𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐭𝐮𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐞𝐢𝐥 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐢𝐞𝐳 𝐚𝐧̃𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚́𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚
Luego de una década de incertidumbre legal y denuncias por presunta estafa inmobiliaria, se registró el trámite de las primeras 18 escrituras del proyecto Torres de Soleil en Tunja. El complejo habitacional, desarrollado por la constructora Balka S.A.S., permaneció bloqueado por dificultades jurídicas y gravámenes hipotecarios que impidieron la entrega de títulos a los compradores.
La formalización de estos documentos es el resultado de un proceso de toma de posesión e intervención administrativa sobre el proyecto. Esta medida técnica permitió el levantamiento de las hipotecas que pesaban sobre el inmueble, habilitando la suscripción de escrituras que actualmente surten trámite ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
De acuerdo con la secretaría de Infraestructura Territorial, Lina María Bautista Avellaneda, el objetivo de la intervención es sanear la situación de las unidades de vivienda para proyectar una entrega física durante el primer trimestre de 2026. No obstante, el proyecto aún requiere completar diversas etapas de normalización y el desarrollo de fases pendientes para cumplir con la totalidad de los acreedores y familias afectadas por el abandono de la obra.
Durante el transcurso de 2026 se deberá avanzar en la entrega formal de las áreas y la resolución definitiva de los compromisos contractuales que la constructora original dejó inconclusos.
𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐞 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Una denuncia formal fue interpuesta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la presunta violación grave y sistemática de derechos fundamentales en el marco de la demanda de nulidad electoral que se adelanta contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov. La acción legal señala dilaciones injustificadas y presuntas fallas procesales en las actuaciones de la Sección Primera y la Sección Tercera del Consejo de Estado de Colombia.
El documento sostiene que el proceso judicial ha superado ampliamente los términos perentorios establecidos en la normativa colombiana. Según el texto de la denuncia, mientras que la ley exige plazos estrictos para los fallos de primera y segunda instancia en materia electoral, estas condiciones no se han cumplido, lo que afectaría la seguridad jurídica y la participación democrática en la capital de Boyacá al mantener en la incertidumbre la legitimidad del encargo municipal.
La denuncia presentada ante el tribunal internacional detalla presuntas irregularidades cometidas por magistrados de la Sección Primera del Consejo de Estado. Se alega que se habrían permitido maniobras que dilataron el proceso, incluyendo la aceptación de recursos contra decisiones que, por ley, ya no admitían discusión alguna. Estas actuaciones habrían frenado el avance normal de la causa que debe definir si la elección del mandatario se ajustó a la legalidad.
Asimismo, el recurso elevado a la Corte IDH menciona una demora excesiva en el trámite de una acción de tutela vinculada al caso y que cursa en la Sección Tercera del máximo tribunal de lo contencioso administrativo. El documento indica que se han superado los términos legales para emitir una sentencia, lo que se califica como una vulneración al derecho de acceso a una administración de justicia pronta y eficaz.
Finalmente, la acción solicita que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare la responsabilidad del Estado colombiano y ordene medidas inmediatas para la resolución definitiva del caso. El objetivo de la denuncia es que se defina la situación administrativa de la ciudad y se garantice si es necesario convocar a nuevas elecciones populares en Tunja para el periodo actual, ante las presuntas inhabilidades señaladas desde el inicio del proceso.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚𝐥 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝐒𝐞𝐱𝐭𝐚
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió una demanda de protección de los derechos e intereses colectivos instaurada por el ciudadano Yesid Figueroa García en contra de la administración municipal. El recurso judicial busca que se realicen intervenciones estructurales y estudios técnicos en la Carrera 6, en el tramo comprendido entre la calle 6 y la calle 1A sur, sector que limita con la vía férrea.
El auto admisorio señala que el demandante solicita la protección de derechos relacionados con el goce del espacio público, la seguridad, la prevención de desastres y la defensa del patrimonio público. Según el documento, el accionante sostiene que el municipio ha omitido gestiones para establecer el estado actual de la capa de rodadura de pavimento flexible y los andenes del sector, así como la asignación de recursos para su reparación.
Dentro del trámite de procedibilidad, el municipio de Tunja respondió inicialmente al ciudadano, a través de la Secretaría de Infraestructura Territorial, manifestando que la vía mencionada pertenece a la zona de protección de la línea férrea. Por esta razón, la administración local argumentó que cualquier intervención requiere de la autorización previa de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Ante este argumento, la jueza del caso ordenó vincular al proceso a la Agencia Nacional de Infraestructura en calidad de accionada. El despacho judicial consideró que la entidad nacional debe intervenir para efectos de notificación y resolución de las pretensiones que buscan la ejecución de estudios y obras en el corredor vial.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝟏𝟓𝟔 𝐯𝐚𝐜𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐞́𝐫𝐢𝐭𝐨𝐬
La administración municipal de Tunja, en coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, formalizó el inicio del Proceso de Selección No. 2702, denominado Entidades del Orden Territorial y UApA, para proveer cargos definitivos en su planta de personal. Esta convocatoria representa para los habitantes de la capital boyacense una oportunidad de acceso al empleo público basada estrictamente en la igualdad y el mérito. Del total de 156 puestos disponibles, 109 se destinarán a la modalidad de Ingreso o Abierto, lo que permite la participación de cualquier ciudadano interesado, mientras que 47 vacantes se reservan para la modalidad de Ascenso, dirigida exclusivamente a servidores que ya cuentan con derechos de carrera dentro de la entidad.
El desglose de los cargos revela que la oferta abarca los niveles profesional, técnico y asistencial de la administración local. En el nivel profesional, las asignaciones salariales oscilan entre los 3.500.000 y 6.200.000 pesos mensuales, dependiendo del grado jerárquico y la complejidad de las funciones. Los ciudadanos que aspiren a estos cargos deben acreditar título profesional en las áreas del conocimiento solicitadas y una experiencia profesional relacionada que varía, según el empleo, entre uno y tres años.
Para el nivel técnico, que incluye funciones de apoyo administrativo, contable o de sistemas, las asignaciones salariales se sitúan entre los 2.200.000 y 3.100.000 pesos. Los requisitos para esta categoría exigen título de formación técnica profesional o tecnológica y una experiencia que ronda entre los seis y dieciocho meses. Por su parte, el nivel asistencial, que comprende auxiliares y secretarios, ofrece sueldos entre 1.500.000 y 2.200.000 pesos, con exigencias mínimas de educación secundaria y experiencia laboral básica documentada.
Dentro de la estructura de la convocatoria es fundamental distinguir entre empleo y vacante. Mientras que el empleo se refiere a la denominación técnica y el código del cargo bajo el cual se agrupan funciones específicas, la vacante indica el número de plazas físicas a proveer para ese mismo perfil. Asimismo, el proceso garantiza el cumplimiento de la reserva legal del 7 por ciento de los cargos para ser ocupados por personas con discapacidad, asegurando la inclusión en la función pública municipal de Tunja.
Actualmente, el concurso se encuentra en su etapa inicial de divulgación, por lo que la administración municipal y la autoridad nacional instan a la comunidad a consultar los documentos técnicos disponibles. Las fechas definitivas para la compra de derechos de participación y la posterior inscripción oficial se anunciarán próximamente a través del portal de la Comisión Nacional del Servicio Civil y su plataforma SIMO. Los aspirantes deberán completar el registro de sus hojas de vida en dicho sistema y superar las fases de verificación de requisitos, pruebas de competencias y valoración de antecedentes para integrar la lista de elegibles definitiva.
𝐂𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐯𝐚𝐥𝐮́𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐢́𝐧𝐢𝐦𝐨 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐢𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐧̃𝐨
En un sondeo callejero realizado por el Periódico El Tunjano, los habitantes de la capital boyacense expresaron opiniones divididas sobre la situación económica en este comienzo de 2026. Mientras una parte de los consultados reporta alzas significativas en la canasta familiar, arriendos y servicios públicos, otros consideran que el efecto del nuevo salario mínimo aún no se refleja totalmente en los precios del comercio. Las posturas recolectadas evidencian una marcada preocupación por el costo de vida frente al ajuste salarial, especialmente en gastos relacionados con el transporte y la temporada escolar.
𝘓𝘢 𝘤𝘢𝘱𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘣𝘰𝘺𝘢𝘤𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘭𝘰𝘨𝘳𝘰́ 𝘶𝘯𝘢 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘥𝘦𝘭 𝘐𝘗𝘊 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘦𝘥𝘪𝘰 𝘯𝘢𝘤𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘢 𝘭𝘰 𝘭𝘢𝘳𝘨𝘰 𝘥𝘦𝘭 2025. 𝘌𝘯 𝘥𝘪𝘤𝘪𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦 𝘵𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦́𝘯 𝘴𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘪𝘴𝘵𝘳𝘰́ 𝘶𝘯 𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘣𝘢𝘫𝘰, 𝘱𝘶𝘦𝘴 𝘛𝘶𝘯𝘫𝘢 𝘧𝘶𝘦 𝘭𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘤𝘦𝘳𝘢 𝘤𝘪𝘶𝘥𝘢𝘥 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳 𝘷𝘢𝘳𝘪𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘐𝘗𝘊 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘭 𝘶́𝘭𝘵𝘪𝘮𝘰 𝘮𝘦𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘢𝘯̃𝘰.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, el cual está encabezado por Pereira, cuya variación del IPC fue de 0,59%. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,27%, mientras que la variación del IPC en Tunja fue del 0,06%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, a lo largo de 2025, Tunja fue la octava ciudad con menor variación del IPC, registrando un dato de 4,30%, mientras que el promedio nacional fue de 5,10%. La ciudad con menor inflación a lo largo de 2025 fue Valledupar (3,49%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Bucaramanga (5,78%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante diciembre fue el de recreación y cultura, que representó una variación del 0,87%, seguido de restaurantes y hoteles (0,64%) y bebidas alcohólicas y tabaco (0,26%). Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante diciembre fueron alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,35%); muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (-0,08%) y educación (0,00%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 6,85%, seguido de salud con un 6,03%, y alimentos y bebidas no alcohólicas, que tuvo una variación del 4,88%. Caso contrario es el de los rubros de recreación y cultura (0,24%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (1,98%) e información y comunicaciones (2,24%), que representaron las menores variaciones a lo largo de 2025.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐲 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔
La Alcaldía de Tunja ha dado inicio formal al proceso de contratación para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada integral en sus diferentes sedes durante la vigencia 2026. La medida busca dar continuidad a la custodia de los bienes muebles e inmuebles del municipio, así como de las instituciones educativas oficiales, mediante un esquema que garantice la protección permanente de los activos públicos.
El proceso, coordinado de manera conjunta por el Departamento Administrativo de Gestión de Bienes y la Secretaría de Educación, establece la contratación de personal especializado para la vigilancia de puntos críticos y operativos. Según los estudios previos que sustentan la licitación, el presupuesto se ha estimado en $7.741.967.302, aclarando que esta cifra es referencial y podrá ajustarse conforme a las tarifas oficiales que determine la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para el próximo año.
La operatividad del contrato se divide en dos frentes principales que cubren las necesidades logísticas de la capital boyacense. El primero de ellos abarca las instalaciones administrativas, incluyendo el edificio central de la Alcaldía, el Archivo Central, el Centro de Protección Hinojosa y complejos de vivienda bajo custodia municipal como Torres del Parque y Estancia del Roble. Esta cobertura asegura que los espacios de atención al ciudadano y de resguardo documental cuenten con personal de seguridad las 24 horas.
Por otra parte, el componente bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Territorial se centra específicamente en la vigilancia de las instituciones educativas oficiales. Este bloque de inversión busca garantizar que el calendario escolar 2026 se desarrolle en entornos seguros para estudiantes, docentes y directivos, protegiendo además la infraestructura física y la dotación tecnológica de los colegios, que en periodos de receso escolar suelen ser vulnerables a actos de vandalismo o hurto.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐞𝐧 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚
La Contraloría Municipal de Tunja determinó que el Consorcio Tunja Productiva ha venido cumpliendo con las obligaciones contractuales de pagos y mantenimiento de las plazas de mercado. Tras una Actuación Especial de Fiscalización motivada por denuncias ciudadanas, el organismo de control no constituyó hallazgos de irregularidades en la gestión del concesionario.
La Contraloría Municipal de Tunja entregó los resultados de la Actuación Especial de Fiscalización (AEF) realizada al contrato 2070-2023, mediante el cual el Consorcio Tunja Productiva administra y opera las plazas de mercado y el Parque Agroalimentario de la ciudad. El proceso auditor, originado por una denuncia que señalaba presuntas fallas en infraestructura, seguridad y cobros excesivos, concluyó que la ejecución se ha ajustado a lo pactado.
El informe final señala que se verificó que el concesionario ha venido cumpliendo con los pagos correspondientes al 6% acordado en el contrato, así como con la inversión del 8.1% destinada a administración y mantenimiento de los centros de acopio. Según el documento, el municipio ha realizado el seguimiento respectivo y los cobros a los comerciantes se han venido aplicando bajo las tarifas oficiales con los incrementos de ley según el I.P.C.
Durante la fiscalización, el equipo auditor evaluó la reinversión de recursos en arreglos locativos. Aunque se identificaron facturas por un valor de 113.172.955 pesos que ya han sido reconocidas por la supervisión municipal, también se detectó un saldo pendiente por ejecutar de 122.825.908 pesos. Sobre este punto, la supervisión de la Alcaldía ya solicitó al consorcio subsanar faltantes documentales y presentar un cronograma de ejecución para los recursos restantes.
A pesar de las quejas ciudadanas que mencionaban deterioro en la Plaza del Sur y problemas de salubridad, la Contraloría indicó que el seguimiento administrativo por parte de las secretarías de Fomento, Hacienda y Gobierno ha permitido realizar cruces de cuentas y observaciones oportunas a los informes del contratista durante el tiempo de ejecución.
Finalmente, el organismo de control fiscal enfatizó que no se constituyó ningún hallazgo administrativo, fiscal, penal ni disciplinario contra el consorcio tras el examen de las pruebas documentales. No obstante, recomendó al municipio fortalecer el seguimiento mensual para asegurar que la entrega de soportes por parte del concesionario sea constante y eficiente.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐲 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐛𝐢𝐞𝐧𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔
La administración municipal de Tunja autorizó la celebración de un convenio de asociación con la Fundación Universitaria Juan de Castellanos para ejecutar la política pública de protección y bienestar animal en la ciudad. El acuerdo, formalizado mediante la Resolución 1680 del 18 de diciembre de 2025, busca aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la atención de fauna doméstica en condición de vulnerabilidad.
El convenio de colaboración se establece bajo la modalidad de contratación directa. Esta alianza surge ante la ausencia de un centro de bienestar animal o centro de zoonosis de propiedad municipal, lo que obliga a la Alcaldía a contratar prestadores externos que cuenten con la infraestructura y el personal idóneo para estas labores.
El presupuesto total asignado para el desarrollo de estas actividades asciende a 1.009.305.567 pesos. De este monto, el municipio de Tunja aportará 706.513.897 pesos, correspondientes al 70% del valor total, mientras que la Fundación Universitaria Juan de Castellanos asumirá como contrapartida el 30% restante, equivalente a 302.791.670 pesos. Los recursos de la administración municipal provienen de rubros de inversión de las secretarías de Medio Ambiente, Salud Territorial e Interior y Seguridad.
En cuanto a los tiempos de ejecución, el convenio tendrá una duración de siete meses, contados a partir de la firma del acta de inicio el 23 de diciembre de 2025. Según los términos contractuales, el plazo de ejecución se extenderá hasta el 23 de julio de 2026, operando bajo la figura de monto agotable durante este periodo.
Las acciones contempladas incluyen la operación de servicios de albergue, alimentación y atención veterinaria integral para animales en situación de calle o maltrato. Asimismo, se desarrollarán jornadas de esterilización, campañas de adopción y el seguimiento estricto al protocolo de vigilancia de rabia humana, que implica la observación de animales agresores para prevenir riesgos de salud pública en la población tunjana.
La ejecución del proyecto cuenta con el respaldo de vigencias futuras para el año 2026, asegurando que los programas de protección animal en la capital boyacense se mantengan activos durante el primer semestre del próximo año.
Tras la culminación de la edición número 70 del Aguinaldo Boyacense, la concejal de Tunja, Laura Silva Roldán, entregó un balance crítico sobre el desarrollo de la festividad más importante de la capital boyacense. En su análisis, la cabildante, quien representa al sector cultural en la corporación municipal, señaló que si bien el evento cumple con el propósito de activar la economía en sectores como la hotelería y los restaurantes, la ejecución de los recursos y el enfoque social del festival presentan fallas estructurales que lo han alejado de su esencia popular.
Silva Roldán manifestó su preocupación ante lo que considera una falta de transparencia en las cifras definitivas del evento. Según la concejal, el presupuesto de 8.063 millones de pesos mencionado inicialmente por la administración dejaría interrogantes sobre el costo total real, citando como ejemplo que la maratón de la mujer, tasada en alrededor de 400 millones de pesos, no habría salido de la cartera de cultura. La cabildante señaló que, al cierre de la festividad, persiste la incertidumbre sobre la inversión final y solicitó a miembros de la Asamblea de Boyacá investigar los recursos destinados por la Gobernación para la contratación de artistas nacionales, como fue el caso de la presentación de Carlos Vives.
En cuanto al impacto en el comercio local, la concejal denunció que la venta de más de 250 puestos temporales en el Centro Histórico afectó directamente a los 150 comerciantes que habitan el espacio público de manera permanente. Silva reportó que vendedores con resolución legal fueron desplazados de sus ubicaciones habituales, generando conflictos por el uso del suelo. Asimismo, criticó la organización logística en la Plaza de Bolívar, asegurando que la instalación de palcos y zonas VIP limitó el acceso de la ciudadanía, dejando espacios vacíos en jornadas como la noche del "Son de Sofía".
Respecto al apoyo al talento local, el balance de la concejal fue negativo. Según las cifras expuestas, de un presupuesto global que podría alcanzar los 9.000 millones de pesos, solo se destinaron 290 millones para los artistas tunjanos.
𝐀𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐦𝐮𝐞𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐞 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐨́ 𝐬𝐢𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐫𝐞𝐦𝐢𝐨 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐢𝐨
Un hecho llamativo marcó la reciente jornada protocolaria de entrega del inmueble destinado a la reubicación de vendedores informales, situado en la Carrera 9 entre calles 18 y 19. Aunque el evento, que incluyó el tradicional corte de cinta, fue presentado por las autoridades departamentales como un avance significativo para la organización del centro histórico, se registró la ausencia de los integrantes de la Cooperativa Coovename, organización que agrupa a los vendedores que serían trasladados a dicho punto.
La situación resulta significativa dado que la infraestructura está proyectada específicamente para este sector de la población. Mientras en los canales oficiales se difundieron imágenes del acto y la participación de funcionarios, la falta de los protagonistas del proceso de reubicación en el lugar generó interrogantes sobre la articulación entre la administración y los beneficiarios directos.
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐜𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚 𝐬𝐮 𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐣𝐮𝐫𝐢́𝐝𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐜𝐨𝐧 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨
La Sección Primera del Consejo de Estado notificó la que se convierte en la última actuación procesal del año dentro del proceso de nulidad electoral que cursa contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov. El alto tribunal negó una solicitud de aclaración presentada por la defensa del mandatario, dejando el expediente en pausa debido al inicio del receso judicial en todo el país.
Aunque la decisión fue aprobada en sala el pasado 4 de diciembre y registrada en el sistema Samai el día 11, el contenido del auto solo pudo ser consultado en su totalidad este 22 de diciembre. El acceso al documento coincide con los primeros días de la vacancia judicial, periodo en el que la Rama Judicial suspende términos y actividades ordinarias, lo que significa que no habrá nuevos movimientos en este caso hasta el próximo año.
La providencia, firmada por el consejero ponente Carlos Fernando Mantilla Navarro, rechazó las pretensiones de Krasnov, quien buscaba aclarar conceptos de un fallo anterior relacionado con la recusación de cuatro magistrados de la Sección Quinta. El mandatario argumentaba posibles ambigüedades en las consideraciones del tribunal, pero el Consejo de Estado fue enfático al señalar que la decisión es clara y que "no hay lugar a la aclaración solicitada" al no existir conceptos oscuros que impidan comprender el sentido de lo resuelto.
Con este pronunciamiento se cierra el ciclo de actuaciones de 2025 en un proceso que ha sido extenso y marcado por múltiples recursos. Desde que el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad de la elección en primera instancia el 27 de febrero, el caso ha transitado por una etapa de apelación que se ha visto interrumpida por incidentes procesales como el que acaba de ser resuelto.
Al quedar en firme esta decisión y no proceder recurso alguno contra ella, el expediente queda listo para que, una vez finalizada la vacancia judicial el 11 de enero de 2026, la Sección Quinta retome el análisis de fondo. Será entonces cuando se defina finalmente la continuidad de Mikhail Krasnov en la Alcaldía de Tunja, en una sentencia de segunda instancia que los habitantes de la capital boyacense esperan desde hace meses.
𝗔𝗹𝗲𝗴𝗿𝗶́𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗿𝘂𝗲𝗱𝗮𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝘁𝘂𝗻𝗷𝗮𝗻𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗻𝗮𝗹𝗱𝗼 𝗕𝗼𝘆𝗮𝗰𝗲𝗻𝘀𝗲
Miles de personas disfrutaron del tradicional desfile de motociclistas, que recorrió las principales calles de la ciudad, y que finalizó en la Plazoleta de Las Nievas (Plazoleta Muisca), en donde se repartieron más de dos mil regalos a los niños de los barrios más necesitados de la ciudad.
𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐦𝐚́𝐬 𝐢𝐧𝐬𝐚𝐭𝐢𝐬𝐟𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬
La más reciente Encuesta de Desempeño Institucional (EDI), presentada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2025, revela una situación crítica en la administración municipal de Tunja: sus servidores públicos se encuentran en el grupo de los tres menos satisfechos con su calidad de vida laboral en toda Colombia. Los resultados de este instrumento oficial indican que la capital boyacense presenta niveles de desequilibrio entre el oficio y la vida personal muy superiores al promedio de las principales ciudades del país.
De acuerdo con los datos de la EDI, solo el 66,6 % de los empleados adscritos a la Alcaldía de Tunja y sus entes descentralizados considera que su trabajo le permite mantener un equilibrio con su vida personal y familiar. Esto significa que el 33,4 % de la planta de personal reporta insatisfacción o dificultades para conciliar sus responsabilidades, lo que sitúa a la entidad en el puesto 30 entre las 32 capitales evaluadas por el DANE.
El panorama para la administración tunjana se agrava al observar la tendencia en la Encuesta de Desempeño Institucional, ya que el indicador de bienestar cayó 4,0 puntos porcentuales en comparación con los resultados obtenidos en el periodo 2024. Esta cifra aleja a Tunja del promedio nacional de las alcaldías, que se ubica en el 83,9 %, marcando una brecha de desigualdad laboral de 17,3 puntos frente a la media del territorio nacional.
En contraste, los niveles más altos de satisfacción y bienestar laboral reportados en la EDI entre servidores públicos municipales se registraron en:
- Sincelejo: Con un 92,4 % de percepción positiva.
- Barranquilla: Que reporta un 91,6 %.
- Montería: Con un 87,4 % de sus trabajadores conformes con su calidad de vida.
En el fondo del listado nacional de la encuesta del DANE, los servidores de la Alcaldía de Tunja solo superan en percepción de bienestar a sus pares de las administraciones de San José del Guaviare (63,7 %) y Puerto Carreño (54,5 %). El reporte de la EDI confirma que el orden municipal en Tunja enfrenta un desafío en materia de clima organizacional, al ser una de las ciudades donde la insatisfacción laboral presenta un incremento frente al año anterior.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐨 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
En el marco del estudio de un proyecto de acuerdo para la adición y traslado de recursos en el concejo de Tunja, el secretario de fomento económico, Juan Carlos Pérez, confirmó que el programa de mejoramiento genético no registra ejecución a la fecha. La revelación se dio ante los cuestionamientos de los cabildantes sobre la gestión de los rubros destinados al sector agropecuario de la capital boyacense.
Durante su intervención, el secretario Pérez fue enfático al señalar que, pese a la importancia de la iniciativa para los productores rurales, “el proyecto de mejoramiento genético no tiene avance en este momento”. Esta declaración surgió como respuesta a la revisión de los movimientos presupuestales que la administración busca realizar, los cuales, según se explicó en la sesión, consisten principalmente en reubicar saldos existentes para otros fines operativos ante la falta de ejecución de las metas originales.
Los concejales intervinientes en el debate manifestaron su descontento con la situación, señalando que el sector rural sigue esperando soluciones técnicas que no se concretan. En sus intervenciones, los cabildantes reprocharon que se soliciten trámites para mover recursos cuando existen compromisos previos, como la mejora de razas y productividad ganadera, que presentan un cumplimiento del cero por ciento.
El cuestionamiento principal de la corporación se centró en la ineficacia administrativa para contratar y ejecutar los proyectos de inversión. Según los cabildantes, el hecho de que el proyecto sea "viejo" y aún no presente resultados tangibles evidencia una desconexión entre la planeación presupuestal y la ejecución real en el campo tunjano. El debate concluyó con la exigencia de mayor celeridad y resultados concretos por parte de la secretaría de fomento económico.
La Corporación Promotores del Patrimonio Cultural de Colombia (Corprocultura) presentará el próximo lunes 22 de diciembre en Tunja los resultados del proyecto "Memoria Viva", el cual vinculó la riqueza histórica del Cementerio Central de la ciudad con escenarios culturales en Viseu, Portugal. Durante la jornada se realizará el lanzamiento oficial del libro titulado "El Arte de Recordar", obra que documenta la simbología y las esculturas del campo santo local.
El evento tendrá lugar a las 4:00 p.m. en el auditorio del Centro Cultural del Banco de la República, antiguo Teatro Quiminza. Esta actividad busca sensibilizar a los habitantes de Tunja sobre el valor del Cementerio Central como referente histórico y fortalecer el proceso técnico necesario para que el lugar sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
La coordinación del proyecto y del encuentro está a cargo del fotógrafo Jesús Eduardo Vargas García y el historiador Jhonathan Leonel Sánchez Becerra. Vargas García, autor del libro que se presenta, cuenta con formación en artes visuales y recientemente representó a la organización en una experiencia de voluntariado e intercambio cultural en España y Portugal, específicamente en la ciudad de Viseu.
Por su parte, Sánchez Becerra aporta su trayectoria como historiador con énfasis en patrimonio y museología, habiéndose desempeñado anteriormente en instituciones como el Museo de la Independencia en Bogotá. El trabajo conjunto de ambos profesionales permitió la socialización de la experiencia internacional que ahora se comparte con la comunidad tunjana.
El encuentro cuenta con el respaldo del Centro Cultural del Banco de la República y el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá. Para quienes no puedan asistir de manera presencial a la calle 20 No. 8-66, la organización ha dispuesto una transmisión en directo a través de su página oficial en la plataforma Facebook Live.
𝐅𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐧𝐞𝐠𝐚𝐫𝐨𝐧 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚𝐥 𝐩𝐮́𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 𝐛𝐚𝐣𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐞𝐱𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚
Durante una sesión del Concejo de Tunja, la concejal Sandra Estupiñán denunció que servidores públicos de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio se negaron a recibir documentación y atender a la ciudadanía el pasado viernes 12 de diciembre. Según la cabildante, la respuesta entregada a los usuarios fue que solo habría atención hasta las 9:00 de la mañana debido a que ese día se celebraba la fiesta oficial de los empleados de la Alcaldía.
La denuncia se conoció luego de que ciudadanos afectados entregaran pruebas a la concejal sobre la imposibilidad de radicar informes de cierre de festivales, cuyo plazo de entrega vencía precisamente ese viernes. A pesar de encontrarse en sus puestos de trabajo, los funcionarios habrían manifestado que no recibirían más trámites para dar prioridad a la logística o asistencia al evento social programado por la administración.
Estupiñán relató que, al solicitar una circular oficial que justificara el recorte del horario laboral, que habitualmente los viernes se extiende hasta las 3:00 de la tarde, los ciudadanos recibieron respuestas evasivas. "Tenían plazo todo el día... y la respuesta de las funcionarias fue: de malas, nosotros tenemos fiesta de los funcionarios y no recibimos más informes'", manifestó la concejal, citando la evidencia recolectada.
La cabildante criticó que una actividad organizada por la propia Alcaldía de Tunja sirviera de excusa para que los servidores públicos omitieran sus responsabilidades legales con la comunidad. En su intervención, enfatizó que en el principio de planeación se debe prever que tales celebraciones no afecten la atención en las dependencias, especialmente en fechas de vencimiento de trámites ciudadanos.
La Gobernación de Boyacá formalizó este fin de semana la entrega de intervenciones en la infraestructura deportiva de la capital boyacense, centradas en la instalación de una cubierta en la Villa Olímpica y equipos de accesibilidad en la piscina de Los Andes. El proyecto de techado sobre una placa deportiva ya existente, denominado por la administración departamental como ‘Coliseo Las Heroínas de Boyacá’, representó una inversión de 4.200 millones de pesos.
La obra en la Villa Olímpica consistió en el mejoramiento del escenario mediante una estructura metálica de cubierta, permitiendo que el espacio, que anteriormente funcionaba como una cancha múltiple al aire libre, pueda ser utilizado independientemente de las condiciones climáticas. Esta adecuación busca facilitar la práctica deportiva de los clubes y escuelas de formación que frecuentan habitualmente este complejo de la ciudad.
De manera simultánea, se reportó la puesta en funcionamiento de una grúa automática en la Piscina Departamental de Los Andes. Este dispositivo técnico está diseñado para garantizar el ingreso y salida del agua de deportistas con discapacidad, lo que supone un avance en la infraestructura para el fortalecimiento del deporte paralímpico regional.
En total, la inversión reportada para estas mejoras y la entrega de implementación para las Escuelas de Formación Deportiva supera los 4.500 millones de pesos. Con estas entregas, los escenarios deportivos de Tunja ajustan su capacidad operativa, quedando ahora bajo la responsabilidad de los usuarios y las autoridades competentes la programación y el mantenimiento preventivo de los espacios adecuados.
𝐕𝐞𝐞𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐥𝐚𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐱𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐝𝐚𝐦𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐲 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐄𝐥 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐞 𝐞𝐬 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚
La Veeduría Esperanza aclaró que la continuidad del beneficio tributario para las familias damnificadas de los proyectos Torres del Parque y Estancia El Roble obedece a una gestión directa de la comunidad organizada y no a una iniciativa original de la entidad Ecovivienda.
A través de un documento radicado formalmente, la organización civil solicitó que la exención del impuesto predial se extienda por un periodo de dos años. No obstante, en la reciente exposición ante el Concejo de Tunja, la gerencia de Ecovivienda presentó la propuesta de prórroga por el término de un año. Esta petición de la comunidad busca dar continuidad a un beneficio que ha permanecido vigente desde el año 2018 y que actualmente tiene cobertura hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sonia Patricia Martínez, vocera de la Veeduría Esperanza, precisó que la solicitud ha sido liderada por las personas afectadas que han participado activamente en las mesas técnicas de trabajo. La representante enfatizó que, si bien el gerente de Ecovivienda expuso la medida ante la Corporación Edilicia, la radicación y el impulso inicial de la prórroga ante las autoridades han sido responsabilidad de la veeduría.
El objetivo de las familias es evitar que, ante el vencimiento de la exención vigente, se retome el cobro de un tributo sobre bienes que aún se encuentran en procesos de saneamiento, reparación o reubicación. La comunidad ha manifestado su inconformidad ante versiones que atribuyen el origen total de esta gestión a la administración municipal, señalando que la defensa de este beneficio ha sido una labor constante de los habitantes damnificados.
Actualmente, se espera que el Concejo de Tunja defina la duración y condiciones de la prórroga dentro de las discusiones del Estatuto Tributario, reconociendo el carácter de reparación que tiene esta exención para los hogares afectados por la crisis de vivienda en estos sectores específicos de la ciudad.
𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝟕 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝟏𝟗 𝐲 𝟐𝟎
El Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la sentencia que ampara los derechos colectivos de los ciudadanos ante el deterioro de la infraestructura peatonal en este sector específico del Centro Histórico. La administración municipal deberá realizar estudios de titularidad y ejecutar obras de mantenimiento y accesibilidad en un tramo que es considerado patrimonio nacional.
El Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de su Sala Dual de Decisión No. 6, ratificó la orden judicial que obliga al municipio de Tunja a intervenir integralmente los andenes de la Carrera 7, en el tramo comprendido entre las calles 19 y 20. La decisión confirma el fallo de primera instancia que protegió los derechos al goce del espacio público y a la seguridad de los peatones.
De acuerdo con el proceso judicial iniciado por el ciudadano Yesid Figueroa García, los andenes en ambos costados de esta zona presentan hundimientos, grietas y roturas que generan un alto riesgo de accidentalidad. La inspección judicial constató que la infraestructura se encuentra en regular estado de conservación y que, en un sector del costado occidental, los andenes son inexistentes. Además, el área carece de rampas para personas con movilidad reducida.
En su defensa, el municipio de Tunja argumentó que no podía asignar recursos públicos para estas obras porque los tramos afectados pertenecen a predios privados que no han sido cedidos legalmente a la ciudad. Sin embargo, el Tribunal desestimó este argumento señalando que es deber de los municipios el mantenimiento y cuidado del espacio público y la seguridad ciudadana, responsabilidad que prevalece sobre el interés particular de los predios colindantes.
La sentencia establece un cronograma estricto para la recuperación del sector:
• Estudio de titularidad: En un plazo de tres meses, el municipio debe definir la situación jurídica de los predios para determinar las acciones de adquisición o declaratoria de espacio público necesarias.
• Diseños y recursos: Una vez cumplido lo anterior, la administración tiene seis meses para apropiar los recursos y contratar los estudios y diseños que garanticen la uniformidad técnica de los andenes.
• Aval patrimonial: Debido a que el tramo forma parte del Centro Histórico y es patrimonio nacional, los diseños deberán ser avalados por la Comisión del Centro Histórico y aprobados por el Ministerio de Cultura.
• Ejecución de obras: El municipio deberá culminar la intervención física de los andenes, incluyendo rampas de acceso, en un término que no debe superar los dos años.
Para asegurar el cumplimiento de lo ordenado, se conformó un comité de verificación integrado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el alcalde de Tunja y el demandante.
𝐄𝐜𝐨𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐞𝐱𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐢𝐦𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐚𝐦𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐲 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐞
En el marco de las discusiones sobre las modificaciones al Estatuto Tributario en el Concejo de Tunja, el gerente de Ecovivienda, Duván Mesa Tobos, confirmó la solicitud de una exención en el pago del impuesto predial para el año 2026 para las familais afectadas por los proyectos Torres del Parque y Estancia El Roble.
La medida beneficiará a las familias del denominado "Grupo 1", catalogadas como las de mayor vulnerabilidad dentro de los proyectos de vivienda Estancia del Roble y Torres del Parque. Esta solicitud surge como parte del proceso de resarcimiento a los hogares afectados por las fallas en estas soluciones habitacionales desarrolladas entre 2010 y 2015, buscando aliviar la carga económica de los contribuyentes mientras culmina el proceso de formalización y escrituración de sus nuevas viviendas.
Mesa Tobos entregó un balance sobre la legalización de los apartamentos en los edificios TP50 y TP90, detallando que de las 140 unidades residenciales proyectadas para entrega, 15 ya cuentan con escrituras terminadas y 13 más se encuentran en etapa final de trámites notariales. Asimismo, informó que 9 unidades adicionales están en proceso transaccional, trámite mediante el cual los beneficiarios entregan formalmente su inmueble en estado fallido para recibir uno saneado. El gerente destacó que, en el bloque TP50, el avance supera el 50%, mientras que en el proyecto TP90 el 95% de los beneficiarios ya están habilitados y a la espera de la asignación de su apartamento, proceso que se realizará respetando el piso que la familia ocupaba originalmente, salvo casos excepcionales de salud o edad.
A pesar del progreso, la gerencia de Ecovivienda señaló que el ritmo de formalización individual depende de diversos factores externos que pueden generar demoras. Entre los obstáculos identificados se encuentran titulares que aún no han levantado hipotecas con entidades bancarias y procesos que involucran a menores de edad, los cuales requieren la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para garantizar la protección del patrimonio familiar. Además, el funcionario mencionó que la coordinación con entidades financieras como Confiar es fundamental para el saneamiento de los créditos hipotecarios pendientes.
Frente a la actualización catastral que adelanta el municipio, el gerente explicó que este proceso será fundamental para depurar la base de datos y corregir errores de transcripción en documentos antiguos que han dificultado algunos trámites administrativos. Una vez aprobada la exención por el Concejo Municipal, las familias incluidas en la resolución respectiva no tendrían que realizar trámites adicionales para ver reflejado el beneficio en su facturación del próximo año, siempre que su documentación esté debidamente saneada. Finalmente, se hizo un llamado a los beneficiarios del Grupo 2 para que se acerquen a la entidad y confirmen el estado de sus documentos con el fin de agilizar las próximas etapas de entrega.
Cabe recordar que esta exención ha estado vigente durante los últimos cinco años y lo que se ha solicitado es que se prorrogue durante un año más.
𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐞 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐞𝐧𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝟏𝟓 𝐲 𝟏𝟔
Tras un fallo judicial que protege los derechos colectivos al espacio público, la administración municipal quedó obligada a intervenir la infraestructura peatonal en la Carrera Novena entre calles 15 y 16, así como los andenes ubicados frente a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC, en el sector del antiguo hospital. La decisión confirma que el deterioro de estas aceras representa un riesgo para la seguridad de los transeúntes y establece plazos perentorios para su recuperación.
En los sectores mencionados, las inspecciones técnicas evidenciaron fallas críticas como hundimientos, levantamiento de ladrillos y pérdida de material de construcción. Especialmente en el tramo de la Carrera Séptima con Calle 24, el estado de la superficie dificulta el desplazamiento en una zona de alta afluencia debido a la actividad hospitalaria y académica. El Tribunal Administrativo de Boyacá ratificó que, al tratarse de bienes de uso público, el municipio de Tunja tiene el deber de garantizar su mantenimiento y conservación.
El fallo otorga un plazo de seis meses para que la administración municipal realice los estudios técnicos, diseños y la respectiva presupuestación de las obras. Aunque el municipio argumentó en el proceso que la carga de construcción de andenes corresponde a los propietarios privados, la justicia aclaró que la entidad territorial debe gestionar las soluciones. Esto implica que, de ser necesario, el municipio ejecute las reparaciones y posteriormente recupere los costos a través de los instrumentos legales vigentes contra los particulares responsables.
Por otra parte, la sentencia señaló que no habrá nuevas órdenes para el trayecto entre la Glorieta Norte y la sede de Veterinaria de la UPTC, pues este tramo ya cuenta con un fallo previo de 2018 que debe ser cumplido. Para asegurar que la Carrera Novena y el sector de la Facultad de Salud sean intervenidos efectivamente, un comité de verificación compuesto por la Personería, la Defensoría del Pueblo y el demandante supervisará el cumplimiento de cada etapa del proceso.
En el marco de la socialización del nuevo estatuto tributario, el director del Departamento Administrativo de Gestión Catastral Multipropósito de Tunja, Oswaldo Jiménez Mesa, compareció ante el Concejo Municipal para profundizar en la metodología de liquidación del impuesto predial. Durante la sesión, el funcionario presentó una serie de escenarios y ejemplos prácticos orientados a clarificar cómo operarán los topes de incremento para los contribuyentes tras el proceso de actualización catastral.
Jiménez Mesa enfatizó que la esencia del debate actual no radica en la modificación de las tarifas, las cuales se mantienen estables, sino en los mecanismos de mitigación para evitar cobros desproporcionados. Según las cifras expuestas, la actualización identificó cambios físicos en el 70% de los inmuebles de la ciudad, lo que representa a 50.000 predios que aumentaron su área de terreno o de construcción.
Para ilustrar el impacto real, el director explicó que el 33% de los predios en Tunja no registrarán aumentos superiores al 13,3%. Bajo este escenario, una propiedad que actualmente cancela 100.000 pesos de impuesto, tendría un incremento máximo de 13.000 pesos para el próximo año, cifra que incluye la proyección del IPC (5,3%) más ocho puntos porcentuales de control.
En cuanto a la vivienda de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP), que comprende 2.624 inmuebles con avalúos inferiores a 135 salarios mínimos, el funcionario aclaró que el incremento se limitará estrictamente a la variación del IPC. De esta manera, un contribuyente de este segmento que hoy paga 100.000 pesos, pasaría a pagar 105.300 pesos, buscando proteger la economía de las familias con menores recursos.
La exposición también detalló casos especiales de transformación inmobiliaria. Los predios que pasaron de tener una sola planta a tres niveles (un universo de 3.300 inmuebles) tendrán un tope máximo de incremento del 100%. Asimismo, los 648 predios que cambiaron su destino económico, por ejemplo, de uso institucional a comercial, verán un aumento limitado al 50% respecto al valor pagado en el año anterior.
Frente a los lotes que figuraban como englobe o terrenos baldíos y que hoy presentan desarrollos constructivos, Jiménez señaló que el incremento máximo será de tres veces el valor actual (200%). Por el contrario, los 11.000 predios nuevos que ingresan a la base catastral no contarán con topes de limitación al ser su primer registro tributario.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝐜𝐨𝐧 𝐝𝐨𝐬 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚𝐬 𝐬𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨
La administración municipal de Tunja y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) finalizaron los talleres de socialización de las obras en la Institución Educativa Julius Sieber, sede Santa Rita, y la Normal Superior Santiago de Tunja, sede Norte. Estos proyectos, que benefician a más de 1.200 estudiantes, alcanzaron el 100% de ejecución en su fase de construcción principal y se encuentran en la etapa de adecuaciones finales.
El desarrollo de estas infraestructuras se realiza bajo el Convenio Interadministrativo 0911 de 2016, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Tunja, con la ejecución técnica a cargo del FFIE. Según el reporte oficial, las obras complementarias, que incluyen urbanismo, andenes, zonas deportivas y servicios públicos; presentan un avance superior al 98%.
En la sede Santa Rita de la Institución Educativa Julius Sieber, la inversión ascendió a 6.788 millones de pesos para la construcción de 11 aulas, biblioteca, aula de bilingüismo, laboratorios y comedor. Este espacio atenderá a 320 estudiantes. Por su parte, la sede Norte de la Normal Superior Santiago de Tunja requirió una inversión de 18.578 millones de pesos para habilitar 26 aulas y siete áreas especializadas, con una capacidad para 920 alumnos.
Durante las jornadas de socialización, la comunidad educativa participó en actividades de apropiación de los nuevos espacios, como la intervención de murales y siembra de árboles. El cronograma establecido indica que la entrega administrativa de las estructuras se realizará el 31 de diciembre de 2025, mientras que la inauguración oficial y puesta al servicio de los estudiantes está programada para enero de 2026.
𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎, 𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑠𝑢 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜, 𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 𝑦 𝑒𝑣𝑖𝑡𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜́𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙.
La administración municipal de Tunja presentó ante el Concejo un proyecto de acuerdo que plantea una reforma al impuesto de delineación urbana, proponiendo una reducción en su tarifa para pasar del 1.7% al 1%. Esta iniciativa surge tras las gestiones realizadas por el gremio constructor durante los últimos tres años, con el objetivo de ajustar las cargas tributarias a la dinámica inmobiliaria actual de la ciudad.
Ana Elvia Ochoa Jiménez, directora regional de Camacol Boyacá y Casanare, explicó que la reducción es una respuesta técnica a la caída en los indicadores de licenciamiento en Tunja. Según la directiva, el costo actual del impuesto ha generado desistimientos en los trámites; ciudadanos y constructores que iniciaban sus procesos legales para edificar terminaban abandonándolos al momento de recibir la liquidación del tributo. “Ese impuesto elevado estaba generando que la gente se arrepintiera de licenciar. Muchas familias se van o deciden hacer su construcción sin pagar el impuesto, lo que fomenta la informalidad”, señaló.
Un cambio clave que introduce el proyecto es la modificación en la forma de recaudo. Actualmente, el impuesto se paga en dos momentos: un anticipo al obtener la licencia y un ajuste final al terminar la obra. La propuesta de la administración municipal, en el marco del proyecto que busca modificar el estatuto de rentas de la ciudad, establece que el 1% se liquide y se cancele en su totalidad al inicio del trámite. Para Camacol, esto representa un alivio administrativo tanto para el municipio como para el constructor, pues elimina procesos engorrosos de reliquidación y permite estructurar financieramente los proyectos con mayor certeza desde el primer día.
A pesar del respaldo a la medida, la Directora Regional manifestó que el gremio considera que el sistema ideal debería ser progresivo. La observación planteada al municipio es que el impuesto diferencie estratos y usos del suelo para que sea más equitativo. “No es igual una familia que construye en estrato 1 que una en estrato 6. El esquema debería favorecer a los proyectos VIS y VIP con coeficientes menores, tal como se hace en otras ciudades del país”, explicó Ochoa Jiménez, aunque reconoció que, por la premura del proyecto, este debate técnico podría darse con mayor profundidad en el futuro cercano.
La situación del sector en Tunja enfrenta además una coyuntura nacional compleja marcada por la escasez de subsidios de vivienda. En un mercado donde 700 de las 1.000 unidades en oferta son de Vivienda de Interés Social (VIS), la reducción de la tarifa de delineación urbana se convierte en una herramienta para que los constructores mejoren sus precios y plazos.
Según la visión de Camacol, al facilitar el licenciamiento se incrementará la oferta inmobiliaria, lo que por leyes de mercado derivará en una mayor competencia y un control natural de los precios finales para los compradores. Con esta reducción, se espera que Tunja recupere su atractivo para la inversión externa y se dinamice la cadena de valor que genera el sector de la construcción en la economía local.
𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟓𝟗 𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐚́ 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬
La construcción de la Calle 59, proyecto vial que conecta la Avenida Universitaria con la antigua a Paipa (Carrera 2 Este) en el norte de Tunja, alcanzará una inversión final cercana a los 20.000 millones de pesos. La cifra se consolida tras conocerse que el municipio debe destinar más de 4.900 millones de pesos para la adquisición de los terrenos sobre los cuales la infraestructura ya fue edificada y terminada.
De acuerdo con el informe presentado por la secretaria de infraestructura de Tunja, Lina Bautista Avellaneda, ante el Concejo Municipal, los contratos de obra e interventoría sumaron 15.258.593.268 pesos. Este valor incluye el contrato inicial y dos adiciones presupuestales, una de ellas por 4.774 millones de pesos destinada a la terminación de puentes y obras complementarias. A este monto se añaden ahora los 4.942.408.525 pesos correspondientes al avalúo de los predios, lo que eleva el costo total del proyecto por encima de los 20.200 millones de pesos.
La administración municipal confirmó que la obra física fue recibida a satisfacción el pasado 26 de noviembre. Sin embargo, el corredor vial permanece cerrado al tránsito debido a que los terrenos donde se ejecutó la construcción no pertenecen legalmente al municipio. La gestión predial, que por principios de planeación suele realizarse antes del inicio de las obras, se adelantó en este caso con la vía ya construida, lo que obligó a la administración a tramitar un traslado presupuestal para cubrir el valor de los avalúos actuales.
Durante la sesión, se reveló que la falta de propiedad sobre los terrenos fue detectada durante el desarrollo del proyecto. Ante esta situación, la Secretaría de Infraestructura adelantó acciones administrativas para la declaratoria de utilidad pública y la posterior adquisición de los espacios, trámite que obtuvo el visto bueno del Concejo hace unos meses, más allá de ser desconocido hasta ese entonces el valor de los predios, el cual vino a conocerse el pasado 16 de diciembre. Según la explicación oficial, la puesta en operación de la vía está condicionada a la legalización de estos predios, razón por la cual la infraestructura no ha sido habilitada para el servicio de la comunidad a pesar de estar concluida.
La concejal Laura Silva Roldán cuestionó que se esté solicitando una apropiación presupuestal para predios el 17 de diciembre, cuando la obra ya cuenta con acta de recibo. La respuesta de la dependencia de infraestructura enfatizó que el objeto del contrato de obra se limitaba estrictamente a la construcción y mejoramiento del tramo vial, y que el cierre de dicho contrato no podía condicionarse a trámites de adquisición predial que no estaban previstos originalmente en el proceso contractual de obra.
Con la incorporación de estos recursos, el proyecto de la Calle 59, que inicialmente se proyectó con valores significativamente menores, se convierte en una de las obras de mayor costo por kilómetro en la ciudad, debido a la suma de las complejidades técnicas, las adiciones en infraestructura y el costo de los terrenos en el sector norte.
Recientemente, la administración municipal de Tunja presentó ante el Concejo un proyecto de acuerdo que busca modificar el estatuto tributario. La iniciativa tiene como objetivo principal establecer medidas de alivio para la ciudadanía frente al proceso de actualización catastral cuyo impacto será notorio a partir de 2026, evitando que el incremento en los avalúos de los predios se traduzca en cobros desproporcionados del impuesto predial para los habitantes de la capital boyacense.
La propuesta plantea un cambio en el modelo de liquidación del impuesto predial. Según explicó la directora de esta cartera, Denisse Jiménez Ramos, se busca transitar de un sistema basado en el estrato socioeconómico a uno fundamentado en el valor del avalúo catastral, con el fin de garantizar una mayor equidad tributaria. Bajo esta nueva lógica, la administración pretende corregir disparidades donde predios con altas especificaciones técnicas pagaban tarifas bajas por estar ubicados en estratos menores, y viceversa.
Dentro de los puntos destacados del proyecto se encuentra la reducción de tarifas para diversos sectores económicos. En el ámbito industrial, la tarifa propuesta se sitúa en el 4%, mientras que para el sector de la construcción se plantea una reducción en la tarifa de delineación urbana al 1%. Respecto al impuesto predial, la funcionaria señaló que la nueva tabla tarifaria permitirá que, incluso con el aumento del avalúo por la actualización, algunos contribuyentes perciban una disminución en el valor final a pagar gracias a que se aplicarán tasas por mil más bajas que las actuales.
Para proteger la economía de los tunjanos, el proyecto incluye un sistema de topes que limita el incremento anual del impuesto. Para aquellos predios residenciales y no residenciales que no hayan tenido modificaciones en su área o construcción, el aumento máximo será del IPC (Índice de Precios al Consumidor) más 8 puntos porcentuales, lo que representa aproximadamente un 13% respecto al año anterior. En el caso de los lotes, que han presentado incrementos significativos en sus avalúos tras años de rezago, la administración propone una mitigación para que el contribuyente pague como máximo hasta tres veces lo cancelado en el periodo anterior, evitando cobros que superen la capacidad de pago inmediata.
La administración municipal también propuso mantener incentivos para los contribuyentes cumplidos mediante descuentos por pronto pago. El proyecto contempla una deducción del 20% durante los primeros tres meses tras la liquidación, seguido de un 10% y un 5% en los meses posteriores. La Directora de Hacienda aclaró que, debido a los procesos técnicos que requiere la oficina de catastro multipropósito para cargar y validar la nueva información en el software financiero, la expedición de recibos comenzará previsiblemente en la primera semana de febrero de 2026.
𝐸𝑙 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛 𝑑𝑒 23 𝑎𝑛̃𝑜𝑠, 𝑜𝑟𝑖𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑢𝑛𝑗𝑎, 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑜́ 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑎𝑑𝑒́𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑜𝑏𝑡𝑢𝑣𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐽𝑜𝑠𝑒́ 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑙𝑑𝑎𝑠, 𝑡𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑎́𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐸𝑠𝑐𝑢𝑒𝑙𝑎 𝑁𝑎𝑣𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑑𝑒𝑡𝑒𝑠 𝐴𝑙𝑚𝑖𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑎𝑑𝑖𝑙𝑙𝑎.
Una ceremonia militar realizada en el campo de paradas de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla” (ENAP), en Cartagena, oficializó el ingreso al escalafón de las Fuerzas Militares de 131 Oficiales Navales y de Infantería de Marina. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, presidió el evento junto a la cúpula militar, en un acto que formaliza la incorporación de estos oficiales, formados para la defensa de la soberanía y la protección de los intereses marítimos de Colombia.
El momento de mayor distinción recayó sobre el teniente de corbeta David Santiago Cruz Vargas, quien fue condecorado con la medalla militar Francisco José de Caldas, al obtener el primer puesto de la promoción, un logro que resalta su desempeño en la formación académica y militar. Durante la ceremonia, y como símbolo de mando que confiere la Nación, todos los nuevos Oficiales recibieron sus espadas.
Los 131 oficiales fueron instruidos bajo un modelo de formación integral que enfatiza principios y valores institucionales, con entrenamiento académico y militar orientado al liderazgo en diferentes operaciones navales. Como requisito previo a la graduación, los jóvenes recibieron los títulos profesionales en Ciencias Navales, Ciencias Navales para Infantería de Marina o Ciencias Náuticas, especialidad Puente, además de los diplomas que acreditan la aprobación de los cursos de formación y capacitación requeridos.
La promoción evidenció la diversidad del país, al estar integrada por hombres y mujeres provenientes de cuatro regiones, incluyendo a 29 mujeres y dos jóvenes pertenecientes a comunidades afrocolombianas.
Además del grupo principal, la Escuela Naval formalizó el ingreso de cuatro Oficiales que culminaron programas de formación internacional: dos en Alemania y dos en Chile. Estos programas de movilidad estudiantil hacen parte de los procesos de internacionalización adelantados por la ENAP. Asimismo, tres Suboficiales ascendieron al escalafón de Oficiales tras culminar su proceso de movilidad vertical y la formación naval militar complementaria requerida.
De acuerdo con su especialidad, los nuevos Oficiales serán trasladados a diferentes unidades de la Armada de Colombia, a lo largo y ancho del país, para continuar su entrenamiento especializado en escuelas de capacitación de la Institución Naval.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐦𝐞𝐣𝐨𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐌𝐚𝐥𝐝𝐨𝐧𝐚𝐝𝐨
El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja ordenó al municipio de Tunja realizar las evaluaciones técnicas y las obras de mantenimiento sobre los andenes de la Avenida Maldonado, en el tramo comprendido entre la Plazoleta de las Nieves (o Plazoleta Muisca) y el sector Hugolino.
La sentencia responde a una Acción Popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa García, quien busca proteger los derechos colectivos al espacio público, la defensa de los bienes de uso público y el derecho a la seguridad, presuntamente vulnerados por la falta de mantenimiento de estos senderos peatonales.
El Juzgado determinó la existencia de deterioros, a pesar de que la administración municipal se había opuesto a las pretensiones argumentando que las afectaciones eran un "desgaste por uso normal". Un informe técnico de mayo de 2025, de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, confirmó depresiones, hundimientos localizados, pérdida de losetas y fracturamiento de adoquines en el tramo, advirtiendo sobre posibles riesgos de caídas en ciertas zonas.
Como resultado de la decisión judicial, el Municipio de Tunja deberá cumplir con una secuencia de acciones y plazos específicos:
1. Estudios técnicos y diseños: El municipio deberá adelantar las evaluaciones técnicas, inspecciones, diseños y consultorías que determinen el estado actual y las patologías de los andenes, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
2. Proceso contractual y obras: Una vez finalizado el proceso de estudios, el municipio deberá asignar los recursos necesarios y adelantar los trámites contractuales que correspondan para la ejecución y entrega a satisfacción de las obras preventivas, rutinarias y correctivas definidas.
3. Presentación de informes: Los funcionarios responsables del cumplimiento de estas órdenes deberán presentar un informe detallado al Juzgado dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia.
Los andenes en cuestión fueron construidos en 2014, y la Avenida Maldonado es uno de los corredores viales principales de la capital boyacense.
𝐀𝐬𝐢́ 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́ 𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐞 𝐬𝐢𝐞𝐭𝐞 𝐝𝐞́𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬
El Aguinaldo Boyacense, la celebración decembrina de Tunja que conmemora sus 70 años de fundación, tuvo su origen formal el 16 de diciembre de 1955. El evento comenzó como una propuesta cívica liderada por el sargento de la Policía Nacional, Carlos Julio Umaña Torres, cuyo primer desfile sentó las bases para la fiesta más emblemática de la capital boyacense.
El evento que hoy cumple siete décadas y define las festividades de fin de año en Tunja se gestó en 1955. La idea fue presentada por el entonces sargento de la Policía Nacional, Carlos Julio Umaña Torres, con el objetivo de crear una actividad popular y festiva que se extendiera por la ciudad. La propuesta inicial consistió en que miembros de la institución utilizaran disfraces para recrear las tradiciones de la época y se integraran con la comunidad.
El hito fundacional se dio con el primer desfile, que partió de las instalaciones de la estación de policía (ubicadas frente al Bosque de la República) y avanzó por las principales vías de Tunja hasta la Plaza de Bolívar. Este recorrido incluyó figuras festivas tradicionales como diablos, payasos y matachines. La celebración adquirió su carácter oficial y recurrente en la agenda municipal cuatro años después de esta primera edición.
A partir de 1955, el Aguinaldo Boyacense comenzó a expandir su programación, incluyendo eventos no cívicos como la Semana Comercial de Tunja y, posteriormente, espectáculos masivos como el primer concierto de rock documentado con la banda Fórmula 5. La festividad se transformó gradualmente hasta consolidarse como la "Fiesta Grande de Boyacá para Colombia".
No obstante, en el marco de su 70 aniversario, el evento es objeto de una crítica contundente por parte de sectores amplios de la ciudadanía y gremios culturales de Tunja. El señalamiento principal se centra en la reorientación presupuestal y de enfoque del evento hacia los conciertos con artistas de talla nacional e internacional. Esta priorización de recursos ha provocado el desplazamiento y la reducción significativa de los desfiles de comparsas y carrozas, considerados el componente más tradicional, popular y familiar del Aguinaldo. El malestar radica en la percepción de que la esencia fundacional de la fiesta, basada en la participación comunitaria, ha sido sustituida por un modelo de espectáculo comercial enfocado principalmente en la atracción turística, relegando el disfrute y la tradición de los habitantes de la ciudad.
A pesar de las controversias y las transformaciones, la realización del Aguinaldo en sus fechas institucionales se ha mantenido constante. Sin embargo, se registran interrupciones en actividades específicas a lo largo de su historia, además de la suspensión total de los eventos multitudinarios presenciales en el año 2020 debido a las medidas sanitarias y de bioseguridad impuestas por la pandemia de COVID-19. Con siete décadas de historia, el Aguinaldo Boyacense sigue siendo un referente clave en la región, aunque su celebración está hoy marcada por el debate permanente sobre la necesidad de equilibrar el espectáculo masivo con la conservación de su tradición popular y familiar.
𝐉𝐀𝐂 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐯𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬
La Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Libertador de Tunja, a través de las declaraciones de su presidente Javier López Quiroga, ha salido al paso de la desinformación para aclarar el origen de los recursos que financian las obras de mejoramiento vial que actualmente se ejecutan en el sector. López Quiroga precisó que estas intervenciones corresponden a los Presupuestos Participativos de la vigencia 2024, y no a una inversión exclusiva de la administración municipal o de la Gobernación de Boyacá, como se ha pretendido hacer ver.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐜𝐫𝐮𝐜𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐨 𝐋𝐨𝐬 𝐀́𝐧𝐠𝐞𝐥𝐞𝐬
El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja emitió un fallo de primera instancia en el que declaró la vulneración de varios derechos e intereses colectivos por parte del municipio de Tunja. La sentencia surge de los problemas de congestión y riesgos de seguridad vial que persisten en el cruce semaforizado de la Carrera 2 Este con Avenida Universitaria, sector limítrofe al Colegio Los Ángeles. La autoridad judicial ordenó a la administración municipal realizar estudios detallados y ejecutar las obras de infraestructura necesarias para ofrecer una solución definitiva a la problemática.
La demanda fue iniciada por el ciudadano Yesid Figueroa García, mediante una acción popular, buscando la protección de derechos como la realización de construcciones respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia a la calidad de vida, el goce y defensa del espacio público, la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la protección del patrimonio público y el uso y disfrute de los bienes de uso público. El actor popular argumentó que el cruce genera largos trancones y taponamientos en horas pico de amplia movilidad, lo que afecta la seguridad vial de los usuarios.
Al responder a la demanda, el municipio de Tunja se opuso a las pretensiones e interpuso excepciones, tituladas "inexistencia de vulneración de derechos e intereses colectivos, cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas y carencia de prueba de la vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos". La administración aseguró que la instalación del semáforo se basó en estudios técnicos previos y que, bajo condiciones normales, cumple su función. No obstante, la entidad reconoció que la operación completa del semáforo en horarios de máxima afluencia vehicular (hora punta) no es posible debido a la imposibilidad de retirar reductores de velocidad (resaltos parabólicos) sobre la Carrera 2 Este en el acceso sur, una obra que, según el municipio, ha sido impedida por la oposición de residentes de la zona. Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad ha optado por mantener el semáforo en fase intermitente durante las horas de alta demanda vehicular.
Un informe técnico elaborado por ingenieros de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y allegado al proceso, fue determinante para la decisión del juzgado. Dicho informe confirmó que la operación del semáforo en fase intermitente en horas pico obliga a los actores viales, incluyendo un importante número de peatones (estudiantes del Colegio Los Ángeles, Universidad de Boyacá y Clínica Medilaser), a interactuar a riesgo, generando un gran riesgo de atropellamiento o choque. Los hallazgos también señalaron otras fallas en el sector:
• Paso peatonal informal a riesgo.
• Ascenso y descenso de pasajeros en zonas no autorizadas o peligrosas y obstrucción de la vía, lo que ocasiona el bloqueo de la calzada e incide en la problemática de congestión y colas en la intersección.
• Parqueo de vehículos sobre la calle 75 A en horas de ingreso y salida del Colegio Los Ángeles, bloqueando los carriles y generando riesgo de choque o atropellamiento.
• Mal estado del pavimento, incluyendo un hueco considerable que ocupa parte de los dos carriles, ocasionando riesgo de volcamiento, choque o atropellamiento.
• Señalización horizontal y vertical deficiente por alto deterioro y mínimo nivel de retrorreflexión.
• Ausencia de carriles de incorporación para la salida de un conjunto residencial a la Carrera 2 Este, lo que genera riesgo de choque.
La ANSV concluyó que, para definir soluciones, la autoridad de tránsito debe adelantar estudios necesarios y el área de seguridad vial considera que se deben realizar estudios especializados en las áreas de tránsito y diseño geométrico, analizando detalladamente las necesidades de movilidad peatonal y vehicular, así como los requerimientos de infraestructura vial.
En consecuencia, el Juzgado declaró no probadas las excepciones del municipio y ordenó las siguientes medidas de protección a los derechos colectivos:
• El municipio de Tunja deberá realizar, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, estudios especializados en tránsito e infraestructura vial que analicen detalladamente las necesidades de movilidad (vehículos motorizados y peatones) para determinar la causa y solución definitiva al represamiento vehicular en el cruce.
• Posteriormente, en los seis meses siguientes, la entidad territorial deberá ejecutar las obras de infraestructura vial requeridas, basándose en las conclusiones y recomendaciones de dichos estudios especializados.
• Adicionalmente, en un término no mayor a cinco días a partir de la ejecutoria de la sentencia, el municipio deberá implementar controles permanentes de tránsito al servicio público y vehículos particulares en el sector para asegurar el respeto de las normas y prevenir comportamientos que pongan en riesgo a los actores viales.
El Juzgado ordenó la conformación de un Comité de Verificación, integrado por el actor popular, el municipio de Tunja, el agente del Ministerio Público Delegado para el Juzgado y el delegado de la Defensoría del Pueblo, para asegurar el acatamiento del fallo.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐚𝐥 𝐄𝐝𝐰𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢́𝐠𝐮𝐞𝐳 𝐚𝐜𝐮𝐬𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐫 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐬𝐞𝐫 𝐨𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧
𝐸𝑙 𝑐𝑎𝑏𝑖𝑙𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 𝐸𝑑𝑤𝑖𝑛 𝑅𝑜𝑑𝑟𝑖́𝑔𝑢𝑒𝑧 𝑓𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑦 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎, 𝑠𝑒𝑛̃𝑎𝑙𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑝𝑢𝑙𝑜́ 𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑐𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑙𝑖́𝑡𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒.
El concejal de Tunja Edwin Rodríguez ofreció una versión detallada de los hechos ocurridos días atrás, en los que se vio inmerso al interceder en una disputa entre una comerciante y una contratista de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de Tunja. El incidente, que fue viralizado a través de un video editado, llevó a señalamientos públicos contra el cabildante por presunto abuso de autoridad.
Según el relato de Rodríguez, el problema se originó por el alto ruido generado por el grupo de contratistas de cultura vial de la Alcaldía, quienes por un largo periodo de tiempo estuvieron ubicados con parlantes, cornetas, pitos y megáfonos frente a un establecimiento comercial.
“La señora dueña del establecimiento de comercio se acerca de muy buena manera, le dice, por favor, bájele el volumen, dejen de gritar y mucho más que estaban frente a su establecimiento de comercio”, relató el concejal en entrevista con este medio.
El concejal asegura que la situación escaló cuando la funcionaria, en lugar de atender el requerimiento, se paró frente al establecimiento y “empieza a gritar con el megáfono” directamente a la propietaria.
“La señora se acerca nuevamente a decirle que no fuera atrevida, que no fuera grosera. Ella le sigue gritando por el megáfono y es cuando la señora le baja el megáfono con la mano, como se puede evidenciar en el video, y después de haber ella provocado esa reacción por parte de la propietaria, es cuando se hace la víctima”, explicó Rodríguez.
El concejal afirmó que se acercó inicialmente como un “ciudadano normal” para interceder, luego de que el propietario del local lo llamara al ser testigo de que los funcionarios empezaron a agredir verbalmente a la comerciante.
Rodríguez sostiene que fue identificado por agentes de tránsito presentes en el lugar como concejal, por lo cual, al ser requerido por un agente de policía, confirmó su investidura: “Yo le digo, sí, señor, mucho gusto, mi nombre es Edwin Rodríguez, concejal de la ciudad de Tunja”.
El cabildante desmintió que haya obstruido la labor policial o la de los agentes de tránsito, como fue señalado. Argumenta que su intención fue asegurar que la policía tomara acciones tanto en contra de la propietaria del establecimiento, como en contra de la contratista, ya que considera que ella “es evidente que provocó que eso pasara”.
“No es como están malinterpretando el video, como quisieron hacerlo ver de que (sic) yo estaba tratando de por medio de mi investidura tratar de obstaculizar una labor de un servidor público. Eso nunca pasó”, aseguró.
El concejal manifestó que lo que ocurrió posteriormente fue una “malinterpretación” y una “fragmentación” del video por parte de la administración municipal, que buscaría desdibujar su ejercicio político como oposición: “Algo curioso es que una vez pasa la agresión, quien llega a hacer el video y que lo hace públicamente, es el señor Alcalde”, dijo Rodríguez, quien añadió que el mandatario ya había actuado de forma similar en una anterior oportunidad.
Finalmente, el concejal Edwin Rodríguez anunció que su equipo ya tiene identificada a la contratista y que interpondrá la queja respectiva ante Personería o Control Interno Disciplinario de la Alcaldía por lo que considera una provocación y una falta a la conducta debida por parte de un servidor público.
𝐅𝐮𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐫𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐲 𝐮𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐢𝐫𝐞𝐧𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐬𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Un video, que documenta el enfrentamiento entre una comerciante y una contratista de la Alcaldía de Tunja, evidencia que el alto ruido, el uso de trompetas, megáfonos y una sirena fueron el detonante de la confrontación en plena vía pública.
La pieza audiovisual revela que el ambiente se hizo insostenible debido al ruido constante de las campañas de cultura vial. Se observa la presencia de un grupo de contratistas que usa diversos artefactos sonoros. El audio ambiente permite inferir que los comerciantes solicitaban el cese de la actividad o su reubicación. El momento de la escalada del conflicto se da cuando la contratista utiliza el megáfono para increpar a los comerciantes a corta distancia, generando la reacción de la mujer, quien le mueve el megáfono, y termina golpeando contra su cara. El hecho, que fue calificado como una agresión grave por la administración municipal, ocurrió en medio de la presencia de transeúntes.
𝐀𝐬𝐢́ 𝐬𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La administración municipal de Tunja cuenta ya con una propuesta de diseño para el primer Centro de Eventos y Espectáculos de la ciudad, un proyecto que busca atraer inversión privada para su construcción y posicionar a la capital boyacense con un espacio de gran capacidad para conciertos y eventos de magnitud. La iniciativa fue seleccionada mediante un concurso de ideas en el que participaron las facultades de arquitectura de las principales universidades de la ciudad.
El proyecto ganador, denominado “Horizonte Andino”, fue presentado por estudiantes y docentes de la Universidad de Boyacá, superando las propuestas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la Universidad Santo Tomás. En total, fueron evaluados 21 proyectos por técnicos de la administración y jurados externos.
La propuesta “Horizonte Andino” se diseñó bajo la premisa de combinar múltiples usos para garantizar que el centro no sea un espacio de utilización esporádica. Según Marcela Pinilla, directora del programa de arquitectura de la Universidad de Boyacá, el diseño incluye tres componentes principales: el centro de espectáculos, un espacio dedicado a emprendedores y actividades comerciales, y áreas para hospedajes de estancias cortas. Este enfoque responde a la solicitud de la Alcaldía, canalizada a través del programa Activa-T de la Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos, de concebir el centro como un motor de desarrollo permanente.
El escenario propuesto se ubicaría en las afueras de la ciudad, sobre un lote de 147.526 m2, con una capacidad prevista para albergar a 15.000 personas. La localización específica está planteada sobre el costado derecho de la doble calzada BTS, en sentido Bogotá–Tunja, en un punto anterior a la llegada al terminal de transportes Juana Velasco de Gallo y delimitado por la vía que conecta la capital boyacense con el municipio de Soracá.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐧̃𝐨
La Alcaldía de Tunja anunció la suspensión de la medida de pico y placa en la capital boyacense a partir del 15 de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 12 de enero de 2026.
La decisión administrativa tiene como objetivo principal facilitar la movilidad en la ciudad durante la temporada de fin de año y principios de enero. Este periodo se caracteriza por la alta afluencia de viajeros y turistas que llegan a Tunja para participar en las festividades navideñas, diversas actividades culturales y los eventos tradicionales programados.
Con el levantamiento temporal de la restricción, las autoridades municipales buscan garantizar una experiencia vial más fluida tanto para los residentes habituales de Tunja como para los visitantes que circulan por la ciudad.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐞𝐣𝐨́ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐜𝐫𝐢𝐛𝐢𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐚𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐦𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 $𝟖𝟐 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬
La Contraloría Municipal de Tunja (CMT) emitió un concepto “con reserva” al auditar la gestión de la depuración de cartera y el cobro coactivo del impuesto predial unificado (IPU) de la Alcaldía, correspondiente a la vigencia 2024. El informe final de cumplimiento encontró fallas en la efectividad de las acciones de recaudo que se tradujeron en la constitución de cuatro hallazgos administrativos. De estos, uno tiene presunta incidencia disciplinaria y fiscal por un valor de $82.183.087, recursos que el municipio habría dejado de recuperar.
El organismo de control fiscal, que evaluó los procesos de cobro coactivo de la actual administración, determinó que las deficiencias en la gestión no solo comprometen la confiabilidad de los estados financieros del municipio, sino que implican un riesgo materializado de pérdida de patrimonio.
𝗣𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝗽𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗽𝗲́𝗿𝗱𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼
El hallazgo de presunta incidencia fiscal y disciplinaria se configura por la prescripción de procesos de cobro coactivo del impuesto predial. Esta prescripción ocurre por una gestión ineficaz, ya que los expedientes de cobro no contaron con la debida notificación del "mandamiento de pago" o esta no fue notificada oportunamente, permitiendo que la deuda se extinga legalmente.
La falta de gestión procesal en los términos legales hace que el municipio pierda el derecho a recuperar esos dineros. La Contraloría valoró esta pérdida de recursos en $82.183.087, lo que evidencia un presunto detrimento patrimonial.
𝗖𝗮𝗿𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗶𝗿𝗿𝗲𝗮𝗹 𝘆 𝗯𝗮𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗮𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮𝘀
El informe señala que las deficiencias administrativas impiden a la Alcaldía tener una cifra real y confiable de sus activos por cobrar, encontrando dos fallas administrativas mayores que son recurrentes:
• Bases de datos desactualizadas: Se constituyó un hallazgo por la existencia de bases de datos desactualizadas, con procesos "duplicados" y otros "por confirmar". El ente de control evidenció que el cien por ciento (100%) de la muestra auditada reportaba un estado que no correspondía con la realidad del expediente. Esta falta de consistencia en la información afecta directamente las cifras reportadas de la cartera activa del municipio, presentando cuentas irreales por cobrar.
• Predios "sin identificar": Persiste la falta de gestión administrativa en la actualización de la información de predios y contribuyentes que figuran como "sin identificar". La Contraloría recalca que esta ha sido una observación repetitiva en auditorías anteriores, y a pesar de que el municipio asumió directamente la función catastral a través del Catastro Multipropósito a partir de 2023, aún no se ha logrado la actualización real y eficiente de la información, obstaculizando la gestión de cobro.
𝗛𝗮𝗹𝗹𝗮𝘇𝗴𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹 𝘆 𝘀𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻
Los otros hallazgos constituidos demuestran una persistencia en las deficiencias de planeación y control:
• Ausencia de control interno: La calidad y eficiencia del Control Fiscal Interno fue calificada como “con deficiencias”, dado que la Oficina de Control Interno no programó ni realizó auditorías internas a la deuda pública en 2024, a pesar de que es su función evaluar la gestión del riesgo en procesos como el cobro coactivo.
• Incumplimiento al plan de mejora y sanción: La Contraloría concluyó que, si bien el plan de mejora de la vigencia 2022 tuvo un avance general, tres acciones quedaron sin cumplir, incluyendo la corrección de las bases de datos. Esto generó un hallazgo con presunta incidencia sancionatoria al demostrarse que las causas fundamentales que llevaron a la prescripción y a la pérdida de recursos no han sido erradicadas.
La Alcaldía de Tunja debe elaborar un nuevo plan de mejoramiento para subsanar los cuatro hallazgos constituidos y presentarlo a la Contraloría Municipal en los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del informe final.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐞𝐣𝐨 𝐢𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚: 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 $𝟏.𝟑𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐬𝐢𝐧 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐯𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟒
La Contraloría Municipal de Tunja (CMT) emitió un concepto “con reserva” al evaluar la gestión de la deuda pública del municipio correspondiente a la vigencia 2024. El informe final de auditoría de cumplimiento señala fallas administrativas y presupuestales en la Alcaldía que resultaron en la constitución de cinco hallazgos, dos de ellos con presunta incidencia fiscal por un valor total de $1.301.360.587.
El organismo de control fiscal, que auditó el periodo de la actual administración, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, centró sus principales observaciones en la situación financiera de dos proyectos estructurales para la ciudad: la construcción del Frigorífico para Tunja y el Centro de Bienestar Animal (CBA). En ambos casos, el ente de control advierte sobre el pago de capital e intereses generados por los créditos, sin que las obras hayan iniciado su ejecución, lo que configura un presunto detrimento patrimonial.
𝗘𝗹 𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗲𝗷𝗲𝗰𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗙𝗿𝗶𝗴𝗼𝗿𝗶́𝗳𝗶𝗰𝗼
Una de las alertas más relevantes del informe se concentra en la Sociedad de Economía Mixta Centro Industrial Cárnico del Oriente SAS (Cicori SAS), creada para la construcción y operación del Frigorífico. El municipio de Tunja realizó un aporte de $10.000.000.000 a Cicori SAS, de los cuales $8.096.880.000 fueron transferidos mediante una transferencia bancaria en noviembre de 2023.
El análisis de la Contraloría determinó que, a corte del 31 de diciembre de 2024, el saldo del aporte municipal era de $2.049.661.848, y la ejecución del proyecto del Frigorífico no se había iniciado. La inejecución, sumada a la falta de avance, genera una “alerta” para el municipio, dado que se están pagando intereses sobre un crédito cuyos recursos no se están utilizando en la finalidad para la que fueron autorizados. El informe establece que esta situación representa un presunto detrimento patrimonial para la ciudad por valor de $752.193.389 (Hallazgo No. 1).
𝗣𝗮𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝗲𝘀 𝘀𝗶𝗻 𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗶𝗲𝗻𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿 𝗔𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹
Una situación similar se encontró en el proyecto para la construcción del Centro de Bienestar Animal de Tunja (CBA). La Contraloría determinó que el Departamento Administrativo de Hacienda Pública de la Alcaldía certificó pagos por valor de $549.167.198 por concepto de abono a capital e intereses generados por los pagarés del empréstito, durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2025 (Hallazgo No. 2).
No obstante, a la fecha de emisión del informe final de auditoría, la ejecución del proyecto de construcción no se había iniciado. El ente de control advirtió que esta situación configura un presunto detrimento patrimonial por el valor pagado, pues se incumple con los principios de la función administrativa por un “actuar ineficiente, ineficaz y antieconómico”.
𝗙𝗮𝗹𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮𝘀 𝘆 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮
La auditoría de cumplimiento de la Contraloría Municipal constituyó tres hallazgos administrativos adicionales, uno de ellos con presunta incidencia disciplinaria y otro con presunto alcance sancionatorio, que demuestran una persistencia en las deficiencias de planeación y control de la actual administración.
• Hallazgo por presunta incidencia disciplinaria (Hallazgo No. 3): Se refiere a la falta de seguimiento y controles efectivos en la ejecución y avance de los proyectos financiados con recursos del empréstito. El equipo auditor de la CMT solicitó información precisa sobre el porcentaje físico y financiero de las obras, pero la Alcaldía solo adjuntó documentos en PDF que "no permitieron identificar el estado real de las obras y el estado financiero de cada uno de los proyectos al cierre de la vigencia 2024". La Contraloría concluye que no se realiza un seguimiento efectivo de la gestión y que la indebida planeación y la falta de controles afectan no solo la inversión sino el cumplimiento de las metas y las necesidades de la comunidad tunjana. Por esto, se configura la presunta incidencia disciplinaria en virtud de la Ley 1952 de 2019.
• Ausencia de control interno (Hallazgo No. 4): Se encontró una "ausencia de control y seguimiento por parte de la oficina de Control Interno a la ejecución y avance de los proyectos financiados con recursos del empréstito". El ente de control requirió a la Unidad Especial de Control Interno de Gestión sobre las auditorías internas a la Deuda Pública de 2024 y la respuesta indicó que no se programaron ni realizaron, enfocando la labor en otros procesos. La CMT confirmó el hallazgo al considerar que la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de su rol, debe desarrollar la labor de evaluación y seguimiento de la gestión del riesgo y de prevención en procesos como este.
• Incumplimiento al plan de mejora y observaciones repetitivas (Hallazgo No. 5): Este hallazgo se constituye por el "incumplimiento de actividades del plan de mejoramiento vigencia 2023", lo que reitera las observaciones de vigencias anteriores. La Contraloría concluye que las acciones de mejora propuestas por la Alcaldía no se cumplieron para los hallazgos relacionados con el Frigorífico y el CBA, y que la causa de los hallazgos no fue erradicada, por lo que persisten los hallazgos y el presunto detrimento patrimonial. Como resultado, la CMT considera que este hallazgo tiene un presunto alcance sancionatorio.
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝗳𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹
Como resultado de la auditoría, la Alcaldía de Tunja debe elaborar un nuevo plan de mejoramiento para subsanar los cinco hallazgos constituidos y presentarlo a la Contraloría Municipal en los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del informe final.
El informe detalló que la deuda pública del municipio al cierre de la vigencia 2024 ascendió a $101.624 millones. Los mayores compromisos de la Alcaldía se concentran con Findeter, que participa con el 69% del valor total de la deuda ($69.932 millones). Durante el periodo 2020 a 2024, la Alcaldía de Tunja pagó un total de $32.032 millones por concepto de intereses.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐠𝐫𝐚𝐧 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐚́𝐜𝐮𝐥𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐫𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐞́𝐧𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞
La Alcaldía Mayor de Tunja, a través de la Secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial, inició el proceso para seleccionar una entidad sin ánimo de lucro (ESAL) encargada de crear y ejecutar contenidos culturales y tecnológicos que harán parte de la programación del Aguinaldo Boyacense.
El objetivo central de la convocatoria, identificada con el número RE-AMT-0092025 y el código CTP-184, es la implementación de acciones para posicionar a Tunja como un destino turístico y cultural, buscando difundir la identidad cultural y promocionar la marca ciudad "Tunja, ciudad origen".
𝗚𝗿𝗮𝗻 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼 𝘆 𝗮𝗹𝘁𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶́𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗲𝗹 𝘀𝗵𝗼𝘄 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹
La actividad principal contemplada en los estudios previos es la ejecución de un espectáculo de promoción cultural y artes escénicas de "gran formato". Este se caracterizará por ofrecer una experiencia visual de 360 grados, acompañada de música en vivo en el escenario central.
Para el montaje de este show, se tiene prevista la integración de diversas disciplinas artísticas como teatro, danza, música, circo y magia. El cuerpo artístico en escena deberá estar compuesto por un mínimo de veinte artistas, incluyendo cuatro artistas aéreos, cinco bailarines especializados en danza moderna y cuatro músicos de música carranguera con trayectoria nacional.
El elemento distintivo de la producción será el componente tecnológico con la incorporación de drones. El espectáculo requerirá la operación de trescientos diez (310) aeronaves equipadas con luces led RGB. Además de los efectos visuales, se exige la creación de una banda sonora original de veintidós minutos, basada en una investigación de las músicas históricas de Tunja, abarcando desde texturas precolombinas hasta géneros de cuerdas y circenses.
𝗣𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻 𝘇𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗿𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 𝘆 𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝗲𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗕𝗶𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼
El convenio CTP-184 también contempla otras acciones específicas dirigidas a la comunidad:
• Cine a la vereda: Se realizará la actividad de cine móvil en tres puntos rurales del municipio. El objetivo es dinamizar la circulación de productos audiovisuales nacionales, departamentales y municipales. Para cada una de las tres proyecciones se deberá suministrar una pantalla inflable de 7x9 metros, doscientas sillas plásticas y doscientas unidades de crispetas.
• Mantenimiento de infraestructura: Se incluye el diagnóstico preventivo y mantenimiento al sistema de detección de incendios del Teatro Mayor Bicentenario. También se contempla la dotación de ochenta y ocho lámparas de cuarzo (750w) para reemplazar elementos averiados y mejorar las condiciones de iluminación funcional y seguridad en el escenario.
𝗗𝗲𝘁𝗮𝗹𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝘁𝘂𝗮𝗹 𝘆 𝗽𝗹𝗮𝘇𝗼𝘀
El proceso competitivo se lleva a cabo bajo la modalidad de contratación de régimen especial con ofertas. El presupuesto oficial destinado para este convenio asciende a $322.341.333.
El cronograma establece que las ESAL interesadas en desarrollar el proyecto tienen como fecha límite para presentar sus propuestas el jueves 12 de diciembre de 2025 al mediodía. La firma del contrato está proyectada para el 15 de diciembre de 2025, y la ejecución finalizará el 31 de diciembre del mismo año.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐍𝐨𝐫𝐭𝐞
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja falló una acción popular, ordenando al municipio realizar las gestiones y obras necesarias para rehabilitar, mejorar y construir andenes en los costados oriental y occidental de la Avenida Norte, específicamente entre las calles 41 y 53. Esta decisión se tomó luego de declararse la vulneración de los derechos colectivos al goce del espacio público y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. La medida se centra en este tramo vial de alta circulación, donde existen andenes en muy mal estado o tramos donde, simplemente, no hay infraestructura peatonal.
El fallo responde a la acción popular interpuesta por Yesid Figueroa García, quien argumentó que las deficiencias en la infraestructura peatonal ponían en riesgo a los ciudadanos y vulneraban sus derechos. Una inspección técnica, presentada por la Secretaría de Infraestructura Territorial del municipio, confirmó la existencia de deficiencias. El informe detalló que la mayoría de los andenes existentes se encuentran en estado regular, presentando patologías como fisuras longitudinales, transversales, hundimientos y pérdida de la capa de concreto. Además, se constató que las estructuras son antiguas y no cumplen con los estándares de accesibilidad universal vigentes, careciendo de rampas y guías táctiles. A pesar de que los tramos se observan en operación y se consideran funcionales para su tránsito, el informe señala que no cumplen con los estándares de seguridad y accesibilidad vigentes.
El informe técnico evidenció que varios tramos en los costados oriental y occidental carecen totalmente de andenes, requiriendo la ejecución de obra nueva. Esta ausencia de infraestructura obliga a los peatones a transitar por la calzada vehicular, incrementando el riesgo de siniestros. Los daños y deterioros encontrados fueron determinados como riesgos y peligros para los peatones, incluyendo caídas, lesiones por tropezones en losas fisuradas, así como lesiones por resbalones y golpes. El juzgado desestimó la defensa del municipio sobre la presunta propiedad privada de algunas franjas, señalando que la administración no demostró haber realizado las gestiones para estudiar los títulos o transferir la propiedad. El fallo reitera que el municipio tiene la obligación legal de velar por la integridad del espacio público y garantizar la seguridad peatonal.
La sentencia de primera instancia, dictada el 3 de diciembre de 2025, impone al municipio de Tunja un cronograma estricto para la protección de los derechos colectivos:
• 1. Levantamiento y Trazado (4 meses): En un plazo máximo de cuatro meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, se deben realizar los levantamientos topográficos, el trazado y la geometría para determinar qué franjas de terreno son propiedad privada y cuáles pertenecen al municipio.
• 2. Gestión de Cesiones (9 meses): Identificados los predios privados, el municipio deberá iniciar un plan de acción por etapas para obtener la cesión de dichas franjas, ya sea de forma voluntaria, obligatoria o mediante herramientas jurídicas como el Decreto 0247 de 2020. El proceso de cesión no debe superar los nueve (9) meses.
• 3. Contratación y Ejecución de Obras (Un año): Finalizado el proceso de cesión, el municipio debe disponer los recursos y desarrollar las etapas contractuales para ejecutar las obras de mantenimiento, rehabilitación o reconstrucción de andenes existentes, y la construcción de andenes nuevos en los tramos faltantes20. El plazo máximo para la ejecución de las obras es de un año, contado a partir de la finalización del término de nueve meses para la gestión de cesiones.
El fallo también reconoció la culminación del Contrato Interadministrativo No. 1107 de 2021 suscrito con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), el cual entregó estudios y diseños para soluciones de tráfico peatonal en parte del tramo (entre la Glorieta Norte y la Calle 48, costado occidental). Estos resultados deben ser tenidos en cuenta para la ejecución de las obras.
Finalmente, la sentencia ordenó la conformación de un Comité de Verificación del cumplimiento integrado por el actor popular, el alcalde y las secretarías de Infraestructura, Contratación y Planeación de Tunja, el delegado de la Defensoría del Pueblo y el agente del Ministerio Público.
𝐀𝐬𝐨𝐣𝐮𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐩𝐨𝐫 𝐦𝐞𝐠𝐚𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧𝐦𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬
La Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tunja (Asojuntas) ha solicitado formalmente a la Contraloría Municipal y a la Procuraduría Provincial que activen sus funciones de control y vigilancia sobre la ejecución del Contrato No. 1767 de 2025. Este acuerdo fue suscrito entre el municipio de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial de Donmatías S.A.S – ETD S.A.S, por una suma superior a los quince mil millones de pesos.
La preocupación central de Asojuntas radica en que el contrato, que asciende a $15.076.144.076,04 M/CTE, ya tuvo un desembolso anticipado equivalente al 95% del total, lo que corresponde a $14.041.506.737. La organización comunal argumenta que el monto de los recursos y la modalidad de su entrega anticipada representan riesgos en la gestión que ameritan la supervisión inmediata de los entes de control.
Los oficios, con fecha 27 de noviembre de 2025, solicitan a la Procuraduría la activación de una función preventiva disciplinaria para monitorear las actuaciones de los supervisores, el ordenador del gasto y los funcionarios responsables del seguimiento. Asojuntas identificó riesgos en materia de cumplimiento técnico, planeación, ejecución del cronograma y, principalmente, riesgos financieros asociados al manejo del anticipo, los cuales podrían comprometer la correcta ejecución contractual. Ante la Contraloría Municipal, la petición requiere un control previo, preventivo y concomitante sobre la ejecución, pidiendo que el ente fiscalizador verifique el cumplimiento de las obligaciones de la empresa contratista, los supervisores e interventores.
El Contrato No. 1767 de 2025 tiene como objeto la administración de recursos para programas y proyectos del Plan de Desarrollo Municipal, abarcando campos como infraestructura educativa, desarrollo territorial y fortalecimiento de la educación, según se describe en la documentación. El acta de inicio se firmó el 29 de septiembre de 2025 y se designó como supervisores a Lina María Bautista Avellaneda, secretaria de Infraestructura Territorial, y Daniel Moreno Álvarez, secretario de Educación. La acción de Asojuntas, sustentada en el derecho de petición y el control social, busca garantizar la protección del patrimonio público y el uso transparente de los recursos en la capital boyacense.
𝐏𝐞𝐬𝐞 𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬, 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐨́𝐫𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐧̃𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐯𝐢𝐚𝐥 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐫𝐢́𝐭𝐢𝐜𝐨𝐬
El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Tunja determinó que la Alcaldía de Tunja no ha cumplido a cabalidad con las órdenes emitidas en una sentencia de acción popular y, por lo tanto, decidió no levantar la sanción impuesta al alcalde Mikhail Krasnov y al exsecretario de Movilidad, Juan Carlos Leguizamón González, por desacato a órdenes impartidas por la justicia. La decisión judicial subraya que el municipio de Tunja persiste en el incumplimiento de las intervenciones de seguridad vial y las gestiones administrativas necesarias en múltiples intersecciones de la ciudad.
La providencia judicial reitera la sanción impuesta originalmente el 25 de enero de 2025, y confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 25 de julio de 2025.
𝗟𝗼𝘀 𝟭𝟲 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝘃𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗼𝗻𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗔𝗹𝗰𝗮𝗹𝗱𝗶́𝗮 𝗵𝗮 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗱𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝗼́𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲𝘀
El Despacho judicial analizó el cumplimiento de las órdenes de intervención impartidas en la sentencia de 2019. El fallo concluyó que la Alcaldía no ha demostrado la satisfacción total de las exigencias, lo que hace "evidente que no es posible impedir que la medida sancionatoria" se haga efectiva.
El Juzgado determinó el incumplimiento de las intervenciones o la falta de gestión administrativa en las siguientes 16 intersecciones:
1. 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙨𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣 𝙄𝙣𝙘𝙪𝙢𝙥𝙡𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙛𝙖𝙡𝙩𝙖 𝙙𝙚 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙫𝙚𝙣𝙘𝙞𝙤́𝙣:
En estos puntos se evidenciaron elementos ausentes o en regular estado, como líneas de pare y cruces de cebra, señalados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), sin que se haya cumplido con la intervención obligatoria de demarcación, conforme al Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.
Las intersecciones declaradas con incumplimiento total de la intervención son:
• Intersección No. 33: Kr 12 x Cl 18 (Carrera 12 entre calles 18, 19 y 20).
• Intersección No. 36: Carrera 10 con Avenida Colón.
• Intersección No. 40: Kr 8 x Cl 23 (Carrera 8 entre calles 18, 20, 23 y 25).
• Intersección No. 41: Kr 8 x Cl 25 (Carrera 8 entre calles 18, 20, 23 y 25).
• Intersección No. 44: Kr 7 x Cl 19 (Carrera 7 entre calles 17, 19, 20 y 24).
• Intersección No. 45: Kr 7 x Cl 20 (Carrera 7 entre calles 17, 19, 20 y 24).
• Intersección No. 46: Kr 7 x Cl 24 (Carrera 7 entre calles 17, 19, 20 y 24).
• Intersección No. 56: Kr 8 x Cl 24 (Calle 24 entre Carrera 7 y Carrera .
• Intersección No. 59: Av. Colón x Cl 24 (Avenida Colón entre Carrera 11 y Avenida Maldonado).
• Intersección No. 60: CL 36 x G 33 (Calle 36 entre Diagonal 33 y la Carrera 16).
• Intersección No. 61: CL 36 x Kr 16a (Calle 36 entre Diagonal 33 y la Carrera 16).
• Intersección No. 63: CL 36 x Kr 15 (Calle 36 entre Diagonal 33 y la Carrera 16).
2. 𝙄𝙣𝙩𝙚𝙧𝙨𝙚𝙘𝙘𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙘𝙤𝙣 𝙄𝙣𝙘𝙪𝙢𝙥𝙡𝙞𝙢𝙞𝙚𝙣𝙩𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙛𝙖𝙡𝙩𝙖 𝙙𝙚 𝙂𝙚𝙨𝙩𝙞𝙤́𝙣 𝘼𝙙𝙢𝙞𝙣𝙞𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖:
El Juzgado señaló que, si bien el municipio ha manifestado la imposibilidad de efectuar las obras en estos puntos por ser un corredor concesionado, no ha cumplido con la gestión administrativa ante las entidades competentes (ANI y Consorcio CSS Constructores) para que estas realicen las intervenciones.
𝗟𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘀𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗻𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗮𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 𝘀𝗼𝗻:
• Intersección No. 1: Av. Oriental x Kr 7a (Avenida Oriental, sector Bomberos).
• Intersección No. 2: Av. Oriental x Cl 22 (Avenida Oriental, sector Bomberos).
• Intersección No. 3: Av. Oriental x Kr 11 (Entrada Barrio San Francisco).
• Intersección No. 48: Av. Oriental x Cl 15 (Entrada barrio Consuelo).
𝗡𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗔𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹
Ante la evidencia del "incumplimiento cabal", el Despacho judicial ordenó al Municipio de Tunja realizar, en los diez días siguientes a la notificación de la providencia, "las actuaciones pertinentes para cumplir a cabalidad la totalidad de las órdenes" de la sentencia popular.
Esta orden implica la obligación de adelantar las obras de intervención en las intersecciones enlistadas como incumplidas y, crucialmente, realizar la gestión administrativa respectiva ante las entidades competentes para los corredores concesionados, de lo cual deberá rendir el informe correspondiente.
𝐏𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐩𝐞𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐚 𝐥𝐚 𝐆𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐈𝐂
La implementación de la Inteligencia Artificial (IA) en la administración pública municipal de Tunja fue objeto de interpelación por parte de concejales durante una reciente sesión, quienes manifestaron su preocupación por el estado de los proyectos, la preparación de los funcionarios y la necesidad de buscar iniciativas que atraigan financiación.
El concejal Giovanny García García solicitó un informe a la administración sobre lo que se ha hecho en el manejo de la IA en lo público, preguntando cómo se está optimizando la tramitología y si el funcionario ya está siendo preparado para el futuro de esta tecnología en la administración. A su turno, el concejal Javier Mesa Fúneme complementó la solicitud, sugiriendo que las dependencias de la alcaldía deberían buscar proyectos de IA que sean susceptibles de recibir financiación nacional e internacional.
El gerente estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), Augusto Melo Castañeda, respondió a los cuestionamientos, aunque su intervención se centró principalmente en un proyecto de línea de atención ciudadana y capacitaciones generales sobre seguridad en IA, sin ofrecer detalles específicos sobre la mejora de procesos internos o el alcance de la formación a servidores públicos.
Melo Castañeda indicó que actualmente se está ejecutando un proyecto que consiste en una línea de atención a la ciudadanía mediante WhatsApp y una línea telefónica con un sistema de IA que permite la interacción directa. Explicó que este sistema está en la fase de adecuación de la información para entregar respuestas de áreas como hacienda, planeación y temas relacionados con el Concejo. El funcionario resaltó que la alternativa telefónica busca atender especialmente a personas de la tercera edad que no usan equipos celulares.
En cuanto a la preparación del personal, el Gerente TIC hizo referencia a que también se llevan a cabo varias capacitaciones sobre Inteligencia Artificial. No obstante, las explicaciones se enfocaron en la seguridad y la prevención de riesgos, mencionando temas como la teoría de seguridad, los peligros de la falsificación de voz y video, y cómo evitar estafas.
Melo Castañeda también indicó que se han explicado herramientas de IA y cómo utilizarlas de manera segura en algunos comités, buscando evitar que la información sea transferida a sitios no deseados. Sin embargo, no precisó el número de funcionarios municipales capacitados, las áreas internas impactadas por los proyectos de IA, o cómo estas iniciativas están mejorando los procesos de tramitología al interior de la administración, dejando sin resolver las inquietudes planteadas por los concejales y generando un panorama incierto sobre el impacto real de la IA en la gestión municipal.
𝐒𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐚𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐧𝐨 𝐡𝐚 𝐝𝐢𝐥𝐚𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
La Sección Primera del Consejo de Estado rindió un informe en el trámite de una acción de tutela donde se le acusa de vulnerar derechos fundamentales por una presunta "dilación de los términos judiciales" en el proceso de nulidad de la elección del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov. En su respuesta, dirigida al Consejero de Estado Alberto Montaña Plata, de la Sección Tercera, Subsección B, la Sección Primera aseguró que no ha incurrido en mora judicial y que la tardanza en el proceso se debe exclusivamente a las múltiples recusaciones y trámites promovidos por la parte demandada.
El informe, con fecha del 4 de diciembre de 2025, afirma de manera respetuosa que no ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, "celeridad procesal" y democracia participativa, invocados por el accionante, el Grupo Asesorías y Representación Jurídica Legal de Colombia SAS. La Sala indicó que su competencia en el proceso de nulidad electoral se ha limitado a resolver las recusaciones formuladas contra los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado y a adelantar los trámites derivados de estas. La Sección Primera sostuvo que la alegada mora solo se configura cuando hay falta de diligencia o ausencia de un motivo razonable, y que en este caso, las recusaciones han recibido el trámite que corresponde legalmente y con la celeridad posible dentro de las actuaciones promovidas por las partes.
El proceso comenzó luego de que el Grupo de Asesorías y Representación Jurídica Legal de Colombia SAS presentara una demanda solicitando la nulidad de la elección del señor Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones en sentencia del 27 de febrero de 2025. Contra esta decisión, la parte demandada, el tercero impugnador y la Registraduría Nacional del Estado Civil presentaron recursos de apelación.
Una vez el expediente fue remitido a la Sección Quinta, la parte demandada formuló una primera recusación contra la Consejera Gloria María Gómez Montoya y otros consejeros de dicha Sección el 15 de julio de 2025. Tras la no aceptación por parte de los magistrados, el expediente fue remitido a la Sección Primera el 22 de julio de 2025, y esta Sala declaró infundada la recusación el 31 de julio de 2025. Luego, la parte demandada interpuso un recurso de reposición y propuso un incidente de nulidad contra ese auto, los cuales fueron rechazados el 29 de agosto de 2025.
Posteriormente, Mikhail Krasnov formuló una nueva recusación contra los magistrados de la Sección Quinta, mediante escritos radicados el 20 y 24 de octubre de 2025. Tras la negativa de los magistrados de aceptarla, el expediente regresó a la Sección Primera, la cual declaró infundada esta segunda recusación el 7 de noviembre de 2025. Finalmente, el 18 de noviembre de 2025, el demandado solicitó la aclaración de la providencia del 7 de noviembre de 2025 y formuló de manera simultánea un incidente de nulidad contra el mismo auto.
La Sección Primera informó que la solicitud de aclaración fue registrada como proyecto para la sala del 4 de diciembre de 2025, y que el incidente de nulidad se tramitará una vez el expediente ingrese nuevamente al despacho. La Sección Primera solicitó denegar el amparo solicitado, al considerar que no se han vulnerado los derechos fundamentales.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre, el cual está encabezado por Barranquilla, cuya variación del IPC fue de 0,20%. El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,07%, mientras que la variación del IPC en Tunja fue del -0,25%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la séptima ciudad con menor variación del IPC, registrando un dato de 4,59%, mientras que el promedio nacional fue de 5,30%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Santa Marta (4,28%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Bucaramanga (5,84%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante noviembre fue el de restaurantes y hoteles, que representó una variación del 0,40%, seguido de bienes y servicios diversos (0,38%), seguido de información y comunicación (0,35%). Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante noviembre fueron alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,94%), recreación y cultura (-0,55%), y prendas de vestir y calzado (-0,01%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de salud, que tuvo una variación del 6,53%, seguido de restaurantes y hoteles con un 6,41%, y alojamiento, agua electricidad, gas y otros combustibles, que tuvo una variación del 4,98%. Caso contrario es el de los rubros de recreación y cultura (-0,14%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,15%) e información y comunicación (2,17%).
Al ser Tunja la ciudad con menor variación del IPC, el DANE entrega un reporte específico sobre los productos que más incrementaron su valor y los que menos lo hicieron. El artículo o bien de consumo con mayor incremento para noviembre fueron las papas (5%), mientras que lo que más redujo su valor fueron las zanahorias (-25,97%).
¿𝐂𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚? 𝐋𝐚 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐢𝐧𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝
La elección de Brayan Fernando Guío Guerrero como Secretario General del Concejo de Tunja para el periodo 2026 ha desatado una fuerte controversia en la corporación edilicia, luego de que varios concejales alertaran sobre un potencial conflicto de intereses y una presunta inhabilidad derivada del rol que el funcionario electo desempeñó como contratista en el año previo a su nombramiento.
El debate se concentró en la función que Guio Guerrero ejecutó al cargar los documentos contractuales del Concejo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). Concejales como Román Quintero Corredor, Laura Silva Roldán y Edwin Rodríguez Avendaño señalaron que este acceso previo a la documentación, que incluye estudios, detalles y trámites administrativos; le otorgó una ventaja competitiva y privilegiada sobre los demás aspirantes. El concejal Quintero fue enfático al afirmar que el elegido conoció los documentos "antes que cualquier aspirante", lo cual, bajo un "criterio hasta lógico", evidenciaba una desventaja en el concurso y un posible conflicto de intereses.
El concejal Rodríguez, por su parte, inquirió a Guio Guerrero sobre si su contrato previo, el cual implicaba acompañamiento técnico, cargue y apoyo en procesos contractuales; constituía una intervención en la gestión administrativa y contractual de la entidad, un punto que podría configurar una inhabilidad sobreviviente y comprometer la validez del acto de elección. Los cabildantes advirtieron sobre el riesgo de una demanda de nulidad que afectaría a la corporación.
En su defensa, Guio Guerrero argumentó que la ley debe interpretarse de manera restrictiva y taxativa, y que la resolución que rigió el concurso no incluye ser contratista como causal de inhabilidad. Aseguró que sus funciones se limitaron al cargue de información para garantizar la publicidad de los procesos y que toda la documentación es de orden público. No obstante, a pesar de los serios cuestionamientos, el Concejo procedió con la votación y designó a Guio Guerrero como su secretario.
𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐳𝐚𝐫𝐚́ 𝐚𝐮𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐞𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧
Tras su elección por el Concejo como Contralor Municipal de Tunja, Félix Hernando Ramírez González anunció que su gestión se enfocará en la auditoría completa de los recursos públicos, la independencia de la entidad y la transparencia como herramientas clave para fiscalizar la inversión en la capital boyacense.
El economista Félix Hernando Ramírez González, nuevo Contralor de Tunja, delineó las prioridades de su administración, destacando que su principal objetivo será articular los planes de acción de la Contraloría para generar un seguimiento riguroso a los recursos y proyectos ejecutados y planeados en la ciudad. El funcionario, tunjano de 37 años con maestrías en dirección de negocios y administración de empresas, enfatizó que la independencia de la Contraloría estará fundamentada en la transparencia y la publicidad, buscando la eficiencia y eficacia del control fiscal.
El Contralor electo manifestó que, al iniciar su labor, el enfoque no será la auditoría de un contrato específico, sino la revisión integral de la gestión municipal. "El sesgo debería ser auditemos todo, porque Tunja necesita un seguimiento y un control a los recursos públicos y a los planes de inversión que se están ejecutando", afirmó Ramírez González. Aunque el proceso de empalme se proyecta para la próxima semana, el nuevo titular de la entidad de control fiscal indicó que se centrará en lo que se le entregue técnicamente, evitando emitir juicios sobre la administración saliente.
Una de las propuestas centrales de Ramírez González es fortalecer la credibilidad en las instituciones públicas mediante el aumento de la publicidad en los informes de gestión y el acercamiento constante con la comunidad. El Contralor señaló que su experiencia le indica la necesidad de hacer la Contraloría más abierta y de generar más espacios de transparencia, incluso por fuera de los tiempos periódicos establecidos, como un mecanismo para que la ciudadanía pueda conocer de primera mano la gestión de la entidad.
Adicionalmente, el Contralor electo expresó su intención de que el control fiscal se ejerza desde las etapas iniciales de los proyectos. Subrayó que la correcta planeación es un principio fundamental en la gestión pública y que trabajar desde allí, en el mediano y largo plazo, es la vía para reducir el riesgo de pérdida de recursos públicos en el municipio. Finalmente, agradeció el apoyo de los concejales que votaron a favor de su postulación, respetando a su vez la decisión de quienes optaron por otras vías en el ejercicio democrático.
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝟐𝟖 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞
Una sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja declaró que el municipio de Tunja es responsable por omisión de la vulneración de derechos colectivos, tras una acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García. El fallo se centra en la falta de andenes y el deterioro de los existentes en la Avenida Oriental, en el tramo comprendido entre la Carrera 11 (sector Los Hongos) y la Calle 15 (Avenida Patriotas). La decisión busca proteger el goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público, y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.
La acción popular se sustentó en que esta vía, que es una arteria vial de amplio paso vehicular y peatonal, presenta diversos tramos sin andenes o senderos peatonales, exponiendo a la población que transita por el sector. Además, se señaló que los tramos con andenes presentan daños, levantamientos y hundimientos. Durante el proceso, el municipio no contestó la demanda y, en la audiencia de pacto de cumplimiento, decidió no presentar una fórmula de acuerdo.
Un informe de la Secretaría de Infraestructura, allegado al proceso, reconoció que en el costado oriental de la vía hay tramos sin andenes por aproximadamente 320 metros y otro tramo por 103 metros, y en el costado occidental existen faltantes por 177 metros y 56.4 metros. Asimismo, el informe confirmó que ningún tramo de andén existente en ambos sentidos cuenta con rampas para personas con movilidad reducida, y varios andenes están en estado regular o malo, con roturas, fisuras y pérdida de concreto.
El Juzgado ordenó al municipio de Tunja cumplir con medidas específicas una vez ejecutoriada la sentencia. En un término máximo de tres meses, la administración debe realizar los levantamientos topográficos y el trazado de la vía para determinar qué franjas de terreno son propiedad privada y cuáles pertenecen al municipio. Posteriormente, dispondrá de seis meses para iniciar y finalizar las gestiones administrativas de cesión de las franjas de terreno de propiedad privada, ya sea por cesión obligatoria gratuita, cesión voluntaria o mediante otro procedimiento legal, para incorporar estas áreas como inmuebles públicos. El tribunal enfatizó que el municipio debe adelantar estas gestiones, ya que los andenes son bienes de uso público y el interés general debe primar sobre el particular.
Una vez finalizada la etapa de gestión predial, el municipio tendrá un plazo máximo de un año para ejecutar las obras de construcción, adecuación, recuperación y mantenimiento de los andenes. Adicionalmente, el fallo ordenó la conformación de un Comité de Verificación, integrado por el actor popular, el Alcalde de Tunja, las secretarías de Infraestructura, Contratación y Planeación, el delegado de la Defensoría del Pueblo y el agente del Ministerio Público. Este comité deberá presentar informes trimestrales sobre el cumplimiento de las órdenes.
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐞𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝟐𝟖 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞
La fecha de finalización de la obra, ubicada en la Carrera Novena entre calles 18 y 19, fue confirmada por el secretario de Interior y Seguridad Territorial, David Suárez Acevedo ante el Concejo Municipal. La reubicación de los comerciantes, sin embargo, se proyecta para 2026.
El secretario de Interior y Seguridad Territorial de Tunja, David Suárez Acevedo, informó al Concejo Municipal sobre la etapa final de la construcción del centro comercial destinado a la reubicación de los vendedores informales de la Cooperativa de Vendedores Ambulantes y Minoristas de Tunja (Coovename).
Durante la sesión, Suárez Acevedo precisó que el proyecto, ubicado en la Carrera Novena entre calles 18 y 19, tiene como fecha límite para su entrega por parte de la Gobernación de Boyacá el próximo 28 de diciembre. A pesar de esta fecha inminente, el funcionario advirtió que la entrega formal a la administración municipal y la consecuente reubicación de los vendedores se aplazaría.
El secretario también indicó que la construcción presenta un avance de ejecución del 90%,. Según el reporte de Suárez Acevedo, este porcentaje final se relaciona con "algunos temas de bomberos, temas específicos que conllevan un 10 por ciento". Este último avance fue consignado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) con fecha hasta el 16 de septiembre.
𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐞𝐥 𝟏𝟎 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐜𝐢𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝐩𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐧 𝐜𝐮𝐚́𝐧𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐨́ 𝐬𝐮 𝐚𝐯𝐚𝐥𝐮́𝐨 𝐜𝐚𝐭𝐚𝐬𝐭𝐫𝐚𝐥
Si usted es propietario de una vivienda, lote o local en Tunja, prepárese porque a partir del próximo martes 10 de diciembre podrá saber exactamente cuál es el nuevo valor que la Alcaldía le ha asignado a su propiedad. Este dato es crucial para su economía, ya que el avalúo catastral es la base sobre la cual se calculará el Impuesto Predial que tendrá que pagar en los próximos años, por lo que conocerlo con anticipación le permitirá verificar si el cobro se ajusta a la realidad de su inmueble.
Para realizar esta consulta, usted puede dirigirse al primer piso del Edificio Municipal, situado en la carrera 9 # 17-50, en el local donde antiguamente funcionaba el establecimiento Foto Japón. Allí, el equipo encargado de la actualización catastral le entregará la información sobre el avalúo económico y le permitirá revisar si los datos físicos (como el área construida) y jurídicos (el nombre del propietario) quedaron bien registrados. Aunque la consulta no es obligatoria, se constituye en una herramienta clave para que los contribuyentes garanticen que la información reposada en la base de datos oficial sea correcta y justa.
El proceso de actualización abarcó cerca de 65.022 predios en 107 barrios de la ciudad, cubriendo el 70% de la zona urbana. La administración local ha dispuesto este mecanismo para garantizar la transparencia antes de la liquidación tributaria. Tenga en cuenta que esta gestión obedece a una norma nacional que exige renovar el catastro cada cinco años y que, bajo ninguna circunstancia, implica un cambio en el estrato socioeconómico de su vivienda ni reemplaza al censo del DANE.
𝐃𝐞𝐬𝐩𝐨𝐣𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐮 𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨: 𝐂𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐒𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐞𝐜𝐮𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐜𝐚𝐥𝐮𝐦𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫
Alejandro Pinilla, comerciante de frutas y verduras con 15 años de trayectoria en la plaza de Mercado del Sur de Tunja, denunció ser víctima de una persecución que, según él, lo llevó a ser despojado de su puesto de trabajo.
Pinilla asegura que la situación se ha intensificado desde la llegada de Luis Rodríguez Aponte, actual administrador de las plazas de mercado, y que incluso se le ha endilgado la calumnia de estar vendiendo puestos dentro del espacio público.
El comerciante relató a este medio que el conflicto se originó luego de un debate inicial sobre la administración de las plazas. Pinilla sostiene que la persecución alcanzó su punto más álgido hace aproximadamente mes y medio.
En ese momento, fue retirado de su sitio habitual de comercialización por orden de Rodríguez Aponte y del señor Luis Guarín, a quien identificó como un patrullero de la Policía que, a su parecer, trabajaba para los administradores de las plazas de mercado.
Pinilla explicó que su ubicación en la zona de fruta y verdura, fuera de los pabellones que están invadidos por ropa de madrugón, era el único lugar donde podía ejercer su labor.
“A partir de hace aproximadamente un mes y medio, el señor Luis vino y me instaló aquí a otra persona diferente, usurpándome el derecho al trabajo y el derecho a la posesión que yo tengo sobre este espacio”, afirmó.
Frente a la acusación de que supuestamente vende puestos, Pinilla fue enfático en negarlo. Señaló que los espacios de la plaza son públicos y pertenecen a municipio de Tunja, por lo que ningún comerciante puede venderlos.
Explicó que la cesión de espacios se da por acuerdo mutuo entre comerciantes, lo cual es distinto a una venta. En su caso, mencionó que la comerciante Ismenia Callejas, una persona de la tercera edad, le cedió el espacio de manera gratuita y por acuerdo mutuo.
Pinilla sostiene que la persona que fue instalada en su puesto es un joven, al parecer de Duitama o Tibasosa, que antes vendía sus productos de forma ocasional y ambulante.
El denunciante manifestó que ha buscado solucionar la situación por las vías legales. Indicó que ha pasado dos derechos de petición a la Alcaldía de Tunja para poner en conocimiento la situación.
Sin embargo, las respuestas obtenidas “no son las respuestas que yo esperaba y tampoco me han dado solución a mi problema como tal”.
Pinilla aseguró que intentó hablar con el alcalde y el secretario de Fomento durante una visita reciente a la plaza, pero tampoco obtuvo una respuesta.
El comerciante señaló que hay al menos otros cinco comerciantes de la Plaza del Sur que están viviendo una situación similar, con presuntas vulneraciones a sus derechos a la comercialización y al trabajo, solo que no se atreven a denunciar la situación por miedo a represalias.
𝐄𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟔 𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐜𝐨 𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚 𝐬𝐞𝐫𝐚́ 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐝𝐢́𝐚
La administración municipal de Tunja, a través de la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial, anunció, en diálogo con Última Hora Noticias, modificaciones sustanciales en la medida de restricción vehicular conocida como 'Pico y Placa'. A partir del año 2026, la restricción operará en jornada continua de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
La confirmación fue realizada por Juan Carlos García Vargas, jefe de la cartera de Movilidad, quien detalló que la medida aplicará en todo el perímetro urbano de la capital boyacense. Esta decisión elimina los intervalos de libre circulación que existían en horas valle, estableciendo un bloque de catorce horas diarias de restricción para los vehículos particulares según el último dígito de su matrícula.
Adicionalmente al cambio de horario, el funcionario indicó que para el próximo año se implementará una rotación en los días y los dígitos de las placas restringidas.
𝐀𝐬𝐢́ 𝐥𝐮𝐜𝐞 𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐮𝐦𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐯𝐢𝐝𝐞𝐧̃𝐨 𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐠𝐮𝐧𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞𝐬 𝐲 𝐩𝐥𝐚𝐳𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐛𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞
La decoración de fin de año ya es visible en varios puntos de Tunja, destacándose las instalaciones luminosas en espacios como el Parque Recreacional del Norte, la Plazoleta San Francisco, el Bosque de la República y el Parque Pinzón, donde ya se exhiben figuras que representan íconos arquitectónicos internacionales como la Torre Eiffel y el Coliseo de Roma. Aunque el encendido oficial de la totalidad del alumbrado decembrino se estaría realizando el 7 de diciembre, estas estructuras preliminares buscan embellecer y estimular la visita a parques y plazoletas, ofreciendo un escenario para el disfrute nocturno de residentes y visitantes de la capital boyacense durante el mes de diciembre.
La Alcaldía de Tunja celebró el contrato que asegura una vitrina de lujo para sus artesanos y emprendedores locales en la capital del país. El proceso contractual, cuyo estado figura como celebrado y adjudicado en la plataforma del Secop, garantiza la participación de Tunja en la feria Expoartesanías 2025, consolidando un espacio clave para el desarrollo económico de los creadores municipales.
El contrato fue firmado por un valor total de $81.855.000, el cual fue destinado al arrendamiento y montaje de un estand de representación institucional.
El acuerdo se concretó bajo la modalidad de Contratación Directa. La administración municipal justificó esta elección basándose en la naturaleza del objeto contractual (arrendamiento de un bien inmueble) y en la condición de exclusividad de Corferias, entidad reconocida como el "único proponente y propietario exclusivo del evento", lo que hacía imposible la participación de otros oferentes. Este espacio fue considerado como un escenario "sin sustitutos reales" para el mercado artesanal.
El contrato, que tiene como finalidad la representación de Tunja durante 14 días, estará vigente hasta el 18 de diciembre de 2025, fecha en la que culmina el evento. La participación se llevará a cabo del 5 al 18 de diciembre de 2025 en Corferias.
El estand tunjano se ubicará en el Pabellón Tendencias, Pabellón 6 nivel 1, con un área de 45 metros cuadrados. Este emplazamiento fue escogido por su "visibilidad de 360 grados sobre corredores principales y secundarios", asegurando que los productores locales puedan exhibir sus colecciones en un punto de alto tráfico. El presupuesto cubrió el costo del arrendamiento del área ferial ($49.725.000) y el montaje estándar del espacio ($32.130.000, incluido IVA).
La presencia del municipio en Expoartesanías permitirá a los artesanos una exhibición conjunta bajo el respaldo institucional, buscando "ampliar las capacidades comerciales de los emprendedores y artesanos tunjanos, mejorar su competitividad, promover la asociatividad y facilitar su inserción en circuitos comerciales nacionales e internacionales".
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐮𝐧 𝟒𝟒.𝟓% 𝐝𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐜𝐞
La primera etapa del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial (Cegafe) del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), ubicado en el barrio El Curubal de Tunja, registra un avance del 44.5% en su construcción. La entidad proyecta la entrega de esta fase inicial para abril de 2026.
La sede del Cegafe, cuya obra comenzó durante el primer semestre del año 2025 en el sector oriental de la capital boyacense, se desarrolla sobre un área total de 56.000 metros cuadrados, de los cuales 14.000 metros cuadrados serán de construcción.
La fase actual, correspondiente al bloque A de formación y una edificación complementaria, contempla 3.380 metros cuadrados y una capacidad para recibir hasta 1.440 aprendices distribuidos en tres jornadas, con 480 estudiantes por turno. Una vez finalizada la totalidad del proyecto, se espera que la capacidad total ascienda a 4.300 aprendices.
Los ambientes de formación diseñados para esta etapa incluyen aulas convencionales, un taller de simulación para banca y seguros, áreas especializadas en gestión documental, bibliotecas públicas, asistencia administrativa, gestión de archivos y un espacio enfocado en documentos electrónicos. Adicionalmente, se construyen zonas complementarias como atención al ciudadano, enfermería, psicología, trabajo social, apoyo al aprendiz, centro de recursos, cuarto de lactancia, cafetería, almacén y baterías sanitarias.
La primera etapa fue adjudicada a la Unión Temporal AKZ-EMPRESARIAL mediante un contrato celebrado en 2024 por un valor de $10.472.569.646. Por su parte, la interventoría fue asignada al Consorcio GC-F-002 V.11 Educar Boyacá con un valor de $769.877.327. Este proyecto se concibe como un referente en infraestructura para la formación profesional en la región, beneficiando directamente a la población de Tunja y, en un contexto más amplio, a los habitantes de Boyacá.
$𝟏.𝟓𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐫 𝐢𝐝𝐞𝐚𝐬 𝐭𝐮𝐧𝐣𝐚𝐧𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐞𝐬
La Alcaldía de Tunja y el SENA entregaron $1.500 millones en capital semilla a 25 emprendedores de la ciudad. Cada beneficiario recibió $60 millones para poner en marcha o fortalecer su iniciativa empresarial.
A través de la convocatoria de Fondo Emprender, se presentaron más de 400 emprendedores; 42 proyectos obtuvieron viabilidad técnica y, entre ellos, los 25 con mayor puntaje fueron seleccionados para recibir los recursos.
Esta inversión conjunta —$1.000 millones aportados por el SENA y $500 millones por la Administración Municipal— representa un impulso directo al crecimiento del tejido empresarial local, a la creación de nuevas unidades productivas y a la generación de empleo formal dentro de los negocios que hoy comienzan a consolidarse.
Los beneficiarios pertenecen a sectores como confecciones, bisutería, gastronomía, servicios y productos de aseo, lo que demuestra la diversidad y el potencial del emprendimiento tunjano.
Con información de: Gerencia Estratégica de Comunicaciones y Protocolo de la Alcaldía de Tunja
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐚 𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐚𝐠𝐢𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El Grupo de Asesorías y Representación Jurídica Legal de Colombia S.A.S., accionante en el proceso de nulidad electoral contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado. La acción judicial, radicada el 28 de noviembre de 2025, busca proteger derechos fundamentales al alegar una dilación injustificada en los términos judiciales para proferir la sentencia de segunda instancia en el caso.
La tutela fue presentada por el abogado Marco Antonio Palma Luna en representación del Grupo de Asesorías y se dirige contra la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera del Consejo de Estado, su secretaría y contra el demandado, el alcalde Mikhail Krasnov. El objetivo principal de la acción es que el alto tribunal ordene la remisión inmediata del expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado para que se dicte la sentencia definitiva.
El accionante argumenta que los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la justicia y a la celeridad procesal han sido vulnerados debido a que se ha permitido que el demandado promueva recursos, nulidades y otras actuaciones judiciales que son "manifestamente improcedentes" y de manera extemporánea.
La queja detalla una serie de actuaciones que han prolongado el proceso de nulidad electoral. El accionante señala que se permitió al demandado Mikhail Krasnov litigar de manera directa en el proceso, a pesar de contar con apoderado judicial, vulnerando el principio de postulación judicial.
Entre los hechos que sustentan la tutela, se destaca que la Sección Primera del Consejo de Estado habría tramitado y expedido providencias judiciales posteriores a decisiones que, según la demanda, ya se encontraban ejecutoriadas y en firme. Se menciona la providencia del 31 de julio de 2025, que rechazó una primera recusación, pero contra la cual se le permitió al demandado tramitar recursos que legalmente no procedían.
Una situación similar ocurrió tras la providencia del 7 de noviembre de 2025, en la cual se rechazó una segunda recusación promovida contra los consejeros de la Sección Quinta. De acuerdo con el documento, esta decisión agotaba la competencia temporal de la Sección Primera y la Secretaría debió remitir el expediente.
Sin embargo, el accionante sostiene que se presentó una "actuación procesal extraña" el 11 de noviembre de 2025, en la que se reasignó la competencia a otro consejero para que volviera a decidir sobre la misma recusación, configurando un doble juzgamiento. Posteriormente, el 18 de noviembre de 2025, el demandado promovió un recurso de aclaración y un incidente de nulidad de forma extemporánea contra el auto del 7 de noviembre.
La acción de tutela solicita dejar sin efectos las providencias judiciales posteriores al 7 de noviembre de 2025 y exige que la Secretaría de la Sección Primera remita de inmediato el expediente a la Sección Quinta para que se profiera sentencia de segunda instancia.
El abogado Marco Antonio Palma Luna argumenta que esta dilación, promovida por el demandado, no solo afecta el debido proceso, sino que mantiene "ilegítimamente en el cargo al mandatario demandado", constituyendo una amenaza al orden constitucional y a la seguridad jurídica de la nación.
Como medida provisional urgente, el abogado Marco Antonio Palma Luna solicita que se ordene el envío inmediato del expediente a la Sección Quinta del Consejo de Estado mientras se resuelve la acción, buscando evitar un daño grave e irreparable a los derechos fundamentales. El apoderado señala que, debido a estas interrupciones, los plazos perentorios para la decisión en segunda instancia se encuentran vencidos.
𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil agosto-octubre, Tunja es la decimoprimera ciudad con más desempleo en Colombia.
Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 8,7%, es decir, 0,5 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el trimestre anterior. El promedio nacional fue del 8,3%.
Este resultado también representa una mejora en comparativa con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró una tasa de desempleo del 11,2% para el mencionado trimestre móvil.
Tunja es la tercera ciudad con menor tasa de informalidad (39,4%), aumentando en comparativa con el trimestre anterior (38,5,9%), e igualmente acrecentándose en relación al registro de hace un año, cuando era del 38,3%. Los primeros lugares para este indicador los ocuparon Bogotá (34,8%) y Manizales (36,2%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 144.399 personas en edad de trabajar, de estas, 7.699 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 3.985 personas.
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐙𝐎𝐄 𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐛𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨
La concejal Laura Silva Roldán dio a conocer una denuncia ciudadana ante el Concejo de Tunja señalando que un número significativo de profesionales contratados para la estrategia de Zonas de Orientación Escolar (ZOE) no residiría en el municipio. Según la cabildante, esta condición estaría causando un presunto servicio incompleto en las instituciones educativas, pues el personal de las ZOE, al ser oriundo de municipios como Duitama, Sogamoso, Nobsa o Tibasosa, debe retirarse a más tardar a las 3:00 de la tarde para tomar el transporte, dejando descubiertas las jornadas que finalizan más tarde.
La secretaria de salud, Diana García Paipa, desmintió que el origen de los contratistas sea la causa de la limitación horaria, e indicó que la directriz para finalizar las actividades a las 4:00 de la tarde obedece a razones de seguridad. La funcionaria explicó que la medida fue adoptada luego de que dos contratistas sufrieran incidentes en visitas domiciliarias realizadas en horas de la noche. Aunque la Secretaria afirmó que la selección se realiza únicamente por perfil profesional (psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos), no suministró una cifra que confirmara o desmintiera la cantidad de personal de la ZOE que reside fuera de la capital boyacense.
Durante una reciente sesión en el Concejo Municipal de Tunja, se evidenció que aún no existe una fecha definida para la apertura del puesto de salud del barrio El Carmen. Pese a que la infraestructura física ya fue entregada, la falta de dotación y mobiliario impide la prestación de servicios, situación que generó cuestionamientos por parte de los cabildantes y respuestas administrativas que no definieron un plazo concreto para su operación.
La discusión fue planteada inicialmente por la concejal Laura Silva Roldán, quien señaló que, tras una visita del Ministerio de Salud (Guillermo Jaramillo Martínez), el puesto de salud fue entregado a la comunidad, pero actualmente se encuentra vacío. La cabildante solicitó claridad sobre el proyecto de dotación, los costos, las fuentes de financiación, si provienen del municipio, la Gobernación o la Nación; y, específicamente, la fecha proyectada para la apertura al público.
A los cuestionamientos se sumó el concejal Julián López Laiton, quien manifestó su preocupación por los tiempos de ejecución tras casi dos años de la actual administración. López Laiton hizo referencia a las expectativas sobre la construcción de hospitales de segundo nivel en la ciudad y contrastó dichas proyecciones con la dificultad actual para dotar y poner en marcha infraestructuras ya existentes, como la del barrio El Carmen.
Ante estas inquietudes, la secretaria de Salud de Tunja, Diana García Paipa, explicó los motivos administrativos que han retrasado el proceso. Según la funcionaria, el proyecto tuvo siete devoluciones por parte de la Secretaría de Salud de Boyacá y del Ministerio de Salud. Estas devoluciones obedecieron a discrepancias en los procesos de habilitación y ajustes necesarios al documento de la Red Prestadora de Servicios de Salud del municipio.
García Paipa aseguró que, tras lograr la concertación entre los entes territoriales y nacionales, el proyecto fue viabilizado. Respecto a la financiación, indicó que existe una cofinanciación en la que participan el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Tunja y el Departamento para la adquisición de los insumos y elementos necesarios.
Sin embargo, al abordar el estado actual de la compra de estos equipos, la funcionaria señaló que la E.S.E. Santiago de Tunja es la entidad encargada de adelantar el proceso de licitación. En su intervención, la secretaria admitió desconocer el avance específico de dicho trámite administrativo para la adquisición de los elementos, confirmando únicamente que se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y el Registro Presupuestal (RP).
Al cierre de la intervención oficial, no se estableció una fecha exacta ni estimada para que el puesto de salud cuente con el mobiliario requerido y pueda abrir sus puertas a los habitantes del sector occidental de la capital boyacense.
𝐂𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐮𝐧 𝐚𝐧̃𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐫𝐨𝐳𝐚𝐬
El retraso de casi un año en el pago del premio de carrozas correspondiente a la ESE Santiago de Tunja fue uno de los temas abordados con el secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio, Juan Pablo Pérez Espitia, durante la socialización del presupuesto del Aguinaldo Boyacense 2025 ante el Concejo municipal.
El cuestionamiento se centró en la situación del grupo de trabajadores de la ESE que obtuvo un reconocimiento en el concurso de carrozas del Aguinaldo 2024. El concejal Román Quintero Corredor reclamó claridad sobre la demora, señalando directamente al funcionario. "Yo le manifesté a usted, Juan Pablo, que había funcionarios de la ESE a los cuales no se les ha pagado el premio de la carroza con comparsa del año pasado".
Ante la inquietud sobre la deuda que data de hace casi doce meses, el secretario Pérez Espitia ofreció una respuesta sobre el trámite del desembolso, manifestando optimismo sobre una fecha próxima. "Ese ese pago ya se está coordinando. Yo creo que ya sale más tardar la otra semana", reseñó el Secretario.
La reciente presentación de la mascota oficial para la edición 70 del Aguinaldo Boyacense generó un debate en el Concejo de Tunja, donde los cabildantes dedicaron buena parte de la sesión a discutir la pertinencia de la figura. La polémica suscitada por el diseño, ajeno a la fauna local y caracterizado por la presencia de nieve, elemento que no existe en un territorio como Tunja durante cualquier época del año, acaparó la atención de la Corporación.
El objeto de la discordia es un “oso andino” de ojos azules, una figura que fue señalada de no ser representativa de la identidad de la capital boyacense. Varios concejales manifestaron su extrañeza ante la elección, dado que el oso andino no es un animal que habite la zona urbana de Tunja y las nevadas son inexistentes en la ciudad. El debate incluyó varias intervenciones de los concejales y una discusión con el secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio, quien dejó ver su molestia cuando algunos concejales rieron al escuchar su explicación del porqué de esa mascota para el Aguinaldo.
En la discusión, el concejal Brahiam Quintana Martínez realizó una defensa abierta de la mascota, en una postura vista por algunos sectores como un claro guiño a la administración municipal, de la cual Quintana Martínez ha sido uno de los más cercanos defensores en los últimos tiempos. Quintana Martínez, a quien se señala de ser el ungido por la Administración Krasnoiv para presidir la Corporación Edilicia en 2026, argumentó que se trataba de un oso andino, aunque su justificación fue señalada de incongruente al contrastar con la realidad biológica de la especie. El diseño presenta ojos azules, una característica que no es propia del oso andino, lo que llevó al concejal a recurrir a herramientas externas para intentar fundamentar su posición.
Otros miembros del Concejo fueron más directos al sugerir que la elección era una alusión al Alcalde, interpretando que el animal, emblemático del país de origen del mandatario, junto con el ambiente nevado, podría ser un gesto de megalomanía del ejecutivo local.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐬𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐭𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞
A pesar de que la invitación extendida al secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio, Juan Pablo Pérez Espitia, al Concejo de Tunja tenía como propósito conocer en detalle la inversión de los recursos destinados al Aguinaldo Boyacense, la ciudadanía y la corporación continúan sin tener el desglose específico del presupuesto. Durante la sesión de socialización, el funcionario presentó un listado de rubros generales que suman 8.063 millones de pesos, pero no entregó los soportes pormenorizados que esperaban los cabildantes para entender la ejecución del gasto.
El grueso de la inversión se concentra en dos aspectos fundamentales: la nómina de artistas (nacionales einernacionales) y el montaje técnico. Según el informe del funcionario, para los "artistas de verbenas" se destinaron 4.700 millones de pesos. Adicionalmente, el rubro de producción, que incluye tarimas, sonido, luces, techos y vallas para todos los eventos; asciende a 2.200 millones de pesos. Al respecto, Pérez Espitia justificó el monto señalando que "al tener también un calibre de artistas como el que viene este año, pues la medida exige una producción de muy buena calidad".
Las cifras presentadas evidenciaron una marcada diferencia entre los recursos para los megaconciertos y las actividades tradicionales o de talento local. Mientras la producción técnica y los artistas principales suman 6.900 millones de pesos, los eventos que involucran participación ciudadana reciben asignaciones considerablemente menores.
En esa misma línea de gastos, el desfile de motos Harley Davidson tendrá 25 millones, el 'Aguinaldo a tu Vereda' 50 millones y el 'Aguinaldo a tu Barrio' 88 millones. Otros rubros mencionados fueron el 'Aguinaldito', con 80 millones; el desfile de carrozas y comparsas, con 90 millones en incentivos y logística; y el 'Aguinaldo al Parque', con 260 millones en estímulos. Además, se contemplan 160 millones para planes de contingencia y 390 millones para el pago de derechos de autor a Sayco y Acinpro.
La presentación generó inconformidad entre los concejales, quienes calificaron de "descarado" que se expusieran cifras multimillonarias "sin ningún tipo de desglose". Varios cabildantes manifestaron su preocupación al notar que, en una sesión anterior, se había hablado de un presupuesto cercano a los 6.563 millones, monto que ahora supera los 8.000 millones sin que exista una proyección sobre el retorno de inversión para la ciudad.
"Nosotros solicitamos esta sesión para que se nos dieran claridades de cómo se va a gastar o a invertir el recurso (...) y aquí no quedan claras muchas cosas", señaló uno de los concejales. La socialización concluyó a la espera de que la administración municipal envíe los documentos prometidos, dejando pendiente la explicación minuciosa de cómo se gastará cada peso de los tunjanos en la festividad.
𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫, 𝐞𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐞𝐧𝐬𝐞, 𝐞𝐱𝐡𝐢𝐛𝐞 𝐬𝐞𝐯𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐨
El Parque Santander de Tunja, designado como el escenario para la realización del campeonato de microfútbol de veteranos en el marco del Aguinaldo Boyacense número 70, presenta un avanzado estado de deterioro estructural que ha generado inquietud. La infraestructura del lugar exhibe el desprendimiento de fragmentos de mampostería en columnas y bordes, además de múltiples grietas y fisuras visibles tanto en muros como en el suelo. A las afectaciones estructurales se suma la abundante presencia de grafitis en el espacio público. Algunos sectores de la opinión pública claman por su intervención y mejoramiento aprovechando que será un espacio de reunión durante el venidero Aguinaldo Boyacense.
𝐍𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐩𝐨𝐭𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚: 𝐃𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐞𝐣𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚
El concejal de Tunja Román Quintero Corredor denunció un presunto nuevo caso de nepotismo en la administración del alcalde Mikhail Krasnov, tras conocerse el nombramiento de Juan Ramón Bautista Barreto, quien sería el esposo de la directora de la Oficina de Hacienda Pública del municipio, Denisse Jiménez Ramos. Este hecho se suma a otras situaciones previamente señaladas en la esfera local.
El nombramiento de Bautista Barreto se oficializó mediante el decreto 0538 del 7 de noviembre de 2025, expedido por la Alcaldía Mayor de Tunja. La designación se hizo en el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado 09 , con carácter provisional.
La plaza provista corresponde a una vacante temporal en la planta de personal , debido a que la funcionaria titular con derechos de carrera, Ángela Viviana Parra Díaz, se encuentra en situación administrativa de encargo.
La administración municipal justificó el nombramiento provisional argumentando que se agotó el proceso para proveer la vacante mediante encargo con empleados de carrera. El decreto indica que, tras llevar a cabo la revisión de las historias laborales y publicar el proceso, ningún funcionario público de la planta central de la entidad manifestó interés en el encargo.
La denuncia del concejal Quintero Corredor apunta a que la relación sentimental entre el ciudadano nombrado provisionalmente y la Directora de Hacienda podría configurar un caso de nepotismo en la provisión de un empleo público. El concejal señaló, además, que esta situación podría generar un conflicto de intereses y anunció que la denuncia fue presentada ante los órganos respectivos.
𝐄𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐈𝐍𝐄𝐌, 𝐚 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐬𝐨 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢́𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫
La estudiante del INEM Carlos Arturo Torres de Tunja, Lilibeth Luciana Rodríguez Sandoval, obtuvo el primer lugar en la fase local del concurso medioambiental ‘Alrededor de Iberoamérica’, impulsado por la empresa Veolia. La joven competirá ahora en la final nacional del certamen.
El proyecto de la estudiante, reconocido por su ingenio, conciencia ambiental y espíritu emprendedor, se centra en la reutilización de residuos textiles.
La propuesta consiste en aprovechar los retazos de tela sobrantes de una pequeña fábrica de dotaciones para transformarlos en bolsos, moños y ropa para muñecos pequeños. Con esta iniciativa, Rodríguez Sandoval busca demostrar cómo el aprovechamiento de materiales puede contribuir significativamente a la reducción de residuos y a la promoción de una economía circular en su comunidad.
El gerente general de Veolia Aguas de Tunja, William Ricardo Hernández Sanabria, resaltó la importancia de la creatividad juvenil en la construcción de un futuro sostenible, afirmando que este tipo de proyectos reflejan el poder transformador de la educación ambiental.
𝗣𝗿𝗼́𝘅𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗽𝗮𝘀𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼
Lilibeth Luciana Rodríguez Sandoval competirá en la final nacional de ‘Alrededor de Iberoamérica’, donde un jurado seleccionará la propuesta ganadora de Colombia. El estudiante que resulte ganador tendrá la oportunidad de viajar a un país anfitrión para compartir una experiencia de aprendizaje con los ganadores de las otras naciones participantes.
En esta edición local del concurso, que busca fomentar la conciencia ambiental y promover valores como la responsabilidad y la innovación en estudiantes de primaria, participaron jóvenes de instituciones educativas de Tunja como el Colegio de Boyacá, el Gimnasio Grancolombiano, el Colegio Emiliani y el INEM Carlos Arturo Torres. Los proyectos presentados estuvieron enfocados en la protección del entorno y el uso responsable de los recursos naturales.
El concurso "Alrededor de Iberoamérica" se desarrolla simultáneamente en ocho países de América Latina. El reconocimiento a la estudiante del INEM es visto como un ejemplo del compromiso de la juventud tunjana con la sostenibilidad y la creatividad al servicio del medio ambiente.
Nicky Jam y Carlos Vives encabezan cartel de la edición 70 del Aguinaldo Boyacense
La edición número 70 del Aguinaldo Boyacense ha comenzado a generar gran expectativa en Tunja, luego de que la organización revelara una parte del cartel artístico que animará la celebración.
Entre los artistas confirmados para la tarima principal destacan figuras de proyección internacional y nacional. El listado incluye nombres como Nicky Jam y Carlos Vives, reconocidos por su trayectoria en géneros urbanos y de vallenato/cumbia, respectivamente.
El componente internacional se complementa con la presencia de Ace of Base y Dr. Alban, íconos de la música pop de décadas anteriores, y la banda mexicana Elefante.
La cuota colombiana está también representada por artistas de diferentes géneros, abarcando el vallenato con Rafa Pérez y Jean Carlos Centeno; la música popular con Luis Alfonso, Ciro Quiñones, Yeison Jiménez, y Andrés Franco “El Agropecuario”; el regional mexicano a cargo de Calibre 50; y el talento de Juliana Velázquez. El evento tradicional contará también con la participación de orquestas legendarias como Los Tupamaros y la presentación de Pastor López Jr.
𝐔𝐌𝐆𝐑𝐃 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐬𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨́ 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐁𝐚𝐭𝐚𝐥𝐥𝐨́𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬 𝐲 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐚
La Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (UMGRD) de Tunja no tuvo conocimiento oficial ni directo del intento de atentado ocurrido en inmediaciones del Cantón Militar Gustavo Rojas Pinilla (Batallón Simón Bolívar). Esta revelación fue hecha por Omar Fajardo Fonseca, coordinador de la UMGRD, durante un informe presentado ante el Concejo Municipal. El funcionario explicó que la UMGRD se enteró del suceso por vías informales y que incluso fue víctima de la desinformación circulante, incluida una versión periodística que señaló el hecho como una "falsa alarma", lo que afectó la capacidad de respuesta inicial de la entidad.
Durante la sesión del Concejo, donde se rindió un informe sobre la atención y reparación de las viviendas afectadas en barrios aledaños, Fajardo indicó que la primera alerta concreta sobre el vehículo cargado con explosivos artesanales no provino de ninguna autoridad militar o de policía. El coordinador señaló que la entidad recibió el primer aviso a las 7:24 de la mañana a través de una llamada al celular de emergencias. Sin embargo, no se trató de un reporte oficial, sino de una consulta ciudadana. "A nosotros se nos llama a decirnos, a preguntarnos realmente qué conocimiento teníamos del evento," afirmó Fajardo.
El funcionario agregó que para ese momento ya habían visto publicaciones en Facebook y alguna información en canales de prensa digitales, lo que generó una confusión generalizada. Fajardo enfatizó que la falta de una "claridad o una certeza" de primera mano sobre lo que estaba ocurriendo dificultó la labor de la Gestión del Riesgo. El coordinador lamentó que la entidad tuvo que lidiar con información contradictoria que ponía en riesgo la seguridad de la respuesta. "Mientras se informaba por un lado de una presencia de un vehículo sospechoso, por otro lado se estaba hablando que era una falsa alarma," detalló ante el Concejo.
Ante la incertidumbre y la falta de información oficial, la UMGRD optó por la verificación directa. La primera acción fue dirigirse a la Estación Central de Bomberos para coordinar con el Comandante, quien también había recibido reportes ciudadanos. Posteriormente, el coordinador de la UMGRD y el capitán de bomberos se desplazaron hasta el sector del batallón para verificar la situación. La decisión inicial de no llevar de inmediato las máquinas extintoras se basó precisamente en el desconocimiento de la amenaza real. "No teníamos un conocimiento real, aterrizado, de qué era lo que estaba ocurriendo, si realmente era un vehículo explosivo, de qué características, si el atentado era contra el Batallón, contra la comunidad…" concluyó Fajardo, resaltando el vacío informativo que complicó la evaluación del radio de influencia y el riesgo para la comunidad.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐥 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐲 𝐚𝐝𝐞𝐜𝐮𝐚𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝟏𝟓
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑟𝑎 15 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠 17 𝑦 22.
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja dictó sentencia de primera instancia en contra del municipio de Tunja, ordenando la intervención y adecuación de los andenes de la Carrera 15, específicamente en el tramo comprendido entre las calles 17 y 22. La decisión surge de una acción popular interpuesta por Yesid Figueroa García, la cual busca garantizar el tránsito seguro y la accesibilidad peatonal.
El demandante argumentó que varios tramos de esta arteria, que conecta la salida a Villa de Leyva y la zona sur-occidental de la ciudad, no cuentan con aceras, y donde sí existen, presentan deterioros, fallas, levantamiento de materiales, grietas, anchos inferiores a las exigencias técnicas e incumplimiento de normas de accesibilidad.
La acción popular pretende la protección de los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de los bienes de uso público y la previsión de desastres previsibles técnicamente. Durante el proceso, se señaló que el mismo municipio reconoció que los andenes en el sector no cumplían con los anchos y altos mínimos, ni con los criterios de uniformidad y accesibilidad, y que además existía un tramo sin aceras públicas entre las calles 20 y 22.
Tras comprobar la vulneración de los derechos colectivos, el Juzgado Trece Administrativo ordenó al municipio de Tunja la realización de dos fases de intervención:
1. Estudios técnicos y presupuestales: El municipio deberá, dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, realizar las gestiones administrativas, contractuales y apropiaciones presupuestales para llevar a cabo los estudios técnicos, topográficos y de títulos necesarios para la intervención preventiva y correctiva de los andenes. El objetivo de estos estudios es garantizar el ancho mínimo de las aceras (incluyendo las zonas de amoblamiento) y la adecuación de rampas en los desniveles para los peatones con movilidad reducida.
2. Ejecución de las obras: Vencido el primer plazo, la administración municipal tendrá seis meses adicionales para ejecutar las obras de mantenimiento, construcción y adecuación derivadas de los estudios, con el fin de asegurar un tránsito peatonal libre y seguro.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐜𝐨𝐠𝐞𝐫𝐚́ 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐫𝐯𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐧 𝐞𝐜𝐨𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐚́𝐫𝐚𝐦𝐨
Durante tres días, la capital de Boyacá será el escenario donde expertos, comunidades y entidades ambientales de Colombia y Suramérica debatirán sobre la gestión sostenible de la alta montaña. El evento busca establecer mecanismos que permitan la convivencia entre las actividades humanas y la preservación de las fuentes hídricas.
Del 26 al 28 de noviembre, las instalaciones del Campus de la Universidad Santo Tomás en Tunja albergarán el Encuentro de Actores de Páramo y Alta Montaña. Esta iniciativa, enmarcada en la programación de la Casa Humboldt, tiene como propósito central analizar casos de éxito en la región que demuestren la viabilidad de proteger los ecosistemas estratégicos sin desplazar a las poblaciones que los habitan.
La agenda académica y social abordará el concepto de los páramos como un "socio-ecosistema", reconociendo la presencia histórica de comunidades campesinas e indígenas en estos territorios. Según indicaron voceros del Instituto Humboldt y del proyecto ‘GEF Páramos para la vida’, organizadores del encuentro, es necesario superar la visión puramente restrictiva para avanzar hacia modelos de gobernanza que incluyan medios de vida sostenibles, soberanía alimentaria y participación colectiva.
Entre las temáticas que se desarrollarán se encuentran la prevención y manejo de incendios forestales, la reconversión productiva hacia prácticas agrícolas de bajo impacto y la coexistencia con la vida silvestre. Asimismo, se discutirán los conflictos socioambientales vigentes en la alta montaña y se presentarán experiencias de bionegocios implementados en Boyacá y otros departamentos.
El evento contará con la participación de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Uno de los objetivos técnicos trazados para estas jornadas es la estructuración inicial de una mesa permanente de páramos en Colombia, la cual funcionaría como un órgano consultivo para el manejo de estos entornos a nivel nacional.
La programación incluye conferencias magistrales sobre la desaparición de glaciares, el rol de la mujer en la conservación de áreas protegidas como la Serranía de las Quinchas y paneles sobre ganadería sostenible en trópico alto. La participación en las actividades requiere un registro previo a través de los canales digitales dispuestos por el Instituto Humboldt, dado que el aforo es limitado. Puede hacerlo aquí: https://lacasa.humboldt.org.co/
𝐏𝐫𝐨𝐜𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨𝐫𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐲𝐚𝐜𝐚́ 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐭𝐞 𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
La Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá, a cargo de Fabiola Hernández Marín, se comprometió a realizar seguimiento a los señalamientos de presuntas irregularidades presupuestales y contractuales hechos por concejales de Tunja durante una sesión reciente. La funcionaria, no obstante, instó a los cabildantes a cumplir con su "deber de denunciar" formalmente ante el ente de control para que se puedan iniciar las actuaciones disciplinarias correspondientes.
𝐂𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐮𝐨𝐭𝐚𝐬 𝐛𝐮𝐫𝐨𝐜𝐫𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐚𝐬 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐠𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
El aumento de la cuota burocrática en la alcaldía de Tunja y la alta destinación de recursos a contratos de prestación de servicios (CPS) generaron debate en el Concejo municipal. El concejal Javier Mesa Fúneme estimó que la administración destina cerca de 10.000 millones de pesos anualmente para cubrir el pago de CPS en las diferentes dependencias de la alcaldía.
La expansión del personal es notoria en varias áreas, siendo el departamento administrativo de hacienda pública el ejemplo más explícito de este incremento, donde se confirmó la incorporación de 140 nuevos funcionarios desde 2024.
Este aumento habría generado dificultades logísticas, como el espacio físico reducido en áreas clave como fiscalización y cobro coactivo, ya que se requiere asignar escritorios y equipos al nuevo personal. La directora Jiménez Ramos explicó que, con el nuevo personal, el área les ha quedado "pequeña" o "muy reducida".
Por su parte, el concejal Javier Mesa Fúneme cuestionó la magnitud del gasto en personal y el uso de los contratos de prestación de servicios a nivel general en la administración. El cabildante estimó que los recursos destinados a cubrir los contratos de prestación de servicios en las dependencias de la Alcaldía podrían oscilar entre 9000 y 10.000 millones de pesos anualmente.
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐬𝐞 𝐨𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐠𝐥𝐨 𝐝𝐮𝐫𝐚𝐝𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐚 𝐎𝐥𝐢́𝐦𝐩𝐢𝐜𝐚
La Alcaldía de Tunja formalizó su oposición a la demanda interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García, en la cual solicita la reparación de la Avenida Olímpica. La acción legal se fundamenta en la presunta vulneración de derechos colectivos relacionados con la prevención de desastres por el deterioro de la infraestructura pública. La postura municipal se ratifica luego de que una reciente audiencia de pacto de cumplimiento fuera declarada fracasada.
La administración municipal, sustenta su postura, argumentando que la Avenida Olímpica ya fue objeto de una intervención sobre su capa de rodadura hace pocos meses y, a pesar de que se evidencian nuevamente huecos y el deterioro prematuro de la reparación anterior, la administración alega que el hecho de haber ejecutado e invertido recursos en la obra debe ser considerado en el litigio.
"𝐋𝐨 𝐮́𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐧𝐞𝐫 𝐮𝐧𝐚 𝐛𝐨𝐥𝐢𝐫𝐫𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥"
El concejal, Javier Mesa Fúneme, criticó la actual gestión administrativa durante una sesión reciente del cabildo, manifestando que las oficinas municipales se están utilizando para fines diferentes a la prestación de servicios a los ciudadanos. La declaración la hizo ante la directora del Departamento de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública, Claudia Patricia Velasco Sierra.
Durante la sesión, el concejal Mesa Fúneme señaló directamente la mala utilización de las oficinas administrativas, afirmando que estas están siendo empleadas para "montar cafeterías" en lugar de centrarse en el servicio a la comunidad. El cabildante extendió su crítica en tono de ironía al declarar: "Lo único que le falta al alcalde es poner una bolirrana en el edificio municipal".
𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫𝐚́ 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐲 𝐞𝐬𝐜𝐚́𝐧𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐥 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥
La administración municipal de Tunja oficializó el proceso contractual para adquirir e instalar un sistema integral de control de acceso en la sede central de la Alcaldía.
El proyecto tiene un precio estimado total de $443.958.413 y se lleva a cabo bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía. Actualmente, el proceso se encuentra en fase de presentación de observaciones por parte de los interesados.
La iniciativa, cuyo objetivo es reforzar la seguridad institucional en el edificio municipal, busca proteger a funcionarios, contratistas y visitantes mediante la incorporación de tecnología avanzada.
La nueva infraestructura tecnológica de seguridad incluye la instalación de lectores biométricos de reconocimiento facial para el personal interno, garantizando una validación de identidad sin contacto y con el registro trazable de ingresos y egresos. Para el control de visitantes, se dispondrán escáneres de cédulas o códigos QR que permitirán un registro digitalizado. El tránsito se efectuará a través de puntos controlados con puertas electromecánicas y sistemas bidireccionales adecuados para la accesibilidad.
Una parte significativa del proyecto se centra en la detección de elementos de riesgo. El contrato estipula el alquiler por un año de un arco detector de metales de alta sensibilidad y una máquina de rayos X para la inspección no invasiva de equipajes y objetos personales. La entidad justificó la modalidad de alquiler para el equipo de rayos X debido a su alto costo de adquisición y el mantenimiento especializado que requiere.
Según el cronograma publicado, el plazo para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones cierra el 25 de noviembre. La recepción y apertura de ofertas está programada para el 3 de diciembre de 2025, y se prevé que el acto administrativo de adjudicación se realice el 10 de diciembre. La fecha tentativa para el inicio de la ejecución del contrato es el 11 de diciembre de 2025.
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐚𝐝𝐯𝐢𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐣𝐮𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐯𝐞 𝐲 𝐩𝐚𝐫𝐚́𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐲 𝐝𝐞́𝐟𝐢𝐜𝐢𝐭 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥
El personero municipal de Tunja, Nelson Andrés Villabona Rueda, alertó ante el Concejo sobre la grave afectación a la Personería tras la terminación del contrato de comodato, señalando que la entidad no tiene capacidad legal ni presupuestal para reubicarse. El funcionario afirmó que la planeación de recursos se realiza con un año de antelación, haciendo inviable asumir un arriendo de manera abrupta, y denunció un déficit en la asignación presupuestal de más de mil millones de pesos en los últimos cinco años, lo que ha paralizado la contratación de personal clave para atender las 30.000 solicitudes anuales de la ciudadanía.
El Personero comenzó su intervención señalando que el espacio que ocupaban, en el tercer piso del edificio municipal, es propiedad del municipio de Tunja y no de la Alcaldía, y que la Personería ha operado allí históricamente (desde 1917). Reveló que, si bien el comodato anterior sí había tenido una vigencia de cuatro años, al igual que el del Concejo, y que durante ese periodo se solicitó un permiso para remodelar las dependencias, obra que se ejecutó con recursos, de Personería, asignados en 2021.
Sin embargo, el comodato más reciente solo fue concedido por un año. Interrogó el porqué de esta diferencia, señalando que la respuesta recibida fue que se trataba de una "decisión del alcalde".
El funcionario refutó cualquier señalamiento de "mala planeación" o "mala gestión de recursos" por parte de la Personería. Subrayó que la planeación presupuestal se realiza con un año de anticipación; por ejemplo, en noviembre, se está planeando el presupuesto para 2026. Por lo tanto, la notificación abrupta de terminación del comodato en julio pasado deja a la entidad sin capacidad de respuesta financiera para el traslado. La Personería, según el Personero, es la entidad con el menor presupuesto de todas las dependencias del municipio, con una asignación legal de hasta el 1.7% de los ingresos corrientes de libre destinación.
Respecto a la reubicación, afirmó no tener "a dónde llevar las cosas sin meterme en un problema adicional". Aclaró que, aunque ciudadanos o funcionarios le han ofrecido prestarle o arrendarle un inmueble, aceptar estas propuestas sin el debido proceso presupuestal y legal constituiría un "hecho cumplido" y una "situación indebida de carácter disciplinario, fiscal y penal". El Personero explicó: "yo les digo muchas gracias pero no. Porque eso se llaman hechos cumplidos y eso es una situación indebida de carácter disciplinario, fiscal y penal".
El Personero presentó cifras detalladas que demuestran la insuficiencia crónica en la asignación de recursos. Señaló que la Personería de Tunja lleva cinco periodos consecutivos recibiendo menos del 1.7%$ de los ingresos corrientes de libre destinación. Calculó que, en los últimos cinco años, la entidad ha dejado de percibir por lo menos $1.092$ millones de pesos. El Personero comparó esta situación con otras entidades como el Concejo Municipal (que ha recibido un fortalecimiento legal reciente) y la Contraloría Municipal. Además, afirmó que, para el año en curso, el incremento asignado a la Personería no alcanza a cubrir el aumento salarial por ley para los funcionarios.
El déficit presupuestal tiene una consecuencia directa en la capacidad de la Personería para atender sus funciones: la entidad ha pasado de tener ocho delegados a seis, y proyecta perder hasta dos más para el siguiente año debido a que el presupuesto anunciado no alcanza a cubrir los gastos de nómina. Además, existen cargos como el de asistente, aprobado por el Concejo, y el de una secretaria pensionada, que no han podido ser cubiertos. El funcionario destacó que la entidad ya atiende cerca de 30.000 solicitudes al año, incluyendo procesos disciplinarios y la recepción de declaraciones de víctimas, y que la única forma de ajustar el presupuesto es el recorte de personal.
La sesión concluyó sin una solución concreta a esta problemática de desatención presencial de la ciudadanía para asuntos que competen a la Personería, más allá de que un par de concejales propuso la reubicación en espacios sobre los cuales no tenían certeza de la posibilidad de usarlos, como es el caso de unos espacios que quedarían libres en el segundo piso del centro comercial hecho para los vendedores informales de la cooperativa Covename, o la posibilidad de que la Personería continúe usando sus habituales oficinas hasta que termine el año.
𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐇𝐚𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐲 𝐒𝐚𝐥𝐮𝐝 𝐬𝐞𝐫𝐚́𝐧 𝐫𝐞𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚
La directora del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública de Tunja, Claudia Patricia Velasco Sierra, justificó ante el Concejo Municipal la solicitud de terminación del comodato de la oficina usada por la Personería. La funcionaria argumentó que el espacio es requerido para la reasignación de dependencias municipales, específicamente para albergar a las secretarías de Hacienda y de Salud, además de servir como depósito del archivo municipal.
Durante la sesión, Velasco Sierra afirmó que la decisión de solicitar la restitución del inmueble obedece a una "necesidad institucional de reasignación de espacios". Indicó que tanto el Departamento de Hacienda como la Secretaría de Salud requieren ser instalarse en el tercer piso del edificio municipal.
Un componente adicional en la justificación del uso del espacio es la destinación de parte de este para el archivo municipal. La directora señaló que existen "recomendaciones por parte de entidades de control" que han solicitado que este archivo repose en las instalaciones de la administración y no en un lugar donde haya acceso al público. El traslado del archivo será parte de la ocupación del espacio que hasta ahora ha sido utilizado por la Personería.
𝗣𝗿𝗲𝗴𝘂𝗻𝘁𝗮𝘀 𝘀𝗶𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘂𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮
A pesar de la argumentación sobre la necesidad institucional, la intervención de la directora Velasco Sierra omitió abordar varios interrogantes cruciales en el marco de la polémica generada por el desalojo de la Personería:
• Falta de fechas y términos: La funcionaria no especificó a los miembros del Concejo la fecha exacta a partir de la cual se efectuaría el traslado de las dependencias.
• Contratos en vigencia: No se aclaró el tiempo que resta del contrato de arrendamiento de la actual sede de la Secretaría de Salud en el centro comercial Florida Shopping Center, a donde fue reubicada en octubre del año pasado.
• Comunicación previa: Tampoco se explicó por qué la necesidad de reasignación y el plan de reubicación de las secretarías, que implica la reversión de un traslado previo y polémico, no fue informado con anterioridad al órgano de control ni a la opinión pública, generando cuestionamientos sobre la planificación administrativa del municipio, por parte de algunos concejales.
La Alcaldía Mayor de Tunja, a través de la secretaría de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial, presenta la Convocatoria de Artistas Aguinaldo Boyacense 2025 – Versión 70 años, un llamado dirigido a músicos, bailarines, actores, artistas plásticos, escritores y realizadores audiovisuales de Tunja y Boyacá que quieran ser parte de la programación oficial de la fiesta que nos conecta con nuestras tradiciones.
Esta iniciativa busca fortalecer y visibilizar el talento local, convencidos de que el Aguinaldo Boyacense no sería posible sin sus artistas. Desde la secretaría de Cultura y Turismo se impulsa su participación en un escenario que reúne cada año más emblemáticos de la ciudad, una celebración que cada año reúne a millones de turistas y tunjanos, se convierte en un punto de encuentro que nos conecta con nuestras tradiciones y que en 2025 celebra 70 años de historia.
“El Aguinaldo Boyacense es una expresión que nace de nuestra gente y que hoy queremos llevar más lejos. Es la oportunidad de mostrar lo que Tunja crea, siente y comparte. Invito a nuestros artistas a postularse antes del 21 de noviembre y a estar en un escenario que pertenece a todos, donde su talento podrá llegar a más familias, más visitantes y más rincones del país”, afirmó el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.
La convocatoria entregará $260 millones en estímulos, distribuidos en 53 cupos en las siguientes categorías:
● Regional (Música): artistas del departamento de Boyacá
● Tarima Principal (Música): artistas de Tunja con trayectoria
● DJ: creadores de propuesta sonora
● Aguinaldo al Parque: música, danza y artes escénicas
● Aguinaldo al Barrio: artes escénicas, plásticas y literatura con enfoque social
● Cinematografía: producción del documental oficial del Aguinaldo Boyacense
Los estímulos por propuesta van desde $1.000.000 hasta $12.000.000 y pueden participar personas naturales mayores de 18 años, personas jurídicas del sector cultural con domicilio en Tunja o Boyacá (según la categoría) y grupos constituidos que cuenten con representante.
Para categorías locales se exige mínimo 3 años de residencia en Tunja. No pueden participar servidores públicos de la Alcaldía ni sus familiares en grados no permitidos.
La convocatoria estará abierta hasta el 21 de noviembre de 2025 a las 3:00 p. m. las postulaciones deben realizarse en el formulario forms.office.com/r/8KbmwcFPVQ
, y los resultados se publicarán el 5 de diciembre de 2025 en la página web de la Alcaldía www.tunja-boyaca.gov.co
“La celebración de los 70 años del Aguinaldo Boyacense es una oportunidad para reconocer a nuestros artistas y proyectar a Tunja como una ciudad conectada con la cultura y la creación”, señaló Juan Pablo Pérez Espitia, secretario de Cultura, Turismo y Patrimonio Territorial.
Las presentaciones artísticas se realizarán del 16 al 22 de diciembre de 2025 en la Plaza de Bolívar, el Parque Recreacional del Norte y diferentes barrios. La categoría de cinematografía se desarrollará del 16 de diciembre de 2025 al 16 de enero de 2026.
Con información de: Gerencia Estratégica de Comunicaciones y Protocolo de la Alcaldía de Tunja
El speedcuber Juan Miguel Saboya Soto, originario de Tunja, revalidó su título al coronarse Bicampeón Nacional de Cubo Rubik en la categoría 3x3x3, el evento de mayor relevancia en el país. Saboya Soto, quien compitió en el MYHM Colombian Nationals 2024 celebrado en Pereira, se consolidó como el campeón absoluto al obtener la victoria en la prueba principal del torneo.
El campeonato, que congrega a competidores de diversas regiones de Colombia y que contó con la participación de speedcubers de Venezuela, se rige por un sistema de competencia abierta sin divisiones por edades, donde todos los concursantes se enfrentan entre sí.
Juan Miguel aseguró el campeonato tras finalizar la Final del Cubo 3x3x3 con un tiempo promedio de 7.59 segundos. Este registro le permitió superar a su inmediato competidor, Lorenzo González, quien alcanzó un promedio de 8.03 segundos. El mejor tiempo (Best) de Saboya Soto durante la final fue de 7.17 segundos.
La victoria en la categoría 3x3x3 es la que define al Campeón Nacional absoluto, de acuerdo con el formato del torneo. Este es el segundo año consecutivo en que el competidor de Tunja logra el máximo galardón en la disciplina, consolidando su estatus de bicampeón nacional.
𝐀 𝐭𝐫𝐚𝐯𝐞́𝐬 𝐝𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐧 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞𝐣𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝟗 𝐜𝐨𝐧 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟒
El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja admitió una acción popular presentada contra el municipio de Tunja, la cual busca la protección de varios derechos e intereses colectivos presuntamente afectados en la vía pública de la carrera 9 con calle 24 (callejón).
La demanda fue interpuesta por los ciudadanos Yesid Figueroa García y Andrés Felipe Borras Buitrago. Los derechos colectivos invocados en la acción son: el goce del espacio público, su utilización y su defensa; el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes; y la protección, uso, goce y disfrute de los bienes de uso público, específicamente relacionados con la intervención preventiva, rutinaria y estructural de la mencionada vía.
𝐃𝐞𝐬𝐚𝐠𝐫𝐞𝐠𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟓: ¿𝐄𝐧 𝐪𝐮𝐞́ 𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐫𝐭𝐢𝐞𝐫𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐬 $𝟐.𝟐𝟖𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚?
En Tunja, la discusión pública sobre el manejo de los recursos de la Personería se intensificó tras el reciente desalojo de sus oficinas. El análisis de la desagregación presupuestal para la vigencia 2025 de la entidad muestra que el 80,47% del total de su presupuesto (la cifra más alta) fue destinado a cubrir el gasto obligatorio de la nómina y las contribuciones sociales. De los $2.280.939.637 (dos mil doscientos ochenta millones de pesos) transferidos por la alcaldía, solo el 19,53% quedó disponible para la operación, la contratación de servicios de apoyo y la adquisición de bienes, rubros que incluyen la logística de sus sedes.
El Personero Municipal de Tunja, mediante la Resolución No. 148 del 27 de diciembre de 2024, estableció la distribución detallada de los ingresos y gastos de la entidad para el periodo fiscal en curso. Este documento clarifica que el presupuesto total es de $2.280.939.637, clasificado en su totalidad como gasto de funcionamiento, lo que subraya que la misión del organismo se centra exclusivamente en su operación y en el cumplimiento de las funciones legales de defensa y vigilancia.
La estructura de gasto de la Personería es ineludiblemente rígida, dominada por las obligaciones derivadas de su planta de personal. Esta situación es la que explica el bajo margen de maniobra del organismo para otros gastos, como los logísticos, que han tomado relevancia a raíz de la necesidad de reubicación.
𝗘𝗹 𝗴𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗮𝗯𝘀𝗼𝗿𝗯𝗲 𝗺𝗮́𝘀 𝗱𝗲 $𝟭.𝟴𝟬𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀
La mayor apropiación presupuestal, $1.835.539.637, se asignó al personal permanente. Este rubro compromete las finanzas del organismo con obligaciones legales y es el principal factor que limita la disponibilidad de recursos para otras áreas:
• Factores Constitutivos de Salario ($1.282.177.787): La mayor parte de esta partida se destinó al sueldo básico de la nómina, que totaliza $1.100.000.000. El resto cubrió primas de servicio, bonificaciones y prestaciones sociales como la prima de navidad y de vacaciones.
• Contribuciones Inherentes a la Nómina ($500.939.594): Este monto se dirigió a los aportes patronales obligatorios al sistema de seguridad social, salud, pensiones y a entidades parafiscales como el SENA, ICBF y ESAP, ratificando un compromiso financiero que es legalmente ineludible.
𝗥𝗲𝗰𝘂𝗿𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻: 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗲𝗹 𝟭𝟵.𝟱𝟯% 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹
El saldo disponible para mantener la operatividad y garantizar los servicios de la Personería asciende a $445.400.000, el 19,53% del presupuesto total. Es de este monto de donde se deben cubrir todos los gastos no relacionados con la nómina, incluyendo los servicios y la logística de las oficinas.
El grueso de esta porción se destinó a la adquisición de bienes y servicios, con $342.400.000 asignados específicamente a "Servicios prestados a las empresas y servicios de producción". Este apartado incluye:
• Honorarios profesionales ($143.500.000) y servicios técnicos profesionales ($137.900.000), fundamentales para el soporte legal y técnico de las funciones misionales de la Personería.
• Internet y telefonía ($46.000.000), vitales para las comunicaciones.
El resto de los recursos operativos se distribuyó en materiales y suministros ($63.000.000), pólizas de seguros y viáticos para funcionarios en comisión ($15.000.000 cada uno) y un gasto de $7.000.000 para bienestar social. La inversión en activos fijos, como maquinaria de oficina e informática, fue apropiada en un valor mínimo de $3.000.000.
El análisis de la Resolución No. 148 evidencia la predominancia de gastos fijos y obligatorios en la Personería de Tunja, lo que desestima la existencia de amplios recursos que pudieran ser movilizados fácilmente hacia rubros como la infraestructura o el arrendamiento de una nueva sede.
Motociclista fallece tras accidente en la vía Tunja - Bogotá, sector Germania
Una mujer que se movilizaba en motocicleta perdió la vida la tarde de este sábado en el sector de la Germania, luego de sufrir un accidente de tránsito en el kilómetro 96+900 de la vía que conecta a Tunja con Bogotá.
Según versiones preliminares, la motociclista habría perdido el control del vehículo en el sentido Tunja - Bogotá, frente a la estación de servicio Terpel, lo que le ocasionó una caída y el consecuente fallecimiento a causa del impacto.
Unidades del Cuerpo de Bomberos de Tunja y ambulancias atendieron la emergencia. El acompañante de la víctima fue valorado en el sitio y no presentó fracturas, aunque por su estado emocional no permitió ser trasladado.
La tripulación de bomberos aseguró la zona mientras las autoridades competentes iniciaban los actos urgentes y el proceso de levantamiento del cuerpo. Las autoridades de tránsito investigan las causas del siniestro vial.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐫𝐠𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨́𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐬𝐞𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚
La decisión de la Alcaldía de Tunja de solicitar la terminación del comodato de la oficina donde operaba la Personería Municipal ha generado controversia en la ciudad y el Concejo no ha sido esquivo a esta situación. Particularmente por la justificación de la administración Krasnov de que la medida responde a una necesidad de reordenamiento presupuestal y a la situación financiera del municipio.
Periódico El Tunjano consultó a 15 de los 17 concejales sobre el comunicado oficial de la Alcaldía que esgrime la necesidad de recuperar la sede argumentando dificultades económicas. Solo tres de ellos respondieron, coincidiendo en que la justificación económica de la administración no es válida, especialmente a la luz de las cifras presentadas por el propio Departamento Administrativo de Hacienda.
𝐃𝐞𝐬𝐚𝐥𝐨𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞𝐫𝐢́𝐚 𝐝𝐞 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐩𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐧 𝐫𝐢𝐞𝐬𝐠𝐨 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨𝐬 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La Personería de Tunja comenzó a prestar sus servicios desde la calle tras el desalojo de la oficina que ocupaba en el Edificio Municipal. La medida, causada por la no renovación del comodato por parte de la administración Krasnov, ha expuesto una profunda crisis presupuestal que, según la entidad, limitará gravemente su capacidad para garantizar los derechos ciudadanos en la capital boyacense.
El personero de Tunja, Nelson Andrés Villabona Rueda, confirmó que la entidad recibió la notificación de desalojo pese a haber solicitado oportunamente la prórroga del comodato, el cual históricamente se renovaba. Indicó que la decisión de prorrogarlo solo por un año en 2024 fue una "decisión directa del Alcalde". El funcionario hizo hincapié en que la situación no obedece a una mala planeación de la Personería, sino a un déficit de recursos. El presupuesto de la Personería en 2025 es de un poco más de $2.200 millones, de los cuales más del 95% se destina al pago de nómina. El personero explicó que la entidad planeó sus gastos contando con el uso gratuito del espacio, como se había hecho históricamente. Ahora, la necesidad de asumir un arriendo, que podría superar los $20 millones de pesos mensuales en el Centro Histórico, impacta significativamente el presupuesto, lo que equivale a casi el 10% de sus recursos anuales, según explicó.
El riesgo para la ciudadanía se evidencia en el contraste entre el aumento de la demanda de servicios por parte de esta entidad y la reducción de la capacidad operativa. La Personería ha pasado de atender un promedio de 200 a 300 solicitudes mensuales a superar las 3.000 radicaciones cada mes, sumando más de 30.000 casos en el año. Estos requerimientos incluyen temas críticos como servicios de salud, servicios públicos, estratificación rural y la atención a víctimas del conflicto armado y población refugiada y migrante. Para intentar compensar el déficit y asumir los costos de una nueva sede, el Personero anunció que deberá reducir la planta de 14 a 10 funcionarios el próximo año. Actualmente, la entidad ya opera con seis de los ocho personeros delegados necesarios. El personero afirmó que la reducción afectará la "atención digna, responsable y respetuosa a los ciudadanos" que buscan la entidad.
El funcionario señaló directamente a la administración municipal por no haber adicionado al presupuesto los recursos provenientes del superávit del año anterior, que ascendió a más de $111.000 millones. Sostuvo que esta falta de asignación oportuna afectó las finanzas de la Personería y el Concejo. El Personero concluyó que la orden de desalojo, sumada a la falta de asignación presupuestal, afecta la independencia de la entidad y, consecuentemente, la atención ciudadana. También manifestó que el desalojo pone en riesgo la seguridad del servidor central de la entidad, el cual contiene la información reservada de las investigaciones disciplinarias que la Personería adelanta contra servidores públicos del municipio. La situación ha sido informada a la Procuraduría General de la Nación.
Periódico El Tunjano buscó en repetidas ocasiones a la directora del Departamento Administrativo de Gestión de Bienes, Servicios y Función Pública, Claudia Patricia Velasco, para conocer la destinación que tendrán las oficinas de las que fue desalojada la Personería, sin embargo, fue imposible establecer un diálogo.
𝐀𝐬𝐢́ 𝐥𝐮𝐜𝐞𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐥𝐨𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐢𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐢́𝐯𝐚𝐫
Tras la orden judicial que exige la intervención en el emblemático espacio, las losas del piso de la Plaza de Bolívar de Tunja presentan una variedad de afectaciones que son evidentes para quienes transitan el sector. La superficie exhibe zonas con fisuras, porosidad, y manchas, así como sectores donde se observan grietas de distinta profundidad.
𝐎𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐚𝐫 𝐥𝐚𝐬 𝐥𝐨𝐬𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐚𝐝𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐝𝐞 𝐁𝐨𝐥𝐢́𝐯𝐚𝐫
Una sentencia emitida por el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja ordenó a la administración municipal realizar estudios de patología y, posteriormente, la reparación o el reemplazo de las losas deterioradas en la Plaza de Bolívar. La decisión judicial se da tras declarar la vulneración del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público por el deterioro de este bien de uso público.
El fallo resolvió una acción popular presentada por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja. La acción se enfocó en las fallas estructurales y las patologías como fisuras, agrietamientos, roturas y hundimientos, que presentan los pisos instalados durante la Fase I del Plan Bicentenario.
El despacho judicial concluyó que la administración municipal vulneró el derecho colectivo, en parte por la omisión en el mantenimiento y cuidado periódico de la Plaza de Bolívar.
Para la recuperación del espacio, la sentencia establece que el municipio de Tunja deberá contratar y realizar, en un plazo de tres meses, los estudios de patología necesarios para determinar la causa precisa de los daños en las losas de mármol travertino. Estos análisis deben incluir la verificación de la compactación del suelo de soporte y ensayos de resistencia del material.
Una vez determinado el origen del daño, si los estudios demuestran que las fallas son atribuibles al contratista original (Consorcio Plan Bicentenario CH), la Alcaldía deberá hacer efectiva la póliza de garantía de estabilidad de la obra para asegurar la reparación. En caso de que la responsabilidad sea del municipio de Tunja por falta de mantenimiento, la administración deberá viabilizar las actividades para remediar el daño en las losas y proceder a su recuperación.
Adicionalmente, se ordena a la administración municipal implementar de manera inmediata el manual de uso y mantenimiento de la Plaza de Bolívar. También se debe estudiar y regular si es imprescindible el uso de la plaza para el parqueo de vehículos de carga y particulares de entidades como la Gobernación de Boyacá y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y en caso de mantenerse, definir el tonelaje máximo y colocar advertencias visibles.
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐬𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯 𝐲 𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧𝐚 "𝐢𝐧𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐭𝐞𝐳" 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥
El Consejo de Estado, a través de su Sección Primera, declaró infundada la recusación presentada por Mikhail Krasnov, el demandado en el proceso de nulidad electoral que busca anular su elección como alcalde de Tunja para el periodo 2024-2027. La decisión ordenó la devolución inmediata del expediente a la Sección Quinta para que continúe con el trámite de los recursos de apelación.
La recusación fue dirigida contra cuatro consejeros de estado de la Sección Quinta: Gloria María Gómez Montoya, Luis Alberto Álvarez Parra, Omar Joaquín Barreto Suárez y Pedro Pablo Vanegas Gil. El señor Krasnov argumentó que los consejeros debían apartarse del caso por haber emitido un "concepto" sobre las cuestiones materia del proceso de nulidad electoral al rendir un informe como accionados en una acción de tutela con radicado 2025-05693-00. Según el demandado, esto constituía un concepto emitido por fuera de la actuación judicial del proceso de nulidad electoral.
La Sección Primera determinó que ninguna de las causales invocadas era aplicable. Respecto a la causal del CPACA, el tribunal explicó que el numeral 11 del artículo 11 no es aplicable a procesos judiciales como el de nulidad electoral, ya que regula actuaciones administrativas. En cuanto a la causal de haber dado el juez "consejo o concepto fuera de actuación judicial" (numeral 12 del CGP), la Corporación señaló que esta causal se configura cuando el juez emite un concepto concreto sobre los puntos que se discuten, por fuera del ejercicio de su función judicial, que comprometa su criterio con la decisión. La Sección Primera concluyó que el informe presentado por la Sección Quinta en el trámite de la acción de tutela fue un acto requerido por el juez de tutela conforme al artículo 19 del Decreto Ley 2591 de 1991, y por lo tanto, no constituyó un concepto o consejo emitido por fuera de la actuación judicial del proceso de nulidad electoral.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha presentado el informe de Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, el cual está encabezado por Cúcuta, cuya variación del IPC fue de 0,37%, mientras que Santa Marta fue la ciudad con la menor variación (-0,70). El promedio nacional, para dicho mes, fue del 0,18%, mientras que la variación del IPC en Tunja fue del 0,03%.
En lo que refiere a la variación anual, es decir, durante los últimos 12 meses, Tunja fue la décimo segunda ciudad con menor variación del IPC, registrando un dato de 5,10%, mientras que el promedio nacional fue de 5,51%. La ciudad con menor inflación a lo largo de los últimos 12 meses fue Santa Marta (4,06%), mientras que la que tuvo la mayor variación fue Bucaramanga (6,17%).
En Tunja el rubro que sufrió la mayor variación en sus precios durante octubre fue el de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que representó una variación del 0,66%, seguido de bienes y servicios diversos (0,53%), seguido de recreación y cultura (0,50%).
Los rubros que representaron la menor variación del IPC en Tunja durante octubre fueron alimentos y bebidas no alcohólicas, que representó una variación del -1,20%, seguido de Restaurantes y hoteles (-0,04%), seguido de educación (0,00%).
A lo largo de los últimos 12 meses el rubro que significó el mayor aumento en el costo de vida para los tunjanos fue el de salud, que tuvo una variación del 6,75%, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas con un 6,58%, y restaurantes y hoteles, que tuvo una variación del 6,40%. Caso contrario es el de los rubros de recreación y cultura (1,61%), información y comunicación (1,65%) y muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,03%).
𝐕𝐞𝐞𝐝𝐮𝐫𝐢́𝐚 𝐜𝐢𝐮𝐝𝐚𝐝𝐚𝐧𝐚 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐨 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Ciudadano veedor y veterano de las FF.AA. solicita formalmente al gobernador de Boyacá la disposición inmediata de nuevas instalaciones para la sanidad militar afectada por el atentado del pasado sábado.
Una grave crisis de atención en salud para militares, veteranos y sus familias en Tunja ha motivado a la Veeduría Ciudadana de Vigilancia en Salud, Educación, Bienestar y Control Social para las Fuerzas Armadas a elevar una solicitud formal al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez. La petición exige la disposición de instalaciones adecuadas para la prestación de servicios de sanidad militar en la capital boyacense.
El documento, firmado por José Silvino Lobón Colomba, ciudadano veedor y veterano de las FF.AA., subraya la urgencia de la situación tras el acto terrorista del pasado sábado 8 de noviembre que destruyó totalmente el dispensario médico que funcionaba en el Batallón Bolívar. Según el escrito, el dispensario ofrecía un amplio portafolio de servicios esenciales, incluyendo medicina familiar, general, odontología, radiología, fisioterapia, terapia respiratoria, laboratorio clínico, psicología, pediatría, ginecología, nutrición, trabajo social, y rutas de atención integral.
La situación se ha complicado, además, por un presunto agotamiento presupuestal. La veeduría denuncia que "desde el mes de septiembre se agotó el presupuesto en el Hospital San Rafael para la atención de mediana y alta complejidad, y ahora ni siquiera la atención básica se presta a militares en actividad, pensionados y sus familias, por el atentado terrorista que destruyó totalmente nuestro dispensario".
Ante la falta de infraestructura y la interrupción de los servicios, la veeduría solicita formalmente a la gobernación de Boyacá su intervención para "disponer de un centro de salud (sugerencia respetuosa: Josefa Canelones) o unas instalaciones que se puedan adaptar para la reactivación de estos servicios de salud". La misiva concluye con un llamado a la acción inmediata por parte del gobernador ante lo que describen como una "grave crisis." El documento también adjunta un portafolio de los servicios que se prestaban en el dispensario médico, hoy en ruinas en el Batallón Bolívar.
𝐀𝐛𝐫𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐧𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja ha decidido abrir un incidente de desacato contra el alcalde del municipio de Tunja, Mikhail Krasnov, por el presunto incumplimiento de requerimientos judiciales relacionados con la entrega de información sobre un proceso contractual.
La decisión surge en el marco de una acción de protección de derechos e intereses colectivos interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja. Según el fallo, el Juzgado ya había proferido dos requerimientos al municipio para que se allegara el "informe del perfeccionamiento del contrato y la ejecución del proceso contractual SIT-116", cuyo objeto es la "Construcción, mantenimiento y/o adecuación de cicloinfraestructura, andenes y senderos peatonales en el espacio público de área urbana del municipio de Tunja, entre los cuales se encuentra el sector Hugolino".
El primer requerimiento se ordenó mediante auto del 01 de noviembre de 2024, dando un plazo de 15 días al municipio. Tras el vencimiento del primer término sin respuesta, se ordenó un segundo requerimiento mediante auto del 06 de febrero de 2025. El Juzgado Trece Administrativo concluyó que, hasta el momento de emitir la decisión, el alcalde Krasnov ha incumplido los requerimientos elevados en las fechas mencionadas, a pesar de que la sentencia de tutela original por la que se ordenaron fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 25 de agosto de 2023.
Como consecuencia de esta situación, el Juzgado resolvió abrir el incidente de desacato contra Mikhail Krasnov en su calidad de alcalde de Tunja, por no acatar los requerimientos judiciales de noviembre de 2024 y febrero de 2025. El despacho ordenó notificar personalmente esta providencia al alcalde y correr traslado al mismo por el término de tres días para que se pronuncie sobre los motivos de la apertura del incidente y ejerza su defensa.
𝐀 𝐩𝐞𝐬𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐞𝐫𝐢𝐫 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐧̃𝐨𝐬, 𝐏𝐓𝐀𝐑 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
El gobernador Carlos Amaya Rodríguez aclaró que el retraso en la construcción del cuarto módulo de la planta se debió a una necesaria revisión técnica para garantizar su viabilidad a largo plazo. Findeter ya avanza en el proceso precontractual, según explicó Amaya Rodríguez.
El esperado proyecto para la construcción del cuarto módulo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Tunja sufrió un retraso debido a la necesidad de actualizar sus estudios y diseños técnicos. Sin embargo, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que esta modificación no implicará sobrecostos ni adiciones presupuestales para la obra, que es clave para el saneamiento del río Jordán, así como para reducir el impacto que hoy se causa sobre el río Chicamocha.
Durante una rueda de prensa, el mandatario abordó la incertidumbre generada por la demora en el inicio de los trabajos, un proyecto anunciado tiempo atrás. Según explicó, la entidad ejecutora, Findeter, determinó tras una revisión que los diseños originales requerían ajustes para asegurar la correcta ejecución del proyecto.
Amaya Rodríguez justificó la decisión de pausar y rediseñar como un acto de responsabilidad para proteger la inversión pública. “Me parece responsable que en vez de arrancar una obra mal planeada que después termine en un elefante blanco, se hayan tomado el tiempo de hacer esa actualización”.
Adicionalmente, el mandatario departamental contextualizó que parte de la percepción de demora se originó porque el convenio legal para la transferencia de recursos se suscribió ocho meses después del anuncio mediático que se hizo a en el primer semestre de 2024, lo que generó una brecha administrativa en el cronograma.
Con los estudios ya actualizados, el proyecto entra en una nueva fase. “Ahorita Findeter ya está en el proceso precontractual para iniciar la obra”, confirmó Amaya, aclarando que la contratación y ejecución están a cargo de dicha entidad.
𝐀𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝟖.𝟎𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐫𝐞𝐡𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐢𝐪𝐮𝐢𝐫𝐚́
El gobernador Carlos Amaya confirmó la firma de un convenio con el Invías para intervenir los primeros 5 kilómetros de esta importante vía, partiendo desde la Glorieta Norte (Aquiminzaque) de la capital Boyacense. Moniquirá también se beneficiará con el avance en los diseños de un parque temático.
La Diagonal 38, conocida popularmente como la salida a Moniquirá, recibirá una inversión de 8.000 millones de pesos para la rehabilitación de su tramo inicial. El anuncio fue realizado por el gobernador Carlos Amaya durante la presentación de los avances del ‘Pacto Territorial Raíz y Futuro’.
“Dentro de los convenios ya suscritos, puedo contarle a Boyacá que está el arreglo que vale 8.000 millones de pesos de la vía hacia Moniquirá, 5 kilómetros desde la glorieta”, detalló el Gobernador al enumerar los proyectos que ya cuentan con financiación garantizada.
La rehabilitación de este segmento es una noticia clave para la conectividad del departamento, ya que es el punto de partida de uno de los corredores viales más transitados de Boyacá. El mal estado de este tramo inicial ha sido una queja recurrente de transportadores, turistas y habitantes de Tunja y de los municipios que dependen de esta vía para su conexión con la capital boyacense.
𝗠𝗼𝗻𝗶𝗾𝘂𝗶𝗿𝗮́, 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗼𝘁𝗿𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼𝘀
Si bien la obra vial se origina en Tunja, el municipio de Moniquirá fue mencionado directamente en la rueda de prensa por otros dos proyectos estratégicos que avanzan en su territorio.
El Gobernador informó que la iniciativa para construir un parque temático y turístico en la “Ciudad Dulce” está progresando a buen ritmo. “En turismo, ya están en ejecución y ya nos van a entregar la primera versión de los estudios y diseños del parque temático y turístico de Moniquirá”, señaló Amaya.
𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐚́ 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 $𝟐.𝟑𝟎𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐲 𝐝𝐞𝐛𝐞𝐧 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚𝐧𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐧̃𝐨
La Empresa Constructora de Vivienda de Tunja (ECOVIVIENDA) y la Asociación Supradepartamental de Municipios para el Progreso (ASOSUPRO) han formalizado un convenio interadministrativo de cooperación con el fin de ejecutar un plan de mejoramiento integral de barrios. El proyecto está centrado en la construcción, adecuación y mejora de andenes en diversos sectores de la ciudad.
La operación compromete una inversión de $2.380.958.872, un monto destinado a subsanar el deterioro de la infraestructura peatonal en la capital boyacense.
Lo más notable de este acuerdo, celebrado bajo la modalidad de contratación directa entre entidades públicas, es el ajustado plazo de ejecución, pues las obras deben estar finalizadas a más tardar el 30 de diciembre de 2025, según se estipula en el documento.
La urgencia detrás de este convenio relámpago se debe al cumplimiento de múltiples órdenes judiciales en firme. Los estudios previos determinaron que la administración municipal está obligada a intervenir, ya que varias acciones populares han sentenciado la obligación de garantizar la movilidad segura y la accesibilidad universal para los ciudadanos, incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores.
Entre los puntos estratégicos que serán intervenidos por mandato judicial se encuentran la Calle 41 en el barrio Santa Inés, La Avenida Universitaria en el tramo comprendido entre el Viaducto y la Glorieta del Gobernador, la vía Portal de Oriente-Patriotas, la Carrera 9 entre calles 12 y 16, la Carrera 11 entre calles 11 y 13, la Calle 24 entre carrera 7 y 8, las calles 31 y 32 con Carrera 16 en el barrio La Fuente.
Una vez finalizadas las obras de construcción en diciembre, el convenio iniciará su etapa de liquidación, la cual se extenderá hasta por cuatro meses adicionales, según lo estipulado en el documento legal.
𝐏𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐣𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐫𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐞𝐧𝐢𝐫 𝐥𝐚 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚 𝟖
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja ha emitido sentencia de acción popular interpuesta, por el ciudadano Yesid Figueroa, contra el municipio de Tunja, ordenando la inmediata intervención y reparación de la Carrera 8 entre calles 16 y 29. Esta decisión surge de la necesidad de proteger los derechos e intereses colectivos de los ciudadanos, específicamente el derecho a la seguridad y a la prevención de desastres, dado el avanzado estado de deterioro de la vía.
La sentencia impone una serie de órdenes tajantes al municipio de Tunja. Inicialmente, se exige la realización de estudios técnicos en un término perentorio para evaluar con precisión la capacidad de carga de la vía y la magnitud exacta de los deterioros, fallas, y las obras de mantenimiento requeridas. Paralelamente, el municipio deberá asegurar la asignación de los recursos públicos indispensables para adelantar estos estudios.
El cumplimiento del fallo tiene plazos definidos. Dentro de los cuatro meses siguientes a la promulgación de la sentencia, la administración debe realizar todas las gestiones contractuales y presupuestales para las intervenciones de bacheo o parcheo necesarias, o definir si se requiere un mantenimiento rutinario de pavimentos asfálticos con cargo al Plan de Mantenimiento de Carreteras de INVIAS. Las obras físicas deben ejecutarse dentro de los tres meses posteriores al cumplimiento del plazo anterior.
𝐀𝐥𝐢𝐚𝐬 “𝐄𝐥 𝐏𝐨𝐞𝐭𝐚”, 𝐞𝐥 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐪𝐮𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
La ciudad de Tunja estuvo al borde de una tragedia la madrugada del sábado 8 de noviembre, cuando un operativo coordinado entre el Ejército Nacional, la Policía y organismos de emergencia permitió neutralizar un atentado con 24 artefactos explosivos improvisados dirigidos contra el Batallón Simón Bolívar. Los hechos, que generaron alarma entre la población, fueron objeto de una extensa rueda de prensa al cierre de la jornada, en la que las autoridades departamentales y militares ofrecieron detalles técnicos y actualizaciones de la investigación.
El incidente comenzó a las 5:30 de la mañana, cuando residentes del barrio Prados de Alcalá reportaron la presencia de una volqueta sospechosa a menos de 200 metros de la unidad militar. La inmediata reacción de las fuerzas de seguridad permitió evacuar a más de 600 personas del sector y establecer un cerco de protección mientras expertos antiexplosivos procedían a inspeccionar el vehículo. En su interior encontraron 24 “tatucos”: cilindros metálicos con explosivos y metralla, acondicionados sobre una plataforma artesanal con rampas metálicas orientadas hacia las instalaciones militares. La disposición y el sistema de ignición evidenciaban la intención de lanzar los proyectiles de manera simultánea, incrementando el potencial destructivo del ataque.
Durante el operativo de neutralización, se realizaron explosiones controladas que permitieron evitar una tragedia mayor. Tres artefactos lograron impactar infraestructuras del batallón, causando daños materiales en techos, cuarteles y vehículos, y generando el temor entre la población. Varios militares resultaron lesionados, aunque al término del día fueron dados de alta, y no se presentaron víctimas fatales. El riesgo latente y la efectiva respuesta de los equipos de emergencia y seguridad permitieron mantener la situación bajo control tras varias horas de tensión.
Las labores de investigación apuntaron rápidamente al grupo responsable. Testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad indicaron la llegada de dos hombres, uno que conducía la volqueta y otro en motocicleta; quienes abandonaron la escena minutos antes de que se activara el dispositivo militar. Los datos recopilados arrojaron que el vehículo había sido registrado en Santa Rosa de Viterbo y pintado de otro color días antes, como parte del plan para dificultar su identificación.
En la rueda de prensa, se atribuyó el atentado a la estructura Adonai Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), corroborando la hipótesis principal basada en información de inteligencia y el análisis de los artefactos. Se enfatizó que el término “narcoterrorismo” utilizado por oficiales hacía referencia a las prácticas del ELN en la región, sin vinculación con otros grupos armados.
Según la información entregada por autoridades departamentales y militares, alias “El Poeta”, identificado como Jussef Morales Betancourt, figura como uno de los principales cabecillas del Frente José Adonay Ardila Pinilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que mantiene presencia y operaciones en Boyacá y el oriente colombiano.
El presidente Gustavo Petro, aunque no participó directamente en la rueda de prensa, se mantuvo en contacto con las autoridades y expresó su respaldo a la reacción institucional a través de mensajes públicos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de $500 millones por información que conduzca a la captura de los responsables y pidieron a la ciudadanía mantener la alerta ante posibles nuevas amenazas.
Durante las horas siguientes, la rutina de la ciudad se vio alterada por la presencia de unidades militares, vehículos blindados y equipos de emergencia. Se cerraron algunas vías y múltiples familias pasaron la mañana en situación de incertidumbre.
La jornada concluyó con el retiro de los últimos equipos antiexplosivos y el restablecimiento paulatino de la normalidad. Sin embargo, el episodio dejó a la ciudad en alerta y con interrogantes abiertos sobre la logística detrás del ingreso del vehículo, la identidad de los autores materiales y las posibles ramificaciones del ataque en el contexto de seguridad regional. Las autoridades continúan las investigaciones y el llamado a la colaboración ciudadana se mantiene firme, en procura de proteger a la capital boyacense de nuevos actos violentos en medio de un escenario nacional cada vez más desafiante.
𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐢́𝐚 𝐕𝐚𝐫𝐠𝐚𝐬 𝐞𝐬 𝐧𝐨𝐦𝐛𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐒𝐞𝐜𝐫𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐕𝐢𝐝𝐚 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
El acto de entrega de la cubierta del polideportivo del barrio Libertador se realizó con la presencia del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, funcionarios del Irdet y comunidad estudiantil. El presidente de la JAC, Javier Eduardo López Quiroga, destacó que, aunque la entrega oficial se realizó hoy, el escenario ya se había abierto al público el pasado miércoles desde las 6:00 A. M. El líder comunal precisó que el escenario ya contaba con el urbanismo táctico desde 2023, y lo que se oficializa es la cubierta junto con unas "pequeñas mejoras", ya que la construcción de la cubierta obligó a rehacer los trabajos de urbanismo táctico.
A pesar de la culminación de la obra, el vocero comunal expresó que la satisfacción de la comunidad es limitada. "Entre comillas, no," declaró López Quiroga, aludiendo a los reparos transmitidos por los vecinos sobre la infraestructura entregada.
El principal problema reportado es la filtración de agua de lluvia en el costado sur de la estructura. Además, se identificó un daño en una plancha cercana a las graderías, cuya deficiencia permite el paso de agua hacia los camerinos y baterías de baños, un aspecto que, según el líder comunal, requiere indiscutiblemente de mejora.
Ante estas fallas, la Junta de Acción Comunal anunció que realizará una evaluación técnica y gestionará un proyecto de mejoramiento. El objetivo es conseguir los recursos necesarios para la reparación, preferiblemente antes de que finalice la actual administración municipal.
El presidente de la JAC aclaró que estos arreglos no podrán ser financiados con los presupuestos participativos, pues dichos dineros ya están comprometidos en proyectos de malla vial, seguridad y señalización. Por ello, la JAC buscará apoyo en entidades como el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja (IRDET), la Secretaría de Infraestructura, e incluso en Indeportes Boyacá, para obtener recursos por aparte.
En cuanto al manejo del escenario, López Quiroga enfatizó que el polideportivo es un "espacio barrial” y no propiedad de la JAC o de una persona en particular. Su administración será articulada entre la Junta de Acción Comunal y la administración municipal.
A pesar de las inconformidades pendientes, el líder comunal agradeció finalmente al Alcalde, a la secretaria de Infraestructura, Lina Bautista Avellaneda, y al gerente del IRDET, Ricardo Caro Guevara, por la reapertura del polideportivo.
𝐉𝐀𝐂 𝐝𝐞 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐞 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐩𝐚𝐫𝐨𝐬 𝐲 𝐩𝐢𝐝𝐞 𝐚 𝐀𝐥𝐜𝐚𝐥𝐝𝐢́𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐠𝐢𝐫 𝐟𝐚𝐥𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬
El acto de entrega de la cubierta del polideportivo del barrio Libertador se realizó con la presencia del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, funcionarios del Irdet y comunidad estudiantil. El presidente de la JAC, Javier Eduardo López Quiroga, destacó que, aunque la entrega oficial se realizó hoy, el escenario ya se había abierto al público el pasado miércoles desde las 6:00 A. M. El líder comunal precisó que el escenario ya contaba con el urbanismo táctico desde 2023, y lo que se oficializa es la cubierta junto con unas "pequeñas mejoras", ya que la construcción de la cubierta obligó a rehacer los trabajos de urbanismo táctico.
A pesar de la culminación de la obra, el vocero comunal expresó que la satisfacción de la comunidad es limitada. "Entre comillas, no," declaró López Quiroga, aludiendo a los reparos transmitidos por los vecinos sobre la infraestructura entregada.
El principal problema reportado es la filtración de agua de lluvia en el costado sur de la estructura. Además, se identificó un daño en una plancha cercana a las graderías, cuya deficiencia permite el paso de agua hacia los camerinos y baterías de baños, un aspecto que, según el líder comunal, requiere indiscutiblemente de mejora.
Ante estas fallas, la Junta de Acción Comunal anunció que realizará una evaluación técnica y gestionará un proyecto de mejoramiento. El objetivo es conseguir los recursos necesarios para la reparación, preferiblemente antes de que finalice la actual administración municipal.
El presidente de la JAC aclaró que estos arreglos no podrán ser financiados con los presupuestos participativos, pues dichos dineros ya están comprometidos en proyectos de malla vial, seguridad y señalización. Por ello, la JAC buscará apoyo en entidades como el Instituto de Recreación y Deportes de Tunja (IRDET), la Secretaría de Infraestructura, e incluso en Indeportes Boyacá, para obtener recursos por aparte.
En cuanto al manejo del escenario, López Quiroga enfatizó que el polideportivo es un "espacio barrial” y no propiedad de la JAC o de una persona en particular. Su administración será articulada entre la Junta de Acción Comunal y la administración municipal.
A pesar de las inconformidades pendientes, el líder comunal agradeció finalmente al Alcalde, a la secretaria de Infraestructura, Lina Bautista Avellaneda, y al gerente del IRDET, Ricardo Caro Guevara, por la reapertura del polideportivo.
𝐍𝐮𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐮𝐛𝐢𝐞𝐫𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐛𝐞𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐪𝐮𝐞𝐝𝐚 𝐜𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐚́𝐧 𝐞𝐱𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐥𝐥𝐮𝐯𝐢𝐚
La comunidad del barrio Libertador de Tunja recibió oficialmente la nueva cubierta y mejoras de su cancha deportiva, pero el principal objetivo de la obra, proteger de la lluvia a deportistas y comunidades congregadas en el polideportivo para eventos comunales, no fue alcanzado. El diseño dejó áreas clave expuestas a las inclemencias, generando frustración entre los usuarios, y dudas sobre los alcances del trabajo de la interventoría.
En medio de expectativas, la entrega de la remodelación de la cancha del barrio Libertador incluyó una estructura de cubierta, electrificación y señalización renovada, poniendo fin a un contrato heredado de la administración pasada. Sin embargo, el balance de la obra dejó cuestionamientos fundamentales. “La lluvia no cae así directamente vertical… los arqueros están expuestos a la lluvia… desde el inicio hubieran tenido que contratar un poquito más, unos 2 m más del techo”, reconoció el alcalde, Mikhail Krasnov.
Este aspecto estructural impidió que la cubierta resuelva el problema principal por el que fue requerida durante años por los residentes, quienes señalan que las jornadas deportivas seguirán viéndose afectadas cada vez que llueva. “El contratista cumplió… no podemos exigir subsanar lo que ya fue cumplido contractualmente”, aclaró el mandatario, cerrando la puerta a ajustes inmediatos mientras la comunidad espera que se gestionen recursos para corregir las falencias en futuras intervenciones.
A estos inconvenientes se sumaron largas demoras en la entrega, derivadas no sólo de limitaciones contractuales sino del daño reiterado a la pintura del pavimento, lo que obligó a pintar en varias oportunidades antes de habilitar el espacio para su uso. “Apenas pintaron el pavimento… hicieron un saboteo, metieron unos frascos de pintura roja… otra vez al contratista le tocó pintar”, detalló Krasnov sobre la cadena de obstáculos que enfrentó la obra.
La problemática no es exclusiva del barrio Libertador. En el polideportivo de San Francisco, cuya entrega está prevista para este sábado, se denunció la demolición de una gradería sin ofrecer una solución ni cerramiento adecuado, lo cual alimenta la percepción de que los proyectos de espacios deportivos están quedando cortos frente a las necesidades y expectativas ciudadanas.
𝐄𝐱𝐢𝐠𝐞𝐧 𝐯𝐢𝐠𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 𝐩𝐨𝐫 𝐢𝐫𝐫𝐞𝐠𝐮𝐥𝐚𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐝𝐞 𝐌𝐢𝐤𝐡𝐚𝐢𝐥 𝐊𝐫𝐚𝐬𝐧𝐨𝐯
El Grupo de Asesorías y Representación Jurídico Legal de Colombia S.A.S., por medio de su apoderado judicial Marco Antonio Palma Luna, ha manifestado públicamente su profunda preocupación por las reiteradas actuaciones irregulares que se están presentando en despachos de la Sección Primera del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral contra el señor Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja.
La firma denunció la continua admisión y trámite de memoriales, recusaciones, nulidades y recursos presentados directamente por el demandado, a pesar de que este ya había otorgado poder judicial al abogado Gonzalo Ramos Rojas. Estas actuaciones, que consideran jurídicamente y procesalmente improcedentes por una evidente falta de legitimación procesal, no han sido rechazadas de plano, como exige el marco normativo vigente.
El comunicado subraya que el trámite de estos escritos vulnera el debido proceso y contraviene lo dispuesto en el artículo 142 del Código General del Proceso y el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, que prohíben la admisión de recursos y solicitudes cuando no se cuenta con Legitimación ni Procedencia Legal. Se advierte que esta omisión pone en entredicho la Imparcialidad Judicial y la Seguridad Jurídica, pudiendo constituir una posible Falla Judicial. Además, señalan que se ha advertido una preocupante reiteración de decisiones que desconocen providencias anteriores emitidas por su propio despacho judicial, lo que podría generar un posible Fraude a Resolución Judicial y una dilación injustificada de los términos judiciales del proceso. Esta dilación impide que el expediente sea devuelto a la Sección Quinta del Consejo de Estado para el dictado de la sentencia judicial en segunda instancia.
A raíz de estas irregularidades, la parte demandante ha solicitado formalmente al Presidente del Consejo de Estado ejercer vigilancia judicial administrativa. Paralelamente, se pidió a la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado un pronunciamiento, al preverse la violación del debido proceso tanto por el demandado como por el despacho judicial involucrado.
El objetivo de estas acciones es garantizar la legalidad, la transparencia y la integridad institucional que exige la justicia electoral en Colombia, y evitar que se continúe con la dilación injustificada de términos judiciales. El grupo jurídico enfatiza que la dilación debe cesar, ya que los tiempos procesales para decidir la primera y segunda instancia han sobrepasado los términos legales.
𝐄𝐧 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚 𝐧𝐨 𝐬𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫𝐢́𝐚 𝐞𝐣𝐞𝐜𝐮𝐭𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨
Durante una reciente sesión del Concejo de Tunja, el concejal Román Quintero Corredor expresó su preocupación por el bajo nivel de contratación que, a dos meses de finalizar la vigencia fiscal 2025, apenas alcanzaría una cuarta parte del presupuesto general del municipio.
“Hoy viendo este informe que nos entrega la Secretaría de Contratación, nos podemos dar cuenta de que se han realizado, entre los contratos que se han puesto a conocimiento, se ha contratado apenas la suma de 100.000 millones de pesos más o menos”, señaló el concejal.
Quintero comparó esa cifra con el presupuesto total aprobado para la vigencia, que asciende a más de 400.000 millones de pesos, y enfatizó en la necesidad de revisar la ejecución. “Situación que me preocupa, yo digo, el presupuesto del municipio para este año es alrededor de 400.000 millones de pesos y hoy, faltando dos meses para que se cierre la vigencia, pues apenas 100.000 millones de pesos contratados más o menos. Exactamente 105.531.000.000 024 693”, precisó.
Ante el cuestionamiento, el director (e) de la Unidad Especial de Contratación Estatal, David Suárez Acevedo, respondió que no todo el presupuesto puede ser objeto de contratación, pues los recursos están distribuidos en diferentes necesidades y rubros del municipio.
“Frente al tema del presupuesto, ya le estamos consiguiendo el dato exacto porque los 409.000 millones, digamos que son para diferentes necesidades. Entonces, específicamente, ya al terminar la reunión o la sesión, le voy a suministrar el dato de cuánto se puede utilizar de esos 409.000 millones en contratación”, explicó Suárez.
El funcionario añadió que la ejecución contractual actual corresponde al 68% del monto disponible para ser comprometido. “Me dicen que la ejecución de esos 105.000 millones corresponden al 68%. Es decir, iríamos 68 % a fecha de hoy de lo que se puede”, indicó.
𝐄𝐧 𝐞𝐥 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐨 𝐒𝐚𝐧 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐢𝐬𝐜𝐨 𝐭𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞́𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐫𝐚́𝐧 𝐥𝐚 𝐨𝐛𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐝𝐞𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐢𝐧𝐜𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐬𝐚
Así como ocurrirá con el polideportivo del barrio Libertador, la Alcaldía de Tunja hará entrega del polideportivo del barrio San Francisco este sábado 8 de noviembre, dejando un sabor agridulce entre las comunidades, puesto que ambas obras serán entregadas a pesar de que tienen aspectos por corregir o complementar.
Para el caso del barrio San Francisco, las quejas se centran en la falta de graderías y el deterioro del encerramiento perimetral. “Las graderías no están, no las hicieron y anteriormente de hacer la cubierta existían unas gradas”, señaló el presidente de la Junta de Acción Comunal. También comentó que existen problemas con el encerramiento y con las zonas colindantes a la cancha como tal, las cuales están llenas de escombros que podrían representar una amenaza para deportistas, a la vez que son un elemento que contribuye con el deterioro y desaseo del piso.
El representante del barrio explicó que, al consultar con la administración municipal sobre la eliminación de las graderías, le respondieron que estos elementos “no estaban dentro del contrato” y que, una vez entregada la obra, la Junta debería asumir la responsabilidad ante la comunidad. “Eso no me parece, porque nosotros las obras no las hacemos”, enfatizó.
Aunque la entrega del espacio está prevista para este sábado, los representantes barriales esperan que se llegue a un acuerdo previo con la administración municipal. “Si nosotros no lo recibimos, igual lo irán a entregar. Entonces, de pronto es un llamado a que lleguemos a un consenso para evitar que esto se convierta no en una zona de deporte, ejercicio y recreación, sino en una zona de cosas que no son para ello”, explicó el dirigente comunal.
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐣𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐦𝐚́𝐬 𝐝𝐞 𝟒𝟕 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐬𝐨𝐬 𝐬𝐞 𝐡𝐚𝐧 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨 𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐨𝐬 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬
Durante la más reciente sesión del Concejo de Tunja, varios cabildantes alertaron sobre el uso reiterado de convenios interadministrativos por parte de la administración municipal, que, según sus cálculos, ya superan los 47 mil millones de pesos. Los concejales advirtieron que esta modalidad se estaría utilizando en reemplazo de procesos licitatorios.
En el desarrollo de la rendición de cuentas de la Unidad Especial de Contratación Estatal de Tunja, los concejales Román Quintero Corredor y Javier Mesa Fúneme cuestionaron la forma en que el actual gobierno municipal está ejecutando buena parte de sus recursos.
El concejal Román Quintero Corredor manifestó su preocupación por lo que considera un patrón de contratación que evita los procesos de selección pública. “A mí me preocupan varias cosas. Primero, lo hemos manifestado en repetidas oportunidades, esta administración hoy en día encontró pues (sic) una forma de contratar que pues se ha venido siendo importante (sic) o mejor, que ha venido siendo tal vez el derrotero y es la posibilidad de saltarse en gran medida pues la Ley 80, y es contratar directamente. Los grandes contratos de esta administración se han celebrado de manera directa a través de convenios administrativos o de contratos administrativos, situación que hemos puesto ya en conocimiento de la comunidad en general”, señaló el cabildante.
A su vez, el concejal Javier Mesa Fúneme hizo énfasis en los montos comprometidos bajo esta figura contractual, dando a conocer que bajo esa modalidad de contratación se han asignado contratos por más de 47 mil millones de pesos.
Ante las críticas, el director encargado de la Unidad de Contratación, David Suárez Acevedo, explicó que los convenios interadministrativos son una herramienta legítima dentro del marco normativo y que ofrecen ventajas en términos de agilidad y manejo de recursos. “Como lo dije anteriormente, existen unos beneficios de la contratación mediante el modelo de convenio o contrato interadministrativo. Uno de ellos es la duración de los tiempos para la escogencia de ese contratista o de ese socio estratégico. En los casos de los convenios es muchísimo menor al de una licitación pública y otro de los beneficios, como lo dije, es el tema de la administración de los recursos por parte de un establecimiento público”, explicó el funcionario.
𝐀𝐥𝐛𝐞𝐢𝐫𝐨 𝐇𝐢𝐠𝐮𝐞𝐫𝐚 𝐆𝐮𝐚𝐫𝐢́𝐧 𝐚𝐬𝐮𝐦𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐞𝐫𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐮𝐧𝐣𝐚
Durante la más reciente sesión del Concejo Municipal, el director encargado de la Unidad Especial de Contratación Estatal, David Suárez Acevedo, no entregó explicaciones concretas sobre los criterios que llevaron a la escogencia de la Empresa de Desarrollo Territorial Donmatías S.A.S. para ejecutar un contrato superior a los $15 mil millones. Tampoco aclaró por qué se autorizó un anticipo del 95 % del valor total, limitándose a señalar que se hizo porque la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías tiene carácter estatal.
El contrato firmado entre la Administración Municipal de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial Donmatías S.A.S. sigue generando inquietudes debido al alto valor del mismo (más de $15.070 millones), la modalidad de contratación y selección del contratista, y el anticipo del 95%.
El concejal Román Quintero Corredor fue uno de los primeros en solicitar explicaciones sobre el procedimiento de selección y el monto del anticipo. “Se celebró un contrato directo de la administración con una empresa Don Matías, en donde, pues, una suma muy importante de 15.070 millones de pesos, más o menos, se entrega un anticipo o un pago anticipado del 95%. Quisiera saber por qué y darle esa claridad a los ciudadanos”, expresó.
El cabildante recordó que, según conceptos publicados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, “no se puede realizar un pago anticipado o, digamos, un anticipo de más del 50 % de lo contratado, sea cual sea la naturaleza del contrato”, lo que reforzó las inquietudes sobre la legalidad y conveniencia de la operación.
En respuesta, el director (e) de la Unidad Especial de Contratación Estatal, David Suárez Acevedo, señaló que el acuerdo con este contratista corresponde a un contrato interadministrativo y que la entidad no es una empresa privada, sino un establecimiento público del orden territorial.
“El contrato de Don Matías es interadministrativo... Don Matías no es una empresa privada, ni una unión temporal, ni otra figura jurídica. Es un establecimiento público del orden territorial de otro municipio”, indicó Suárez.
El funcionario agregó que la administración invitó a varias entidades públicas a presentar propuestas, y que “de las seis, se escogió a la que tenía mejor indicador financiero”, aunque no dio detalles al respecto, ni tampoco sobre cualquier otro ítem que hubiese sido tenido en cuenta a la hora de la escogencia del contratista.
Tampoco se refirió al motivo por el cual se aprobó un anticipo del 95% del contrato, ni aclaró si esta decisión contó con aval técnico o jurídico, simplemente se limitó a señalar que se trató de una cuestión de confianza por tratarse de una entidad conformada por entidades públicas. “Al ser una entidad pública, pues las responsabilidades de las entidades públicas y la forma de hacer que esas responsabilidades y esas obligaciones se cumplan (sic), pues son más expeditas y digamos que más eficaces frente algún tema si en algún momento llega a haber un incumplimiento”.
Ante las respuestas parciales, varios concejales insistieron en que las explicaciones de la administración no fueron suficientes y que el proceso requiere mayor transparencia, especialmente tratándose de un contrato de alto valor financiado con recursos públicos.
𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐮𝐝𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐨𝐫 $𝟏𝟓 𝐦𝐢𝐥 𝐦𝐢𝐥𝐥𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧 𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐚𝐫𝐫𝐨𝐥𝐥𝐨 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐃𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐭𝐢́𝐚𝐬: 𝐚𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐧𝐨 𝐚𝐜𝐥𝐚𝐫𝐨́ 𝐜𝐫𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧
Durante la más reciente sesión del Concejo Municipal, el director encargado de la Unidad Especial de Contratación Estatal, David Suárez Acevedo, no entregó explicaciones concretas sobre los criterios que llevaron a la escogencia de la Empresa de Desarrollo Territorial Donmatías S.A.S. para ejecutar un contrato superior a los $15 mil millones. Tampoco aclaró por qué se autorizó un anticipo del 95 % del valor total, limitándose a señalar que se hizo porque la Empresa de Desarrollo Territorial de Don Matías tiene carácter estatal.
El contrato firmado entre la Administración Municipal de Tunja y la Empresa de Desarrollo Territorial Donmatías S.A.S. sigue generando inquietudes debido al alto valor del mismo (más de $15.070 millones), la modalidad de contratación y selección del contratista, y el anticipo del 95%.
El concejal Román Quintero Corredor fue uno de los primeros en solicitar explicaciones sobre el procedimiento de selección y el monto del anticipo. “Se celebró un contrato directo de la administración con una empresa Don Matías, en donde, pues, una suma muy importante de 15.070 millones de pesos, más o menos, se entrega un anticipo o un pago anticipado del 95%. Quisiera saber por qué y darle esa claridad a los ciudadanos”, expresó.
El cabildante recordó que, según conceptos publicados en la plataforma Colombia Compra Eficiente, “no se puede realizar un pago anticipado o, digamos, un anticipo de más del 50 % de lo contratado, sea cual sea la naturaleza del contrato”, lo que reforzó las inquietudes sobre la legalidad y conveniencia de la operación.
En respuesta, el director (e) de la Unidad Especial de Contratación Estatal, David Suárez Acevedo, señaló que el acuerdo con este contratista corresponde a un contrato interadministrativo y que la entidad no es una empresa privada, sino un establecimiento público del orden territorial.
“El contrato de Don Matías es interadministrativo... Don Matías no es una empresa privada, ni una unión temporal, ni otra figura jurídica. Es un establecimiento público del orden territorial de otro municipio”, indicó Suárez.
El funcionario agregó que la administración invitó a varias entidades públicas a presentar propuestas, y que “de las seis, se escogió a la que tenía mejor indicador financiero”, aunque no dio detalles al respecto, ni tampoco sobre cualquier otro ítem que hubiese sido tenido en cuenta a la hora de la escogencia del contratista.
Tampoco se refirió al motivo por el cual se aprobó un anticipo del 95% del contrato, ni aclaró si esta decisión contó con aval técnico o jurídico, simplemente se limitó a señalar que se trató de una cuestión de confianza por tratarse de una entidad conformada por entidades públicas. “Al ser una entidad pública, pues las responsabilidades de las entidades públicas y la forma de hacer que esas responsabilidades y esas obligaciones se cumplan (sic), pues son más expeditas y digamos que más eficaces frente algún tema si en algún momento llega a haber un incumplimiento”.
Ante las respuestas parciales, varios concejales insistieron en que las explicaciones de la administración no fueron suficientes y que el proceso requiere mayor transparencia, especialmente tratándose de un contrato de alto valor financiado con recursos públicos.
𝐈𝐧𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐞 𝐚𝐝𝐣𝐮𝐝𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐫 𝐥𝐢́𝐧𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐜𝐮𝐞𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐫𝐚́ 𝐚 𝐯𝐞𝐫𝐞𝐝𝐚 𝐑𝐮𝐧𝐭𝐚
Recientemente fue cargado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) un proceso para la construcción de una línea de conducción de acueducto que garantizará el abastecimiento permanente a unas 120 familias de la parte alta de la vereda Runta, sector Malmo Arrayanes, donde el suministro se interrumpe con frecuencia durante la temporada seca.
El proceso de contratación ya se encuentra activo en el SECOP y se adjudicará bajo la modalidad de selección abreviada de menor cuantía. El presupuesto estimado para las obras asciende a $490.325.002, e incluye también la construcción de redes de alcantarillado pluvial en los barrios Las Quintas y Villa Luz, en la zona urbana de Tunja.
Según los estudios técnicos adjuntos al proceso, la obra principal consiste en una línea de conducción que transportará agua desde el tanque de transferencia del acueducto de occidente hasta el tanque de almacenamiento del sistema rural de Runta Malmo Arrayanes. La intervención busca solucionar un problema crónico: durante la temporada seca, la fuente principal de la vereda, ubicada en la finca Malmo, reduce drásticamente su caudal, dejando sin abastecimiento a los hogares ubicados en la parte alta del sector.
Actualmente, cerca de 400 habitantes dependen de esta fuente, complementada con un pozo profundo en la parte baja de la vereda. Sin embargo, ni las fuentes ni la infraestructura existente, incluyendo planta de tratamiento, tanques y redes; son suficientes para cubrir la demanda en época de verano, lo que ha obligado a recurrir al uso de carrotanques como medida de mitigación.
Paralelamente, el proceso contempla obras de alcantarillado pluvial en los barrios Las Quintas (sobre la calle 49) y Villa Luz (entre carreras 7 y 8 y calle 59), zonas donde las lluvias intensas causan represamientos por la insuficiencia de la red actual, que apenas alcanza los 5.297 metros lineales.
El plazo de ejecución de las obras no podrá superar la vigencia 2025, y el contrato será adjudicado bajo la figura de obra pública. La supervisión estará a cargo de la Secretaría de Fomento Económico y Servicios Públicos
El Hospital Universitario San Rafael de Tunja puso en funcionamiento nuevos espacios para fortalecer la atención en especialidades clínicas y urgencias, como parte de su proceso de modernización y adecuación a la demanda creciente de pacientes en la capital boyacense.
Las remodelaciones incluyeron la entrega del área de Gastroenterología, equipada con infraestructura renovada que cumple los estándares técnicos y sanitarios exigidos para la atención segura de procedimientos digestivos. A esta se suma la rehabilitación integral de los servicios de Diagnóstico Cardiovascular, tanto para adultos como para población pediátrica.
Uno de los avances más relevantes corresponde a la puesta en marcha de una nueva sala de urgencias dotada con 20 sillas camillas, que permitirá mejorar los tiempos de respuesta y descongestionar los servicios de alta demanda. Desde el centro asistencial señalaron que estos cambios buscan optimizar la capacidad operativa del hospital, que continúa siendo referencia regional en atención especializada.
𝐀𝐬𝐢́ 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐬 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐮𝐩𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐝𝐚𝐦𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐲 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐞
La crisis de los proyectos fallidos de Torres del Parque y Estancia del Roble, que afectó a cientos de familias tunjanas hace más de una década, avanza hacia una solución a través de tres vías distintas, cada una con su propio ritmo y desafíos.
Durante su intervención en el Concejo Municipal, el gerente de Ecovivienda, Duván Mesa Tobos, detalló el estado actual de los tres grupos de priorización en los que fueron clasificados los damnificados, revelando un panorama de soluciones casi completas para unos, avances recientes para otros y una ruta más lenta y compleja para el grupo más numeroso.
A continuación, se describe la situación de cada grupo según la información oficial:
𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝟭: 𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗧𝗣𝟱𝟬
Este grupo está conformado por 61 familias que, en su momento, fueron identificadas como las más afectadas, ya que perdieron una cantidad de dinero considerable y ni siquiera llegaron a recibir un apartamento.
• L𝐚 𝐬o𝐥u𝐜i𝐨́n d𝐞s𝐢g𝐧a𝐝a: Para ellos se destinó el proyecto Torres del Parque 50 (TP50), que disponía de 50 apartamentos para su reubicación. Las 11 familias restantes de este grupo pasaron a ser consideradas para la siguiente fase.
• E𝐬t𝐚d𝐨 𝐚c𝐭u𝐚l: Según el informe, este proceso está resuelto en un 98%. La asignación está prácticamente finalizada, a excepción de un caso particular de una persona que vendió su propiedad siniestrada, una situación que aún no se ha logrado resolver legalmente. Para este grupo, el largo proceso de espera está llegando a su fin.
𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝟮: 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀 𝘆 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗮𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗧𝗣𝟵𝟬
Aquí se encuentran 110 familias que recibieron una orden de evacuación de sus viviendas en 2023 debido al riesgo estructural.
• L𝐚 𝐬o𝐥u𝐜i𝐨́n d𝐞s𝐢g𝐧a𝐝a: Para este grupo se destinó el proyecto Torres del Parque 90 (TP90), que, como su nombre indica, cuenta con 90 apartamentos. Esto presenta el primer gran desafío: hay 90 soluciones de vivienda para 110 familias, lo que significa que 20 hogares no podrán ser reubicados por esta vía.
• E𝐬t𝐚d𝐨 𝐚c𝐭u𝐚l: Después de un período de estancamiento, en los últimos dos meses se ha logrado habilitar al 50% del grupo, es decir, 45 familias ya tienen asignado un apartamento. La selección de los beneficiarios se realiza a través de un indicador de vulnerabilidad que pondera factores como la presencia de adultos mayores, niños o personas con discapacidad en el núcleo familiar.
• L𝐨s r𝐞t𝐨s: El principal obstáculo actual es la falta de respuesta de los propios beneficiarios. De las 45 familias ya habilitadas, muy pocas se han acercado a Ecovivienda para entregar la documentación y legalizar el proceso. Además, la entidad ha identificado cinco casos de personas que habrían actuado "con dolo", por ejemplo, vendiendo la propiedad siniestrada, lo que complica su elegibilidad para recibir un nuevo apartamento.
𝗚𝗿𝘂𝗽𝗼 𝟯: 𝗘𝗹 𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝘆𝗲𝗰𝘁𝗼 𝗕𝗲𝗹𝗹𝗮𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮
Este es el grupo más numeroso, compuesto por más de 570 personas que perdieron principalmente el ahorro programado que habían invertido, una suma que oscilaba entre 2 y 4 millones de pesos de la época.
• L𝐚 𝐬o𝐥u𝐜i𝐨́n d𝐞s𝐢g𝐧a𝐝a: La administración municipal asumió la responsabilidad de este grupo a través del proyecto de vivienda Bellavista, ubicado en la zona de Ciudad Jardín. La solución no es una entrega directa, sino un subsidio de aproximadamente 10.4 millones de pesos (valor a 2023), más el valor del lote aportado por el municipio, para facilitar la compra de un apartamento en este nuevo proyecto.
• E𝐬t𝐚d𝐨 𝐚c𝐭u𝐚l: El proyecto Bellavista presenta un avance de obra cercano al 25% y ya cuenta con tres torres habitadas. Sin embargo, la acogida por parte de los damnificados del Grupo 3 ha sido baja. De las más de 570 familias beneficiarias, solo 116 han allegado la documentación para iniciar el proceso de compra.
• L𝐨s r𝐞t𝐨s: El principal problema es el bajo interés de la población objetivo. Según el gerente, muchos han manifestado su descontento por la lejanía del proyecto, prefiriendo opciones en el norte de la ciudad. Adicionalmente, para acceder al beneficio, cada familia debe gestionar su propio cierre financiero, es decir, conseguir un crédito hipotecario y demostrar un ahorro, lo que representa una barrera significativa para muchos. El proyecto, que tiene un cronograma hasta 2028, depende de alcanzar un punto de equilibrio financiero que hoy se ve amenazado por la baja demanda.
𝐿𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 se redujo considerablemente en comparativa con el registro 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑛̃𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜.
De acuerdo a la más reciente publicación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares-Mercado Laboral, correspondiente al trimestre móvil julio-septiembre, Tunja es la decimoprimera ciudad con más desempleo en Colombia.
Para el trimestre en mención, la tasa de desempleo de Tunja fue del 9,2%, es decir, 0,8 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el trimestre anterior. El promedio nacional fue del 8,5%.
Este resultado también representa una mejora en comparativa con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró una tasa de desempleo del 11,5% para el mencionado trimestre móvil.
Tunja es la tercera ciudad con menor tasa de informalidad (38,5%), disminuyendo en comparativa con el trimestre anterior (39,9%), e igualmente disminuyendo en relación al registro de hace un año, cuando era del 39,8%. Los primeros lugares para este indicador los ocuparon Bogotá (34,7%) y Manizales (36,5%).
Se estima que en la ciudad hay alrededor de 144.222 personas en edad de trabajar, de estas, 8.240 están desempleadas, mientras que la población que estaría subocupada sería de 3.948 personas.
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐧𝐝𝐚 𝐪𝐮𝐞 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐫 𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
𝐿𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑟, 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑌𝑒𝑠𝑖𝑑 𝐹𝑖𝑔𝑢𝑒𝑟𝑜𝑎 𝐺𝑎𝑟𝑐𝑖́𝑎, 𝑏𝑢𝑠𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑔𝑒𝑟 𝑑𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑛𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑢́𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜, 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑢𝑑𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙.
El Juzgado Trece Administrativo del Circuito Judicial de Tunja admitió una demanda de acción popular interpuesta por el ciudadano Yesid Figueroa García contra el municipio de Tunja por el deterioro del parque infantil y recreativo del barrio Pinos de Oriente.
Figueroa García argumenta que el parque presenta daños severos en su infraestructura: juegos infantiles oxidados, máquinas de gimnasia al aire libre en desuso y pérdida progresiva de zonas verdes. Estas condiciones, sostiene, exponen a los usuarios, especialmente niños y adultos mayores, a riesgos previsibles, como caídas, lesiones o accidentes derivados del mal estado del mobiliario urbano.
La demanda busca la protección de cinco derechos colectivos al goce, uso y defensa del espacio público; la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente; la realización ordenada de desarrollos urbanos que prioricen la calidad de vida; la protección del patrimonio público; y el acceso, uso y disfrute de bienes de uso común.
Como medidas concretas, el demandante solicita que se ordene al municipio realizar estudios técnicos para evaluar el estado actual del parque, asignar los recursos necesarios y ejecutar obras de mantenimiento preventivo, correctivo y estructural.
𝐄𝐥 𝐭𝐞𝐬𝐨𝐫𝐨 𝐞𝐧 𝐥𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐨𝐦𝐛𝐫𝐨𝐬: 𝐞𝐥 𝐩𝐥𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐄𝐜𝐨𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐡𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐬𝐢𝐧𝐢𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐨𝐫𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐫𝐪𝐮𝐞 𝐲 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐄𝐥 𝐑𝐨𝐛𝐥𝐞
Durante años, las siluetas de los fallidos proyectos de vivienda Estancia del Roble y Torres del Parque han sido un doloroso recordatorio de una crisis social y urbana en Tunja. Sin embargo, lo que hasta ahora era un problema sin solución aparente, podría convertirse en la piedra angular de un futuro más sostenible y económicamente viable. El gerente de Ecovivienda, Duván Mesa Tobos, ha presentado un audaz proyecto que busca no solo resolver el problema de las demoliciones, sino también crear una fuente de autofinanciamiento para la entidad y sacar a la ciudad de un notable atraso ambiental. La premisa es tan simple como revolucionaria: demoler las más de 11 torres condenadas y aprovechar cada tonelada de escombro como materia prima para una nueva planta gestora de Residuos de Construcción y Demolición (RCD). "Como técnico lo digo y lo diré en todos los escenarios: toca demoler", afirmó Mesa Tobos con contundencia, pero inmediatamente añadió el componente que lo cambia todo: "El trabajo más importante es llevar esa actividad a costo cero".
La clave de esta propuesta, que a primera vista parece demasiado buena para ser verdad, reside en una ingeniosa estructura financiera que demostraría que el proyecto no solo se paga solo, sino que genera un considerable superávit. Según los cálculos presentados, al liberar los terrenos ocupados por las estructuras, la ciudad recuperaría activos por más de 5.200 millones de pesos: 1.200 millones por el área de Torres del Parque y otros 4.000 millones por el lote de Estancia del Roble. "Desde ya, el proyecto es completamente viable si mis costos asociados a una demolición no superan los 1.200 millones de pesos y tengo una recuperación de terreno que llega a los 5.000", explicó el gerente. Esos terrenos, una vez limpios, podrían destinarse a nuevos y serios proyectos de vivienda, cerrando así un ciclo de fracaso y abriendo uno de esperanza.
Pero el beneficio no es solo económico. El proyecto ataca de raíz una "dura realidad" que Mesa Tobos expuso sin rodeos: la caótica gestión de los escombros en la ciudad. Botaderos clandestinos en las salidas a Villa de Leyva, en la doble calzada y en la vía hacia el norte son la evidencia de un problema ambiental descontrolado. La propuesta crearía el primer gestor formal de RCD en Tunja, cumpliendo finalmente con una normativa nacional que obliga a los municipios a gestionar y aprovechar estos residuos. "A partir del primero de enero del próximo año, Tunja tiene que cumplir con el 30% de aprovechamiento de los RCD. A la fecha, no cumplimos, yo creo, ni el 1 o el 2%", advirtió. Esto significa que toda obra pública y privada debería incorporar un 30% de materiales reciclados, algo imposible si no existe quién los produzca.
El proceso para transformar el residuo en un recurso valioso es técnico, pero su lógica es clara. Los materiales de las demoliciones, principalmente concreto y mampostería, pasarían por máquinas trituradoras especializadas para obtener nuevos productos con valor comercial, como gravas y recebos. Mesa Tobos ya identificó un primer gran cliente: el propio municipio. "Si voy a interactuar con la ciudad en espacio público donde tendremos más de 5 km de andenes, ese volumen es suficiente para hacer los rellenos de dichos andenes", ejemplificó. De esta forma, la administración generaría un material, lo consumiría en sus propias obras, reduciría costos y, por primera vez, sería "una ciudad un poco por fin responsable con el tema ambiental". Una vez procesados los escombros de las torres, la planta continuaría operando con los residuos de todas las construcciones de Tunja, convirtiéndose en el pilar del autofinanciamiento de Ecovivienda. La meta es clara: cerrar el año 2025 con un estudio de factibilidad completo. De materializarse, este proyecto no solo demolerá unas estructuras fallidas, sino también un paradigma de gestión pública, construyendo sobre los escombros del pasado un modelo de sostenibilidad, rentabilidad social y responsabilidad ambiental.
La idea expuesta en el recinto de la Corporación Edilicia, recibió el visto bueno y el aliento de varios de los cabildantes.
