gasto de 5,86 millones de pesos en combustible, y que cualquier afirmación sobre la ejecución de obras civiles sería errónea. Además, señaló que la Gobernación, no Tierrasúa S.A.S., sería la responsable de realizar los estudios previos exigidos por la sentencia.
Aquí surgiría la primera contradicción central:
• La Gobernación, en su comunicación oficial al personero, habría afirmado que el convenio sí incluye el cumplimiento del fallo judicial.
• Tierrasúa S.A.S., por su parte, sostendría que no, que su rol sería únicamente de mantenimiento vial y que no tendría facultades ni obligaciones para ejecutar obras estructurales.
El diputado de oposición Rodrigo Rojas Lara intervino para subrayar esta inconsistencia y expresó con claridad su desconcierto: “No quedó nada claro”. Rojas cuestionó que, si la Gobernación vinculó el convenio al cumplimiento de la sentencia y Tierrasúa S.A.S. niega tal vinculación, entonces alguien estaría incurriendo en una falsedad o en una grave omisión. Además, señaló que el personero, al citar documentos oficiales de la Gobernación, terminaría poniendo en duda la veracidad de las declaraciones del gerente de Tierrasúa S.A.S., o viceversa: “O el gobernador miente, o Carrero miente”, resumió Rojas.
Otra contradicción evidente surgiría en torno a los kilómetros intervenidos:
• Tierrasúa S.A.S. habría afirmado haber trabajado 26 kilómetros en Cuítiva.
• El personero, por su parte, dijo que la Alcaldía de Cuítiva habría reportado 21 kilómetros.
• Araque Álvarez añadió que, tras recorrer el terreno con concejales y presidentes de juntas de acción comunal, habría verificado apenas 17,3 kilómetros, de los cuales solo 5 habrían recibido material afirmado; el resto habría sido nivelado con motoniveladora.
Además, Rojas cuestionó el uso de recursos: si Tierrasúa S.A.S. aporta 49,9 millones de pesos en combustible y el Departamento aporta casi 5.000 millones, ¿por qué la Alcaldía de Cuítiva habría tenido que contratar por 30 millones adicionales para compra de material y alquiler de maquinaria? Este dato también lo habría mencionado el personero, quien habría señalado que esos contratos municipales existirían, aunque no se presentaron en la sesión.
Rojas también advirtió sobre una posible utilización irregular de maquinaria pública en predios privados, denuncia que el personero habría corroborado con visitas de campo, y que exigiría investigación inmediata.
En medio de acusaciones cruzadas, interpretaciones contrapuestas del mismo convenio y la ausencia de estudios técnicos, condición previa para cualquier obra civil; la Asamblea quedaría expuesta en su rol de control político. Rojas recordó que, aunque la Corporación no supervisaría directamente los contratos, sí tendría la obligación constitucional de vigilar que la administración departamental cumpla con sentencias judiciales firmes, especialmente cuando están en juego derechos colectivos y la seguridad vial de los ciudadanos.
Mientras tanto, en Cuítiva seguiría sin construirse el muro de contención ni las obras estructurales que, según la justicia, deberían mitigar un punto crítico donde se habrían registrado múltiples accidentes, que con cada día que pasa sin cumplimiento, aumenta el riesgo de que el Estado enfrente demandas por reparación directa por omisión en la ejecución de una orden judicial.
El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero Calle estará mañana jueves 2 de octubre en la ciudad de Tunja como parte de su recorrido nacional previo a la consulta interna del Pacto Histórico.
Durante su visita a la capital boyacense, Quintero tiene previsto reunirse con medios de comunicación y exponer los ejes de su propuesta política, con los que busca sumar respaldo en el proceso de selección del candidato único de la coalición de izquierda.
La consulta, programada para el 26 de octubre, definirá al aspirante que representará al Pacto Histórico en la contienda presidencial de 2026. En esa jornada, Quintero competirá con la exministra de Salud Carolina Corcho y el senador Iván Cepeda.
Tras la escala en Tunja, el exalcalde de Medellín continuará un recorrido por distintas regiones del país en el que pretende fortalecer su presencia en la agenda política nacional, mientras el Pacto Histórico avanza en la definición de su candidatura presidencial.
El representante a la Cámara Héctor David Chaparro Chaparro arremetió contra la Gobernación de Boyacá durante el inicio de su gira política ‘Menos Carreta, más resultados’, al señalar que proyectos estratégicos del departamento han sido relegados en favor de decisiones que calificó como “acciones inmediatas para buscar aprobación en redes sociales”.
Chaparro introdujo el concepto de “demagogia digital” para describir lo que considera una tendencia de la administración departamental a privilegiar anuncios en redes sociales y promesas superficiales por encima de soluciones estructurales. “Nos estamos quedando en simples posts, en simples reels y en simples videos para las redes sociales, que lo único que están buscando de manera inmediata es el me gusta en la red social, mientras que los problemas de Boyacá siguen sin resolverse”, afirmó.
El congresista centró sus críticas en la vía Duitama–Charalá, un corredor vial que, según explicó, debía contar con un aporte de 150.000 millones de pesos por parte de la Gobernación de Boyacá. Chaparro aseguró que ese compromiso fue incumplido luego de que los recursos fueran redirigidos al reparcheo de vías urbanas. “Este proyecto estratégico no es solo fundamental para Duitama, no es solo fundamental para la provincia de Tundama, es fundamental para el departamento de Boyacá. Ese corredor estratégico hoy está al borde de convertirse en un elefante blanco por la falta de cumplimiento de los compromisos de parte de la Gobernación departamental”, advirtió. Según dijo, la decisión de reorientar los dineros obedeció a la búsqueda de efectos inmediatos en la opinión pública. “Los recursos fueron destinados al like inmediato, a cubrir el hueco de la vía, a cubrir el reparcheo de la avenida, a buscar precisamente que el ciudadano de a pie que tiene la necesidad inmediata genere el like, genere la aprobación, y no a construir una política estructural de fondo”, señaló.
El representante amplió su crítica a lo que denominó “promesismo en las redes sociales”, en referencia a anuncios y compromisos públicos que no se materializan en obras, lo que a su juicio ha minado la confianza ciudadana en lo público. “Se manipulan las emociones, se manipulan las ilusiones, pero poco a poco se va acabando con la esperanza, con la ilusión de los boyacenses y lo más delicado: la confianza en las entidades públicas”, expresó. De acuerdo con su diagnóstico, esta situación ha llevado a que sectores sociales del departamento recurran a la protesta para reclamar soluciones, como ocurrió recientemente con el paro minero, las movilizaciones de campesinos en zonas de páramo y las protestas de paperos.
Chaparro también acusó al gobierno departamental de obstaculizar espacios de discusión amplia y plural, lo que en su opinión ha impedido construir soluciones de largo plazo. Recordó que intentó consolidar un bloque parlamentario boyacense en el Congreso, pero que “el gobierno departamental, que no puede tolerar la crítica y la oposición, no permitió que este bloque siguiera adelante”. Concluyó que, mientras la política del departamento se concentre en anuncios inmediatos y no en proyectos estratégicos, los problemas estructurales de Boyacá seguirán sin resolverse.
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Sogamoso confirmó la sentencia que ordena a la Asamblea Departamental de Boyacá reanudar la plenaria del 24 de julio de 2025, interrumpida sin agotar todos los puntos del orden del día. Entre los temas pendientes figura el espacio de “Participación ciudadana”, en el que debía intervenir el personero de Cuítiva, Fabio Guillermo Araque Álvarez.
El fallo de segunda instancia concluyó que la decisión de suspender la sesión afectó derechos fundamentales del accionante, en particular los relacionados con el debido proceso y la participación en escenarios de control político. Por esa razón, el tribunal dispuso que la corporación retome la plenaria y garantice la intervención del personero en el debate sobre la empresa Tierrasúa S.A.S.
De igual manera, el pronunciamiento dejó en firme el proceso por desacato contra el presidente de la Asamblea, Jhon Alexander López, quien habría desobedecido la primera orden judicial y, según el expediente, desestimó lo dispuesto en el fallo inicial.
El gobernador Carlos Andrés Amaya respondió a una acción de tutela argumentando que la ley lo faculta para definir los temas a tratar en sesiones extraordinarias, luego de que la Asamblea solicitara continuar un debate de control político.
El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, remitió una respuesta a la Jueza Promiscuo Municipal de Cultiva, Claudia Cecilia Alarcón Lastra, en la que expone sus argumentos jurídicos para no convocar a la Asamblea Departamental a continuar con un proceso de control político que había quedado pendiente. La comunicación se da en el marco de un requerimiento judicial originado por un incidente de desacato.
La controversia comenzó el 2 de septiembre, cuando la Asamblea de Boyacá solicitó al gobernador la convocatoria a sesiones extraordinarias para reanudar una sesión plenaria en la que, según se enmarca en el requerimiento judicial, se adelantaba un proceso de control político.
Sin embargo, el ejecutivo departamental, a través del Decreto No. 957 del 12 de septiembre, convocó a sesiones extraordinarias del 15 al 27 de septiembre de 2025, pero con una agenda distinta: discutir proyectos de ordenanza de interés para la Gobernación.
En la carta enviada a la jueza, el gobernador Amaya justifica su decisión amparándose en el inciso cuarto del Artículo 23 de la Ley 2200 de 2022. En el documento, el despacho del gobernador resalta que la norma establece que en las sesiones extraordinarias, la duma "solo podrá ocuparse de los asuntos que el Gobernador someta a su consideración, sin perjuicio de la función de control político que le es propia, así como los temas administrativos propios de la Corporación".
Basándose en esta facultad legal, la Gobernación defiende que la definición de los temas a tratar en dichas sesiones es una potestad del mandatario.
Como salida al diferendo, el gobernador Amaya propuso en la misma comunicación que, si el despacho judicial lo considera "jurídicamente viable", se dé continuidad a la sesión plenaria ordinaria del mes de julio de 2025 para que la Asamblea pueda proceder con los asuntos pendientes en ese marco.
La precandidata presidencial del Pacto Histórico, Carolina Corcho, comenzará este miércoles 17 de septiembre un recorrido político en Boyacá, con una primera parada en el municipio de Chiquinquirá.
La agenda se abrirá a las 10:00 de la mañana con una caminata por las calles principales de la ciudad, seguida de un encuentro en el Club de Comercio, donde la exministra de Salud presentará sus propuestas y escuchará a los asistentes.
Corcho ha señalado que durante su visita abordará temas relacionados con el proceso de paz, la financiación de la educación superior y la necesidad de fortalecer la inversión en instituciones públicas de carácter técnico, tecnológico y universitario.
El recorrido por Chiquinquirá hace parte de la gira nacional que adelanta la precandidata con el propósito de sostener diálogos directos con comunidades locales y recoger insumos para su propuesta de gobierno.
𝐸𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑙𝑓𝑜𝑛𝑠𝑜 𝑉𝑒𝑙𝑎́𝑠𝑞𝑢𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢́𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑎𝑣𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟. 𝐸𝑛 𝑠𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝑜𝑦𝑎𝑐𝑎́, 𝑒𝑙 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑜́ 𝑠𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 “𝑐𝑜𝑛𝑐𝑜𝑟𝑑𝑖𝑎 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙”, 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑐ℎ𝑜́ 𝑖𝑛𝑞𝑢𝑖𝑒𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑜́ 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑠𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝐸𝑓𝑟𝑎𝑖́𝑛 𝐶𝑒𝑝𝑒𝑑𝑎.
El diálogo con los asistentes giró en torno a temas como la seguridad, la corrupción, la falta de oportunidades para los jóvenes y la precariedad de la educación pública en las regiones. Varios participantes plantearon sus preocupaciones en intervenciones espontáneas, que Velásquez recogió para vincularlas a su proyecto de gobierno. “Una sociedad dividida no avanza. La verdad y la reconciliación deben ser la base de cualquier transformación”, afirmó.
En materia de seguridad, presentó la idea de una Guardia Nacional Rural, integrada por militares y policías con formación social y judicial, que tendría la tarea de proteger a los campesinos en territorios donde históricamente ha estado ausente el Estado. Explicó que este cuerpo no sería un duplicado de las fuerzas actuales, sino una estrategia específica para recuperar el control territorial y cerrar el paso a grupos armados y bandas criminales.
Sobre el discurso de paz en Colombia, Velásquez planteó un enfoque distinto: “La palabra paz se ha desgastado. Prefiero hablar de pacificación, de medidas pacificantes. Si los grupos ilegales deciden reincorporarse, el Estado debe estar listo para recibirlos bajo reglas claras, sin improvisación”.
La educación también ocupó un lugar central en el encuentro. Aunque aclaró que ya no ejerce la docencia universitaria, recordó que dedicó la mitad de su vida profesional a la enseñanza en aulas de educación superior y sostuvo que la formación académica es un factor pacificador y de movilidad social. Varios asistentes, entre ellos líderes juveniles, le plantearon inquietudes sobre la calidad educativa y la falta de acceso a programas de ciencia y tecnología, ante lo cual respondió que el país necesita invertir con visión de largo plazo en esos sectores.
El tono del encuentro fue participativo, con constantes intervenciones del público. Las expresiones de aprobación marcaron varios pasajes de la conversación, especialmente cuando Velásquez recordó episodios de su carrera militar: su papel como comandante del Bloque de Búsqueda contra el Cartel de Cali, su participación en la investigación que desembocó en el Proceso 8.000 y la denuncia que hizo contra el general Rito Alejo del Río por sus presuntos vínculos con paramilitares, decisión que significó su retiro de la institución.
El Proyecto de Ley de Financiamiento 2025, radicado en el Congreso de la República, propone una reforma tributaria que va más allá del recaudo tradicional: busca crear un sistema de impuestos diferenciados por impacto ambiental y salud público, con nuevos gravámenes a combustibles fósiles, bebidas alcohólicas, tabaco y productos con nicotina, cuyos ingresos adicionales estarían destinados al aseguramiento en salud. La iniciativa, recientemente radicada para discusión, podría cambiar la estructura fiscal del país en los próximos años.
En medio de un debate nacional sobre sostenibilidad fiscal y equidad, el Proyecto de Ley de Financiamiento 2025 ha puesto sobre la mesa una propuesta ambiciosa: transformar parte del sistema tributario colombiano en una herramienta de política pública orientada a la salud y al medio ambiente. A diferencia de reformas anteriores centradas en ingresos generales, este texto introduce un esquema de impuestos específicos que gravan productos considerados dañinos, con el fin explícito de desincentivar su consumo y, al mismo tiempo, generar recursos para fortalecer el sistema de salud.
El documento, al que tuvo acceso este medio, contiene más de 80 artículos y modifica decenas de normas del Estatuto Tributario. Pero uno de sus ejes más significativos se concentra en lo que se conoce como "impuestos verdes" e "impuestos de salud": gravámenes que no solo recaudan, sino que buscan corregir comportamientos sociales y ambientales. Y aunque el texto hasta ahora empezará a ser debatido en el Legislativo, sus implicaciones ya generan reacciones en sectores productivos, académicos y sociales.
𝗨𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
Uno de los cambios más estructurales está en el Impuesto Nacional al Carbono, cuyo recaudo se ampliaría y se vincularía directamente al cumplimiento de metas de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI). El proyecto propone que las empresas que cumplan con estos objetivos podrán acceder a una reducción en la tarifa del impuesto, siempre que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible defina criterios técnicos claros para medir dichas reducciones.
Además, se establece que los municipios y departamentos que exploten hidrocarburos o refinen combustibles perderán un beneficio fiscal actual y pasarán a pagar la tarifa plena del impuesto. La medida parece diseñada para desincentivar la dependencia de fuentes fósiles y redistribuir los costos ambientales.
El impuesto también se extiende a otros combustibles: el proyecto adiciona una tarifa del 1% sobre la hulla y los aceites crudos de petróleo, gravámenes que hasta ahora no existían en ese nivel. Aunque modestos, estos cambios marcan una tendencia: el Estado quiere empezar a cobrar por la extracción de recursos no renovables, no solo por su comercialización.
𝗕𝗲𝗯𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗮𝗹𝗰𝗼𝗵𝗼́𝗹𝗶𝗰𝗮𝘀: 𝘂𝗻 𝗶𝗺𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗼𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘀
El tratamiento a las bebidas alcohólicas es otro de los puntos más detallados del proyecto. Se propone reformar el impuesto al consumo de cervezas, vinos, licores y mezclas fermentadas, introduciendo un sistema híbrido: una parte específica (por grado de alcohol) y otra ad valorem (por valor del producto).
Para la cerveza, por ejemplo, la base gravable ya no sería solo el volumen del producto, sino el contenido de alcohol expresado en grados alcoholimétricos. Esto significa que una cerveza más fuerte pagará más impuesto, independientemente de su precio. La medida busca desincentivar el consumo de bebidas con alto contenido etílico, especialmente entre jóvenes.
En el caso de los licores, el hecho generador del impuesto ya no sería la venta, sino el consumo en jurisdicción departamental, lo que traslada la responsabilidad fiscal al momento y lugar del consumo, no de la producción o importación. Una novedad que podría generar tensiones entre entidades territoriales sobre la recaudación.
𝗧𝗮𝗯𝗮𝗰𝗼 𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗶𝗰𝗼𝘁𝗶𝗻𝗮: 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗵𝗶𝗯𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗴𝘂𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹
El proyecto también aborda el tabaco con una mirada más amplia. No solo se mantiene el impuesto al consumo sobre cigarrillos, sino que se eleva el componente específico: $11.200 por cajetilla de 20 unidades, o proporcionalmente según el contenido. Además, se establece una tarifa de $891 por gramo de picadura, rapé o chimú.
Lo más novedoso es que el texto incluye por primera vez los productos con nicotina que generan aerosol, como los vapeadores y dispositivos electrónicos, dentro del alcance del impuesto al consumo del tabaco. Aunque se excluye temporalmente el "chicote de producción artesanal", los nuevos productos están claramente en la mira.
El mensaje del legislador es claro: no importa si el producto es tradicional o electrónico, si contiene nicotina y se consume como sustituto del tabaco, será gravado. Y no solo eso: el texto establece que los ingresos adicionales recaudados por el aumento de este impuesto serán destinados exclusivamente al aseguramiento en salud, una vinculación directa entre el daño individual y el costo colectivo.
¿𝗤𝘂𝗶𝗲́𝗻 𝗽𝗮𝗴𝗮 𝗺𝗮́𝘀? 𝗟𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗵𝗶́𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀 𝘆 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗲𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗲𝘀 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗿𝗮
El proyecto no se queda solo con los productos de consumo. También propone gravar vehículos de alto impacto ambiental. Entre los bienes que pagarán un impuesto de importación más alto están:
• Yates y embarcaciones de recreo
• Helicópteros, aviones y vehículos espaciales de uso privado
• Motocicletas con motor de más de 200 cc
Estos bienes, clasificados bajo partidas arancelarias específicas, enfrentarán una tarifa del 15% en su importación. La justificación, implícita, es que se trata de bienes de lujo, con alto consumo energético y baja accesibilidad, cuyo uso genera externalidades negativas que hasta ahora no estaban debidamente gravadas.
𝗘𝗹 𝗜𝗩𝗔 𝘆 𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻: 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮𝘀 𝗼𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗴𝗼𝘀 𝘆 𝗳𝗮𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻
Más allá de los impuestos especiales, el proyecto también profundiza en la lucha contra la evasión. Una de las medidas más duras es la que obliga a todas las personas jurídicas y a las personas naturales que perciban rentas no laborales a canalizar pagos superiores a 50 UVT (unos $17 millones en 2025) a través de medios electrónicos. Si no se hace así, el gasto no será deducible ni reconocido fiscalmente.
La medida busca formalizar transacciones que hasta ahora se realizan en efectivo, especialmente en sectores como la construcción, servicios profesionales y arrendamientos. Y va acompañada de una exigencia de facturación electrónica más estricta: se endurecen las sanciones por facturar sin requisitos (hasta 950 UVT) y se obliga a reportar operaciones con activos digitales, como criptomonedas.
Además, se modifica el tratamiento del IVA en servicios de parqueadero y se excluyen de responsabilidad a las propiedades horizontales residenciales, una medida que alivia a miles de conjuntos cerrados que hasta ahora debían gestionar este impuesto sin obtener beneficios directos.
𝗗𝗶𝗻𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀
Uno de los aspectos más políticos del proyecto es la destinación específica de los ingresos adicionales. En varios artículos, como el 65 y el 75, se establece que los recursos generados por el aumento del impuesto al carbono, al tabaco y a otros productos nocivos serán destinados al aseguramiento en salud.
No es una transferencia directa, sino un mecanismo de compensación: el Estado recauda más por productos que dañan la salud, y ese dinero se invierte en atender las consecuencias. Es un enfoque que ya se aplica en otros países, pero que en Colombia aún no estaba tan claramente articulado.
Sin embargo, esta medida también genera dudas. ¿Cómo se medirá el "ingreso adicional"? ¿Quién verificará que el dinero realmente llegue al sistema de salud? El texto no lo especifica con detalle, dejando espacio para futuras discusiones sobre transparencia y fiscalización.
𝗥𝗲𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼𝘀
El proyecto hasta ahora empieza a discutirse en comisiones del Congreso. Hasta ahora, sectores del agro han mostrado preocupación por el impacto en insumos, mientras que las industrias de bebidas y tabaco analizan cómo ajustar sus precios. Las organizaciones ambientales lo han recibido con cautela, celebrando la intención, pero pidiendo más ambición en las metas de reducción de emisiones.
𝗨𝗻 𝗰𝗮𝗺𝗯𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮𝗱𝗶𝗴𝗺𝗮
Lo que hace singular este proyecto de financiamiento es que no se limita a recaudar dinero para cubrir el déficit fiscal. Busca, con mayor o menor éxito, redefinir el papel del impuesto en la sociedad: ya no solo como un mecanismo de redistribución, sino como una herramienta de prevención, salud pública y transición energética.
Si prospera, Colombia daría un paso importante hacia un modelo fiscal más moderno, donde lo que se consume, se paga no solo en dinero, sino en responsabilidad social y ambiental. Pero también enfrentará el reto de implementarlo sin afectar a quienes menos pueden pagar, y de garantizar que el dinero recaudado no se pierda en burocracia, sino que llegue a quienes más lo necesitan: los pacientes del sistema de salud.
La discusión apenas comienza. Y en ella, más que números, están en juego decisiones sobre qué tipo de país quiere ser Colombia en los próximos años.
